Felix Iván Tristán Ramírez
Expediente 876/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 03/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Felix Iván Tristán Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de dieciséis de enero del año en curso, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad. Por ende, conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, haciendo constar en la carátula que el presente asunto no se trata de información reservada, de la prevista en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como que las partes no se opusieron a la publicación de su nombre y datos a que alude el artículo 3, fracción III, del ordenamiento legal invocado y que CONSTITUYE ARCHIVO RECIENTE, CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Y DE VALOR JURÍDICO, NO CONSTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, así como que es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en el presente asunto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, por lo que deberán conservarse. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por último, toda vez que de autos se advierte que el contenido de los oficios 571/2017 al 573/2017 de dieciséis de enero pasado, dirigidos a las autoridades responsables, no es el correcto, reenvíense los mismos, a fin subsanar dicho error. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Vistos los autos del juicio de amparo 876/2016-V, promovido por propio derecho por *******; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el cinco de octubre de dos mil dieciséis, turnada a este Juzgado el mismo día, el quejoso *******, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en la que reclamó diversos actos atribuidos al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, y otras autoridades, a quienes reclamó, la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, en Villa Aldama Veracruz, efectuado el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, la incomunicación telefónica y la falta de atención médica psicológica. SEGUNDO. Trámite del amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió a este órgano de control constitucional conocer de la demanda, y en auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis se admitió a trámite, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención que legalmente le corresponde a la representación social de la federación adscrita. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, respecto a los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo vigente; 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, debido a que los actos reclamados son considerados de naturaleza penal y tienen ejecución dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por imperativo de los artículos 74 fracción I, 75 y 76 de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte esencialmente que el acto reclamado consiste en: La orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, efectuado el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. La incomunicación telefónica. La falta atención médica psicológica, acto que atribuye al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, lugar de su reclusión al momento de promover el amparo. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado respecto a la incomunicación y orden de traslado. El Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, en esta ciudad, negó la existencia de los actos atribuidos por el quejoso De igual forma, el Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, negaron la incomunicación telefónica reclamada por el quejoso, sin que la parte quejosa, hubiere exhibido prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por el contrario la autoridad responsable Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", en esta ciudad, exhibió copia certificada del registro de llamadas realizadas por el quejoso el día dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, con lo que se acredita la inexistencia del referido acto reclamado; sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee respecto de los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, materia común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto citan: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado consistente en la orden de traslado y la falta de atención médica. El Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, al rendir sus informes justificados negaron el acto reclamado por el quejoso consistente en la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, en Villa Aldama Veracruz, efectuado el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis; sin embargo, esa negativa queda desvirtuada. En efecto, el quejoso en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, manifestó que con motivo de la causa penal *******, instruida en su contra por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el diecisiete de octubre de dos mil doce, fue ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", dato que no fue controvertido por las autoridades responsables. Por otra parte, también quedo demostrado que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo en el Servicio Postal Mexicano, el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, el hoy quejoso efectivamente se encontraba interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, en Villa Aldama Veracruz, lo que se acreditó con el contenido de la razón actuarial signada por la Actuaria Judicial del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, pues refieren que el aquí quejoso *******, fue trasladado el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz al Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, por tanto, se tiene por cierto el traslado reclamado. También es cierto el acto reclamado consistente en la falta de atención médica atribuida al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, no obstante que en su informe justificado, negara la existencia del acto reclamado al manifestar que al quejoso se le brindó la atención médica, psicológica y medicamentos, en términos de lo establecido en el artículo 41 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, con concordancia con el numeral 29 del manual de tratamientos de interno en atención médica