Fermin Marroquin de Aquino

Expediente 1189/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1189/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Fermin Marroquin de Aquino
  • Diego Emmanuel Marroquin Vasquez
  • FERMIN MARROQUIN DE AQUINO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la resolución ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase al Juez Primero de lo Familiar los autos originales del expediente principal 297/2007, un incidente de cancelación de pensión alimenticia con dos cuadernos de prueba, incidente de reducción de pensión alimenticia con dos cuadernos de prueba, incidente de reducción de pensión alimenticia y un cuaderno de ejecución, que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vistos los presentes autos de los que se advierte que a la fecha se encuentra pendiente que las partes sean notificadas personalmente de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; por lo que comisiónese a la actuaria tenga a bien realizar la citada notificación y para el caso de que no sea posible el desahogo de la encomienda deberá hacerlo del conocimiento de esta secretaría para acordar lo procedente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  4. Principal

    MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 1189/2021; promovido por Fermín Marroquín de Aquino, contra actos de la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; y del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; y, (...) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza familiar, seguido ante un juzgado del orden común con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la ilegal notificación del acuerdo dictado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio sobre controversias del orden familiar 297/2007, en el que, entre otras cosas, se ordenó librar oficio al Titular o quien resultara responsable de las Oficinas de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que procediera a realizar el descuento del quince por ciento de la pensión percibida por el quejoso, por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de la beneficiaria Margarita Marroquín Vásquez; y procediera a realizar de forma retroactiva el pago de dicho descuento, a partir de la segunda quincena del mes de agosto de dos mil veinte; y la ejecución de dicho descuento, por parte del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir informe justificado, el Director de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, NEGÓ la existencia de los actos reclamados, pues señaló que no había efectuado descuento a la pensión otorgada al quejoso; lo que acreditó con el comprobante de pago de dicha remuneración a favor del quejoso, correspondiente al mes de noviembre de dos mil veintiuno y sin que la parte quejosa aportara medio de convicción para acreditar lo contrario. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, pues de las constancias que integran el juicio familiar de origen se aprecie a foja 522, que mediante oficio OP/DG/2115/2021 de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca informó a la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, procedió a realizar el descuento reclamado para ser depositado a la tarjeta plastificada de débito de la beneficiaria, mismo que haría retroactivo al mes de agosto de dos mil veinte. Además de que mediante autos de diecinueve de mayo de dos mil veinte y veintidós de marzo de dos mil veintiuno, la Juez responsable ordenó girar oficio al Titular de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, para que realizara al quejoso los descuentos a sus percepciones como jubilado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con la finalidad de cubrir el monto de la pensión alimenticia a cuyo pago fue condenado en el juicio natural. Por ende, se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable y se tiene por cierto el acto que se le reclama. Son CIERTOS los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Lo anterior, a pesar de que la autoridad judicial responsable negara su existencia, pues del contenido de su informe justificado, se aprecia refirió haber emitido la determinación reclamada; y además que la misma fue notificada al quejoso el catorce de octubre de dos mil veintiuno. Por lo que se desvirtúa la negativa expresada por la autoridad jurisdiccional responsable y se tiene por cierto el acto que se le reclama. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, glosadas al expediente original relativo a controversias del orden familiar 297/2007 del índice de la Juez responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de las actuaciones del procedimiento donde se dictó el acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: 1. En proveído de once de mayo de dos mil siete, la Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, admitió a trámite la demanda promovida por Diego Emmanuel Marroquín Vásquez y Amalia Leticia Vásquez Llaveros, por derecho propio y la segunda además en representación de sus entonces menores hijas Elizabeth y Margarita, ambas de apellidos Marroquín Vásquez, en la vía de controversias del orden familiar, en la que demandó a Fermín Marroquín de Aquino las prestaciones precisadas en su escrito de demanda; ordenó el emplazamiento al demandado; señaló fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos; y tuvo por ofrecidas las pruebas de la parte actora. Asimismo, fijó el sesenta por ciento del sueldo y demás prestaciones devengadas por el demandado, como pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora. 2. Por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil siete se atendió el escrito del quejoso por el que contestó la demanda, mismo que la Juez Familiar estimó presentada en tiempo y forma; y se pronunció sobre la admisión de las pruebas que ofreció. 