Felipe Treviño Lozano

Expediente 111/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
111/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Felipe Treviño Lozano
  • Congreso del Estado de Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, y en atención a su contenido se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica, de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, en representación de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81 fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, en su oportunidad remítanse al TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo y del escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, con copia de este último para el Agente del Ministerio Público de la Federación, asimismo, se ordena recabar copias de dicho escrito y distribuirlas entre las demás partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el veintitrés de enero del dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional el veinticuatro siguiente, la parte quejosa de referencia, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y Gobernadora del Estado de Chihuahua, residentes la Ciudad de Chihuahua, Capital, que hizo consistir en los siguientes: "ACTOS QUE SE RECLAMAN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, la discusión, aprobación y expedición del Decreto No. LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O. que contienen la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, específicamente, el artículo Primero, en relación con el apartado de Derechos, establecido en su tabla como 4.3. derechos por prestación de servicios 4.3.2.3, así como el Artículo Decimotercero, así como las fracciones I, II,III, inciso a), IV,V inciso a), del artículo 29 de la referida Ley Estatal de Derechos, que contiene las tarifas tildadas de inconstitucionales. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, se le reclama la promulgación de Decreto No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a los DERECHOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, ESPECIFICAMENTE el artículo 29, en sus fracciones I, II, IV, V, que contiene las tarifas tildadas de inconstitucionales." Segundo. Mediante proveído de veinticinco de enero del dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo y se registró como expediente 111/2023-I-B; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se ordenó dar la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien formuló alegato ministerial; finalmente, se citó a las partes a la audiencia constitucional que hoy se celebra, por lo que; C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados se hacen consistir en la inconstitucionalidad de una norma tributaria estatal, cuyo acto de aplicación se realizó en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar los actos reclamados, los cuales se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte discordante. Así, se estima que las solicitantes del amparo reclaman del Congreso del Estado de Chihuahua y Gobernadora Constitucional del Estado, dentro del respectivo ámbito de sus atribuciones, lo siguiente: La discusión, probación, expedición y promulgación del Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera que se refiere a los derechos del registro público de la propiedad, específicamente el artículo 29, en sus fracciones I, II, IV, V, que contiene las tarifas tildadas de inconstitucionales, con motivo de su primer acto de aplicación. Así como la discusión, aprobación y expedición del Decreto No. LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O. que contienen la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, específicamente, el artículo Primero, en relación con el apartado de Derechos, establecido en su tabla como 4.3. derechos por prestación de servicios 4.3.2.3, así como el Artículo Decimotercero, así como las fracciones I, II,III, inciso a), IV,V inciso a), del artículo 29 de la referida Ley Estatal de Derechos, que contiene las tarifas tildadas de inconstitucionales. Tercero. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Congreso del Estado de Chihuahua y Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Capital, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época. Registro 917812, Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia Común, consultable en la página 231, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. - Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". A lo anterior debe agregarse que, en cuanto a las normas impugnadas, por estar vigentes, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, ya que basta con que estén publicados en un medio de difusión oficial -como lo es el Periódico Oficial del Estado-, para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo lo tenga en cuenta al momento de resolver, sin necesidad de que se exhiba un ejemplar donde se contengan las leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general reclamados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 260, del tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, registro 191452, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2o.214 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable a página 205, del tomo XV- I, febrero de 1995, Octava Época, registro digital 209107, del Semanario Judicial de la Federación, con el contenido siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." Cuarto. La presentación de la demanda resultó oportuna. El plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del dos al veintitrés de enero del dos mil veintitrés; y, la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el día veintitrés de enero del dos mil veintitrés. Efectivamente, el artículo 17 de la Ley de Amparo, señala que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días, los cuales se computarán a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, de