idónea y continua, acorde a su diagnóstico y estado de salud, cuando así lo necesitaba, durante el momento en que estuvo interno en ese Centro Penitenciario; sin embargo, al tratarse de un acto omisivo, era necesario que la citada autoridad, remitiera las constancias que acreditaran su dicho, por lo que, se tiene por cierto el acto que se le atribuyó. QUINTO. Análisis de las causas de improcedencias del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Se afirma lo anterior, pues en la especie, el quejoso reclamó: la orden de traslado emitida en su contra del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, en Villa Aldama Veracruz, efectuado el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis; sin embargo, las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, informaron que el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el quejoso ingresó nuevamente al Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", en esta ciudad, en cumplimiento al oficio *******, emitido por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, con lo que se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado, en su escrito de demanda de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se corrobora con la razón actuarial de catorce de octubre de dos mil dieciséis, signada por la Actuaria Judicial del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en la cual hace constar que el peticionario del amparo, tal y como se estableció en el párrafo anterior fue trasladado al Centro Federal de Readaptación en esta ciudad. Luego, si el directamente agraviado fue traslado al Centro Penitenciario, con sede en esta ciudad, donde se encontraba anteriormente, cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo al amparista en el goce del derecho fundamental violado, es decir, volviendo a las cosas al estado que existían antes de la violación que se alegó en el juicio de amparo. En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley. En relación con la falta de atención médica, se actualiza la diversa causal de improcedencia, prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.] Se asevera lo anterior, pues, si bien es cierto que el quejoso en su demanda de amparo, reclamó la falta de atención médica por parte del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, en Villa Aldama Veracruz, acto que se tuvo por cierto en términos del considerando que antecede; lo cierto es que aun cuando tal omisión subsista, no puede surtir efecto material alguno contra el quejoso, dado que éste ya fue trasladado a diverso centro de reclusión. Por tanto, al momento de llevarse a cabo el traslado, dejó de existir el objeto o materia del acto que reclama, lo que implica que resulta imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que estima violado, al ser autoridades diversas, las que actualmente deberán proveer sobre tal atención médica, por lo que, al actualizarse dicha causal de improcedencia, debe sobreseerse el juicio de amparo respecto del mismo. Lo anterior, encuentra apoyo por analogía, en la tesis IV.3º.A.20.K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1760, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: DERECHO DE PETICIÓN. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAMA SU VIOLACIÓN, LA CONFIGURACIÓN DE LA NEGATIVA FICTA NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, lo que implica que jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. En ese entendido, dado que el derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se limita únicamente a la facultad de pedir algo a la autoridad, sino que también conlleva recibir una respuesta en breve término, congruente con lo pedido, y que la negativa ficta constituye la resolución que por ficción de la ley, se entiende que recayó a una solicitud, petición o instancia formulada por escrito por los gobernados, ante la conducta omisa en que incurrió una autoridad, no puede válidamente considerarse que por la configuración de dicha negativa haya dejado de existir la materia u objeto del juicio de amparo en que se reclame la violación al señalado derecho, en tanto que esa figura legal no puede eximir a la autoridad de emitir una respuesta escrita que, por mandato constitucional, está obligada y, por tanto, la negativa ficta no actualiza la aludida causal de improcedencia, ya que no impide que jurídicamente los efectos del acto reclamado se concreten a la esfera jurídica del quejoso. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75, 76, 79, 117, 119 y 124, de la Ley de Amparo vigente, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo, respecto a las autoridades y actos precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese; y, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. *arc
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, se requirió al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte" a fin de que remitiera las documentales que acreditaran si el quejoso fue valorado nuevamente por especialista en psiquiatría; sin que a la fecha hubiere informado nada al respecto. Atento a lo anterior, y a fin de agilizar al presente juicio, por conducto de la Actuaria de la adscripción, notifíquese al quejoso el presente auto, y requiérasele para que manifieste si a la fecha ya fue valorado por el especialista en psiquiatría, a fin de que este Juzgado tome las medidas necesarias. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*arc
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", en esta ciudad no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de quince de los actuales, el cual le fue notificado mediante oficio ******* recibido el dieciséis de los mismos. En consecuencia, requiérase de nueva cuenta con carácter de urgente al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita las documentales que acrediten que el quejoso fue valorado nuevamente por el especialista en psiquiatría, apercibido que de no dar cumplimiento se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo; sin perjuicio, claro está, de que en lo subsecuente sea requerido a través de su superior jerárquico. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciséis, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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