Felix Pozos Palafox
Expediente 1225/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1225/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Felix Pozos Palafox
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diez de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se radico la demanda de amparo promovida por Félix Pozos Palafox, en nombre de los estudiantes de la normal de Panotla, Tlaxcala, Ayotzinapa y Guerrero; así mismo, se concedió la suspensión de oficio y de plano por detención fuera de procedimiento para que la autoridad responsable efectuará lo siguiente: a) Si la detención es en relación a la comisión de un delito, sin demora cese la detención, poniendo al quejoso en libertad o a disposición del Ministerio Público. b) Si la detención no tiene relación con la comisión de un delito, el quejoso deberá ser puesto en inmediata libertad. Asimismo, se previno a la parte quejosa Feliz Pozos Palafox, para que: "Manifieste si tiene conocimiento de los nombres de los estudiantes que dice están siendo víctimas de tortura y desaparición forzada; o bien, informe cualquier dato de localización de los directos quejosos." En esa misma data, se proveyó respecto de la razón actuarial, del actuario adscrito a este juzgado, donde la quejosa manifestó: ".que una de las quejosas de la cual desconoce su nombre correcto, trascendió en redes sociales (Facebook) que la ha sido declarada con muerte cerebral (sic) que ha fallecido debido a los golpes recibidos y que otra de las quejosas de la cual tampoco conoce su identidad se encuentra grave en el hospital. (sic)" Al respecto, a fin de dar cumplimiento del artículo 15 de la Ley de Amparo se requirió al Director del Hospital General del Estado de Tlaxcala; Comisión Estatal de Derechos Humanos; Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que informaran si tenían conocimiento de detenciones o denuncias por desaparición forzada, incomunicación, tortura o malos tratos. Asimismo, en proveído de veinticinco de octubre del presente año, se tuvo al Jefe del Departamento Jurídico y Secretario ambos adscritos la Secretaria de Seguridad ciudadana, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, en ejercicio de las Facultades de Representación legal en favor de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, remitiendo informe respecto de la suspensión de plano en donde informo y al 1) Titular del Departamento de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, 2) Subdelegado en Suplencia por ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Tlaxcala, 3) Titular del Departamento de Investigación del Delito, 4) Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y no Localizadas y 5) Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, 6) Coordinador Médico Jornada Acumulada Diurna adscrito al Hospital General de Tlaxcala; y, 7) Subprocuradora de Operaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, dando cumplimiento al requerimiento de veintiuno de octubre de este año, en donde informaron que a la data no se encontraban denuncias por casos de desaparición forzada, incomunicación, tortura o malos tratos, motivadas de los hechos ocurridos el veinte de octubre del año actual. Así mismo, el Subdelegado en Suplencia por ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Tlaxcala, informó que el viernes veintiuno de octubre del presente año, a las seis horas, la Agente del Ministerio público de la Federación, Titular de la Célula B-I-2, radicó la carpeta de investigación FED/TLAX/DEL TLX/0001135/2022, en contra de Héctor Alonso González Doroteo, Rangel Pacheco Romero o Rasciel Pacheco Rufino, Miguel Ángel Serrano Díaz y Kelvin Cayetano Morales y posterior al análisis de la puesta a disposición de veinte de octubre del presente año, acordó decretar la no retención e inmediata libertad de los detenidos Héctor Alonso González Doroteo, Rangel Pacheco Romero o Rasciel Pacheco Rufino, Miguel Ángel Serrano Díaz y Kelvin Cayetano Morales. Posteriormente, en auto de veintisiete de octubre de este año, se tuvo informando al Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, que sí existieron cuatro detenidos siendo estos Miguel Ángel Serrano Díaz, Héctor Alonso González Doroteo, Racier Pacheco Rufino y Kelvin Cayetano Morales, quienes fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la federación, en la fiscalía General de la República, Delegación Tlaxcala y que actualmente se encuentran libres. Finalmente se tuvo al Director General de lo Contencioso y Procedimiento Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular del Ejecutivo Federal, rindiendo su informe sobre la suspensión de plano. Se desecha demanda de amparo Ahora, de acuerdo a lo narrado en los antecedentes que anteceden y con apoyo en lo establecido en los ..., procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Hecha la precisión que antecede y después del análisis integral del escrito de demanda, informes de la suspensión de plano e informes de las autoridades no responsable, con apoyo en lo que disponen los artículos ..., este