Fermín Eloy Ahumada Mendía

Expediente 748/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
748/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
20/08/2019

Partes del expediente

  • Fermín Eloy Ahumada Mendía
  • FERMÍN ELOY AHUMADA MENDÍA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signado por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 73 a 75), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de cinco de agosto del presente año (foja 76), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a dicha parte procesal el nueve de agosto del año actual (foja 79), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil; por lo que, dicho plazo transcurrió del trece al quince de agosto de dos mil diecinueve, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el dieciocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 35 a 50), se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: "**De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 24, fracción VIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; es decir, para que vigilara que fueran desincorporados de la esfera jurídica de la parte promovente, en el presente y en el futuro, tales numerales legales; y, B) Devolverle a la parte quejosa las contribuciones pagadas con motivo de la aplicación de los arábigos tildados de inconstitucionales; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexos presentados por el ente responsable (fojas 73 a 75), informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de cheque el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, por la cantidad de $7,000.83 (siete mil pesos 83/100, moneda nacional), debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $6,988.92 (seis mil novecientos ochenta y ocho pesos 92/100, moneda nacional), se le resta la comisión bancaria de $3.00 (tres pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $6,985.92 (seis mil novecientos ochenta y cinco pesos 92/100, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese contexto, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el catorce de marzo de dos mil diecinueve y en el mes de julio de este año, se efectuó la devolución mediante cheque al quejoso, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de febrero a junio del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio del presente año entre el índice para el mes de febrero del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue 103.079 y para el mes de junio del presente año 103.299; en ese contexto, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00213. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $7,000.80 (siete mil pesos 80/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $14.88 (catorce pesos 88/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $7,000.80 (siete mil pesos 80/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa cantidad de $7,000.83 (siete mil pesos 83/100, moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la agraviada por la cantidad de $0.03 (tres centavos), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera a la peticionaria la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. **

  2. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signado por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 73 a 75), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de cinco de agosto del presente año (foja 76), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a dicha parte procesal el nueve de agosto del año actual (foja 79), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil; por lo que, dicho plazo transcurrió del trece al quince de agosto de dos mil diecinueve, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el dieciocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 35 a 50), se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: "**De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 24, fracción VIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; es decir, para que vigilara que fueran desincorporados de la esfera jurídica de la parte promovente, en el presente y en el futuro, tales numerales legales; y, B) Devolverle a la parte quejosa las contribuciones pagadas con motivo de la aplicación de los arábigos tildados de inconstitucionales; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexos presentados por el ente responsable (fojas 73 a 75), informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de cheque el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, por la cantidad de $7,000.83 (siete mil pesos 83/100, moneda nacional), debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $6,988.92 (seis mil novecientos ochenta y ocho pesos 92/100, moneda nacional), se le resta la comisión bancaria de $3.00 (tres pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $6,985.92 (seis mil novecientos ochenta y cinco pesos 92/100, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese contexto, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el catorce de marzo de dos mil diecinueve y en el mes de julio de este año, se efectuó la devolución mediante cheque al quejoso, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de febrero a junio del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio del presente año entre el índice para el mes de febrero del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue 103.079 y para el mes de junio del presente año 103.299; en ese contexto, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00213. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $7,000.80 (siete mil pesos 80/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $14.88 (catorce pesos 88/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $7,000.80 (siete mil pesos 80/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa cantidad de $7,000.83 (siete mil pesos 83/100, moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la agraviada por la cantidad de $0.03 (tres centavos), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera a la peticionaria la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. **

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que por diverso oficio dio cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; en consecuencia, agréguense a sus autos el libelo y anexos de cuenta para que obren como corresponda, en virtud de que por acuerdo de cinco de agosto del año en curso (foja 76), se dio vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del citado proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con el acatamiento de la sentencia de amparo concedida en autos. **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el ocurso de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexos de cuenta, dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibido que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector.

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