Felix Medina Avila
Expediente 1187/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1187/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Felix Medina Avila
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito de cuenta firmado por ***, a través del cual pretende dar contestación al requerimiento que se le formuló en auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve; se acuerda. En el referido proveído se requirió al solicitante del amparo, medularmente, para que narrara los antecedentes de los actos reclamados, de manera clara y precisa, haciendo especial referencia a la forma en que se enteró del expediente 421/2019-E citado en su demanda; asimismo, para que manifestara si era su deseo que se tuviera como acto reclamado lo que denominó como recomendaciones, provenientes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Delegación, Guanajuato, sin que le hubieran sido notificadas; y, para que manifestara si deseaba que se tuviera como autoridad responsable a la nombrada comisión, o bien, a la Procuraduría de Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. Apercibiéndose a la parte quejosa en el sentido de que la narrativa de antecedentes solicitada, debía hacerse bajo protesta de decir verdad -foja 8 vuelta del juicio de amparo-. Analizado el escrito de cuenta se constata que el quejoso da cumplimiento parcial a los requerimientos que se le formularon. Ello, porque si bien destaca que lo señalado como antecedentes del acto reclamado lo hace de términos de la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo, es decir, bajo protesta de decir verdad; y, que es su deseo señalar como acto reclamado las recomendaciones citadas en el párrafo anterior. Tal circunstancia tendría solo el alcance de tener al quejoso por aclarando dos de los puntos que le fueron requeridos, no así el de narrar de manera clara y precisa los antecedentes del o los actos que pretende se analicen desde el punto de vista constitucional; ni el relativo a si deseaba que se tuviera como autoridad responsable a la nombrada comisión, o bien, a la Procuraduría de Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. Afirmándose lo anterior, porque el relato que hace el solicitante del amparo presenta lagunas o giros que impiden conocer los hechos de manera ordenada y lógica, aspecto que se estima de importancia vital en su propio beneficio, ya que solo así este juzgado federal puede estar en condiciones, primero, de determinar cuál o cuáles son los verdaderos actos que afectan la esfera de derechos humanos del quejoso; segundo, llamar a las autoridades responsables que tienen relación con dichos actos; y, por ende, fijar debidamente, la litis constitucional, así como proveer sobre la suspensión. Si por claro entendemos lo que se percibe o distingue bien, es indudable que la narrativa de hechos contenida en el escrito que presenta el quejoso incumple tales características; cuenta habida a que, menciona o entrelaza hechos de distinta naturaleza u origen. Así se habla de una denuncia penal que se judicializó, sin que exista sentencia aún y una determinación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Delegación Acámbaro, Guanajuato; lo que se afirma provienen de los mismos hechos, sin especificarse circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación a estos últimos. Omisión que impide saber si los procedimientos respectivos están efectivamente vinculados. Por otra parte, el quejoso cita dos expedientes seguidos en su contra, es decir, el 42/19-E y el 421/219-E, provenientes, respectivamente, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, y de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos Zona E del Estado, con sede en Acámbaro, Guanajuato; agregándose que, ya rindió informe en este último. Al citar duplicidad de procedimientos seguidos en su contra, el quejoso quedó obligado a relatar sucintamente el origen y estado de los mismos, se insiste, para poder determinar si guardan relación con los actos reclamados o no, y por ende, conocer a qué autoridades debe llamarse como responsables, y pronunciarse sobre la suspensión. La cual no hizo el solicitante de esa manera, a pesar de que informa que en uno de ellos, ya rindió informe, señalamiento que permite concluir, fundamente, que el solicitante del amparo tiene la información necesaria para proporcionar tales elementos. Por último, al pretender el quejoso se llame a nuevas autoridades se evidencia aún más la necesidad de que los antecedentes de los actos reclamados sea verificado de manera clara y precisa, pues en materia de amparo es indispensable conocer los hechos que dan origen a los actos reclamados para determinar si debe llamarse a sus emisores o encargados de cumplirlos. En mérito de lo expuesto previamente, no ha lugar a tener por desahogada la prevención referida; y por ende, subsiste el requerimiento efectuado en proveído de doce de diciembre del año en curso, así como el apercibimiento ahí contenido. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, de noviembre de dos mil tres, página ciento treinta y tres, de rubro: AMPARO, ACLARACIÓN DE DEMANDA, SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. Asimismo, hágase del conocimiento del quejoso, que el término de cinco días concedido en el multicitado acuerdo, se reanudará a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este proveído, a efecto de que esté en condiciones de desahogar en sus términos la prevención planteada, así como para que tenga conocimiento de este acuerdo; ello en acatamiento a la jurisprudencia 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 411/2011, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, aprobada en sesión de veintinueve de febrero de dos mil doce, cuyo rubro expone: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO, EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE.
- Principal
Visto lo de cuenta, glósese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito firmado por el quejoso ***; en atención a su contenido, téngase como autorizado de su parte al licenciado ***, en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional si se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autorice a ejercer la profesión de abogado; sin revocar el señalado en su escrito inicial de demanda.
