Felpe Betanzos Alor
Expediente 336/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Felpe Betanzos Alor
Actuaciones
- Principal
MESA I ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de la secretaría, de la que se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el ocho de abril del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por FELIPE BETANZOS ALOR, contra actos del Delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 336/2021. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala en esencia el siguiente acto reclamado: "La falta de contestación a mi escrito presentado en las (sic) referida Delegación en fecha con fecha (sic) quince de marzo del año en curso, solicitando la información requerida en el mismo." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o y 6o de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo sólo puede promoverlo quien sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo que, en sentido contrario, carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. Luego, como en el caso, se advierte que el quejoso reclama violaciones al artículo 8° Constitucional, de la responsable, con motivo de la falta de contestación a su escrito presentado el quince de marzo de dos mil veintiuno, por el que solicitó cierta información a la hoy responsable. El artículo 8 de la Constitución Federal, dispone: "Artículo. 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Por su parte, el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señala: Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo. Así, conforme al numeral 17 de la invocada legislación del acto administrativo, la autoridad debe dar contestación a lo peticionado por el solicitante en el plazo de hasta tres meses, de manera que si dicha petición se presentó el quince de marzo del año en curso, tal plazo comprende del dieciséis de marzo al trece de junio de dos mil veintiuno, por lo que si la demanda de amparo se presentó el siete de abril del año en curso, es inconcuso que la autoridad administrativa se encuentra aún dentro del plazo legal para analizar y resolver lo correspondiente a la solicitud de la quejosa y hacerle de conocimiento lo determinado. Máxime que es un hecho notorio, y por ende, de conocimiento público, que sigue latente, para las autoridades, la suspensión de labores ordinarias, operando la tramitación de asuntos mediante guardias o turnos, a razón de la emergencia sanitaria vigente que atraviesa la población mundial, derivado del virus SARS-Cov-2 que provoca la enfermedad del COVID-19, lo cual ha suspendido el desarrollo ordinario de los procedimientos jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Ciertamente, el hecho notorio por razón de salud pública, excusa a las autoridad(es) responsable(s) a reanudar sus actividades hasta en tanto, las diversas competentes a ésta, consideren viable el retorno de labores regulares en ciertas instituciones. Así al resultar que la demanda de amparo presentada por FELIPE BETANZOS ALOR, contra actos del Delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, es improcedente, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Como lo solicita la parte promovente, notifíquese el presente proveído en los estrados de este juzgado. Asimismo, en atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, se tiene por autorizada únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Estela Miguel Hernández, ya que no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. No obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para utilizar cámara digital o scanner, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos que se hayan reproducido. En razón de lo anterior, realícese el alta correspondiente del citado usuario para la consulta del expediente de manera electrónica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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