conformidad con el diverso 18 de la misma legislación. Los preceptos legales en comento establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En efecto, tratándose de la impugnación de leyes con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días; por lo que, si en el caso concreto se reclama el primer acto de aplicación el decreto combatido, mismo que ve de las constancias que integran los autos se advierte que se verificó el treinta de diciembre del dos mil veintidós, entonces, el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del dos de al veintitrés de enero del dos mil veintitrés, sin contar los días treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós así como uno, seis, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de enero del dos mil veintitrés, por ser días inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el seis de enero del dos mil veintitrés, por haberse declarado inhábil por los Órganos Jurisdiccionales de este Circuito Judicial, con sede en esta ciudad. De ahí que, si la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el veintitrés de enero del dos mil veintitrés, es inconcuso que se hizo de manera oportuna. Quinto. Previo al estudio de fondo del asunto, lo procedente es analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". La autoridad responsable Gobernadora del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de Chihuahua, Capital, aduce que surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 108, de la Ley de Amparo, porque la parte inconforme no combatió, por vicios propios la promulgación y publicación de los decretos relativos. Casual que se estima fundada, atendiendo los argumentos que se expondrán en párrafos subsecuentes. El artículo 61, fracción XXIII, así como el numeral 108, de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) ARTÍCULO 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en la promulgación o publicación de las normas reclamadas, la parte quejosa deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. Así, en la especie, la parte inconforme no impugnó por vicios propios la promulgación y publicación del Decreto cuya aplicación reclama, por lo que, no puede tenerse a esas autoridades como responsables. Por tanto, la causa de improcedencia se actualiza, porque del análisis de los conceptos de violación, no se advierte que la parte quejosa se duela de esos actos en razón de vicios propios, sino únicamente como parte del proceso legislativo que dio origen a las normas reclamadas. Consecuentemente, se surte la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 108, fracción III, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), visible en la página 2248, Libro 23, octubre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época (registro 2010097), que señala: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA QUEJOSA IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si la quejosa no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." Así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en la tesis XXVII.3o.86 K (10a), consultable en la página: 2128, Libro 21, agosto de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época (registro: 2009694), que señala: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto contra normas generales la quejosa podrá señalar, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, siempre que formule conceptos de violación para impugnar esos actos por vicios propios. Por consiguiente, de la interpretación sistemática de las porciones normativas referidas con el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la demanda se señalen como actos reclamados el refrendo o la publicación de normas generales, pero no se formulen conceptos de violación para controvertirlos por vicios propios." Por tanto, al operar dicha causal de improcedencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio en cuanto a la promulgación o publicación, reclamados a la Gobernadora del Estado de Chihuahua. Por otra parte, el Congreso del Estado de Chihuahua, consideró que respecto de los actos reclamados consistentes en la aprobación y expedición del decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. por el que se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, específicamente el artículo 29, fracciones I, II, IV y V, con motivo de su primer acto de aplicación, así como el Decreto No. LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O. que contienen la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]" La causa de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, si no que para que se origine tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio que es lo que, se insiste, legitima para acudir a la presente instancia constitucional. En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Establecido lo anterior, es menester precisar, que en tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, de texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, el decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., por el que se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en específico el artículo 29, fracciones I, II, IV y V, con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, las reclama en su carácter de heteroaplicativas, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 29. Por cada inscripción, anotación o cancelación de asiento que realice la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, se pagará el derecho conforme a la cuota de 21.9902 UMAs, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de este Capítulo: I. Las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 UMAs II. Por la inscripción de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuya garantía ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 UMAs (.) IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cédulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley. 167.3734 UMAs V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas: a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio. 167.3734 UMAs b) Por el resto de las inscripciones necesarias para el registro de las unidades privativas de condominio, por cada una de ellas, se aplicará la cuota. 