3. Seguido el trámite del juicio, mediante resolución de veintiocho de agosto de dos mil ocho, la Juez Familiar responsable dictó sentencia en la que absolvió al demandado del pago de la pensión alimenticia a favor de Amalia Leticia Vásquez Llaveros, únicamente en torno a la petición que de ella hizo por derecho propio. Condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva del cuarenta y cinco por ciento sobre su salario y demás prestaciones percibidas como empleado de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, como Agente del Ministerio Público, a favor de sus hijos Diego Emmanuel, Elizabeth y Margarita, todos de apellidos Marroquín Vásquez, por el quince por ciento para cada uno, de las prestaciones en mención. Y absolvió al demandado del pago de una pensión alimenticia correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de dos mil siete. 4. Contra dicha determinación, el demandado interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en el efecto devolutivo en auto de dos de septiembre de dos mil ocho. 5. Asimismo, en auto de diecisiete de septiembre de dos mil ocho, la Juez Familiar admitió en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por Amalia Leticia Vásquez Llavero y Diego Emmanuel Marroquín Vásquez. 6. En auto de treinta de agosto de dos mil diez, el Presidente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, acordó la recepción del oficio 5436, signado por la Secretaria de Acuerdos del entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual remitió copia certificada de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 279/2010, promovido por el demandado contra la resolución dictada en apelación por la Sala Familiar en mención, en la que negó el amparo solicitado por el demandado, aquí quejoso; y ordenó remitir copia certificada de la ejecutoria de amparo en cuestión a la Juez Primero Familiar responsable. 7. Mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil diez, la Juez Familiar acordó la devolución de los autos originales del juicio de origen por parte de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en virtud de haber resuelto los recursos de apelación hechos valer contra la resolución definitiva emitida por la Juzgadora en mención, mediante resolución de dieciocho de marzo de dos mil diez emitida en el toca familiar 625/2008, por la que modificó la sentencia apelada a efecto de condenar al demandado al pago del descuento del cuarenta y cinco por ciento del sueldo y prestaciones recibidas por el demandado, a favor de sus hijos, Margarita, Elizabeth y Diego Emmanuel, todos de apellidos Marroquín Vásquez; además de haber recibido la determinación emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con la que dijo se confirmó la resolución de la citada Sala. Así, la Juez Familiar ordenó realizar el descuento del cuarenta y cinco por ciento del sueldo y prestaciones percibidas por el demandado, para ser puesta la cantidad resultante a disposición de Amalia Leticia Vásquez Llaveros, por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de sus hijos, Margarita, Elizabeth y Diego Emmanuel, todos de apellidos Marroquín Vásquez. 8. Por auto de quince de julio de dos mil dieciséis, se tuvo a Margarita Marroquín Vásquez apersonándose al juicio de controversias del orden familiar, al resultar mayor de edad, pues había cesado la representación que ostentaba su progenitora Amalia Leticia Vásquez Llaveros. Asimismo, se ordenó girar oficio al Jefe de la Unidad Administrativa de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que procediera a efectuar el descuento que por concepto de pensión alimenticia fue condenado el quejoso, mediante sentencia de veintiocho de agosto de dos mil ocho, es decir, el quince por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibiera el demandado como empleado de dicha institución, entregando la cantidad restante a la promovente por derecho propio; y apercibió a la autoridad requerida con la imposición de una multa en caso de omisión. 9. Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veinte, se acordaron los oficios PJEO/CJ/SE/14/2020 y PJEO/CJ/SE/15/2020, signados por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, mediante los cuales informó las medidas adoptadas en relación con la contingencia derivada de la pandemia del coronavirus "COVID-19"; por lo que la Juez Familiar ordenó librar oficio dirigido al Titular de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que procediera a realizar el descuento del quince por ciento y demás prestaciones que percibiera el demandado, como jubilado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por concepto de pensión alimenticia a favor de Margarita Marroquín Vásquez; apercibiendo a la aludida autoridad con la imposición de multa en caso de omisión. 