- Principal
? Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, ***, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que atribuye al Presidente Municipal, Ayuntamiento Municipal integrado por el presidente, dos síndicos y doce regidores, Secretario del Ayuntamiento y Contraloría Municipal, todos con sede en Acámbaro, Guanajuato; regístrese en el libro de control respectivo, bajo el número ***. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Consideraciones previas. La parte promovente señala como acto reclamado lo siguiente: a) La falta de notificación personal para el suscrito quejoso de los acuerdos recaídos en mi persona como parte involucrada en la sesión privada que celebraron las autoridades responsables ya señaladas, el día 19 de Noviembre de esta anualidad y de cuya acta presuntivamente queda marcada cronológicamente bajo el número 57, según información verbal que me hicieron llegar algunos servidores públicos del Ayuntamiento. ? b) La convocatoria que emitió la autoridad responsable, Presidencia municipal, para celebrar sesión privada de Ayuntamiento para el día 10 de Diciembre de ésta anualidad, en la que tocaría de nueva cuenta los mismos temas ya votados en la sesión que señalo en el inciso anterior. c) Los acuerdos recaídos en prejuicio de mi persona en la sesión privada celebrada bajo la convocatoria señalada en el inciso b). d) La probable ejecución de los acuerdos recaídos en la sesión celebrada bajo la tesitura de "privada" en la que se tocaría el tema que involucra al suscrito quejoso. e) La repetición reiterada e insistente por parte de las autoridades responsables de pretender sesionar sobre los puntos que ya se votaron en la sesión celebrada el 19 de noviembre de este año, al parecer número 57. f) El análisis repetido de las sanciones que las autoridades responsables pretenden ejecutar y volver a votar en la sesión número 60 en donde se toca de nueva cuenta los puntos que ya se trataron en la sesión 57. g) Cualquier sesión posterior Ordinario, Extraordinaria o Privada que se deriven de los temas que ya se trataron en la sesión 57 y que pudiera recaer en mi personas de una forma diferente de la que se ha votado. h) Cualquier otra reconsideración de ampliación que en mi perjuicio pretendan desahogar las autoridades responsables y que les sugieran la Procuraduría de Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato bajo el expediente ***. Sin embargo, existe una irregularidad que se debe dilucidar previo a determinar la procedencia o no de la demanda de amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional inadvierte una narración completa y sucinta de los antecedentes del acto reclamado; pues no precisa la forma en que se impuso del trámite del expediente *** de la Procuraduría de Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato que dice, se sigue en su contra. De ahí que, aun cuando este órgano jurisdiccional pudiera interpretar las cuestiones que se puedan combatir en esta instancia constitucional, la realidad es que corresponde a la parte quejosa indicar con precisión los actos u omisiones que pretende reclamar en esta vía constitucional y a qué autoridades se los atribuye, los cuales son requisitos de la misma; todo lo cual lo imponen los artículos 11, 108, fracciones I, III y IV y 114, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Amparo. Por tanto, al advertirse tales irregularidades, resulta procedente imponer la siguiente: Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV y V, 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Primero. Narre, de manera clara y precisa, los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, en los que debe indicar de qué manera se enteró del trámite del expediente *** de la Procuraduría de Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato que dice, se sigue en su contra; indicando si con motivo del mismo rindió informe alguno, así como el carácter con el que lo realizó; toda vez que de la lectura integral del escrito constitucional no se advierte que la parte quejosa sea concisa en hacer tales señalamientos. Segundo. Indique si es su deseo señalar como acto reclamado lo que, en el punto segundo del apartado de antecedentes, expone como las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Delegación Acámbaro, Guanajuato, sin que se le hayan notificado; y Tercero. En su caso, aclare a que autoridad es su deseo señalar como autoridad responsable, esto es a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Delegación Acámbaro, Guanajuato o a la Procuraduría de Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. Cuestión que se debe dilucidar a fin de determinar la litis constitucional, el curso de la demanda y, en su caso, respecto de la suspensión de los actos reclamados. Además, en atención a que se deben aclarar cuestiones relativas a los actos impugnados, es necesario que de igual manera se precisen los "antecedentes del acto reclamado", los que deberá formular bajo protesta de decir verdad en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo (artículo 116, fracción IV, de la anterior Ley), tal cual lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis ***. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia número P./J.127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo X, noviembre de 1999, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Y la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXIV, julio de 2006, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Apercibimientos. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento con los puntos descritos de la prevención formulada, se procederá conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 114 de la ley en la materia aplicable, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Además, se le indica que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Asimismo, el promovente deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su apoderado y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a este último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como autorizado de la parte quejosa al licenciado Abraham Albarrán Barajas, en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autorice a ejercer la profesión de abogado. Como lo solicita expresamente, se le autoriza la consulta del expediente vía electrónica, a través del usuario "Albarrán"; de igual manera la práctica de las notificaciones en los presentes autos, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado.
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