Félix Gerardo Santillanes Rodríguez

Expediente 369/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
369/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Félix Gerardo Santillanes Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se negó y sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez se haya cumplido el plazo de conservación de cinco años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se negó la protección de la justicia federal, de conformidad con lo establecido en el inciso b), fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese en lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de agosto de dos mil veintiuno. Informe previo como antecedente Agréguese a los autos para que obre como antecedente, el informe justificado rendido por Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua; en virtud, de que el dos de agosto del año en curso, se dictó sentencia en el presente asunto. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Informe previo como antecedente Agréguese a los autos para que obre como antecedente, el informe justificado rendido por Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en virtud, de que el dos de agosto del año en curso, se dictó sentencia en el presente asunto. Valor probatorio de la promoción En el entendido de que el valor probatorio de la promoción de cuenta, recibida en el correo electrónico oficial del juzgado, es pleno, por las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro siguiente: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Notifíquese por lista Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; dos de agosto de dos mil veintiuno. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 369/2021-IV, promovido por *******, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este Juzgado el mismo día, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo. Segundo. Derechos que el quejoso estimó transgredidos. El quejoso consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 16 y 31, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veintiuno de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número 369/2021-IV, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis integral de las constancias que integran el presente juicio: Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición del siguiente ordenamiento legal: Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O., por el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, específicamente sus artículos primero, apartado 4, sub apartado 4.3.11.1.1 y octavo; así como la Tarifa para el cobro de Derechos anexa, específicamente su fracción IX, apartado 7. Del Gobernador del Estado de Chihuahua, la promulgación y publicación del Decreto señalado. Del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua y del Recaudador de Rentas en esta ciudad, la recaudación del monto correspondiente al derecho reclamado, relativo al vehículo de su propiedad, marca *******, línea *******, modelo *******, serie ******* y placas de circulación *******, así como de las contribuciones accesorias consistentes en impuesto universitario y contribución a la Cruz Roja. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. En su informe justificado, el Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto reclamado, pero que sí se tiene registro de la recaudación, para este año fiscal, del Derecho reclamado. Por su parte, el Recaudador de Rentas en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, sin embargo, no ha lugar a presumir cierto el acto que se le reclama, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se expondrán. El quejoso exhibió el certificado de pago con número de operación *******, de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, correspondiente al pago de "derecho de control vehicular" y accesorios, en relación con el vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, serie ******* y placas *******, más accesorios, dando un total de $******* (*******); documento que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, cuya existencia además, fue reconocida por el Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, en su informe justificado. No obstante, la aplicación de los preceptos reclamados, a través del pago de Derecho de Alumbrado Público, no le es imputable a ninguna de las autoridades exactoras señaladas como responsables, ya que el acto concreto de aplicación de una ley, no sólo lo constituye el proveniente de una autoridad, sino que puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley; en esta hipótesis, se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple, sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a ello. En el caso, ya que no existió, por parte de las autoridades exactoras responsables, ni de ninguna otra de las autoridades señaladas como responsables, requerimiento de pago alguno, y que la oficina de Recaudación en esta ciudad, de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua, se limitó a expedir el certificado de pago descrito, la aplicación del ordenamiento legal reclamado, a través del pago del derecho de control vehicular, el día seis de mayo de dos mil veintiuno, no se les puede atribuir, pues de tal certificado no se aprecia que el pago se haya efectuado en acatamiento a un requerimiento de dichas autoridades en ese sentido, sino que la parte quejosa los realizó los de manera espontánea. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 367, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, con registro digital 171860, del rubro y texto siguientes: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. En consecuencia, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto del acto reclamado a las autoridades responsables a que se refiere este considerando. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, fueron omisos en rendir su informe justificado; por lo tanto, los actos que se les reclaman, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto reclamado, se presumen como ciertos, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Además, conforme a los artículos 73 y 162 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición de ordenamientos legales, corresponde al Congreso del Estado; mientras que, conforme al numeral 72 y 74 del mismo ordenamiento legal, la promulgación y publicación de los mismos, es competencia del Gobernador Constitucional. Finalmente, la existencia de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, pues los ordenamientos legales, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Quinto. Precisión especial. Es necesario precisar que en atención a que este juicio de amparo se promovió contra ordenamientos legales de carácter general (indicados en el considerando segundo), con motivo del que el quejoso estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida; Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Así