Felix Eduardo Peñalosa Roldan

Expediente 142/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
142/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
30/05/2018

Partes del expediente

  • Felix Eduardo Peñalosa Roldan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de los autos de referencia, y el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, en relación a lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Así, se tiene que el trece de abril de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se resolvió: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, respecto del acto reclamado al juez segundo menor civil de Celaya, Guanajuato, que quedó precisado en el inciso A), del considerando segundo de este fallo, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra el acto precisado en el inciso B), atribuido a la autoridad mencionada en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para los efectos señalados en el penúltimo y último considerando (foja 68 frente). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Al haberse demostrado que el acto reclamado no cumplió con las formalidades establecidas en el artículo 16 Constitucional, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente la sentencia interlocutoria de nueve de febrero de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el endosatario en procuración de ***, en contra del auto de diecinueve de enero de ese mismo año, dentro del juicio ejecutivo mercantil M1253/2016; y, con libertad de jurisdicción emita otra que podrá ser en el mismo sentido o diverso, pero dando respuesta congruente y exhaustiva a los agravios que se le formularon, es decir, dando contestación a todos y cada uno de los puntos sometidos a su potestad (foja 68 frente). Determinándose en la sentencia de amparo fojas 67 frente y vuelta del juicio de amparo en que se actúa, lo siguiente: Contrario a lo justipreciado por la autoridad responsable, el recurrente sí consignó en su escrito de interposición del recurso, los agravios que le irrogaba la determinación impugnada, toda vez que estimó ilegal se nulificara la diligencia de embargo en ejecución de sentencia practicada el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, cuando en su concepto el actuario sí se cercioró de que el demandado habitaba en el domicilio donde se practicó la ciada diligencia, pues de otro modo no la habría llevado a cabo; agregando, además, que bastaba con requerir a dicho servidor público para subsanar la aparente omisión en que incurrió. Tales manifestaciones constituyen la causa de pedir del inconforme, es decir, los argumentos por los cuales a su entender la resolución impugnada le irroga agravios, a saber, que la diligencia de embargo de que se habla está apegada a derecho porque el actuario que intervino en la misma sí se cercioró de que en el domicilio donde se actuó vivía el demandado, ya que de otra forma no habría seguido con su desarrollo después de requerir su presencia; amén de que para subsanar cualquier omisión que sobre el particular pudiere existir, bastaba con oír al acuario, motivo por el cual el juez responsable debió llamarlo si tenía alguna duda. En esas condiciones es claro que el actuar de la autoridad responsable viola los derechos fundamentales consignados en favor del quejoso en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estimar que no formuló agravios en contra del auto recurrido, cuando como acaba de verse, sí lo hizo; sin que sea dable exigir mayor rigidez en cuanto a la elaboración de los agravios referidos ( esto es como un silogismo lógico jurídico en estricto sentido), ya que el código de comercio, ley aplicable al asunto de origen, no lo dispone de esa manera. Mucho menos que se plasmen en un capítulo concreto del escrito relativo, como lo pretende hacer valer la autoridad responsable, ya que los agravios pueden localizarse en cualquier parte de aquél, de ahí que el órgano revisor este obligado a examinar en su conjunto el pliego donde se contengan tal y como se desprende de la tesis que se inserta a continuación. Dicha resolución causó ejecutoria el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, requiriendo en dicha fecha al juez Segundo Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento a la misma. En atención a lo anterior, la nombrada autoridad remitió el oficio registrado bajo el número 3734, al que anexó constancias en copia certificada de la resolución de once de mayo de dos mil dieciocho, en la que resolvió lo siguiente: PRIMERO.- Este Juzgado resultó competente para conocer y decidir sobre el presente Recurso de Revocación. SEGUNDO.- Fueron fundados los agravios esgrimidos por el recurrente; en términos del cuerpo de este fallo, SE REVOCA del auto de fecha diecinueve de enero del año en curso, para quedar como sigue. Razón: En la Ciudad de Celaya, Guanajuato, dieciocho de enero del dos mil dieciocho, 2018, año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria" con esta fecha el Secretario de Acuerdos de éste Juzgado, da cuenta al Juez de los autos, de la diligencia realizada por Actuario (a) en turno, lo anterior para debida constancia. Doy fe. AUTO.