órgano de control constitucional estima que, como se adelantó, debe desecharse la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... Ley de Amparo .. El artículo ..., indica que el juicio de amparo es improcedente cuando se actualiza una causal que resulte de alguna otra disposición de la ley, que en el presente asunto es la derivada de los artículos... pues el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio el juicio de amparo, ni que se restablezca el orden constitucional, que deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. Ahora bien, no pasa inadvertido por este juzgado lo establecido en el artículo 15 de la ley de Amaro, en el sentido de que, cuando se trate de desaparición forzada de persona, transcurrido un año sin que nadie se apersone al juicio, se tendrá por no presentada; sin embargo, en el presente asunto no se encuentra señalado un directo quejoso, pues únicamente fue señalado por la promovente Félix Pózos Palafox, que acude en representación de los estudiantes de la normal Panotla, Tlaxcala y Ayotzinapa, Guerrero, sin señalar en particular el nombre completo de los quejosos, como lo señala el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. Fue por ello, que este órgano jurisdiccional procedió a la investigación con diversas autoridades a fin de identificar la denuncia de desaparición forzada de estudiantes derivado del incidente ocurrido el veinte de octubre de dos mil veintidós, en la comunidad de Panotla, Tlaxcala y, en su caso, poder identificar el nombre completo de los directos quejosos, pero como ya se dijo las autoridades al rendir sus informes, manifestaron que no se cuenta con registro de denuncia de desaparición forzada. Ahora bien, en relación a las personas que fueron detenidas con motivo del incidente ocurrido el veinte de octubre del año actual, de nombre Miguel Ángel Serrano Díaz, Héctor Alonso González Doroteo, Racier Pacheco Rufino y Kelvin Cayetano Morales, debe decirse que en este Juzgado de Distrito obra el juicio de amparo 1221/2022-II presentado por José Carlos Várguez Suasnávar en favor de Pacheco Rufino Racier, Cayetano Morales Kelvin, Héctor Alonso González Doroteo, cuyo acto reclamado es: Lo cual resulta un hecho notorio para el suscrito de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, y atento a lo determinado en la jurisprudencia J/12, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, página 295, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Por tal razón, se advierte que los derechos de dichos quejosos están siendo analizados en diverso juicio de amparo. De ahí que, no se satisface el principio de instancia de parte agraviada en el presente asunto. Puesto que la necesidad de que al intentarse el juicio de amparo, como en otras instancias, la identificación de la parte quejosa constituya un elemento esencial de la demanda pues de ello depende el objeto específico del juicio de amparo, Es aplicable al presente asunto, por identidad de razón, la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio , ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción I, 6°, 108, fracción I, de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." No ha lugar tener por ampliada la demanda Por otro lado, agréguese el escrito signado por Félix Pozos Palafox, mediante el cual, solicita la ampliación de la demanda respecto de la "la represión, tortura y muerte de Beatriz". Al respecto, debe decirse que, el acto reclamado en ampliación de su escrito de demanda presentado el veinte de octubre del año actual, resulta ser improcedente conforme al artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. (.).". Del texto reproducido se deduce que para que opere la causa de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un acto, el cual sea consumado y que no se puedan restablecer las cosas al estado que guardaban, es decir, restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado. En este sentido, es necesario precisar, en primer lugar, cuáles son los actos consumados de modo reparable y los actos consumados de modo irreparable para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que se han realizado en forma total en todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Así, para la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: actos consumados de modo reparable y, actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias jurídicas pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto, puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación realizada por parte de las autoridades responsables en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En cambio, los actos consumados de modo irreparable, son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos, así como sus consecuencias jurídicas, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas y, ante ello, resulta improcedente el juicio de amparo. Ilustra sobre el particular, la tesis 14, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuya literalidad es: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno.". Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 738, del tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de epígrafe y texto siguientes: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. Por tales deben entenderse para la procedencia del amparo, aquellos cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior; y si los actos de las autoridades, aun cuando consumados, producen efectos que continúan manifestándose y que no son sino el resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por la concesión del amparo, no hay causa para sobreseer.". Ahora bien, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución, así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física, ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados, lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, se debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados. Apoya lo expuesto la tesis I. 3o. A. 150 K, visible en la página 325, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados).". Establecido lo anterior, debe indicarse que en el presente asunto se está en presencia de la hipótesis prevista en el referido inciso b), es decir, se está en presencia de un acto consumado de modo irreparable. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte la existencia de un impedimento jurídico para el estudio del acto de autoridad reclamado, en tanto ello tiene que ver con la procedencia del juicio constitucional promovido. Para explicar lo anterior, recuérdese que la parte quejosa señaló como acto reclamado en ampliación de demanda, el siguiente: "represión, tortura y muerte" En ese orden de ideas, en atención a lo manifestado por la quejosa en el escrito de cuenta, se colige que se está en presencia de la hipótesis prevista en el referido inciso b), es decir, se está en presencia de un acto consumado de modo irreparable. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte la existencia de un impedimento jurídico para el estudio de los actos reclamados, lo anterior es así, pues tal como lo refiere la promovente la directa quejosa ya falleció; por tanto, los actos reclamados (tortura, represión y muerte), por la promovente en favor de la occisa quejosa han quedado consumados de modo irreparable, ya que los mismos han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir a la promovente en el goce de los derechos fundamentales violados; es decir, no puede ordenarse el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, ello en virtud de que a la fecha en que se actúa la quejosa ya falleció. Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación; en cambio, la fracción XVI del diverso 61 de la propia ley, prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que, para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. En ese sentido, aunque se otorgara la protección constitucional respecto de los actos reclamados (tortura, represión y muerte), ningún efecto podría surtir en la esfera jurídica de la justiciable, ya que la directa quejosa ha fallecido. Consecuentemente, al corroborarse la actualización de una causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la ampliación de la demanda que intenta la promovente. Aunado a ello, debe partirse de que el juicio de amparo es un proceso constitucional de carácter sumario cuya finalidad exclusiva es restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación; por ende, no es posible adoptar la posibilidad de que los jueces de Distrito decreten compensaciones económicas a cargo de la autoridad responsable por vulneraciones de derechos humanos; o bien, medidas de satisfacción tales como la orden de realizar reformas legislativas o constitucionales, tipificar delitos o su adecuación a estándares internacionales; adoptar medidas administrativas como el establecimiento de programas de formación y/o capacitación de funcionarios; campañas de concientización y sensibilización dirigidas al público en general, a la elaboración de políticas públicas. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la tesis la.LII/2017 (10ª.), como opción de reparación para indemnizar el daño causado en los casos en los que la violación de un derecho fundamental no ha podido ser reparada a través de la restitución del derecho o cuando ésta ha resultado insuficiente; las medida compensatorias, las cuales, se encuentran prevista en la Ley Genera de Víctimas, que están a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las cuales pueden ser: la investigación de los hechos; la restitución de sus derechos, bienes y libertades vulnerados: las medidas para su rehabilitación física, psicológica o social: las medidas de satisfacción, mediante la realización de actos en beneficio de las víctimas; las garantías de no repetición de la violación; y, una indemnización compensatoria por daño material e inmaterial incompleta. De tal manera, las violaciones graves a los derechos humanos a que hace referencia la promovente, pueden ser investigados a través de los mecanismos de justicia que el Estado tenga contemplado a fin de que, en su