como la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Sexto. Procedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en principio se determinan las causales de improcedencia que se actualizan en este asunto. II. Causal de improcedencia en relación con el impuesto universitario y la contribución a la Cruz Roja. Respecto a la contribución a la Cruz Roja y el diverso impuesto universitario, opera la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. De tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se desprenda de los demás casos previstos en la propia ley. Lo cual, concatenado con lo previsto en el segundo numeral que establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales con motivo de su primer acto de aplicación, mismo que interpretado en sentido contrario, revela que el juicio de amparo contra leyes es improcedente, cuando se reclame actos posteriores al primero. En el caso, el quejoso reclamó las normas precisadas en el considerando segundo, así como su aplicación mediante la recaudación del derecho de control vehicular y las contribuciones adicionales mencionadas, con motivo del supuesto primer acto de aplicación de éstas dos últimas, ya descrito, ocurrido el día seis de mayo del año en curso. Sin embargo, el que dio motivo a la promoción de este juicio de amparo, no es el primer acto que concretó la normatividad que prevé tales contribuciones adicionales (normatividad que, además, no fue expresamente señalada por el quejoso), pues el propio quejoso señaló expresamente en su demanda de amparo que las pagó durante el año dos mil veinte, con motivo del pago del derecho de control vehicular correspondiente a ese ejercicio fiscal. Lo anterior, constituye, en ese sentido, de conformidad con los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, una confesión del quejoso, apta para tener por actualizada la citada causal de improcedencia, pues lo cierto es que la erogación de las contribuciones adicionales mencionadas, para este ejercicio fiscal dos mil veintiuno, no se trata del primer acto de aplicación de las normas relativas. Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, en este asunto procede sobreseer en relación con los actos reclamados precisados en este apartado, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la tesis aislada 1a. V/99, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y nueve, Materia Común, visible en la página 115, con registro 194587 que del siguiente tenor: AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN. Cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, a partir del que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio del particular; se debe estimar el acto consentido y, en consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto y la en que se dirigió a la autoridad administrativa solicitándole aclarara los fundamentos legales en que se apoyó; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría solicitar a la autoridad que aclare su resolución, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la publicación de las normas impugnadas Respecto del acto reclamado al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, consistente en la publicación del Decreto reclamado y su Tarifa de Derechos anexa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) Del primero de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando el quejoso impugne tales actos por vicios propios. En el caso, el quejoso reclama de la citada autoridad, la publicación del Decreto reclamado y su Tarifa de Derechos anexa, descritos en el considerando segundo, que prevén y determinan el cobro del derecho de control vehicular a pagar durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en el Estado de Chihuahua; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de esa autoridad en el proceso legislativo que culminó con la publicación de tales ordenamientos legales. De ahí que, en relación con la publicación de los ordenamientos legales reclamados, atribuida al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1411, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, materia Administrativa, Novena Época, con registro digital 178540, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. Al no advertir de oficio la actualización de alguna otra causa de improcedencia, ni diversa que se haya hecho valer por alguna de las autoridades responsables, se procede entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Séptimo. No transcripción de conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, toda vez que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo, que obligue a transcribirlos. Lo que se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, materia Común, Novena Época, con registro digital Registro 164618, del rubro siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Octavo. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, por los motivos que enseguida se expondrán. Como cuestión previa, resulta pertinente señalar que la norma tildada de inconstitucional, lo constituye la contenida en el Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O., por el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, específicamente sus artículos primero, apartado 4, sub apartado 4.3.11.1.1 y octavo; así como la Tarifa para el cobro de Derechos anexa, específicamente su fracción IX, apartado 7. Lo anterior, se impugna con motivo del primer acto de aplicación, ya descrito, contenido en la documental también ya descrita y valorada, de la cual se aprecia que efectivamente al quejoso se le aplicaron las normas reclamadas, citadas en el párrafo que antecede. Ahora bien, la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en sus apartados reclamados, señala lo siguiente: (.) (.) (.) (.) Establecido lo anterior, se reitera que son infundados los conceptos de violación relativos a que las normas que se controvierten, transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, contenidos en el único concepto de violación, precisándose que, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, su examen se examinara en su conjunto, así como los diversos razonamientos del quejoso, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Sustenta el anterior argumento, la jurisprudencia (IV Región)2o. J/5 (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Décima Época, Registro: 2011406, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Página: 2018, cuyo rubro y texto son: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. Al respecto, en primer término, debe destacarse que la satisfacción de los principios de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, únicamente es aplicable a los impuestos, toda vez que tratándose de derechos, de acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, éstos