- En la Ciudad de Celaya, Guanajuato, diecinueve de enero de dos mil dieciocho, 2018, año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria Vista en revisión de Oficio la diligencia que antecede, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, previo a aprobar o desaprobar la diligencia de las once horas con diez minutos del diecisiete de enero del presente año, se requiere a la actuaria ***, para que en el improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, manifieste bajo protesta de decir verdad si al constituirse en el domicilio ubicado en calle *** de esta ciudad; lugar donde fue atendida por ***, le preguntó si el demandado *** VIVÍA EN DICHO DOMICILIO. TERCERO.- No se decreta condena en costas. Notifíquese personalmente al actor y a la actuaria *** y por lista al demandado ***. CUARTO.- Comuníquese lo anterior a la autoridad federal. (foja 86 vuelta y 87 frente). A fojas 2 a 4 de la resolución emitida por la autoridad responsable, destaca: Los agravios que esgrime el inconforme son fundados. En ese tenor, respecto del agravio que aduce en el sentido de no estar conforme con la desaprobación que este tribunal realizó respecto de la diligencia de fecha diecisiete de enero del año en curso, ya que la actuaria ***, si se cercioró de que el demandado vivía en el domicilio indicado en autos, pero debido a un error de ésta, no lo asentó en la diligencia; resulta atinada su manifestación, ya que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1393 del Código de Comercio, previo a realizar la diligencia de requerimiento de pago, el actuario designado debe cerciorarse si el ejecutado vive o no en el domicilio señalado por la parte ejecutante y previo a este cercioramiento formal, deberá llevar a cabo la diligencia encomendada, lo que claramente no cumplió la funcionaria aludida, ya que en el acta de la diligencia de fecha diecisiete de enero del presente año, OMITIO asentar en su acta si la parte demandada vivía o no en el domicilio donde se constituyó, lo que revela una falta de formalidad al procedimiento, ya que al entender la diligencia con *** omitió preguntar a éste si la persona demandada *** vivía en el domicilio en que se constituyó. Respecto de los agravios consistentes en que se violan en su perjuicio la garantía del acreedor con el cual se asegura que el demandado pagará, que al deudor se le otorgó un crédito confiando en que pagaría, tales aseveraciones fueron sustentadas en la sentencia de fondo al condenar al demandado al pago de las prestaciones reclamadas. Por cuanto hace, a que este tribunal fundamentó la desaprobación de la diligencia mencionada en el artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles, le asiste la razón, ya que de conformidad con el artículo 1063 del Código de Comercio, el análisis de las diligencias deben ser acorde en primer lugar a este Código, después al Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que desde luego, este tribunal no ponderó, ya que respecto del análisis de la diligencia debe estar fundamentado en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Bajo ese panorama, SE REVOCA el auto de fecha diecinueve de enero del año en curso, para quedar como sigue: Razón: En la Ciudad de Celaya, Guanajuato, dieciocho de enero del dos mil dieciocho, 2018, año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria con esta fecha el Secretario de Acuerdos de éste Juzgado, da cuenta al Juez de los autos, de la diligencia realizada por Actuario (a) en turno, lo anterior para debida constancia. Doy fe. AUTO.- En la Ciudad de Celaya, Guanajuato, diecinueve de enero de dos mil dieciocho, 2018, año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria Vista en revisión de Oficio la diligencia que antecede, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, previo a aprobar o desaprobar la diligencia de las once horas con diez minutos del diecisiete de enero del presente año, se requiere a la actuaria ***, para que en el improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, manifieste bajo protesta de decir verdad si al constituirse en el domicilio ubicado en calle *** esta ciudad; lugar donde fue atendida por ***, le preguntó si el demandado *** VIVÍA EN DICHO DOMICILIO. La nombrada autoridad responsable remitió el oficio registrado bajo el número 3784, al que anexó constancias en copia certificada la notificación de requerimiento a la actuaria de fecha once de mayo de dos mil dieciocho, y auto de catorce del mismo mes y año, en el que desaprueba la diligencia practicada el diecisiete de enero del presente año, y deja sin efecto el requerimiento de la entrega de bienes realizada por en dicho auto, al actor ***. Ahora bien, este Órgano de Control Constitucional estima que el juez Segundo Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Toda vez que, como se ordenó, dejó insubsistente el auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, dictando otro el once de mayo del mismo año, donde dio contestación a los agravios planteados por el aquí quejoso, y en fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho desaprobó la diligencia practicada el diecisiete de enero de este año, dejando sin efectos el requerimiento de la entrega de bienes a ***. Por tanto de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno, y una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto.

