Felix Velazquez Sanchez
Expediente 872/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 33 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Felix Velazquez Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón suscrita por el Actuario adscrito, por el cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte tercero interesada la sentencia dictada el cinco de enero de dos mil veintidós; al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el fedatario judicial; en consecuencia, se ordena notificar a la mencionada parte procesal la citada determinación, este proveído y todas las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFCAR AL TERCERO INTERESADO ENRIQUE CAMPOS ROJAS E HILARIO VITAL MIRANDA POR MEDIO DE LISTA LA SNETENCIA DE FECHA CINCO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA CUAL SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, Félix Velázquez Sánchez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos Fiscal Regional de la Zona Sur Poniente, con residencia en Jojutla, Morelos. Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales adscrita a la Fiscalía Regional de la Zona Sur Poniente, con residencia en Jojutla, Morelos. Jueces de Primera Instancia, de Control y de Juicios Orales del Segundo Distrito en el estado de Morelos, actualmente Único Distrito Judicial, con sede en Jojutla, Morelos. Coordinador de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional de la Zona Sur Poniente con residencia en Jojutla de Juárez, Morelos. Coordinador de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales adscrita a la Fiscalía Regional de la Zona Sur Poniente, con residencia en Jojutla, Morelos. Comandante de aprehensiones de la Zona Sur Poniente, Director General de aprehensiones de la Zona Metropolitana. Acto reclamado. "La orden de aprehensión, detención, presentación, dictada en mi contra por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad Ejecutora."." SEGUNDO. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 872/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar de manera clara y precisa dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama la orden de aprehensión, detención, presentación, dictada por las autoridades y su ejecución, dictada en su contra. TERCERO. Inexistencia y existencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos atribuidos a las autoridades responsables que a continuación se precisarán respecto de la orden de detención y presentación del quejoso, por lo que debe sobreseerse en el juicio respecto de ellas. Los Jueces de Primera Instancia, de Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado (4), con sede en Jojutla, Morelos, Fiscal Regional Sur Poniente, Encargado de la Dirección de la Policía de Investigación Criminal Sur Poniente (denominación correcta), Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Sur Poniente, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistente en la orden de detención y presentación de la parte quejosa.Conviene precisar que a pesar de que se dio vista a la promovente del amparo para que realizara las manifestaciones que estimara convenientes, fue omisa en desvirtuar los informes justificados de las autoridades responsables. Por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo citado en líneas precedentes en el juicio de amparo promovido por Félix Velázquez Sánchez, por cuanto a los actos y autoridades responsables mencionadas. Finalmente, las autoridades responsables, Beatriz Maldonado Hernández, Juez de Primera Instancia, de Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Jojutla, Morelos, Fiscal General del Estado de Morelos, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Sur Poniente, Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, Encargado del Grupo de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal Sur Poniente, Encargado de Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, aceptaron el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dicta contra el quejoso, lo que se corrobora con las copias certificadas que la primera de las autoridades mencionadas acompañó a su informe justificado. CUARTO. Improcedencia del juicio. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo. Ese precepto refiere que el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica dentro de un procedimiento administrativo o jurisdiccional, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, ya que de decidirse en tal procedimiento, se afectaría la nueva situación jurídica. Ahora bien, el concepto de "cambio de situación jurídica" implica una transformación de la situación que implica su sustitución por una nueva. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el cambio de situación jurídica se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Este criterio quedó plasmado en la tesis 2a.CXI/96, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que a continuación se transcribe para pronta referencia: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el promovente del amparo reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra. Sin embargo, del informe justificado y anexos se aprecia que el diecinueve de marzo del dos mil veinte, el Juez Especializado en Control del Único Distrito Judicial del Estado sede en Jojutla, Morelos, dictó orden de aprehensión por el delito de robo calificado dentro de la causa penal JC/168/2020. Posteriormente, se tiene que mediante oficio 05163/21, recibido el cinco de agosto de dos mil veintiuno, Beatriz Maldonado Hernandez, Juez Especializada en Control del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Jojutla, hizo de conocimiento a este órgano jurisdiccional que en esa data el quejoso Félix Velázquez Sánchez, fue puesto a disposición, derivado de la orden de captura emitida en la causa penal JCJ/168/2020, instruida en su contra por el delito de robo calificado, cometido en agravio de Enrique Ocampo Rojas, dictándose auto de vinculación a proceso, y decretándose como medida cautelar la de prisión preventiva oficiosa, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional en relación con lo dispuesto en el artículo 155 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, informando que para el cumplimiento de dicha medida privativa de libertad el quejoso quedo recluido en Centro Penitenciario de Jojutla, Morelos. Por lo antes expuesto, se afirma la existencia de un cambio de situación jurídica, ya que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. De ahí que, ante la aparición de esta causal, lo conducente es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis II.2o.P.20 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". Asimismo, se invoca como sustento la tesis XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Sin que en el caso, fuese dable dar vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda, pues el promovente tuvo conocimiento de la ratificación de la detención y su posterior vinculación a proceso, de ahí que a partir de la propia audiencia es que en dado caso, inició el cómputo para que reclamara dicho acto, pues estimar lo contrario implicaría prorrogar el término para la promoción del juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. .Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del Secretario Roberto Bravo Vargas, hasta hoy cinco de enero de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, Félix Velázquez Sánchez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos Fiscal Regional de la Zona Sur Poniente, con residencia en Jojutla, Morelos. Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales adscrita a la Fiscalía Regional de la Zona Sur Poniente, con residencia en Jojutla, Morelos. Jueces de Primera Instancia, de Control y de Juicios Orales del Segundo Distrito en el estado de Morelos, actualmente Único Distrito Judicial, con sede en Jojutla, Morelos. Coordinador de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional de la Zona Sur Poniente con residencia en Jojutla de Juárez, Morelos. Coordinador de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales adscrita a la Fiscalía Regional de la Zona Sur Poniente, con residencia en Jojutla, Morelos. Comandante de aprehensiones de la Zona Sur Poniente, Director General de aprehensiones de la Zona Metropolitana. Acto reclamado. "La orden de aprehensión, detención, presentación, dictada en mi contra por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad Ejecutora."." SEGUNDO. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 872/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar de manera clara y precisa dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama la orden de aprehensión, detención, presentación, dictada por las autoridades y su ejecución, dictada en su contra. TERCERO. Inexistencia y existencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos atribuidos a las autoridades responsables que a continuación se precisarán respecto de la orden de detención y presentación del quejoso, por lo que debe sobreseerse en el juicio respecto de ellas. Los Jueces de Primera Instancia, de Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado (4), con sede en Jojutla, Morelos, Fiscal Regional Sur Poniente, Encargado de la Dirección de la Policía de Investigación Criminal Sur Poniente (denominación correcta), Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Sur Poniente, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistente en la orden de detención y presentación de la parte quejosa. Conviene precisar que a pesar de que se dio vista a la promovente del amparo para que realizara las manifestaciones que estimara convenientes, fue omisa en desvirtuar los informes justificados de las autoridades responsables. Por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo citado en líneas precedentes en el juicio de amparo promovido por Félix Velázquez Sánchez, por cuanto a los actos y autoridades responsables mencionadas. Finalmente, las autoridades responsables, Beatriz Maldonado Hernández, Juez de Primera Instancia, de Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Jojutla, Morelos, Fiscal General del Estado de Morelos, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Sur Poniente, Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, Encargado del Grupo de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal Sur Poniente, Encargado de Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, aceptaron el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dicta contra el quejoso, lo que se corrobora con las copias certificadas que la primera de las autoridades mencionadas acompañó a su informe justificado. CUARTO. Improcedencia del juicio. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo. Ese precepto refiere que el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica dentro de un procedimiento administrativo o jurisdiccional, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, ya que de decidirse en tal procedimiento, se afectaría la nueva situación jurídica. Ahora bien, el concepto de "cambio de situación jurídica" implica una transformación de la situación que implica su sustitución por una nueva. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el cambio de situación jurídica se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Este criterio quedó plasmado en la tesis 2a.CXI/96, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que a continuación se transcribe para pronta referencia: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el promovente del amparo reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra. Sin embargo, del informe justificado y anexos se aprecia que el diecinueve de marzo del dos mil veinte, el Juez Especializado en Control del Único Distrito Judicial del Estado sede en Jojutla, Morelos, dictó orden de aprehensión por el delito de robo calificado dentro de la causa penal JC/168/2020. Posteriormente, se tiene que mediante oficio 05163/21, recibido el cinco de agosto de dos mil veintiuno, Beatriz Maldonado Hernandez, Juez Especializada en Control del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Jojutla, hizo de conocimiento a este órgano jurisdiccional que en esa data el quejoso Félix Velázquez Sánchez, fue puesto a disposición, derivado de la orden de captura emitida en la causa penal JCJ/168/2020, instruida en su contra por el delito de robo calificado, cometido en agravio de Enrique Ocampo Rojas, dictándose auto de vinculación a proceso, y decretándose como medida cautelar la de prisión preventiva oficiosa, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional en relación con lo dispuesto en el artículo 155 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, informando que para el cumplimiento de dicha medida privativa de libertad el quejoso quedo recluido en Centro Penitenciario de Jojutla, Morelos. Por lo antes expuesto, se afirma la existencia de un cambio de situación jurídica, ya que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. De ahí que, ante la aparición de esta causal, lo conducente es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis II.2o.P.20 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". Asimismo, se invoca como sustento la tesis XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Sin que en el caso, fuese dable dar vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda, pues el promovente tuvo conocimiento de la ratificación de la detención y su posterior vinculación a proceso, de ahí que a partir de la propia audiencia es que en dado caso, inició el cómputo para que reclamara dicho acto, pues estimar lo contrario implicaría prorrogar el término para la promoción del juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. .Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del Secretario Roberto Bravo Vargas, hasta hoy cinco de enero de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: SENTENCIA DE CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS: "... Por lo antes expuesto, se afirma la existencia de un cambio de situación jurídica, ya que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. De ahí que, ante la aparición de esta causal, lo conducente es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis II 2 P 20 P (10), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". Asimismo, se invoca como sustento la tesis XVII 1 P A J/18 (10), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Sin que en el caso, fuese dable dar vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda, pues el promovente tuvo conocimiento de la ratificación de la detención y su posterior vinculación a proceso, de ahí que a partir de la propia audiencia es que en dado caso, inició el cómputo para que reclamara dicho acto, pues estimar lo contrario implicaría prorrogar el término para la promoción del juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del Secretario Roberto Bravo Vargas, hasta hoy cinco de enero de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe."
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa, mediante proveído de once de agosto del año en curso, con la finalidad de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo; en consecuencia, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que a efecto de mejor proveer, se difiere la misma, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 29 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Felix Martinez Regino1479/2017
- Felix Martínez Regino1423/2019
- Felix Morales Lima2162/2016
- Felix Sanchez Espinoza88/2023
- Félix Urbano Rosario233/2019
- Felix Urbano Rosario2069/2016
- Ferando Juarez Ruiz1164/2015
- Fermín Aguilar Alonso1498/2018
- Fermin Arguelles Rosete1462/2014
- Fermin Castillo Romero1426/2011
- Fermín Cortés Aguilar281/2021
- Fermin Cortez Aguilar1455/2018