Félix Pozos Palafox
Expediente 208/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Félix Pozos Palafox
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, once de julio de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa, no se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de ocho a trece horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de junio de dos mil veintidós. Juzgado de Distrito informa admisión de juicio de amparo. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual comunica que se admitió a trámite la separación del juicio de amparo derivado del presente expediente promovido por Félix Pozos Palafox, el cual registro con el número 663/2022; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala; veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado procesal de los presentes autos se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional: a) Del Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes: La negativa de proporcionar copia certificadas del proceso penal 111/2016. b) Del Juez de Control del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en turno: La negativa de señalar día y hora para una audiencia de control respecto de la carpeta de investigación C.I.AI APIZ-1/1565/2021. c) Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata Mesa Uno, Región Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, que conoce de la carpeta de investigación C.I.AI APIZ-1/1565/2021: La omisión de obtener copia certificada del proceso penal 111/2016. Ahora bien, de la precisión de dichos actos así como de las actuaciones que integran el presente asunto se obtiene que los actos reclamados a las autoridades identificadas con los incisos b) y c), están relacionados, pues derivan de la carpeta de investigación C.I.AI APIZ-1/1565/2021, pues son actuaciones que, en el dicho de la quejosa, infieren en su integración. Mientras que el reclamado al juez identificado en el inciso a), deriva del proceso penal 111/2016. Se decreta separación de juicios De lo anterior se desprende la existencia de la causa penal 111/2016, del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, así como la carpeta de investigación C.I.AI APIZ-1/1565/2021, las cuales son autónomas e independientes, pues la primera se instruye en contra de Alejandro González Barranco, por el delito de despojo, cometido en agravio de Roberta Barranco Mejía -en la que la aquí quejosa Félix Pozos Palafox, fungía como abogada defensor del citado procesado-. Mientras que en la carpeta de investigación C.I.AI APIZ-1/1565/2021, se investigación hechos relacionados con el delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos y lo que resulte, en victimización de Roberta Barranco Mejía, en contra de la aquí quejosa Félix Pozos Palafox y otros. Bajo ese contexto, resulta procedente la separación de juicios, respecto de dichos actos reclamados, a fin de que se analicen por separado, en tanto emanan de procedimientos diversos, que no guardan relación entre sí. Al respecto, los artículos 66 de la Ley de Amparo, 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, disponen: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo.-- La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero". "Artículo 73. Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental". La interpretación a contrario sentido de los citados preceptos, conduce a establecer que los autos que integran un juicio de amparo podrán separarse oficiosamente, cuando de ellos se advierta que se reclaman actos de distinta naturaleza y desvinculados entre sí, aunque se trate del mismo quejoso. Lo anterior, tiene su razón de ser en la facilidad que representa el manejo y resolución de asuntos en los que se controviertan actos u omisiones e incluso leyes aplicadas en distintos ámbitos territoriales o de distinta naturaleza, lo cual se refleja al proveer acerca del cumplimiento de fallos en los que se haya otorgado el amparo, pues los requerimientos destinados a ese fin, y el posterior pronunciamiento, versará sobre un sólo tema. Asimismo, dicha figura jurídica se encuentra contenida en la jurisprudencia, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, partiendo de la base de que existe la posibilidad de acumular juicios de amparo, a fin de evitar resoluciones contradictorias, cuando los actos reclamados en éstos se encuentran vinculados entre sí, resulta evidente que también, en sentido inverso, cuando en un mismo juicio se reclamen dos actos que no tienen esa vinculación, es procedente ordenar la separación de los autos para que se estudien en juicios por separado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Por ello, es evidente que no se justifica el análisis de dichos actos reclamados en un solo juicio de amparo; en tales condiciones, se concluye que, en el presente caso, es procedente la separación de juicios. Luego, el presente juicio de amparo 208/2022-III, sólo deberá tramitarse en este Juzgado de Distrito respecto del acto reclamado derivado de la causa penal 111/2016, del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, instruida en contra de Alejandro González Barranco, por el delito de despojo, cometido en agravio de Roberta Barranco Mejía -en la que la aquí quejosa Félix Pozos Palafox, fungía como abogada defensor del citado procesado-, respecto del acto reclamado consistente en: la negativa de proporcionar copia certificadas del proceso penal en cita. Y un diverso juicio que concierne a los diversos actos reclamados derivados de la carpeta de investigación C.I.AI APIZ-1/1565/2021, relacionada con el delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos y lo que resulte, en victimización de Roberta Barranco Mejía, en contra de la aquí quejosa Félix Pozos Palafox y otros. Atribuidos a las autoridades 1. Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala y 2. Agente del Ministerio Público Unidad de Atención Integral Uno, Región Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 117 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". Sobreseimiento fuera de audiencia Bajo esa óptica jurídica, toda vez que el acto reclamado en la presente instancia deriva de la causa penal 111/2016, del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, instruida en contra de Alejandro González Barranco, por el delito de despojo, cometido en agravio de Roberta Barranco Mejía -en la que la aquí quejosa Félix Pozos Palafox, fungía como abogada defensor del citado procesado-, respecto del acto reclamado consistente en: la negativa de proporcionar copias certificadas del proceso penal en cita. Se provee: En atención a que del informe justificado rendido por la Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes y constancias remitidas (fojas 23 a 35), este juzgador considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de la Materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.).". Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conforme lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conviene tener presente que generalmente, la emisión de determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados efectos materiales y jurídicos específicos que, en alguna medida, deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado, razón por la cual lo legitiman para promover el juicio de amparo con el fin de obtener sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de que se le restituya en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio, que lo condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre esos requisitos, se destaca la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley reglamentaria de la materia, en la cual se determina que aun cuando formalmente subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se reclama, a consecuencia de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional se tornaría jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos que se estimen violados, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria de amparo que en su caso se dictara. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 173858, consultable en la página 189, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que no ha sido superada, que se transcribe a continuación: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.". En el caso, el acto reclamado consiste en la negativa de proporcionar copias certificadas del proceso penal 111/2016, atribuida a la Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes. Al respecto debe indicarse que de las constancias allegadas por la autoridad responsable se desprende que, efectivamente, en determinación de treinta y uno de enero de dos mil veintidós (foja 285), se acordó que no era procedente acordar de conformidad la petición de la quejosa formulada a través del escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veintidós, toda vez que no es parte en el citado proceso penal; sin embargo, se señaló que una vez que promoviera conforme a derecho se acordaría lo procedente (foja 28). No obstante, posteriormente -el uno de marzo de dos mil veintidós- se remitió copia certificada del proceso en cita para los efectos legales correspondientes en el expediente C.I. AIAPIZ-1/1565/2021, en atención a la solicitud formulada por el Oficial de Policía de Investigación Encargado del Noveno Grupo de Casa de Justicia de Apizaco, para hacerla llegar a la Agente del Ministerio Público Investigador Región Norte de Apizaco, Tlaxcala -lo que constituía la pretensión de la quejosa- (fojas 29 a 35); por tanto, resulta inconcuso que esa circunstancia da lugar a que opere la causal de improcedencia indicada. Toda vez que, aunque subsista la determinación en la que no se acordó favorable su petición de obtener la copia certificada del proceso indicado, dejó de existir el objeto o materia de la misma, al haber sido remitidas posteriormente, lo que tornaría imposible restituir a la aquí quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados en relación con el acto reclamado, pues, aun cuando subsista el mismo, sus consecuencias jurídicas ya no pueden surtir efecto legal o material alguno. En efecto, si bien no se acordó favorable su petición en relación con la expedición de copias del proceso penal 111/2016; también lo es que posterior a su emisión, se remitieron a la autoridad correspondiente; por tanto, los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estima violados en su perjuicio, al haber quedado sin objeto o materia el acto de autoridad reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos treinta y cinco, tomo XII-Octubre, octava época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ÉSTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Por tanto, cuando al promoverse el amparo directo en contra de la sentencia promovida por el Tribunal Fiscal de la Federación, el acto impugnado en el juicio de nulidad es cancelado, aun y cuando subsista la sentencia reclamada, ésta no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el acto impugnado en el juicio fiscal." Por ello, al actualizase la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se solicita el returno del juicio de amparo Finalmente, en atención a lo determinado y después de realizar una consulta en la página web del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-, se advierte que en relación con los diversos actos reclamados -de los cuales se ha decretado la separación en los términos precisados-, derivados de la carpeta de investigación C.I.AI APIZ-1/1565/2021, en la que se investigan hechos posiblemente constitutivos del delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos y lo que resulte, en victimización de Roberta Barranco Mejía, en contra de la aquí quejosa Félix Pozos Palafox y otros. Atribuidos a las autoridades 1. Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala y 2. Agente del Ministerio Público Unidad de Atención Integral Uno, Región Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, se desprende el diverso juicio de amparo 771/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, tienen como antecedente común, la referida carpeta de investigación C.I.AI APIZ-1/1565/2021. Esto es así, ya que al realizar la consulta señalada se advierte que dicho juicio fue promovido por Félix Pozos Palafox, por propio derecho, contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: Ordenadora y ejecutora Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Integral, Región Norte, Hermelinda Ortiz Aguillon. Acto reclamado: La negativa de tener acceso a la carpeta de investigación C.I.AI.APIZ-1/1565/2021 de su índice. Por lo que respecto de los citados actos reclamados relacionados con la citada carpeta de investigación -respecto de los cuales se ha decretado la separación- debe returnarse al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en esta ciudad, en virtud de que el mismo tuvo conocimiento previo de un juicio de amparo (771/2021, de su índice) al derivar el acto reclamado de la misma carpeta de investigación C.I.AI.APIZ-1/1565/2021. Lo anterior, pues de los artículos 45, fracción II, 46, fracción II y 46 Quater, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince y adicionado por Acuerdo General sin número publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós, se desprende lo siguiente: 1. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección de Gestión Judicial, de forma relacionada cuando el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. 2. Cuando el juicio de amparo indirecto sea promovido contra actos provenientes del mismo expediente administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos. 3. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá directamente con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. En el caso particular, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-, se desprende que el citado juicio de amparo 771/2021, formado con motivo de demanda promovida por la aquí quejosa Félix Pozos Palafox, respecto de los actos y autoridades precisadas se radicó el ocho de septiembre de dos mil veintiuno en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en esta ciudad cuyo conocimiento correspondió por razón de turno. Por tanto, resulta claro que el conocimiento de los actos por los cuales se decretó la separación en este asunto, derivados de la carpeta de investigación C.I.AI APIZ-1/1565/2021, corresponde al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en esta ciudad, puesto que se considera que es un criterio general de relación de asuntos cuando el juicio de amparo indirecto sea promovido contra actos derivados de un mismo expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. Bajo esa óptica, al encuadrar en la hipótesis de relación prevista en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y, se concluye que los actos derivados de la separación de juicios decretada en este asunto, debe turnarse al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en esta ciudad por ser dicho órgano quien conoció previamente del juicio de amparo 771/2021, en comento. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 46, penúltimo párrafo, del acuerdo general multicitado, deberá remitirse copia de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio de amparo, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en esta ciudad para la tramitación correspondiente. De igual modo, solicítese respetuosamente informe a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, lo resuelto respecto de esta determinación. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En ese sentido, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veintidós minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós), por los motivos precisados en esta resolución. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, trece de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, para que las partes se impongan del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral Uno, Región Norte. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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