  2. Principal

    Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de los autos de referencia, y el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, en relación a lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Así, se tiene que el trece de abril de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se resolvió: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, respecto del acto reclamado al juez segundo menor civil de Celaya, Guanajuato, que quedó precisado en el inciso A), del considerando segundo de este fallo, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra el acto precisado en el inciso B), atribuido a la autoridad mencionada en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para los efectos señalados en el penúltimo y último considerando (foja 68 frente). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Al haberse demostrado que el acto reclamado no cumplió con las formalidades establecidas en el artículo 16 Constitucional, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente la sentencia interlocutoria de nueve de febrero de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el endosatario en procuración de ***, en contra del auto de diecinueve de enero de ese mismo año, dentro del juicio ejecutivo mercantil M1253/2016; y, con libertad de jurisdicción emita otra que podrá ser en el mismo sentido o diverso, pero dando respuesta congruente y exhaustiva a los agravios que se le formularon, es decir, dando contestación a todos y cada uno de los puntos sometidos a su potestad (foja 68 frente). Determinándose en la sentencia de amparo fojas 67 frente y vuelta del juicio de amparo en que se actúa, lo siguiente: Contrario a lo justipreciado por la autoridad responsable, el recurrente sí consignó en su escrito de interposición del recurso, los agravios que le irrogaba la determinación impugnada, toda vez que estimó ilegal se nulificara la diligencia de embargo en ejecución de sentencia practicada el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, cuando en su concepto el actuario sí se cercioró de que el demandado habitaba en el domicilio donde se practicó la ciada diligencia, pues de otro modo no la habría llevado a cabo; agregando, además, que bastaba con requerir a dicho servidor público para subsanar la aparente omisión en que incurrió. Tales manifestaciones constituyen la causa de pedir del inconforme, es decir, los argumentos por los cuales a su entender la resolución impugnada le irroga agravios, a saber, que la diligencia de embargo de que se habla está apegada a derecho porque el actuario que intervino en la misma sí se cercioró de que en el domicilio donde se actuó vivía el demandado, ya que de otra forma no habría seguido con su desarrollo después de requerir su presencia; amén de que para subsanar cualquier omisión que sobre el particular pudiere existir, bastaba con oír al acuario, motivo por el cual el juez responsable debió llamarlo si tenía alguna duda. En esas condiciones es claro que el actuar de la autoridad responsable viola los derechos fundamentales consignados en favor del quejoso en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estimar que no formuló agravios en contra del auto recurrido, cuando como acaba de verse, sí lo hizo; sin que sea dable exigir mayor rigidez en cuanto a la elaboración de los agravios referidos ( esto es como un silogismo lógico jurídico en estricto sentido), ya que el código de comercio, ley aplicable al asunto de origen, no lo dispone de esa manera. Mucho menos que se plasmen en un capítulo concreto del escrito relativo, como lo pretende hacer valer la autoridad responsable, ya que los agravios pueden localizarse en cualquier parte de aquél, de ahí que el órgano revisor este obligado a examinar en su conjunto el pliego donde se contengan tal y como se desprende de la tesis que se inserta a continuación. Dicha resolución causó ejecutoria el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, requiriendo en dicha fecha al juez Segundo Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento a la misma. En atención a lo anterior, la nombrada autoridad remitió el oficio registrado bajo el número 3734, al que anexó constancias en copia certificada de la resolución de once de mayo de dos mil dieciocho, en la que resolvió lo siguiente: PRIMERO.- Este Juzgado resultó competente para conocer y decidir sobre el presente Recurso de Revocación. SEGUNDO.- Fueron fundados los agravios esgrimidos por el recurrente; en términos del cuerpo de este fallo, SE REVOCA del auto de fecha diecinueve de enero del año en curso, para quedar como sigue. Razón: En la Ciudad de Celaya, Guanajuato, dieciocho de enero del dos mil dieciocho, 2018, año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria" con esta fecha el Secretario de Acuerdos de éste Juzgado, da cuenta al Juez de los autos, de la diligencia realizada por Actuario (a) en turno, lo anterior para debida constancia. Doy fe. AUTO.- En la Ciudad de Celaya, Guanajuato, diecinueve de enero de dos mil dieciocho, 2018, año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria Vista en revisión de Oficio la diligencia que antecede, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, previo a aprobar o desaprobar la diligencia de las once horas con diez minutos del diecisiete de enero del presente año, se requiere a la actuaria ***, para que en el improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, manifieste bajo protesta de decir verdad si al constituirse en el domicilio ubicado en calle *** de esta ciudad; lugar donde fue atendida por ***, le preguntó si el demandado *** VIVÍA EN DICHO DOMICILIO. TERCERO.