10. En acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, entre otras cosas, la Juez Familiar responsable ordenó girar oficio al Titular o quien resultara responsable de las Oficinas de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca para que realizara el descuento a que fue condenado el demandado a favor de Margarita Marroquín Vásquez por el monto del quince por ciento de sus percepciones como jubilado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por concepto de pensión alimenticia definitiva; además de instruirlo para que hiciera el descuento de forma retroactiva a partir de la segunda quincena de agosto de dos mil veinte; determinación que fue notificada al demandado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, por conducto de su autorizado legal. Actuación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso se ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la propia legislación, pues el acto reclamado fue dictado en ejecución de la sentencia emitida en el juicio de origen. Los preceptos invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." El precepto transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. Por otro lado, el numeral inserto en último orden dispone, en lo que interesa, que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo dictados después de concluido el juicio y cuando se trata de actos de ejecución de sentencia ese medio extraordinario de defensa sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, la cual debe entenderse como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, aquella que ordena el archivo definitivo del expediente. Es decir, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución en el procedimiento ejecutivo, momento en el que se podrán reclamar en la propia demanda las violaciones cometidas durante la fase ejecutiva que hayan dejado sin defensa al quejoso y que trascendieron al resultado de la resolución. Lo anterior pone de relieve que el ordinal 107, fracción IV, primer y segundo párrafos, de la ley de la materia prevé dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: Contra los actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia o del laudo; y, Contra los actos en ejecución de sentencia o del laudo. Por lo que hace a la primera clase de actos debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia o el laudo dictados en el juicio natural; por tanto, dichas actuaciones pueden ser impugnadas de manera inmediata en el juicio constitucional biinstancial. Respecto de la segunda clase de actos, el amparo indirecto procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, la cual debe entenderse como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, aquella que ordena el archivo definitivo del expediente; es decir, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución en el procedimiento ejecutivo, momento en el que se podrán reclamar en la propia demanda las violaciones cometidas durante la fase ejecutiva que hayan dejado sin defensa al quejoso y que trascendieron al resultado de la resolución. Cabe señalar que la razón que el legislador tuvo al establecer esa regla de procedencia fue evitar que el juicio de amparo fuera utilizado como un instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es un aspecto de orden público, porque se considera que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad y que se tenga la certidumbre de que la violación que entraña una afectación meramente adjetiva a las defensas de un gobernado sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina la etapa ejecutiva es adversa a sus intereses. Por las razones que contiene se invoca en respaldo de las consideraciones expuestas la jurisprudencia P./J. 32/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como el criterio contenido en la la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala del máximo Tribunal del País, que establecen: "Registro digital: 190035 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 31 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." "Registro digital: 181144 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 36/2004 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, página 75 Tipo: Jurisprudencia EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.- La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Ahora, como se estableció en los antecedentes relatados en el apartado de antecedentes de esta resolución, el quejoso figura como demandado en el juicio de controversias del orden familiar 297/2007, de donde emanan los actos reclamados; en donde fue emplazado y contestó la demanda instaurada en su contra; incluso fue condenado e impugnó dicha determinación; por tanto no es una persona extraña al juicio de origen por equiparación, en términos de lo previsto en el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, dado que conoció de la existencia del juicio seguido en su contra antes de que se pronunciara sentencia. Lo que se hace notar, pues si el quejoso no es persona extraña al juicio natural por equiparación, entonces al ejercer la acción constitucional debe atender las reglas de procedencia del juicio de amparo reguladas en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de la materia; máxime que no se coloca en algún supuesto de excepción mediante el cual pueda acudir directamente a la instancia constitucional. Apoyan lo anterior, los criterios de la Segunda y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2000293 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 47/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627 Tipo: Jurisprudencia TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA.- Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." "Registro digital: 2004274 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 67/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729 Tipo: Jurisprudencia PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).- Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Ahora, de los autos que integran el juicio familiar de origen, se aprecia que mediante resolución de veintiocho de agosto de dos mil ocho, la Juez Familiar responsable dictó sentencia en la que absolvió al demandado del pago de la pensión alimenticia a favor de Amalia Leticia Vásquez Llaveros, únicamente en torno a la petición que de ella hizo por derecho propio. Y condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva del cuarenta y cinco por ciento sobre su salario y demás prestaciones percibidas como empleado de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, como Agente del Ministerio Público, a favor de sus hijos Diego Emmanuel, Elizabeth y Margarita, todos de apellidos Marroquín Vásquez, por el quince por ciento para cada uno, de las prestaciones en mención. Además absolvió al demandado del pago de una pensión alimenticia correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de dos mil siete. Contra dicha determinación, las partes interpusieron recurso de apelación. En auto de treinta de agosto de dos mil diez, el Presidente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, acordó la recepción del oficio 5436, signado por la Secretaria de Acuerdos del entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual remitió copia certificada de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 279/2010, promovido por el demandado contra la resolución dictada en apelación por la Sala Familiar en mención, en la que negó el amparo solicitado por el demandado, aquí quejoso; y ordenó remitir copia certificada de la ejecutoria de amparo en cuestión a la Juez Primero Familiar responsable. Así, mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil diez, la Juez Familiar acordó la devolución de los autos originales del juicio de origen por parte de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en virtud de haber resuelto los recursos de apelación hechos valer contra la resolución definitiva emitida por la Juzgadora en mención, mediante resolución de dieciocho de marzo de dos mil diez emitida en el toca familiar 625/2008, por la que modificó la sentencia apelada a efecto de condenar al demandado al pago del descuento del cuarenta y cinco por ciento del sueldo y prestaciones recibidas por el demandado, a favor de sus hijos, Margarita, Elizabeth y Diego Emmanuel, todos de apellidos Marroquín Vásquez; además de haber recibido la determinación emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con la que dijo se confirmó la resolución de la citada Sala. Por lo tanto, si de las constancias remitidas por el Juez responsable se deduce que los actos reclamados acaecieron en la fase de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio de controversias del orden familiar 297/2007, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; sin embargo, esas actuaciones no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución de ese fallo. Es así, porque en los actos atacados las responsables no aprobaron ni reconocieron el cumplimiento total de la sentencia definitiva, tampoco declararon la imposibilidad material o jurídica para que se diera cumplimiento a aquélla, ni ordenaron el archivo definitivo del expediente del juicio natural, sino que en el acuerdo que dice el quejoso no se le notificó, se ordenó librar oficio al Titular o quien resultara responsable de las Oficinas de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que procediera a realizar el descuento del quince por ciento de la pensión percibida por el quejoso, por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de la beneficiaria Margarita Marroquín Vásquez; y procediera a realizar de forma retroactiva el pago de dicho descuento, a partir de la segunda quincena del mes de agosto de dos mil veinte. En consecuencia, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la propia legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 196894 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. VIII/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 230 Tipo: Aislada RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." No pasa inadvertido que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencias cuando afecten a la cosa juzgada en el juicio natural, conforme lo indicado en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 163152 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6 Tipo: Jurisprudencia EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.- La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sin embargo, en el caso concreto no se actualiza la excepción indicada, porque los actos reclamados no ocasionaron una afectación material, directa e inmediata a los derechos sustantivos del quejoso, ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen, como la vida, la integridad personal, la libertad, el domicilio, el patrimonio, la propiedad, la posesión, etcétera, sino que el requerimiento y su ejecución contenidos en las citadas actuaciones se relacionan con la decisión adoptada en la sentencia definitiva pronunciada en la controversia de origen, en donde el quejoso es parte demandada; además, se incorporó a la relación jurídica procesal entablada en ese asunto, fue oído y vencido en juicio y está en aptitud de ejercer su derecho de defensa. En ese contexto, el inconforme deberá esperar a que la autoridad judicial responsable dicte la última resolución en el procedimiento ejecutivo del juicio de origen para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional en la vía indirecta, momento en el que se podrá reclamar en la propia demanda las violaciones cometidas durante la fase ejecutiva que lo hayan dejado sin defensa y que trascendieron al resultado de la resolución. En esas condiciones, al no observarse el principio de definitividad, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ..., contra actos de la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

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