0.8554 UMAs [.]". Sin embargo, para acreditar el acto concreto de aplicación de los preceptos legales combatidos, la parte solicitante de derechos fundamentales ofreció como prueba de su intención el certificado de pago ******************** de fecha treinta de diciembre de dos mil veintidós, expedido por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, a nombre del contribuyente ********************, documental de la que se tiene que a la parte quejosa se le aplicó el numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, correspondiente a asentar las inscripciones traslativas de dominio de inmuebles o garantías constituidas sobre estos. Documentales que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2. Por tanto, la documental señalada en párrafos que preceden, se considera suficiente para tener por acreditado el primer acto de aplicación únicamente respecto del numeral 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, que se reclaman en esta instancia, no así respecto del numeral 29, fracciones II, IV y V, de la legislación referida. Es aplicable a lo anterior, encuentra sustento en la tesis IV.1o.5 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 659, IV, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197963, la cual señala: "AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS. Si del contenido de la demanda se advierte que el quejoso, en relación con los actos reclamados, hace una referencia vaga e imprecisa de los actos concretos de aplicación, dado que, por una parte, los actos no habían acontecido y, por otra, se demostró que el acto afectaba a persona distinta al quejoso, ello impide establecer la vinculación necesaria con los actos legislativos que se impugnaron como heteroaplicativos, lo que es menester a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, actualizándose así, en relación con tales actos legislativos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además como motivo manifiesto e indudable, en los términos del artículo 145 del mismo ordenamiento legal, que amerita el desechamiento de plano de la demanda de garantías correspondiente." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento en el juicio que se resuelve en lo atinente al numeral 29, fracciones II, IV y V, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dado que, como se afirmó, no se demostró que le fueran aplicadas. Por otra parte, la autoridad responsable, Congreso del Estado de Chihuahua, hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por estimar que la parte quejosa no acreditó el acto de aplicación, dado que no anexó a la demanda medios de prueba que válidamente demostraran que le fue aplicada la norma que reclama. En lo conducente, esa hipótesis normativa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]" [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". La anterior causal es infundada, debido a que la parte quejosa sí comprobó el acto de aplicación de la normatividad reclamada, lo anterior, en virtud de que exhibió el certificado ******************** de fecha treinta de diciembre de dos mil veintidós, expedido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, a nombre del contribuyente ********************, del que se advierte que dicho pago fue realizado con motivo de las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas, expedido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, documental de la que se tiene el pago efectuado por el concepto de derechos para el registro e inscripción del instrumento referido en la oficina del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua, y por ende, que a la parte quejosa se le aplicó el numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, correspondiente a asentar las inscripciones traslativas de dominio de inmuebles o garantías constituidas sobre estos, contenidas en el certificado con folio ******************** de fecha treinta de diciembre de dos mil veintidós. En ese sentido, se estima que la parte quejosa, con la documental mencionada en párrafos que preceden, acredita la existencia del acto que reclama y el interés jurídico que tiene para promover el juicio de amparo en análisis, además de que el pago del concepto relativo a la norma materia de reclamo, cualquier persona lo puede realizar, sin que tenga que acudir directamente el quejoso a realizarlo. Asimismo, las autoridades responsables, Congreso del Estado de Chihuahua y Gobernadora del Estado de Chihuahua, aducen que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 63, fracción V, 17 y 18 de la Ley de Amparo, dado que afirman que la presentación de la demanda de amparo se efectuó de manera extemporánea, esto es, fuera del plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues afirma que la demanda de amparo fue presentada con motivo del primer acto de aplicación de la norma, no así del de la fecha en que tuvo conocimiento de dicha norma, por lo que, a su parecer, tiene lugar la referida causal de improcedencia, que en lo conducente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" Sin embargo, dicha causal se desestima, virtud a que, si los actos de aplicación de la norma impugnada, tuvo conocimiento la parte quejosa el treinta de diciembre del dos mil veintidós, fecha en que tuvo verificativo el pago de los derechos registrales reclamados, como se advierte del certificado ******************** de fecha treinta de diciembre de dos mil veintidós, expedido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, del cual