Félix Martínez Olivares

Expediente 124/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
124/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/05/2019

Partes del expediente

  • Félix Martínez Olivares

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, seis de mayo de dos mil diecinueve. Vistos los autos y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 97 en relación con el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de veintidós de abril del año en curso (fojas 61-62), por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión, ni se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Se hace el conocimiento de las partes, que el presente juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio 9237/2019, signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 100/2019 y número de orden 209/2019, por el que se encomendó notificar personalmente al quejoso Félix Martínez Olivares, el contenido íntegro del proveído de veintidós de marzo del año en curso (fojas 19-23). Acúsese el recibo correspondiente. Dese de baja el exhorto antes señalado en el libro de Comunicaciones Oficiales Enviadas. Por otra parte, visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrieron los plazos de cinco y tres días concedidos al quejoso Félix Martínez Olivares, en proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve; en tales condiciones, se hacen efectivos los apercibimientos ahí decretados, y por ende, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente. Asimismo, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase ésta y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, mediante lista de acuerdos. Notifíquese al quejoso mediante lista de acuerdos. I-B

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. DATOS DE LA DEMANDA. Por recibido el oficio 7066/2019, signado por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual remite el juicio de amparo 232/2019, de su índice, que contiene la demanda de amparo, presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, recibida en la Oficina de Correspondencia Común adscrito a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, promovida por Félix Martínez Olivares, por propio derecho, contra actos de los Jueces de Distrito, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero, en el Estado de Oaxaca, y otras autoridades, que hace consistir literalmente en: las órdenes de detención, aprehensión, colaboración y presentación dictadas en su contra y ejecución de las mismas. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso señaló como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, se considera que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer de la demanda, en términos del artículo 38, de la Ley de Amparo, por lo que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la presente demanda. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad declinante, para los efectos legales procedentes. Acúsese el recibo correspondiente. Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 124/2019, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, debe precisarse que conforme a los artículos 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien le afecte la norma general o el acto reclamado, quien podrá hacerlo por sí o por su representante o apoderado, por lo que debe contener la firma del promovente. La firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; así, a través de ésta la parte quejosa manifiesta su voluntad de promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese contexto, recibida una promoción en un órgano de control constitucional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3 de la ley de la materia, dispone que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos de control y jurisdiccionales. Asimismo, establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tópico, el artículo 761, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y si se encuentra vigente; no se requerirá de firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15, de la Ley de Amparo. 1 "Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente." Asimismo, en el citado precepto se señala que tales datos deberán tomarse en consideración por los juzgados de distrito y tribunales de circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, presuntamente por Félix Martínez Olivares, carece de firma electrónica, pues no contiene la evidencia criptográfica que refiere el artículo 76, del Acuerdo General Conjunto indicado 1/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, con la que se demuestre que dicha demanda fue firmada electrónicamente por el quejoso o su representante. PREVENCION DE LA DEMANDA Ahora, a fin de que este órgano jurisdiccional provea lo procedente respecto de la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, hábiles contados a partir del en que sea legalmente notificado de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Exhiba el acuse de recepción electrónica que se generó al presentar su demanda de amparo en línea, en el que obren señalados los datos de identificación del asunto y de quién promueve, y los datos del archivo electrónico enviado así como la hora y fecha del envío y recepción, que refiere el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula entre otros aspectos, los servicios tecnológicos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, o exhiba cualquier otra constancia que demuestre que dicha demanda fue firmada electrónicamente por el quejoso o su representante. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J. 24/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia Común, Página 699, Décima Época, con número de registro 2018146, bajo el epígrafe y rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA.- De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN.", el derecho de acceso a la jurisdicción está condicionado a que, cualesquiera que sean los requisitos de procedibilidad de una acción, éstos no se erijan como impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios. Al respecto, el artículo 3o. de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de tecnologías de la información, particularmente en uso de una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, que, actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió tres acuerdos que regulan el uso de la firma electrónica. Así, de la lectura armónica de los artículos 3, 5, 6 y 10 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, 17 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, y 64 y 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 se desprende que: (1o.) la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), equiparable a un documento de identidad, es el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral, de los tribunales de circuito y de los juzgados, con efectos idénticos a los de la firma autógrafa; (2o.) la revocación o pérdida de vigencia del certificado digital de firma electrónica tiene como consecuencia la imposibilidad de ingresar a los expedientes electrónicos; (3o.) el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación requiere que las personas cuenten con la FIREL y que se registren personalmente en el sistema, introduciendo su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, "nombre de usuario", "contraseña", y vinculación del registro a la FIREL; y (4o.) la presentación de demandas de manera electrónica exige que las y los usuarios ingresen nombre de usuario y contraseña, o que actúen a través de la FIREL. En estos términos, la falta de firma electrónica en la demanda de amparo indirecto debe considerarse como una de las "irregularidades en el escrito" al que hace referencia el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, razón por la cual las y los jueces de distrito deberán requerir a la parte promovente para que, en el plazo de cinco días, subsane la omisión. Esto se debe a que la omisión de referencia no podría dar lugar a negar de manera manifiesta e indudable la identidad de quien promueve, pues los Acuerdos Generales Conjuntos regulan una serie de salvaguardas que aseguran el conocimiento de la identidad de quien actúa en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En estos términos, el juzgador de amparo únicamente podrá desechar la demanda que carece de firma electrónica cuando no se desahogue el requerimiento para que se subsane su irregularidad. Lo anterior garantiza el derecho de acceso a la jurisdicción, al no entender la ausencia de firma electrónica desde una perspectiva estrictamente formalista y desvinculada del procedimiento que rige la actuación en el citado Portal de Servicios. Este criterio no es aplicable tratándose de la hipótesis expresamente prevista en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la referida ley." No es óbice a lo anterior, que el promovente de amparo funde su demanda en los artículos 15 y 109 de la ley de la materia; sin embargo, en el caso reclama actos privativos de la libertad (ilegal orden de detención y/o aprehensión y/o colaboración y/o presentación dictada en su contra), los cuales no se tratan de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; por tanto, no se encuentra en el supuesto de excepción que refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO En el entendido que de no desahogarse la prevención dentro del plazo legal concedido o, bien, no manifestar el impedimento legal que para ello tuviere, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Pacifuentes Pacheco, Adalila Montero Santiago y Armando Heriberto Arenas Estévez. Por otra parte, se tiene únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Carlos Adrián Ramírez Rodríguez, Sergio León Cantón y Carlos Fernando Moreno Baltazar, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no existe registrada cédula profesional a su nombre, sin perjuicio de que una vez que acrediten lo anterior con prueba idónea, se les tenga autorizados en términos del citado artículo 12 de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme al precepto 2, y en el numeral 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto al Juez de Distrito en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, comisione a quien corresponda, notifique el contenido de este auto a la parte quejosa Félix Martínez Olivares, en el domicilio ubicado en Calle de Manuel Fernández Fiallo número 801, Letra "A", Colonia Centro, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; asimismo, le haga entrega de la copia autorizada del presente acuerdo y lo requiera para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la fecha en que quede notificada de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que en caso de no señalar domicilio, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. En otro aspecto, por el momento, no ha lugar acordar de conformidad su petición, en el sentido de que sus notificaciones se le realicen al correo electrónico que proporciona, toda vez que el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé la notificación vía electrónica, siempre y cuando haya obtenido su firma electrónica, sin que refiera que ya la tramitó; sin perjuicio de que una vez que la obtenga, previa petición, se ordene realizar sus notificaciones en dicho correo electrónico. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

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