son: las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten; de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos, debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el tema a dilucidar, en el sentido que el pago del derecho por la prestación de un servicio transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, si para ello no se toma en cuenta el costo global del servicio que presta, sino que se atiende a un elemento ajeno, en el caso, el valor automotor, el tipo de servicio que presta (público y/o privado), ya sea común o de lujo, o bien, por el tipo de vehículo (motocicletas, remolques, sedan, pick up, camión), virtud a que por un mismo servicio los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad, ya que se fija en términos de la capacidad contributiva del destinatario del servicio, siendo esto aplicable exclusivamente a los impuestos, no así a los derechos cuya naturaleza es distinta; por lo cual, si para el cobro de los derechos de control vehicular, no se atiende al costo global del servicio prestado, que si bien no puede ser con una exactitud matemática en relación con el costo del servicio, éste resultará violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, ya que sí debe existir una vinculación entre el costo de los servicios y su cobro. Conforme a lo antes expuesto, quien resuelve estima que la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, así como la Tarifa relativa, que comprenden el cobro del derecho de control vehicular, no se aparta del principio de proporcionalidad y equidad que debe regir en los derechos fiscales por servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que para fijar los montos de los referidos derechos, el legislador establece tarifas únicas para todos los usuarios, sin atender a un factor ajeno al servicio prestado, como lo es el tipo de vehículo, valor, tipo de automotor y de servicio que presta. Para arribar a esta conclusión, se toma en consideración, primeramente, que tratándose de los derechos fiscales, los derechos de proporcionalidad y equidad previstos en el numeral previamente mencionado, operan con un sistema distinto al de los impuestos, ya que, como se expresó en párrafos supra, por derechos deben entenderse las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo en sus funciones de derecho público y, en su caso, por organismos descentralizados o desconcentrados, así como por concepto del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación o de la Ciudad de México; ahora, por impuestos se entienden las contribuciones establecidas en la ley a cargo a las personas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en aquéllas, derivando de tal diferencia distintos modos de apreciar y aplicar los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. Lo anterior, fue reconocido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis del tenor literal siguiente: DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ÉSTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. La satisfacción de las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que las leyes tributarias tratan de llevar a cabo en materia de derechos a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, traduce un sistema de relación de proporcionalidad y equidad que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. (Séptima Época, Registro: 232409, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 169-174, Primera Parte, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Página: 23). Así, los principios de proporcionalidad y equidad que rigen a los derechos fiscales se funda, generalmente, en que el monto de las cuotas o tarifas de éstos, deben guardar una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el Estado, de manera tal que se respeta el derecho de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud; función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible, así como la congruencia entre hecho imponible y base, porque aparte de ser un requisito de proporcionalidad, es también cuestión de lógica interna de los tributos, porque de lo contrario existiría imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que realmente se regula. Además, para la fijación de la cuota o tasa aplicable sobre la base del derecho, debe tomarse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que la correspondencia entre este costo y el monto de la cuota, no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio necesariamente tenga que corresponder exactamente al valor del servicio prestado, porque los servicios públicos se otorgan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. Ahora, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: 31. Son obligaciones de los mexicanos: [.] IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Ahora bien, el artículo octavo, de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, es del contenido siguiente: De lo antes expuesto, se advierte que resultan infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, ya que no obstante que el artículo octavo de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, establece estímulos fiscales en relación con la tarifa de mil setecientos pesos, fijada para el derecho de control vehicular, por el cual el contribuyente puede pagar, por el mismo servicio, diversas cantidades dependiendo del mes y modelo de vehículo; el legislador consideró el costo de mil ochocientos pesos, como contraprestación por el servicio de revalidación vehicular, cuota que es fija e igual para todos aquellos que lo soliciten, por lo que el precepto referido no viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, en materia de derechos, toda vez que si los pagos que realicen los usuarios en los meses de enero, febrero y marzo el contribuyente obtiene una disminución en su cobro, ello no implica que se pierda la naturaleza del derecho por servicio, ya que el estímulo no incide o repercute en alguno de los elementos esenciales de esa contribución. No obstante, la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, específicamente la fracción IX, numeral 7 de la Tarifa anexa, se establece como cobro único por el derecho de control vehicular por la cantidad de $1,800.00 (mil ochocientos pesos moneda nacional), de lo que se advierte que a todos aquellos gobernados que soliciten el servicio citado, se les aplica la misma tarifa contenida en el numeral 7 de referencia, lo que de manera efectiva se cumple con el principio de proporcionalidad y equidad tributaria de los derechos, en atención a que tratándose de esto últimos, los mencionados principios tributarios se miden en una forma distinta de los impuestos, porque en lo tocante a los derechos, no interesa la capacidad contributiva del sujeto pasivo del tributo, como sí ocurre tratándose de impuestos, de ahí que si a todos los contribuyentes de un