derivó el pago efectuados por el concepto de derechos para el registro e inscripción del instrumento referido en la oficina del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua, es inconcuso que el término para presentar la demanda comenzó a partir del dos al veintitrés de enero del dos mil veintitrés, con exclusión de los días uno, seis, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de enero del dos mil veintitrés, por ser días inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el seis de enero del dos mil veintitrés, por haberse declarado inhábil por los Órganos Jurisdiccionales de este Circuito Judicial, con sede en esta ciudad. Por lo que, si la demanda se presentó el veintitrés de enero del dos mil veintitrés, conforme al sello estampado en la demanda que dio origen a este juicio, es inconcuso que se efectuó dentro del término legal establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo; de ahí lo infundado de los argumentos vertidos por la autoridad responsable, relativos a la causal invocada. Además, en relación a la citada causal se tiene que la responsable es omisa en acreditar que en efecto la parte quejosa previo al acto de aplicación tuvo conocimiento de los actos materia reclamo. En atención a los argumentos expuestos, se reitera, se estiman infundadas las causales de improcedencia en análisis, mismas que fueron invocadas por las autoridades responsables Congreso y Gobernadora del Estado de Chihuahua. Analizado lo anterior, en virtud de que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia y quien resuelve no advierte la actualización de alguna diversa a las ya analizadas, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. Sexto. Son fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, como a continuación se verá. En primer término, cabe precisar que está demostrado el acto de aplicación materia de reclamo, ya que al efecto, obra en autos copia certificada del certificado de pago con número de operación ******************** de fecha treinta de diciembre de dos mil veintidós, expedido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, a nombre del contribuyente ********************, en el cual se advierte, entre otros, el concepto siguiente: "INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD DE INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUIDAS S/ÉSTOS. . $16,104.67", por lo que, resulta válido concluir que le fue aplicada la tarifa contenida en el numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, que en lo conducente establece: "Artículo 29. Por cada inscripción, anotación o cancelación de asiento que realice la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, se pagará el derecho conforme a la cuota de 21.9902 UMAs, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de este Capítulo: I. Las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 UMAs [.]." Por ello, si de la documental de antecedentes se advierte que le fue aplicada la tarifa establecida para las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre éstos; entonces, se concluye la existencia de los actos de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en específico los numerales primero, en relación con el 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en los términos indicados. Por otra parte, el quejoso argumenta esencialmente, en su concepto de violación, lo siguiente: Que la Ley de Ingresos que remite a la Ley Estatal de Derechos en su artículo 29, que establece el cobro de derechos por la cantidad de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización es exorbitante, en relación con el verdadero costo del servicio prestado. Tácitamente sostiene, que el cobro antedicho no guarda un sano y razonable equilibrio entre la cuota de referencia y los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad, en relación con el costo real de esa contraprestación, lo cual trasgrede el principio de proporcionalidad tributaria; ya que debe otorgarse el mismo trato a quienes reciben igual servicio. Como se destacó con antelación, la inconformidad de la parte quejosa se centra, tácitamente, en que el costo del derecho es desmedido y ni siquiera se aproxima al costo de producción del mismo, ya que se está lucrando con ese derecho y, por tanto, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, al no existir una equivalencia razonable entre la cuota fijada y el servicio prestado, sino que se utiliza como un instrumento generador de ganancias. A fin de dar contestación a los argumentos vertidos por la quejosa, cabe precisar, qué debe entenderse como derecho, en términos de lo previsto en el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua: "Artículo 38. Para efectos de las disposiciones fiscales, son contribuciones los impuestos, las contribuciones especiales, y los derechos, las que se definen como: [.] III. Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. [.]." Ahora, para dar respuesta a lo anterior, se estima necesario traer a colación el contenido del apartado de Derechos de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, punto 4.3.2.3, que dispone: "Los ingresos que se perciban por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público del Estado, así como la prestación de los servicios que otorgan las dependencias del Gobierno del Estado, se causarán en la forma y montos que establezcan las disposiciones fiscales. 