Felix Felipe Martínez Escobar

Expediente 1028/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1028/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Felix Felipe Martínez Escobar

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Recepción de oficio Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, mediante el cual comunica el proveído emitido el diecinueve de octubre dos mil veintiuno, dictado en el juicio de Amparo Indirecto 44/2021, de su índice, del que se advierte que se determinó que carece de competencia legal para conocer de dicho juicio. En se orden, acúsese recibo a la autoridad declinante Radicación del asunto Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 1028/2021 y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Se avoca al conocimiento Ahora, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgado de distrito se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, se ordena hacer del conocimiento a las partes lo anterior, para los efectos legales conducentes. Ahora, de la demanda de amparo promovida por Félix Felipe Martínez Escobar, por propio derecho, Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Previo a estudiar la causal de improcedencia que se actualiza, es importante establecer lo siguiente: Del escrito de demanda, tenemos que el promovente de amparo refiere que se duele de la desposesión de las tierras que aduce ser de su propiedad, por lo que es evidente que es un conflicto individuales entre ejidatarios, cuya finalidad es establecer a quien le corresponde el derecho de uso, aprovechamiento y usufructo respecto de la parcela 661 Z-5 P1/1 en Acambay, Estado de México -que aduce ser de su propiedad-, por tanto dicho conflicto no afecta los derechos y régimen jurídico del núcleo de población ejidal al que pertenecen. Como resultado de lo anterior, tenemos que para el presente caso no es aplicable el plazo de siete años previsto en el artículo 17, fracción III, de la Ley de Amparo, sino el genérico de quince días a que se refiere el primer párrafo del mismo precepto, ya que los actos reclamados no se ubica en el supuesto de excepción contenido en la citada fracción. Establecido lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de la referida ley de la materia, ya que los actos reclamados por el solicitante de amparo se encuentran consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor del acto tildado de inconstitucional. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En ese contexto, se reitera que los actos que se reclaman por esta vía constitucional se encuentran consentidos, pues el quejoso reclama en esencia la desposesión de la parcela 661 Z-5 P1/1 en Acambay, Estado de México -que aduce ser de su propiedad-; sin embargo, de una lectura integral de la demanda se evidencia que bajo protesta de decir verdad, el quejoso manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticinco de abril de dos mil veintiuno, ya que se presentó en sus tierras y se percató que estaban ocupadas. Manifestación que debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, resulta indiscutible que la parte quejosa no promovió demanda de amparo dentro del plazo de quince días, con el que contaba conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, si el presente juicio de amparo se promovió el quince de octubre de la presente anualidad, tal y como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Segundo Circuito con residencia en Toluca, tenemos que transcurrió en exceso el término de quince días a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de Amparo, pues es innegable que entre ambas fechas, es decir la de presentación de demanda (quince de octubre del año que trascurre) y la de cuando el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados (veinticinco de abril de dos mil veintiuno), transcurrieron más de quince días para la presentación de la demanda del juicio de garantías. En consecuencia, el plazo para combatir los actos que por esta vía reclama, transcurrió en exceso, en virtud que el término con el que contaba el quejoso para promover la demanda de amparo fue del -veintiséis de abril al diecisiete de mayo del año en curso-, sin contar los días inhábiles. Máxime que, los actos de los que se duele el promovente no se encuentran ubicados en ninguna de las hipótesis establecidas como excepción al termino general de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal, sino particulares como ya estableció con antelación. Por lo anteriormente expuesto, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la demanda se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio; por esa causa, se determina desechar de plano la demanda de amparo por extemporánea. Domicilio procesal Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda, en virtud que sé que encuentra fuera de la residencia de este juzgado, el domicilio físico que señala. No obstante a lo anterior, toda vez que la parte quejosa, indica que tiene registrada su firma electrónica y manifiesta que su usuario es "LIC.MORENO77", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; atento a lo anterior, y una vez corroborado el usuario en comento, con fundamento en los artículo 77 y 78 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, este Juzgador, autoriza los permisos correspondientes, a efecto de que pueda ser consultado el expediente electrónico, e instruye a los Actuarios adscritos a que realicen las notificaciones que surjan del presente expediente, aun las de carácter personal, vía electrónica. Personas autorizadas Con relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando cuenten con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Designación de correo y teléfonos Asimismo, se toma conocimiento del teléfono proporcionado por la parte quejosa, el cual se establecerá como dato de contacto cuando este órgano jurisdiccional lo estime pertinente. Se habilitan días inhábiles Con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los numerales 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Digitalización En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa.

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