caso, se pueda obtener una reparación integral del daño, como pueden ser ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; o bien, el procedimiento de responsabilidad patrimonial, en términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Lo anterior, cobra sustento en la tesis la.LII/2017 (10ª.), emitida por la Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con datos de identificación libro 42, mayo de 2017, tomo I, página 472, de texto y rubro: "REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN DECRETAR COMPENSACIONES ECONÓMICAS PARA REPARARLAS, SALVO QUE PROCEDA EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la compensación económica es una medida de reparación que sirve para indemnizar el daño causado en los casos en los que la violación de un derecho fundamental no ha podido ser reparada a través de la restitución del derecho o cuando ésta ha resultado insuficiente. En este sentido, una compensación económica sólo puede decretarse una vez establecidos los presupuestos de los juicios de atribución de responsabilidad: la realización de una acción u omisión que cumpla con algún factor de atribución (subjetivo u objetivo); la actualización de un daño; y la existencia de una relación causal entre el daño experimentado por la víctima y la acción u omisión del agente dañador. De ahí que si se parte de la idea de que el juicio de amparo es un proceso constitucional de carácter sumario cuya finalidad exclusiva es restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo lógico es adoptar una posición adversa a la posibilidad de que los Jueces decreten compensaciones económicas a cargo de la autoridad responsable como medidas de reparación. Desde esta perspectiva, una sentencia estimatoria de amparo no prejuzga sobre la responsabilidad civil o administrativa de la autoridad por la realización del acto reclamado, además de que un procedimiento sumario, como el amparo, resultaría inadecuado para establecer los presupuestos de esa responsabilidad, los cuales deberían determinarse en procesos ordinarios que tengan esa finalidad. Al respecto, la doctrina especializada ha señalado lo inconveniente que sería analizar en el juicio de amparo temas que pueden resultar sumamente complejos, como las cuestiones relacionadas con la prueba del daño, la conexión causal entre éste y la conducta de las autoridades o la cuantificación de la eventual indemnización. En este sentido, cabe destacar que en el derecho comparado, el tema de las compensaciones económicas, por vulneración de derechos humanos, suele analizarse en los juicios de responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial del Estado a través de acciones específicas creadas para ese efecto (constitutional torts o human rights torts). Ahora bien, no existen disposiciones en la Ley de Amparo que permitan a los jueces decretar compensaciones económicas en las sentencias de amparo como medidas de reparación a las violaciones de derechos humanos declaradas en esas resoluciones. Sin embargo, no debe soslayarse que el Estado Mexicano se encuentra obligado a garantizar el derecho a una reparación integral; de ahí que sea posible el dictado de medidas compensatorias únicamente bajo la figura del incidente de cumplimiento sustituto. Por otro lado, una vez dictada una sentencia de amparo en un caso concreto que determine la existencia de una violación a un derecho fundamental y establezca las medidas de restitución adecuadas para devolver a la víctima a la situación anterior a la violación, ésta se encuentra facultada para acudir ante las autoridades competentes y por las vías legalmente establecidas, para obtener los restantes aspectos de una reparación integral. Por ejemplo, las víctimas de una determinada violación a derechos fundamentales se encuentran en posibilidad de acudir al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, donde podrán solicitar su ingreso al Registro Nacional de Víctimas e iniciar el procedimiento correspondiente para obtener una reparación integral en términos de los artículos 61, 62, 64, 73 y 74 de la Ley General de Víctimas. Así como, la tesis 1a. LV/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala, Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con datos de localización viernes 26 de mayo de 2017 10:31 h, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. INTERPRETACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AMPARO COMO "GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN".La Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que las garantías de no repetición están dirigidas a evitar que las víctimas de violaciones a derechos humanos vuelvan a sufrir hechos victimizantes similares, lo cual alcanza un impacto más general, porque tienden a evitar que cualquier otra persona experimente hechos análogos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aclarado que la Ley de Amparo no autoriza a establecer, como medidas de reparación, garantías de no repetición similares a las que ha dictado la Corte Interamericana. No obstante partiendo