4. Derechos 4.3.2.3 De la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado 465,000.000" Por su parte, la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su artículo 29, fracción I, establece que por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización. Ahora, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor de la referida medida vigente a partir del uno de febrero del presente año, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), el cual al ser multiplicado con la cuota establecida en el citado numeral 29, fracción I, lo que resulta la cantidad de $16,104.66 (dieciséis mil ciento cuatro pesos 66/100 moneda nacional), tal como se advierte del certificado de pago que obran en autos. En relación al tema de derechos por servicios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tratándose de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, al grado de resultar interdependientes, puesto que esa contribución tiene como hecho generador, precisamente, la prestación del servicio. En ese sentido, para que se tengan satisfechos los requisitos de proporcionalidad y equidad, es necesaria la existencia de un "razonable equilibrio" entre la cuota y la prestación y, además, otorgarse un mismo trato fiscal a quienes reciben igual servicio, para lo cual debe tenerse en cuenta, ordinariamente, el costo que para el Estado tenga la ejecución de ese servicio; pero, acotó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es indispensable que la correspondencia entre ambos términos deba entenderse como en derecho privado, esto es, que el precio corresponda exactamente al valor de aquel, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. El criterio antes expuesto quedó plasmado en la jurisprudencia aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 196933, con el rubro y texto siguientes: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio, lo que implicó la supresión del vocablo contraprestación; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares." Acotado lo anterior, resulta necesario precisar que toda ley, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, goza de la presunción de constitucionalidad, por lo que, es preciso que quienes la impugnan desvirtúen tal presunción, tomando en consideración, además, que en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde a la quejosa, siempre que no sea violatorio en sí mismo de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º de la legislación en cita. Sin embargo, en el tema específico del principio de proporcionalidad en materia de derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó criterio en el sentido de que, cuando se reclame la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, alegando para ello violación al principio de proporcionalidad tributaria, específicamente porque considere que el monto por el servicio recibido es muy superior al costo que tiene en el mercado, como en el caso lo afirma la parte quejosa, en primer término, no basta su sólo alegato para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado para determinar el costo promedio del servicio, al no ser esto último acorde con la función jurisdiccional; por tanto, inicialmente corresponderá al quejoso aportar los elementos, datos o pruebas, que sustenten sus argumentos, los que servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también expuso que la carga atribuida a la parte quejosa no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, por lo que, a partir de las pruebas aportadas por aquélla, es decir, por la parte quejosa, les corresponderá la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y de los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en el precepto tildado de inconstitucional cumple con los principios que le rigen. El referido criterio fue sustentando por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2005254, con el contenido siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen." En el caso, para acreditar la inconstitucionalidad del derecho impugnado por transgresión al principio de proporcionalidad y equidad tributaria, se tiene como hecho notorio que en diversos juicios de amparo obra información de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia del sistema Electrónico INFOMEX-CHIHUAHUA, con el siguiente número de folio ********************, y la pericial contable desahogada en expediente ********************, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. Así, de las pruebas en mención, se obtiene lo siguiente: 1. La respuesta de información pública registrada con el número ********************emitida por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, relativa al egreso total devengado por concepto de nóminas de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua en los meses de enero a diciembre de dos mil veinte. 2. Sentencia en versión Pública en formato electrónico capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE), del expediente ********************, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, respecto de la prueba pericial contable desahogada en el referido juicio de amparo. Así, de la referida versión electrónica se advierte que se presentó dictamen pericial emitido por ********************, en el cual, en lo que aquí interesa, determinó: "[.] 1. Cuál es en promedio, el costo real o el gasto que se causa por cada inscripción realizada por la Dirección del Registro Público de la Propiedad en todo el Estado. Respuesta. $294.01 Doscientos noventa y cuatro pesos 01/100 moneda nacional. 2. A cuánto asciende la diferencia entre el gasto generado por la prestación del servicio de registro en todo el Estado y el derecho cobrado por inscripción en todo el estado. Respuesta. Mensualmente $23,585,308.62 (veintitrés millones quinientos ochenta y cinco mil trescientos ocho pesos 67/100 moneda nacional) y anualmente a $265,582,736.04 (doscientos sesenta y cinco millones quinientos ochenta y dos mil setecientos treinta y seis pesos 04/100 moneda nacional). [.] 3. A cuanto haciende la diferencia a que se refiere el punto anterior. Respuesta. Mensualmente asciende a 528.49% y anualmente 495.92%. 4. Si el cobro del derecho descrito en anteriores puntos, una vez cubierto el gasto efectuado por la prestación del servicio de registro, existe un excedente y a cuanto equivale. Respuesta $23,585,308.67 (veintitrés millones quinientos ochenta y cinco mil trescientos ocho pesos 67/100 moneda nacional)." 