Félix Sánchez Sánchez

Expediente 299/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 27 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
299/2020
Año
2020
Actuaciones
27
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Félix Sánchez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse negado y concedido la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Archivo reciente. También, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso A, del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista certificación secretarial y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal de quince días, contra el acuerdo de diez de septiembre del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, contados a partir de que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho incidente. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término concedido a la parte quejosa en proveído de treinta de julio del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, sin que hubiese expresado manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la sentencia protectora se encuentra o no cumplida acorde a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1698, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Décima segunda Sección - Ejecución de Sentencia de Amparo, Apéndice de 2011, Novena Época, con número de registro 1003378, cuyo rubro y texto es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se concedió en el juicio de amparo al quejoso Félix Sánchez Sánchez, causando ejecutoria el trece de julio del año en curso, requiriendo su cumplimiento al Juez de Control del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, En proveído de veintiséis de julio del año en curso, se tuvo al Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, informando el cumplimiento al fallo protector, quien determinó lo siguiente: a)Dejó sin efectos la audiencia de control de detención en el supuesto de flagrancia, celebrada el veintiuno de julio del dos mil veinte, así como las subsecuentes actuaciones procesales, incluyendo el diverso acto reclamado, consistente en el auto de vinculación a proceso de veintiséis de julio de dos mil veinte. b)Se designó al quejoso Félix Sánchez Sánchez un traductor en la lengua zoque con la variante de las Conchas, San Miguel Chimalapa, Oaxaca, quedando constancia correspondiente en audiencia; y, c) Se resolvió sobre la detención del quejoso, decretándose de legal la misma, en seguida, el Ministerio Publico le formuló imputación inicial por el hecho que la ley señala como los delitos de disparo de arma de fuego, daños y allanamiento de morada, cometido en agravio y perjuicio patrimonial de Abelina Marín Olan y Modesto Marín Aquino, así mismo, el quejoso y su defensa particular hicieron uso de la duplicidad del término constitucional, por consiguiente, se señalaron las diez horas del día veintisiete de julio del dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia de ampliación del término constitucional, en la cual se resolverá la situación jurídica del quejoso, imponiéndosele la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar provisional en el Centro Penitenciario de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. Asimismo, en proveído de veintiocho siguiente, se tuvo a la responsable informando que en la audiencia de ampliación de término constitucional celebrado el veintisiete del mes y año en curso, en la causa penal 220/2021, que se instruye en contra del aquí quejoso Félix Sánchez Sánchez, que al resolver su situación jurídica, determinó lo siguiente: ? Que estuvo asistido de un traductor en lengua zoque, con la variante de las conchas, San Miguel Chimalapa, Oaxaca. ? Que dictó en su contra auto de vinculación a proceso como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como los delitos de amenazas, disparo de armas de fuego, allanamiento de morada y daños en agravio y perjuicio patrimonial de ***y ***. ? Asimismo, se le impuso la medida cautelar definitiva de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, decretándose el plazo de un mes para la investigación complementaria. Finalmente el auto de treinta de julio del año en curso, se tuvo al Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, residente en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, remitiendo un disco compacto en formato DVD certificado, el cual contiene el registro de audio y video de: a) audiencia de control de detención en cumplimiento a una orden de aprehensión celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno y, b) audiencia de ampliación de término constitucional celebrada en veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Con base en las consideraciones previamente expuestas, este órgano de control constitucional estima que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que la autoridad dio cumplimiento, se llega a la convicción de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida totalmente, y no se incurrió en demasía o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que la parte quejosa contó con un traductor en la lengua zoque con la variante de las Conchas, San Miguel Chimalapa, Oaxaca, circunstancia necesaria para que éste tuviera amplio conocimiento de las consecuencias jurídicas que conllevaría la audiencia de control de la detención en el supuesto de flagrancia y estuviera en aptitud de ejercer su derecho a una defensa material, con lo que se da por cumplido el fallo protector. Hágase del conocimiento de las partes parta los efectos legales procedentes. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de julio de dos mil veintiuno Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que en la audiencia de ampliación de término constitucional celebrado el veintisiete de los corrientes, en la causa penal 220/2020, que se instruye en contra del aquí quejoso ***, se dictó en su contra auto de vinculación a proceso, para corroborar su dicho remite un disco compacto en formato DVD certificado, la cual contiene el registro de audio y video de audiencia de control de detención en cumplimiento a una orden de aprehensión celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno y, audiencia de ampliación de término constitucional celebrada en veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Ahora, toda vez que por auto de veintiocho de julio del actual, se reservó acordar hasta en tanto se recibiera el disco DVD de mérito, al efecto se provee: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora, el material de audio y video que el Juez responsable remite, se trata de una prueba documental pública, la cual se desahoga sin necesidad de una audiencia especial en la cual se reproduzca su contenido, atento a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual le fue designado el registro digital 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTIVOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Asimismo, se invoca en apoyo la tesis I.5º.C.2.K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de folio digital 204616, cuyo tenor literal es: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES.- El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Guárdese en la Secretaría de este Juzgado, el disco compacto que la autoridad judicial anexó a su oficio. En consecuencia, con las constancias de referencia y el formato DVD, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre su cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 192174, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese

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