Felix González Alegría
Expediente 630/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/06/2017
Partes del expediente
- Felix González Alegría
Actuaciones
- Principal
Se declara firme el auto en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo. Archívese el presente como asunto concluido.
- Principal
3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado: el contenido íntegro de los proveídos de dos y cinco de junio de dos mil diecisiete, en donde se le negó la autorización de firmar cada quince días el libro de control de procesados y no se admitió la prueba consistente en ampliación de declaración en vía de interrogatorio. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 502 y 503, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas; concede el medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales las resoluciones pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. En la especie, el acto reclamado lo constituye el contenido íntegro de los proveídos de dos y cinco de junio de dos mil diecisiete, en donde se le negó la autorización de firmar cada quince días el libro de control de procesados y no se admitió la prueba consistente en ampliación de declaración en vía de interrogatorio, autos que puede ser combatidos por un medio de defensa ordinario. Luego, de conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para que la tutela de garantías individuales pueda acontecer el promovente debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. Por ello, este principio debe ser acatado cuando, como en el caso, se reclama el contenido íntegro de los proveídos de dos y cinco de junio de dos mil diecisiete, en donde se le negó la autorización de firmar cada quince días el libro de control de procesados y no se admitió la prueba consistente en ampliación de declaración en vía de interrogatorio. En tal virtud, como ya se indicó, se arriba a la consideración de que efectivamente, el juicio de amparo que ahora se intenta, es notoriamente improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque del análisis de la demanda, se llega al convencimiento de que previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover en su caso el recurso de apelación, porque así lo prevé el Código en cita, ya que es un acto dictado por una autoridad jurisdiccional respecto del que concede la ley el respectivo el medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; no obstante, el accionante de esta instancia constitucional, no agotó previamente el mismo, por lo que no se colmó el principio de definitividad que rige el procedimiento constitucional. Ello es así, tomando en cuenta que el Legislador Constituyente, estableció el principio de definitividad para el juicio de amparo, para limitar los juicios constitucionales, obligando al promovente al agotamiento previo de los recursos o medios de defensa antes de acudir al amparo, para dar a la autoridad responsable la oportunidad de enmendar a través de los recursos o medios de defensa que señala la ley, las violaciones en que pudo haber incurrido, pues el legislador al establecer el juicio de amparo, no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada.
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