Fermín Cortés Aguilar
Expediente 281/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 10/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Fermín Cortés Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. . Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Hago constar que notifico la determinación de treinta y uno de agosto del año en curso, a la parte quejosa Fermín Cortés Aguilar, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial de la Federación, Delegación Morelos, dada la situación de pandemia que se vive actualmente, y en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Lo Anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III y 29 de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante cédula de notificación de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por la actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, relativa al despacho 55/2020-2, queja 165/2020, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo circuito, recibida en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintiséis de marzo del año en curso, recibida por esta autoridad al día hábil siguiente, Fermín Cortés Aguilar, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Director General y Comité Técnico, del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial con residencia en Ciudad Ayala, Morelos. Acto reclamado: ".Me tienen 23 horas encerrado en celda, amenazado.". SEGUNDO. En veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, esta autoridad desechó parcialmente la demanda en cuanto a diverso acto y admitió la demanda de amparo, por lo que hace a la incomunicación, la radicó con el número de expediente 281/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El encierro por más de veintitrés horas en la celda u dormitorio del ahora quejoso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, y remitió el Director General y Comité Técnico, constancias relativas al registro de llamadas telefónicas del tres de diciembre de dos mil veinte al treinta de marzo de dos mil veintiuno, registro de correspondencia enviada y recibida periodo siete de diciembre dos mil veinte al veintinueve de marzo del año que transcurre, estado de salud del treinta de marzo de dos mil veintiuno, memorando DT/1078/2021, de cinco de abril de la anualidad, de programación de actividades y copia de lista de asistencia, del quejoso, que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Soporta la consideración precedente, la tesis sin número, registro 238215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis sin número, página 7, volumen 91-96, tercera parte, séptima época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto, siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, se cita la tesis sin número, registro 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, tomo XIV, julio de 1994, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Así como la Jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese tenor se le tiene por cierto el acto reclamado a las responsables, máxime que su existencia se encuentra relacionado con el fondo del asunto planteado. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, esta autoridad advierte se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en razón a que el nueve de julio de dos mil veintiuno, el juez de Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, con residencia el Cuautla, Tomás Mateo Morales, determinó conceder la libertad condicionada, por consecuencia ordenó la inmediata libertad del ahora quejoso en la causa penal 93/2008, del índice del Juez Segundo de Ejecución del Primer Circuito de Pachuca, Hidalgo, por el delito de homicidio calificado, de donde deriva la carpeta administrativa de ejecución penal JCCE/802/2018, relacionado con la carpeta de ejecución incidental 094/2014. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: Mediante acta administrativa de libertad 13/2021, el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de nueve de julio de dos mil veintiuno, por conducto del director General, Subdirección de Seguridad y Custodia y de la dirección Jurídica, hicieron constar y dieron cumplimiento al oficio 04087/2021, de misma data, donde el juez de Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, con residencia el Cuautla, Tomás Mateo Morales, determinó conceder la libertad condicionada, por consecuencia ordenó la inmediata libertad del ahora quejoso en la causa penal 93/2008, del índice del Juez Segundo de Ejecución del Primer Circuito de Pachuca, Hidalgo, por el delito de homicidio calificado, de donde deriva la carpeta administrativa de ejecución penal JCCE/802/2018, relacionado con la carpeta de ejecución incidental 094/2014, única y exclusivamente por cuanto a dicho proceso penal se refiere. Así, de la narrativa de antecedentes se desprende que a la parte quejosa en diligencia de nueve de julio de dos mil veintiuno, le fue concedido el beneficio de libertad condicionada por Tomás Mateo Morales, Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único en el Estado de Morelos, en la carpeta administrativa de ejecución penal JCCE/802/2018, relacionado con la carpeta de ejecución incidental 094/2014, derivadas de la causa penal 93/2008. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí parte quejosa reclama el encierro en su celda dormitorio por veintitrés horas diarias, en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, sin permitirle salir al patio por cuatro horas como los demás internos; sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, tal acto reclamado quedó superado, esto es así, pues de la diligencia de nueve de julio de dos mil veintiuno, el juez de Ejecución de Sanciones envió a las responsables oficio 04087/2021, comunicándoles que, concedió al interno ahora quejoso el beneficio de libertad condicionada, en consecuencia ordenó su libertad inmediata, cuestión que las autoridades penitenciarias acataron mediante acta administrativa de libertad 13/2021 de nueve de julio de misma data, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener vigencia, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que, en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que, al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintiséis de marzo de dos mil veintiuno), las responsables no habían recibido el oficio de libertad inmediata emitida por el juez de Ejecución de Sanciones, lo que aconteció mediante acta administrativa de libertad 13/2021 de nueve de julio de dos mil veintiuno. Por tanto, si al momento de presentación de la demanda no se había emitido el acuerdo de libertad inmediata por haberse concedido al quejoso el beneficio de libertad condicionada, la que actualmente ha ocurrido y, en consecuencia fue ordenada la libertad inmediata del ahora quejoso, el nueve de julio de dos mil veintiuno, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Sin que sea necesario analizar la causal de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables, pues en nada mejoraría el sentido del fallo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca******************** Morelos******************** a doce de agosto de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial******************** mediante el cual informa que el quejoso Fermín Cortés Aguilar ". el nueve de julio de dos mil veintiuno le fue concedido el beneficio de libertad condicionada******************** por lo que egresó de este Centro Penitenciario******************** en cumplimiento al oficio número 04087/21 de la misma data******************** proveído por el Maestro en Derecho Tomás Mateo Morales******************** Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Morelos******************** con sede en Cuautla******************** dictado en autos de la carpeta administrativa de ejecución penal número JCCE/802/2018******************** relacionado con la carpeta de ejecución incidental **************************************** derivado de la causa penal ******************** la cual conociera la Jueza Segundo de Ejecución del Primer Circuito en Pachuca******************** Hidalgo." Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz******************** Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos******************** ante María del Rosario García Jiménez******************** Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de la que se advierte la imposibilidad del actuario de notificar al quejoso Fermín Cortés Aguilar, el auto de dos de los corrientes, toda vez que el mismo egresó del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), el nueve de julio del presente año. En consecuencia de lo anterior, y con fundamento en lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa, el auto mencionado, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL QUEJOSO FERMÍN CORTES AGUILAR POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Cuernavaca, Morelos, dos de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida las razones de cuenta, signadas por el Actuario de la adscripción de tres de mayo y quince de junio, ambas de dos mil veintiuno, mediante las cuales hace constar haber notificado a la parte quejosa, no obstante, de las mismas se desprende la solicitud de un defensor público por el motivo que ahí expone y la comunicación directa con el defensor que precisa. De lo anterior, se ordena girar atento oficio al Delegación Estatal del Instituto de la Defensoría Pública Federal en Morelos, con el fin de que, de conformidad con lo establecido por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Ley de la Materia, en el término de tres días, contados a partir del momento en que reciba la notificación del presente acuerdo, informe al asesor jurídico Enrique Contreras Ayala lo solicitado por el interno Fermín Cortés Aguilar; o en caso de que dicho asesor no represente a la parte quejosa, designe a un asesor jurídico para el impetrante de amparo, a fin de que intervenga con tal carácter a su nombre en el presente juicio; se apercibe al citado Delegado que en caso de ser omiso al requerimiento, se le impondrá una medida de apremio, consistente en multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. Cabe precisar, que si se designa nuevo representante, deberá comparecer por escrito en el término de tres días, a aceptar y protestar el cargo conferido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza y da fe. Doy fe.
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