2. La respuesta de información pública registrada con el número ********************, emitida el veintiséis de enero de dos mil veintidós por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia del sistema electrónico INFOMEX, CHIHUAHUA, de donde se desprenden los datos siguientes: "¿CUÁL ES EL EGRESO TOTAL DEVENGADO POR CONCEPTO DE NÓMINAS EN LA DIRECCION DEL REGISTROPÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DURANTE CADA UNO DE LOS MESES DE ENERO A LA FECHEA DEL EJERCICIO FISCAL 2021? ¿CUÁL ES EL INGRESO OBTENIDO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A LA FECHA DEL AÑO 2021, DE LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, POR LAS INSCRIPCIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE PROPIEDAD INMUEBLE O GARANTÍAS CONSTITUIDAS SOBRE ESTOS, CONTEMPLADA EN LA LEY DE INGRESOS PARA TAL EJERCICIO FISCAL? ¿CUÁL ES EL INGRESO TOTAL QUE PERCICBIÓ LA OFICINA DE RECAUDACION DE RENTAS, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NO. LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O. DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, QUE ESTABLECE EL COBRO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO EN EL PERIODO DE ENERO_DICIEMBRE 2021? ¿CUÁL FUE EL EGRESO TOTAL DEVENGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO DURANTE CADA UNO DE LOS MESES DE ENERO A LA FECHA EN EL EJERCICIO FISCAL 2021?" En tal razón, la Dirección de Política Hacendaria de esta Secretaría de Hacienda informa lo siguiente: El cuestionamiento 2, esta Dirección informa el ingreso recibido por concepto de los servicios establecidos en el apartado IV numerales del 11 al 16 de la Tarifa para el Cobro de Derechos para el Ejercicio Fiscal 2021, detallando: Ejercicio Fiscal Enero a Noviembre 2021 $ 371,505,727.00 (expresados en pesos) Respecto al cuestionamiento 3. esta Dirección informa que la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, recaudó por concepto de Derechos de los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno, en específico por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado en el ejercicio fiscal 2021, la siguiente cantidad: Ejercicio Fiscal Enero-Noviembre 2021 $ 425,789,769 (expresado en pesos) En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, me permito indicar que la información referenciada se encuentra disponible y es consultable como información pública en el Portal oficial de Gobierno del Estado de Chihuahua en los siguientes enlaces: http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/edosfinan/2021/movstrim/00aMovtosingegr3eracum2021.pdf http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/edosfinan/2021/movsmen/EFMM202110-00movtoingegr.pdf http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/edosfinan/2021/movsmen/EFMM202111-00movtoingegr.pdf En tal razón, la Dirección de Presupuesto de esta Secretaría de Hacienda informa lo siguiente: 1.- Egreso total devengado por concepto de nóminas en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua, durante cada uno de los meses de enero a la fecha del ejercicio fiscal 2021: ENERO 3,617,132 FEBRERO 3,700,775 MARZO 5,364,024 ABRIL 3,772,563 MAYO 4,420,211 JUNIO 3,765,931 JULIO 4,777,651 AGOSTO 3,668,906 SEPTIEMBRE 3,792,409 OCTUBRE 3,712,492 NOVIEMBRE 8,710,714 DICIEMBRE 6,589,123 4.- Egreso total devengado del Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado durante cada uno de los meses de enero a la fecha del ejercicio fiscal 2021: ENERO 3,718,856 FEBRERO 3,800,883 MARZO 6,645,521 ABRIL 4,403,528 MAYO 5,069,942 JUNIO 4,436,321 JULIO 5,289,650 AGOSTO 5,289,650 SEPTIEMBRE 4,255,991 OCTUBRE 4,126,709 NOVIEMBRE 9,626,496 DICIEMBRE 7,271,477 Lo anterior se hace del conocimiento a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 54 y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. Lic. Mónica Emilia Sandoval Arellanes, Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda el día 08 de febrero 2022". Las probanzas reseñadas con antelación merecen valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que, se consideran suficientes para tener por satisfecha la carga atribuida al peticionario de amparo respecto a la demostración inicial de los hechos, conforme a los cuales sostiene que el costo del servicio es desproporcional e injustificadamente elevado y que sientan las bases para el estudio de inconstitucionalidad de la norma impugnada. Cabe señalar, además, que la información contenida en los informes obtenidos a través del organismo público autónomo Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considera verosímil, ya que constituye un acuse con número de folio y cada respuesta está relacionada a ese folio, además, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, párrafo segundo, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se parte de la base que la información que proporcionan los sujetos obligados sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos, corresponden a sus archivos administrativos, los cuales deben estar debidamente actualizados y publicarse a través de los medios electrónicos disponibles. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, agosto de 2002, con número de registro 186243, del rubro y texto siguiente: "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo." Por lo que esta clase de datos son, de conformidad con el derecho humano de acceso a la información consagrado en el texto constitucional, instrumentos de la mayor relevancia para posibilitar a los gobernados el conocimiento del actuar cotidiano de la autoridad y a través de ello sentar las bases para el ejercicio de otros derechos, en este caso, el de impugnación judicial de las decisiones legislativas, para efectos específicos de determinar la razonabilidad constitucional del costo del servicio prestado. Por tanto, ante el principio de prueba ofertado por la quejosa y, atendiendo al criterio expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el cual, luego que el particular cumplió con su carga, corresponde al Estado justificar la racionalidad de la cuota, era inconcuso que correspondía a la autoridad responsable la obligación de desvirtuar las probanzas ofrecidas por aquélla, y más aún, acreditar la razonabilidad del costo que se propone cobrar, a fin de acreditar la constitucionalidad de la norma impugnada. Así, ninguna manifestación se hizo en el sentido de cuáles son las actividades que el Estado debe desarrollar y los gastos que debe efectuar para proporcionar el servicio de que se trata, ni mucho menos se ofreció prueba alguna para controvertir lo expuesto y acreditado por la quejosa, cuando, acorde con la regla probatoria previamente reseñada, le correspondía hacerlo, debido a la actividad que al respecto la quejosa había desplegado. Debiendo destacarse que basta imponerse de las documentales exhibidas por la parte quejosa para advertir que exhibió medios de prueba en relación a los ejercicios fiscales de dos mil dieciocho, diecinueve y veinte. En este punto es pertinente acotar, que el Estado, para poder prestar el servicio, innegablemente debe desarrollar una serie de actividades, para lo que requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva a incurrir en diversos costos tanto de tipo directo como indirecto, además de que, una característica de este tipo de contribuciones, consiste en que el costo de la prestación del servicio es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o uso, ya que estos servicios parten de una actividad de la administración, particularizada, concreta y determinada, de manera que pueden ser individualizados a los usuarios, atendiendo a su uso o consumo, a través de ciertos parámetros de asignación. No obstante, tal como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que no existe la obligación impuesta por la ley de llevar un registro que proporcione información respecto del costo exacto expresado en cantidades numéricas, que le genera al Estado la prestación de un servicio público en concreto, la única forma en que es posible medir el costo del servicio para efecto de poder individualizarlo, es mediante parámetros de razonabilidad, relacionados con el tipo del servicio y las actividades que se desarrollan para prestarlo. En ese sentido, ante los argumentos y las probanzas ofrecidas por la parte quejosa, con las que hace ver la desproporcionalidad entre la cuota establecida en el numeral impugnado y el servicio que presta el Estado, era necesario, se reitera, que la autoridad responsable en forma motivada expusiera los parámetros de razonabilidad que permitieran analizar la eventual justificación constitucional del costo de prestar el servicio y, desde luego, que ofreciera las probanzas que considerara pertinentes para desvirtuar lo alegado por la peticionaria de amparo. Por tanto, si de las probanzas aportadas por la parte quejosa se advierten parámetros según los cuales el cobro del derecho establecido en la ley de ingresos sería injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro y, ante la inactividad de la autoridad responsable para desvirtuarla, entonces resulta dable concluir que, en este caso concreto, no se demostró que en el artículo primero, apartado 4.3.2.3 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, en relación con el diverso 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, existe un razonable equilibrio entre la cuota de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $16,104.66 (dieciséis mil ciento cuatro pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional), que establece la ley en mención para el cobro de la inscripción registral y el costo que para el estado representa la prestación de ese servicio, conforme a las probanzas ofrecidas por la parte quejosa. En tales condiciones, resultan esencialmente fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal instados, por tanto, se declara la inconstitucionalidad de la norma reclamada. A sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. LA CARGA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEMOSTRAR EN EL AMPARO LA RAZONABILIDAD DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, DEPENDE DE QUE EL QUEJOSO OFREZCA PRUEBAS QUE APUNTEN, AL MENOS INDICIARIAMENTE, A QUE LAS TASAS SON EXCESIVAS. En materia de derechos por servicios el principio de proporcionalidad tributaria exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado su prestación, aunque esa relación no implique que el precio corresponda exactamente al valor de aquéllos, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. En ese sentido, como toda ley goza de presunción de constitucionalidad, es preciso que quien sostenga en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación, pero si el quejoso rinde pruebas que apunten, al menos indiciariamente, a que las tasas son excesivas, la autoridad responsable está obligada a justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, por no serle exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, además de que en un sistema democrático compete al Estado acreditar la legitimidad de sus decisiones de finanzas públicas, independientemente de que no esté obligado a hacerlo en el texto legislativo." Séptimo. Para fijar los efectos de la concesión del amparo, debe atenderse a que la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta integralmente a la contribución, por lo cual, la parte quejosa, no puede ver totalmente desincorporada de su esfera de obligaciones, la de pagar por el servicio recibido, sino sólo en la parte que resulta desproporcionada o excesiva. Empero, como ya se explicó, el órgano de amparo no está obligado a emprender un estudio de mercado para determinar