de la idea de que si la finalidad de estas medidas es que, una vez que se ha declarado la violación, la persona afectada no vuelva a sufrir la misma vulneración a sus derechos humanos y que personas en situaciones semejantes tampoco sean afectadas por actos de autoridad similares, es evidente que la Ley de Amparo prevé una serie de instituciones que, de hecho, deben reinterpretarse como garantías de no repetición. En primer lugar, la Ley de Amparo establece un régimen de responsabilidades administrativas y penales en los casos de incumplimiento de las sentencias (artículos 182 a 198) y repetición del acto reclamado (artículos 199 a 200), que pueden dar lugar a la destitución del funcionario y a la imposición de penas de prisión. Estas medidas, pese a constituir supuestos de satisfacción al buscar que se imparta justicia en cada caso, tienen una proyección colectiva que se asemeja a las garantías de no repetición, porque la eventual imposición de esas sanciones genera un fuerte incentivo para que las autoridades no transgredan nuevamente los derechos de una persona que ha obtenido una sentencia de amparo estimatoria. Por otro lado, cuando el acto reclamado es una norma general y en la sentencia se declara su inconstitucionalidad, el remedio previsto por la ley consiste en la inaplicación de esa norma al caso concreto (artículo 78), lo que constituye una garantía de no repetición, toda vez que la inaplicación logra el objetivo de que el acto legislativo que vulnera sus derechos no vuelva a aplicarse en casos futuros a quien obtuvo el amparo contra dicha norma. En cambio, cuando el acto reclamado es una resolución judicial, la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma general aplicada en dicha resolución también conlleva el remedio de la inaplicación de la norma al caso concreto; sin embargo, en este tipo de casos, es el precedente constitucional el que cumple la función de garantía de no repetición, tanto para el quejoso en casos futuros como para otras personas que se encuentren en situaciones similares. Finalmente, la declaratoria general de inconstitucionalidad prevista en la ley mencionada (artículos 231 a 235) también constituye una medida que puede interpretarse como garantía de no repetición, porque al expulsar del ordenamiento a la norma declarada inconstitucional por vulnerar derechos humanos, evita que ésta pueda aplicarse a otras personas en casos futuros; en esta hipótesis, la sola emisión de una sentencia constituye un paso en el camino hacia la adopción de una medida de mayor envergadura. Asimismo, por identidad jurídica la tesis: 1a. LIII/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala, Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con datos de localización viernes 26 de mayo de 2017 10:31 h, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. POR REGLA GENERAL NO ES POSIBLE DECRETAR EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO MEDIDAS NO PECUNIARIAS DE SATISFACCIÓN O GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN PARA REPARAR AQUÉLLAS .Las medidas de reparación no pecuniarias desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen el aspecto más innovador de su doctrina sobre reparaciones, las cuales han sido dictadas en la gran mayoría de los casos que involucran violaciones graves o sistemáticas a derechos humanos cometidas en los países de la región. Partiendo de esta premisa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que las violaciones a derechos humanos de las que conocen los tribunales del Poder Judicial de la Federación con motivo de los juicios de amparo, en términos generales, no guardan similitud con los casos analizados por la Corte Interamericana que dieron lugar a medidas de reparación de carácter excepcional. De acuerdo con lo anterior, la Primera Sala del alto tribunal considera que ese tipo de medidas de reparación no pueden dictarse en el juicio de amparo, no sólo por las diferencias señaladas entre el tipo de violaciones analizadas en sede internacional e interna, sino también porque no existe fundamento legal para decretarlas. Al respecto, cabe recordar que las "medidas" que pueden dictar los Jueces, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, sólo pueden tener como finalidad restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, aunque bajo un entendimiento amplio del concepto de restitución y admitiendo la procedencia subsidiaria y extraordinaria de medidas compensatorias bajo la figura del cumplimiento sustituto. Así, no existe disposición alguna en la ley de la materia que permita a los Jueces decretar medidas de satisfacción tales como: disculpas públicas a cargo de las autoridades responsables; publicación de las sentencias; celebración de actos públicos en los que se reconozca la responsabilidad de las autoridades; realización de medidas o actos en conmemoración de las víctimas; y realización de obras de infraestructura con efecto comunitario o monumentos. En la misma línea, tampoco existe fundamento legal para que los Jueces puedan decretar garantías de