Felix Jesua Palacios Dubon
Expediente 1000/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1000/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Felix Jesua Palacios Dubon
- Encargado de la Estancia Provisional Juarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de Amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se concedió la suspensión de plano, se ordena previo acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable, en virtud de que se decretó la suspensión de plano. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las diez horas con veinticinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, se procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1000/2022-II-B, sin la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia la Secretaria hace constar que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se advierte promoción alguna pendiente de proveer, y al preguntar al oficial de partes de este Juzgado, externó que no hay promociones pendientes de entregar. Enseguida se procede a la lectura de la demanda de garantías y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del texto siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar se cierra dicho periodo. Por otro lado, se abre la etapa de alegatos, en la que se hace constar que únicamente los presentó el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no así las demás partes. El Juez acuerda: Se tienen por hechos los alegatos del Fiscal Federal adscrito y por concluido el periodo para presentarlos las demás partes. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. Vistos para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 1000/2022-II, promovido por Nadia Joanna López Martínez, en favor de Félix Jesua Palacios Dubon, contra actos del Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el doce de noviembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, Nadia Joanna López Martínez, en favor de Félix Jesua Palacios Dubon, promovió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, a quienes reclamó los actos destacados en su demanda. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1°, 11, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y normas de índole internacional. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de referencia; se registró bajo el expediente 1000/2022-II; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este juzgado, en atención a que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta demarcación, lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio y análisis del juicio, a fin de hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Es aplicable al tema el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como el criterio sustentado en la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis hecho al escrito inicial de demanda, conceptos de violación y constancias del presente juicio, es permisible determinar que los actos reclamados se hacen consistir en: La privación de la libertad, incomunicación, el acta de rechazo, la negativa de visa humanitaria, acta de rechazo, tramitación ante la Comar, el estado insalubre en que estaba alojado y su posible deportación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, al rendir su respectivo informe justificado, negó categóricamente los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna a fin de demostrar lo contrario a lo informado por la autoridad. En esa virtud, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, fue omiso en rendir su informe justificado, sin embargo ante su contumacia se tiene por cierto el acto reclamado. QUINTO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A juicio del suscrito, en el caso la presente vía resulta improcedente ante la actualización oficiosa de la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque cesaron los efectos de los actos reclamados en este juicio, tal precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La lectura de ese numeral obliga a estimar improcedente el juicio de amparo cuando cesan los efectos del acto reclamado en la vía constitucional. En relación con tal causal de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado en el juicio de amparo, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, en virtud de que la razón que justifica esa improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Tal criterio jurídico está contenido en la tesis de jurisprudencia ciento noventa y ocho, visible en la página doscientos dieciséis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Con lo anterior se puede apreciar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el propio acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado. En tal tesitura, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo pronunció deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su propia insubsistencia. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que tal causal de improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del propio juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, como en el caso, el de obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que exija. Por tanto, la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En la especie, importa recordar que la parte inconforme reclamó, a través de la presente vía, la posible deportación y privación de la libertad por virtud del alojamiento en la estación migratoria de que fue objeto. Sin embargo, mediante razón actuarial de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, al Fedatario Judicial de la adscripción asentó que se encontraba constituido en las instalaciones de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, del Instituto Nacional de Migración, donde llamó al quejoso Felix Jesua Palacios Dubón, en voz alta, sin que alguien le respondiera, varias personas ahí alojadas le informaron que el quejoso ya había salido del lugar; enseguida se entrevistó con el licenciado Roberto Gaytán, Encargado de la Estación Migratoria, quien revisó el sistema computacional y la bitácora, y le indicó que el peticionario del amparo, egresó del lugar el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en cumplimiento al mandato judicial emitido por este órgano de control constitucional. Por tanto, se concluye que los actos materia de reclamo en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo en que esto se emite, han cesado en sus efectos. Con esto no queda duda que con el actuar de la autoridad responsable se destruyeron los actos reclamados en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos. De ahí, que es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados en este juicio, porque con esa actuación se destruyeron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del propio particular, o habiéndola irrumpido la cesación no dejó algún rastro, con lo cual, sin duda, se opera la causal de improcedencia que nos ocupa. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia trescientos noventa y cinco, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos diecisiete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección, que dice así: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En congruencia con lo anterior, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de garantías. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio 1000/2022, promovido por Nadia Joanna López Martínez, en favor de Félix Jesua Palacios Dubon, en términos de los considerandos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria del Juzgado que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe. En cumplimiento al artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, hace constar y certifica: Que la hora de la evidencia criptográfica no coincide con la hora del cierre de la audiencia en razón de que se firmó electrónicamente una vez que las labores del juzgado, así lo permitieron, en su misma fecha. Doy Fe
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de conformidad con el numeral 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Encargado de la Estancia Provisional Juárez, para que en un término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe sobre la fecha de salida de la Estancia Provisional de esta ciudad, asimismo de la situación actual respecto al migrante aquí quejoso de nombre Félix Jesua Palacios Dubón, para lo cual, deberá agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento al presente mandato judicial, se impondrá como medida de apremio, multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con el artículo 5º de la Ley para determinar del valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo el valor diario actual de dichas unidades el de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), en concordancia con los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la tesis I.13o.A.12 K sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 909, que a la letra dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL AMPARO. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LAS REQUIERA DE OFICIO NO CAUSA PERJUICIO A LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en la última parte del artículo 78 de la Ley de Amparo y el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de amparo, el Juez de Distrito se encuentra facultado para allegarse de las pruebas documentales que estime necesarias para llegar a la verdad de los hechos y resolver de conformidad con ellas el asunto que examina. Por tanto, si con motivo del informe justificado rendido por la autoridad responsable el Juez de Distrito advierte que podría actualizarse una causa de improcedencia, éste puede allegarse las pruebas que estime necesarias para acreditarla y emitir su resolución, sin que ello implique menoscabo al equilibrio procesal de las partes, ya que si bien estas últimas tienen obligación de aportar las pruebas tendientes a acreditar sus pretensiones, el Juez también está obligado a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse en esta fecha y en su lugar se señalan las diez horas con veinticinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el oficio signado por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, agréguese a sus autos para que obre como corresponda por medio del cual de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado con el que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.
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