- No se decreta condena en costas. Notifíquese personalmente al actor y a la actuaria *** y por lista al demandado ***. CUARTO.- Comuníquese lo anterior a la autoridad federal. (foja 86 vuelta y 87 frente). A fojas 2 a 4 de la resolución emitida por la autoridad responsable, destaca: Los agravios que esgrime el inconforme son fundados. En ese tenor, respecto del agravio que aduce en el sentido de no estar conforme con la desaprobación que este tribunal realizó respecto de la diligencia de fecha diecisiete de enero del año en curso, ya que la actuaria ***, si se cercioró de que el demandado vivía en el domicilio indicado en autos, pero debido a un error de ésta, no lo asentó en la diligencia; resulta atinada su manifestación, ya que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1393 del Código de Comercio, previo a realizar la diligencia de requerimiento de pago, el actuario designado debe cerciorarse si el ejecutado vive o no en el domicilio señalado por la parte ejecutante y previo a este cercioramiento formal, deberá llevar a cabo la diligencia encomendada, lo que claramente no cumplió la funcionaria aludida, ya que en el acta de la diligencia de fecha diecisiete de enero del presente año, OMITIO asentar en su acta si la parte demandada vivía o no en el domicilio donde se constituyó, lo que revela una falta de formalidad al procedimiento, ya que al entender la diligencia con *** omitió preguntar a éste si la persona demandada *** vivía en el domicilio en que se constituyó. Respecto de los agravios consistentes en que se violan en su perjuicio la garantía del acreedor con el cual se asegura que el demandado pagará, que al deudor se le otorgó un crédito confiando en que pagaría, tales aseveraciones fueron sustentadas en la sentencia de fondo al condenar al demandado al pago de las prestaciones reclamadas. Por cuanto hace, a que este tribunal fundamentó la desaprobación de la diligencia mencionada en el artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles, le asiste la razón, ya que de conformidad con el artículo 1063 del Código de Comercio, el análisis de las diligencias deben ser acorde en primer lugar a este Código, después al Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que desde luego, este tribunal no ponderó, ya que respecto del análisis de la diligencia debe estar fundamentado en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Bajo ese panorama, SE REVOCA el auto de fecha diecinueve de enero del año en curso, para quedar como sigue: Razón: En la Ciudad de Celaya, Guanajuato, dieciocho de enero del dos mil dieciocho, 2018, año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria con esta fecha el Secretario de Acuerdos de éste Juzgado, da cuenta al Juez de los autos, de la diligencia realizada por Actuario (a) en turno, lo anterior para debida constancia. Doy fe. AUTO.- En la Ciudad de Celaya, Guanajuato, diecinueve de enero de dos mil dieciocho, 2018, año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria Vista en revisión de Oficio la diligencia que antecede, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, previo a aprobar o desaprobar la diligencia de las once horas con diez minutos del diecisiete de enero del presente año, se requiere a la actuaria ***, para que en el improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, manifieste bajo protesta de decir verdad si al constituirse en el domicilio ubicado en calle *** esta ciudad; lugar donde fue atendida por ***, le preguntó si el demandado *** VIVÍA EN DICHO DOMICILIO. La nombrada autoridad responsable remitió el oficio registrado bajo el número 3784, al que anexó constancias en copia certificada la notificación de requerimiento a la actuaria de fecha once de mayo de dos mil dieciocho, y auto de catorce del mismo mes y año, en el que desaprueba la diligencia practicada el diecisiete de enero del presente año, y deja sin efecto el requerimiento de la entrega de bienes realizada por en dicho auto, al actor ***. Ahora bien, este Órgano de Control Constitucional estima que el juez Segundo Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Toda vez que, como se ordenó, dejó insubsistente el auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, dictando otro el once de mayo del mismo año, donde dio contestación a los agravios planteados por el aquí quejoso, y en fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho desaprobó la diligencia practicada el diecisiete de enero de este año, dejando sin efectos el requerimiento de la entrega de bienes a ***. Por tanto de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno, y una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto.

  3. Principal

    RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio signado por el juez Segundo Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando las constancias respectivas para acreditar su dicho. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Previamente a tener o no a las referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, este Órgano de Control Constitucional hará el pronunciamiento sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad oficiante.

  4. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica:RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio signado por el juez Segundo Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando las constancias respectivas para acreditar su dicho. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Previamente a tener o no a las referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, este Órgano de Control Constitucional hará el pronunciamiento sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad oficiante.

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