derecho por servicio, que soliciten la misma actividad que presta el Estado, se le cobra la misma tarifa, de esa manera se respeta el principio de equidad tributaria. Por otra parte, en lo tocante a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria de los derechos por servicio, como ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la proporcionalidad de los derechos tiene una connotación diversa que la relativa a las demás contribuciones, ya que si bien en principio debe existir una relación entre el costo del servicio y el monto del derecho a pagar, lo cierto es que no siempre debe existir una correspondencia exacta de dichos elementos para sostener que el derecho es proporcional y justificar su incremento, ya que basta con que el costo sea el aproximado y no necesariamente el exacto, virtud a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la palabra "contraprestación" referida a los derechos por servicio, no debe ser entendida como en derecho privado, de manera tal que el precio corresponda exactamente al valor del servicio, porque es suficiente con que el costo se considere aproximado, en atención a que los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función de un interés general, que tiende a garantizar la seguridad pública, certeza de los derechos, educación superior, higiene en el trabajo, salud pública y la organización, más cuando el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial atendiendo exclusivamente a los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, de ahí que el pago correspondiente como contraprestación del servicio puede variar en cuanto al costo real que representó para el Estado la realización del servicio solicitado, porque, se reitera, que el Estado se organiza en función del interés general y secundariamente en el de los particulares. En ese contexto, si el legislador, en la ley de ingresos combatida consideró el costo de $1,800.00 (mil ochocientos pesos moneda nacional) como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de control vehicular y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio; entonces, se concluye que ello no resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria en materia de derechos, porque se insiste, el costo fijado por la prestación del servicio, no necesariamente debe corresponder de manera exacta con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio. Las anteriores consideraciones tienen apoyo por identidad de razón, en el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, al establecer, en jurisprudencia, que los derechos por servicios de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, el artículo decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil trece, reformado mediante decreto 1197/2013 x P.E., no viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, al establecer una cuota fija e igual para todos aquellos que los soliciten, jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: DERECHOS POR SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO. EL ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 1197/2013 X P.E., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 9 DE FEBRERO DE 2013, AL ESTABLECER UN ESTÍMULO FISCAL RESPECTO DE LA TARIFA RELATIVA ANEXA A DICHO ORDENAMIENTO, ESPECÍFICAMENTE EN SU APARTADO IV, NUMERALES 13 A 18, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. El precepto citado establece un estímulo fiscal en relación con la tarifa de quince mil pesos fijada para los derechos por las inscripciones relativas a la adquisición o actos traslativos de dominio de inmuebles, por el cual el contribuyente puede pagar, por el mismo servicio, el noventa, ochenta, sesenta o treinta por ciento de dicha cantidad. Ahora bien, si el legislador consideró el costo de quince mil pesos como contraprestación por los servicios indicados del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que los soliciten, el precepto referido no viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad en materia de derechos, toda vez que si con posterioridad el contribuyente obtiene una disminución en su cobro, en función del estímulo aplicado, ello no implica que se pierda la naturaleza del derecho por servicio, pues el estímulo no incide o repercute en alguno de los elementos esenciales de esa contribución, como son el sujeto, el objeto, la base y su tasa o tarifa, ya que no forma parte de la mecánica para su determinación. (Décima Época, Registro: 2006490, Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/4 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Página: 1611). En ese tenor, para la determinación de la cuota correspondiente por concepto de derechos, se toma en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que la cuota de referencia sea fija e igual para todos los que reciban servicio análogo, porque para cumplir con el principio constitucional de proporcionalidad, no debe interesar la capacidad económica del usuario, sino el costo que para el Estado representó esa prestación, por lo que, para cumplir con el principio de equidad, el cobro por los servicios prestados debe ser fijo y análogo para todos aquellos que reciben el mismo servicio, puesto que todas las personas que se encuentran en el supuesto, reciben del Estado el mismo servicio, como ya se ha visto, la cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, sin que obste que se aplique un estímulo fiscal para los contribuyentes que realizan su pago en los meses de enero, febrero y marzo, ya que ello no varía la naturaleza de monto de la contraprestación. En ese contexto, contrario a lo que argumenta el quejoso, con la fijación de la tarifa única de $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional) por derecho vehicular no se trasgreden los derechos de equidad y proporcionalidad tributaria, toda vez que, como ya se expuso, el cobro del derecho debe ser correspondiente con el servicio que presta el Estado e uniforme para todos los gobernados sin que deba justificarse exactamente el costo real que lo genera, sino un aproximado. Por ende, la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en la parte que aquí se reclama, no es violatoria de derechos fundamentales en perjuicio de *******, por ende, lo procedente es negarle el Amparo y la Protección de la Justicia Federal que solicitó al respecto. Por lo expuesto y fundado, se:Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *******, en relación con las autoridades responsables y actos reclamados precisados en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. Segundo. Se niega el ampro y protección de la Justicia Federal, al quejoso *******, contra los actos y autoridades precisados en el considerando octavo de esta sentencia.Notifíquese por lista.Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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