no repetición similares a las que se encuentran en la doctrina interamericana, tales como la orden de realizar reformas legislativas o constitucionales; tipificar delitos o su adecuación a estándares internacionales; adoptar medidas administrativas como el establecimiento de programas de formación y/o capacitación de funcionarios; campañas de concientización y sensibilización dirigidas al público en general; o la elaboración de políticas públicas. Lo anterior, sin ignorar el efecto de no repetición que buscan algunas de las medidas expresamente previstas en la Ley de Amparo." De igual manera, se invoca la tesis 1a. XXXV/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala, Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con datos de localización viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE LA INTEGRAN. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución que determina las medidas de reparación integral del daño que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgó por violaciones a derechos humanos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe otorgar a las víctimas, como medidas complementarias: la investigación de los hechos; la restitución de sus derechos, bienes y libertades vulnerados; las medidas para su rehabilitación física, psicológica o social; las medidas de satisfacción, mediante la realización de actos en beneficio de las víctimas; las garantías de no repetición de la violación; y una indemnización compensatoria por daño material e inmaterial. Justificación: Ello, pues resultaría imposible y, por tanto, nugatoria, la reparación integral de las víctimas si la autoridad resolutora sólo se ocupara de prescribir actos o medidas tendentes a cumplir con sólo una o algunas de esas medidas, lo que se traduciría en una reparación del daño parcial o incompleta. Por último, se aplica la tesis: 1a. XXXII/2020 (10a.) emitida por la Primera Sala, Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con datos de localización viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: MEDIDAS DE COMPENSACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. SU ALCANCE COMO MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución que determina las medidas de reparación integral del daño, entre otras, la de compensación prevista en el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgó por violaciones a derechos humanos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe partir de la premisa de que la compensación es una medida complementaria de la reparación integral consistente en el pago de una cantidad en dinero y/o entrega de bienes o prestación de servicios a las víctimas de una violación de derechos humanos, con recursos del Estado, de modo que se alcancen a satisfacer las pérdidas tanto materiales como inmateriales sufridas como consecuencia del hecho ilícito. Justificación: Lo anterior, pues la finalidad última de la reparación integral del daño es lograr la redignificación y rehabilitación auténtica de las víctimas, sin que ello pueda representar su enriquecimiento o empobrecimiento, ni el de sus sucesores."
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Apizaco, Tlaxcala, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el cual da cumplimiento al requerimiento dictado en proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós; y al efecto, remite la documental consistente en copia certificada del expediente laboral 195/2022-C, del índice de la autoridad oficiante, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, la cual será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con el oficio y anexo de mérito, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. ( Se ordena formar tomo de pruebas. Ahora, dada la naturaleza de las constancias remitidas por la autoridad ante referida, fórmese un tomo de pruebas por separado, en el cual deberá elaborarse la carátula respectiva Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Se interpone recurso de queja. Agréguese el escrito signado por el quejoso José Emilio Eliseo Loaiza Sánchez, a través del cual exhibe tres copias del escrito de agravios, lo anterior en cumplimiento al requerimiento realizado mediante acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso f), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, distribúyanse entre las partes copia simple del escrito de agravios, para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de estimarlo necesario, señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad. Hecho lo anterior, remítase al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, las copias certificadas que en su caso señalen la el tercero interesado o las demás partes, así como las necesarias para la substanciación del recurso de queja, para su mejor conocimiento, así como el original y una copia simple del escrito de expresión de agravios para la substanciación del recurso de queja relativo; asimismo, se manifiesta en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM
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