cuál debe ser el costo exacto de la contraprestación, ni puede tampoco atender, exclusivamente, al resultado de la actividad probatoria aportada por la quejosa, pues aunque esta ciertamente constituye un principio de prueba conforme al cual satisfizo la carga que le correspondía, no tiene el alcance de fijar, en estricto sentido, si lo ahí señalado se ajusta a la realidad. Por ende, procede fijar una tarifa en ejercicio del prudente arbitrio, para lo cual se toma en cuenta el texto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, que en su artículo Decimotercero prevé un estímulo fiscal de hasta el 86% (ochenta y seis por ciento) de la tarifa ordinaria, a saber: "ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- A fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I, II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29: en los siguientes términos: El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año. En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable sobre la cuota establecida para dicha fracción. En lo que respecta a la fracción XXVI, inciso a), el estímulo se calculará sobre el 50% del valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, en cuanto a la revocación de la donación, se calculará sobre el 100% del valor más alto entre los citados y en el caso de los arrendamientos y operaciones similares señaladas en la fracción IV, el valor de operación será el moro de las rentas anticipadas, o bien, el monto de la renta por un año. El estímulo se aplicará sobre la cuota a pagar por el concepto de la fracción de que se trate, bajo el siguiente esquema: VALOR ESTIMULO FISCAL (pesos) Límite inferior Limite Superior 0.000 100,000.00 86% 100,000.01 200,000.00 80% 200,000.01 400,000.00 60% 400,000.01 700,000.00 30% [.]". Lo anterior revela que el Registro Público de la Propiedad y del Notariado es capaz de llevar a cabo una inscripción con solamente el 14% de la cuota, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios, ya que ningún estímulo fiscal se impone cuando atenta seriamente contra las finanzas del Estado. En razón de lo anterior, el amparo se concede para el efecto siguiente: 1. Se cobre al promovente del amparo ********************, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 moneda nacional) por el servicio que recibió, acorde con el certificado de pago con número de operación ******************** de fecha treinta de diciembre de dos mil veintidós, a nombre del contribuyente ********************, expedido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua. 2. Se reintegre a la parte quejosa la parte que cubrió en exceso. Por lo que al tomar en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, con las constancias correspondientes, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que devuelva la cantidad descrita. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de la Novena Época, número de registro: 192846, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 112/99, Página: 19 "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de las leyes censuradas, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior de conformidad con la tesis de la Novena Época, con número de registro: 200006, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. CXXXVII/96, Página: 135 LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Por otro lado, no se inadvierte que la Oficina Recaudadora de Rentas en esta localidad, así como la Secretaría de Hacienda Estatal, no fueron llamadas a juicio; sin embargo, ello no impide, en virtud de la protección otorgada, vincularla al cumplimiento de lo resuelto en el amparo, ya que en esos casos, al constatarse la intervención de una autoridad ajena al acto reclamado, pero que de alguna manera está dentro de sus funciones participar para el debido cumplimiento de las ejecutorias; es inconcuso que eso hace posible exigirle su cumplimiento, al ser éste de orden público. Tiene aplicación el criterio de la Primera Sala del Máximo Tribunal, en la tesis de jurisprudencia 1a./J.57/2007, visible en la página 144, Tomo XXV, mayo de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 172605), de rubro: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". Se hace la precisión que, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, de conformidad con el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos y autoridades señaladas en el resultando primero, por los motivos y fundamentos expuestos en el penúltimo considerando y para los efectos señalados en el considerando último de la presente determinación. Notifíquese por lista a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades señaladas como responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda los oficios remitidos por las autoridades auxiliares, haciendo del conocimiento que no cuentan con la información solicitada por este Órgano Jurisdiccional con lo cual se les tiene cumpliendo con lo requerido acuerdo inmediato anterior. cúmplase. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se ordena requerir a las autoridades Registro Público de la Propiedad y Secretaria de Hacienda Municipal para que en un término de tres días contados a partir de su legal notificación, si en sus archivos, cuentan con copia certificada de la escritura pública que le haya sido expedida a ******************** quien realizo el tramite con operación 5977543 expedido por la Secretaria de Hacienda del Estado. A fin de dar margen a lo anterior; se difiere la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para verificarse el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS a efecto de llevar a cabo la misma. Por último, hágase del conocimiento que, en su caso, también puede remitir información vía electrónica, al correo oficial 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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