Félix Armando Tort De León
Expediente 1230/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 72 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1230/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 72
- Última actuación
- 30/05/2022
Partes del expediente
- Félix Armando Tort De León
- Félix Armando Tort De León y Otros.
- Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje.- Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 72.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de mayo de dos mil veintidós. Promoción. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Ciudad de México, por medio del cual informa respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio. Acuerdo. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que el nueve de mayo del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio y se ordenó su archivo.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la sentencia de amparo, haciendo uso de ese derecho la parte quejosa; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: "De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje; y, Presidente y Actuarios adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas reclama la omisión de emplazar y notificar el escrito de demanda de fecha diecisiete de octubre de dos mil doce, y la ilegal dilación del procedimiento laboral J/O/1240/2012." Por sentencia emitida en este expediente el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo solicitado por el peticionario de amparo (fojas 23 a 26 de autos), para los efectos siguientes: "i) En el caso de no haberse realizado el emplazamiento en la fecha y hora señalada para la audiencia trifásica, fijará una nueva dentro del plazo de quince días, conforme a lo dispuesto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. ii) Asimismo, deberá de inmediato girar el exhorto respectivo a su homóloga con sede en la Ciudad de México, a fin de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada Edgar Ovando Hipólito, Gerente General de Servicios Especializados del Juego, S.A. de C.V. (EMOTION CASINO SUCURSAL TUXTLA), y/o Álvaro Galindo Representante Legal de Servicios Especializados del Juego, S.A. de C.V. y/o al Apoderado Legal de Servicios Especializados del Juego, S.A. de C.V. y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, haciendo uso no solo del correo ordinario, sino también de otros medios que tenga a su alcance (fax, correo electrónico, telégrafos); además realizar los requerimientos necesarios para que, con la celeridad debida, se lleve a cabo la diligencia ordenada." Atento a lo anterior, mediante oficio 0263 y 2451, de doce de enero y veinticinco de abril de dos mil veintidós (fojas 442 a 451 y 504 a 519), el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, informó en relación al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora, del análisis de las constancias anexas al primero de los oficios en comento, signado por el Presidente de la Junta responsable, se advierte que mediante exhorto 09/133/19 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en Cuernavaca, devuelto el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el Actuario adscrito a dicha Junta foránea, en razones actuariales de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, manifestó la imposibilidad de emplazar y notificar a juicio a Edgar Ovando Hipólito, Gerente General de Servicios Especializados del Juego, S.A. de C.V. (EMOTION CASINO SUCURSAL TUXTLA), y/o Álvaro Galindo Representante Legal de Servicios Especializados del Juego, S.A. de C.V. y/o al Apoderado Legal de Servicios Especializados del Juego, S.A. de C.V. y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, por las razones expuestas en dichas diligencias. Por otra parte, respecto al análisis de las diversas constancias remitidas por la autoridad responsable en el segundo de los oficios citados, se advierte que mediante auto de veinticinco de abril del presente año, la Junta responsable tuvo por recibido vía correo electrónico institucional el exhorto remitido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México el siete de diciembre de dos mil veintiuno. De las constancias que acompañaron al exhorto devuelto, se aprecia que mediante razón actuarial de veintidós de marzo de dos mil veintidós, el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Ciudad de México, manifestó la imposibilidad de notificar y emplazar a juicio a la parte demandada "Servicios Especializados del Juego S.A. de C.V. y/o Edgar Ovando Hipolito, gerente general de Servicios Especilizados del Juego, S.A. de C.V. (Emotion Casino, sucursal Tuxtla), y/o Álvaro Galindo, representante legal de Servicios Especializados del Juego S.A. de C.V. y/o apoderado legal de Sevicios Especializados del Juego S.A. de C.V. y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo", en virtud de no especificarse con precisión y resultar ambiguo el domicilio señalado para tal efecto. De igual forma, mediante diligencia de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el citado Actuario, se constituyó a un diverso domicilio para emplazar a la parte demandada, sin embargo, no pudo llevar a cabo su cometido por las razones expuestas en dicha diligencia. Situaciones por las cuales, el Auxiliar Jurídico de Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraproceales, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, devolvió sin diligenciar a la Junta responsable, el exhorto de mérito. Por su parte, el actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en razón actuarial de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, expresó la imposibilidad de emplazar y notificar a juicio al demandado físico Edgar Ovando Hipólito, en el domicilio proporcionado para tal situación, por las razones expuestas en dicha razón. En consecuencia, la Junta responsable mediante autos de doce de enero y veinticinco de abril del presente año, ordenó dar vista a la parte actora para que manifestará lo que a su interés conviniera; teniéndose entonces, la imposibilidad de emplazar a juicio a los citados demandados por causas no atribuibles a la Junta responsable Bajo esa línea de estimación, se concluye la imposibilidad jurídica que la Junta responsable, tiene para cumplir con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, y por tanto, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento del fallo protector por imposibilidad legal. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis P. XCV/97, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA SU CUMPLIMIENTO. SÓLO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO ES PROCEDENTE PARA OBTENERLO Y NO LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XVI, CONSTITUCIONAL. De la exposición de motivos de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el siete de enero de mil novecientos ochenta, que trajeron como consecuencia la posibilidad del cumplimiento sustituto de las sentencias protectoras, se advierte que la razón para introducir el incidente de daños y perjuicios en el cumplimiento de sentencias de amparo fue la existencia de múltiples ejecutorias del Poder Judicial de la Federación que no habían podido ser cumplidas por diversas causas, dentro de las que destacan la imposibilidad material o jurídica; por consiguiente, para que no permanecieran incumplidas se otorgó al quejoso la posibilidad de solicitar el cambio de la obligación de hacer de la autoridad, por la obligación de dar. Esta razón se reitera en la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Amparo, publicada el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se menciona que cuando el interesado solicite el pago de daños y perjuicios para dar por cumplida una sentencia de amparo cuya ejecución no se ha logrado, el Juez de Distrito señalará el monto de los mismos. Por tanto, si el legislador hubiere pretendido que, en todo caso, se aplicaran las sanciones constitucionales a las autoridades responsables que no obedecieren las sentencias de amparo, sin importar si el cumplimiento era posible material o jurídicamente, así lo habría prescrito en el procedimiento de que se trata, pero sucede lo contrario, es decir, que consciente el legislador de la realidad, introdujo la figura del cumplimiento sustituto y, más aún, al reformarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción XVI, facultó al alto tribunal para obtener el cumplimiento a través de los daños y perjuicios, de oficio, cuando lo considerara conveniente, extremo este que si bien aún no entra en vigor, sí permite inferir la necesidad de que las autoridades puedan demostrar si les es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, dado que si los obstáculos resultan insuperables, no deben aplicarse las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, sino que el quejoso debe optar por el cumplimiento sustituto o la reserva del asunto hasta en tanto cambie la situación jurídica del mismo, o entren en vigor las reformas del multimencionado artículo 107, fracción XVI, constitucional, pues pretender que se constriña a la autoridad a cumplir con la sentencia, en sus términos, cuando existe imposibilidad material o jurídica para ello, u ordenar la separación de su cargo y su consignación, significaría desatender la finalidad primordial perseguida por el legislador al instaurar el procedimiento en comento, que es la de evitar la desobediencia de las ejecutorias, y no se evita ordenando la separación del cargo de una autoridad y su consignación, cuando existe imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento". emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 165, del tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta De igual manera, la tesis P. XCIV/97, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto". Sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 167, del tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo y como se expuso, la imposibilidad jurídica para el cabal cumplimiento de esta; por consiguiente, se decreta la imposibilidad jurídica para tener por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Respecto a las manifestaciones formuladas por el quejoso, en el sentido de que no debe tenerse por cumplida la ejecutoria de amparo en virtud que no ha sido posible llevar a cabo el emplazamiento por causas atribuibles a la autoridad responsable y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Sin embargo, contrario a tales argumentos, los efectos de la concesión del amparo, se itera, fueron para los precisados en párrafos precedentes, es decir, para que la Junta responsable, girara el exhorto respectivo por los medios que tuviera a su alcance y la autoridad exhortada llevara a cabo las diligencias encomendadas, situaciones que se advierte si acontecieron como se puede observar en las actuaciones anteriormente descritas. De igual forma, respecto a sus demás manifestaciones, las mismas resultan inatendibles, puesto que pretende combatir aspectos que no fueron materia de la concesión del presente juicio de amparo; asimismo, las gestiones relativas a los nuevos domicilios para el emplazamiento, deberá realizarlas ante la Junta conocedora de su asunto, para que sea esta quien se pronuncie al respecto. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional; además, no tiene relevancia documental para su conservación. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Asimismo, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario José Luis Castro Coutiño, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe.Emmanuel
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Recepción. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa Félix Armando Tort de León, por medio del cual realiza manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia dictada en el presente juicio. Acuerdo. Atento a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración al dictar la resolución que en derecho corresponda. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Promoción. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por medio del cual informa el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con el contenido de este proveído a través de copia autorizada y con copia simple de la resolución dictada que les sean entregadas por conducto del Actuario adscrito, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación de este auto, manifiesten lo que a su interés convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente. Encomienda. Se encomienda al actuario encargado de la diligencia, que asiente en su acta de notificación el hecho de hacer entrega de las citadas copias y el presente auto. Notifíquese en términos de ley.
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