Félix Rodríguez Martínez

Expediente 941/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
941/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
19/02/2018

Partes del expediente

  • Félix Rodríguez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación de cuenta, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "..."; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Félix Rodríguez Martínez respecto de los actos atribuidos al Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otras autoridades; para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $11,336.16 (once mil trescientos treinta y seis pesos 16/100 moneda nacional), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, (fojas 13 y 65), que se cubrió el diecisiete de abril de dos mil diecisiete. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." En auto de trece de diciembre del año próximo pasado, causó ejecutoria dicho fallo protector y se requirió a las autoridades responsables, para que en el término de diez días lo acatara y remitiera las constancias que acreditara dicho cumplimiento En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que las autoridades responsables indicadas en la sentencia, esencialmente, realizaran lo siguiente: Desincorporaran de la esfera jurídica a la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los numerales 12, 13 y 14 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales ordinales, hasta en tanto no sean modificados. Se devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $11,336.16 (once mil trecientos treinta y seis pesos 16/100 moneda nacional), que pagó por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante el oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el treinta de enero de dos mil dieciocho, el Director General Jurídico, en su carácter de Representante Legal de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, informó que realizó la transferencia a favor de la quejosa por la cantidad de $11,470.57 (once mil cuatrocientos setenta pesos 57/100 moneda nacional). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $*****(*****), por los siguientes conceptos: Concepto Cantidad 1 INSCRIP. DE DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO. $****.00 2 Fomento a la educación $***** 3 Asistencia social $***** Universidad Autónoma de Nayarit $***** Total $**** Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $***.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por el acto jurídico que inscribió, que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $******(*****), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron expedidos el veinte de abril de dos mil diecisiete y el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable efectuó la transferencia a la quejosa, por la cantidad a que se ha hecho referencia, por la cual el ente citado pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecisiete a enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre entre el índice para el mes de marzo, ambos de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue de 126.087; y para el mes de diciembre de dicha anualidad fue de 130.813. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03748. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $*****(******/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $***(****/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la tesorería responsable devolvió a la quejosa la cantidad $*****(******/100 moneda nacional). De ahí, que resulte evidente que SE HA RESTITUIDO AL ALUDIDO PROMOVENTE DEL AMPARO EN EL GOCE DE SUS DERECHOS Y GARANTÍAS VIOLADOS, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que resulte necesario realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, en virtud de que no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación de cuenta, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "..."; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Félix Rodríguez Martínez respecto de los actos atribuidos al Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otras autoridades; para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $11,336.16 (once mil trescientos treinta y seis pesos 16/100 moneda nacional), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, (fojas 13 y 65), que se cubrió el diecisiete de abril de dos mil diecisiete. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." En auto de trece de diciembre del año próximo pasado, causó ejecutoria dicho fallo protector y se requirió a las autoridades responsables, para que en el término de diez días lo acatara y remitiera las constancias que acreditara dicho cumplimiento En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que las autoridades responsables indicadas en la sentencia, esencialmente, realizaran lo siguiente: Desincorporaran de la esfera jurídica a la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los numerales 12, 13 y 14 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales ordinales, hasta en tanto no sean modificados. Se devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $11,336.16 (once mil trecientos treinta y seis pesos 16/100 moneda nacional), que pagó por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante el oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el treinta de enero de dos mil dieciocho, el Director General Jurídico, en su carácter de Representante Legal de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, informó que realizó la transferencia a favor de la quejosa por la cantidad de $11,470.57 (once mil cuatrocientos setenta pesos 57/100 moneda nacional). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $*****(*****), por los siguientes conceptos: Concepto Cantidad 1 INSCRIP. DE DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO. $****.00 2 Fomento a la educación $***** 3 Asistencia social $***** Universidad Autónoma de Nayarit $***** Total $**** Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $***.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por el acto jurídico que inscribió, que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $******(*****), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron expedidos el veinte de abril de dos mil diecisiete y el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable efectuó la transferencia a la quejosa, por la cantidad a que se ha hecho referencia, por la cual el ente citado pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecisiete a enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre entre el índice para el mes de marzo, ambos de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue de 126.087; y para el mes de diciembre de dicha anualidad fue de 130.813. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03748. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $*****(******/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $***(****/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la tesorería responsable devolvió a la quejosa la cantidad $*****(******/100 moneda nacional). De ahí, que resulte evidente que SE HA RESTITUIDO AL ALUDIDO PROMOVENTE DEL AMPARO EN EL GOCE DE SUS DERECHOS Y GARANTÍAS VIOLADOS, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que resulte necesario realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, en virtud de que no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, acompaña un anexo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se proveerá en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, acompaña un anexo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se proveerá en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

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