Felipe Vega Becerril
Expediente 589/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/09/2021
Partes del expediente
- Miroslava Carrillo Martínez, Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
- Felipe Vega Becerril
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Se agrega oficio Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se agrega el oficio 15751/2021 del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual informa que por auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, aceptó la competencia planteada y fue registrada con juicio de amparo 754/2021-III; circunstancia de la que se toma nota para los efectos legales conducentes. Archivo del expediente Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído dictado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de julio de dos mil veintiuno. Recepción de demanda Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Felipe Vega Becerril, Daniela Monroy de Jesús e Isaac Nava Lugo, por propio derecho contra el acto y autoridad responsable que enseguida se precisan: Acto reclamado La resolución dictada el dos de junio de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión número R.R.-PAR/29/19. Autoridad responsable 1. Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Radicación del asunto Se registra este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 589/2021-I y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Incompetencia Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declara carecer de competencia legal para resolver el presente asunto, en atención a las consideraciones siguientes. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; y d) competencia auxiliar, entre otras. De la clasificación anterior que define la competencia en materia de amparo de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la interpretación de dicho precepto se advierte que un Juez de Distrito es competente para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: a) Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado tenga ejecución en varios circuitos. c) Si no requiere ejecución el acto reclamado, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se aprecia que las reglas de competencia previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo atienden a la naturaleza de los actos reclamados, lo que es determinante para saber cuál de las tres reglas de competencia se actualiza. Por ejemplo, en la primera regla identificada mediante el inciso a), se atiende a actos de naturaleza positiva porque implica actividad de la autoridad responsable, sólo que atiende a diferentes momentos procesales, pues previene que si el acto reclamado ya fue ejecutado, se está ejecutando o se trata de una ejecución inminente, será competente el juez de Distrito del lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado. En la segunda hipótesis, señalada con el inciso b), también se trata de actos de naturaleza positiva, pero aquéllos son de tracto sucesivo en tanto que se prolongan en el espacio y en el tiempo, de tal suerte que la ejecución de los actos pueden tener lugar en uno o varios circuitos, por lo que en este caso, cuando la ejecución del acto reclamado se inicie en determinado lugar y se siga ejecutando en otro diferente, es competente cualquiera de los jueces de Distrito en cuya circunscripción territorial se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, ante el que se presente la demanda. El tercero de los aludidos supuestos, mencionado con inciso c), comprende aquellos actos que sean meramente declarativos o que no requieran de ejecución material, caso en el cual será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda, se advierte que los promoventes del amparo reclaman la resolución de dos de junio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión RR-PAR/29/2017, por la que se modificó la resolución de cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el procedimiento administrativo resarcitorio OSFEM/UAJ/PAR-IM/342/17, respecto del concepto de responsabilidad administrativa resarcitoria, quedando en definitiva en la cantidad de doscientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y cuatro mil pesos 01/100 moneda nacional. Cantidad que una vez que quede firme se constituirá en un crédito fiscal, cuya cantidad debería ser reintegrada en el área que corresponda de la Tesorería del Ayuntamiento de Jilotepec, Estado México. En ese tenor, aun cuando la parte quejosa no señaló como autoridad responsable a dicha Tesorería, lo cierto es que el acto reclamado, en todo caso, tiene principios de ejecución en Jilotepec, Estado México, lugar donde los aquí quejosos deberán reintegrar la cantidad que les fue fincada en la resolución de dos de junio de dos mil veintiuno. Entonces, de conformidad con las premisas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, por regla general, para conocer de un juicio de amparo será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita enseguida: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, conforme a la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo y de conformidad con el acuerdo 28/2016, que confirma, adiciona y deroga el similar 03/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Máxime, que el acto reclamado derivada del cumplimiento a la sentencia emitida veintiocho de mayo de veintiuno en el juicio de amparo 170/2021-I, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Asimismo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto 11/2018, en el cual el acto reclamado consistió en un recurso de revisión interpuesto contra una diversa resolución que fincó responsabilidad resarcitoria a diversos servidores públicos del Municipio de Atlautla, respecto del cual determinó que la competencia se surtía a favor del Juzgado de Distrito, con residencia en el Municipio de Nezahualcóyotl, cuyas consideraciones torales fueron: ".Inconformes con la anterior determinación, .., interpusieron recurso de revisión en contra del fallo indicado en el inciso que precede, radicándose con el expediente RR-PAR/77/2016 y sus acumulados RR-PAR/78/2016 y RR-PAR/79/2016, en el que se resolvió confirmar la responsabilidad administrativa fincada en contra de la quejosa, y modificar la cantidad resarcitoria para quedar en $3´450,501.98 (tres millones cuatrocientos cincuenta mil quinientos un pesos con noventa y ocho centavos en moneda nacional). Establecido lo anterior, es posible afirmar que la resolución que constituye el acto reclamado, aun cuando es de naturaleza declarativa, le confiere a la autoridad fiscalizadora la facultad de ejecutar la responsabilidad resarcitoria en contra de la quejosa por aquella cantidad, con motivo de su actuación irregular en el Municipio de Atlautla, México. En efecto, la resolución reclamada implica un principio de ejecución, puesto que no obstante se modificó la responsabilidad resarcitoria, lo cierto es que en el resolutivo segundo, la autoridad responsable determinó lo siguiente: 'Con fundamento en los artículos 68 y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, en términos de su numeral 7, anterior a las reformas emitidas mediante Decreto número 207, publicado en el Periódico Oficial 'Gaceta de Gobierno' del Estado Libre y Soberano de México, el día 30 de mayo de 2017, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio párrafo primero de dicho decreto; dicho monto, tiene el carácter de crédito fiscal, el cual deberá resarcirse ante la Tesorería Municipal de Atlautla México, en términos del resolutivo TERCERO de la determinación recurrida, en el plazo establecido en el artículo 29 párrafo cuarto del Código Financiero del Estado de México y Municipios, debiendo remitir la constancia respectiva a este Órgano Superior de Fiscalización, que acredite que así lo ha hecho; caso contrario se hará efectivo mediante procedimiento administrativo de ejecución'. La anterior transcripción, permite afirmar que la autoridad responsable resolvió que la cantidad de $3´450,501.98 (tres millones cuatrocientos cincuenta mil quinientos un pesos con noventa y ocho centavos en moneda nacional), establecida como responsabilidad a cargo de la quejosa y otras personas, tiene el carácter de crédito fiscal, que deberá resarcirse ante la Tesorería Municipal de Atlautla, México, lo cual es acorde con lo establecido en el artículo 68, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios abrogada -en atención a la fecha de inicio del procedimiento administrativo resarcitorio-, que dispone que las sanciones económicas que se impongan, constituirán créditos fiscales del Erario Estatal o Municipal. Esto es, el acto reclamado intrínsecamente genera y posibilita la ejecución de la determinación asumida por el Órgano Superior de Fiscalización del Poder Legislativo del Estado de México, en el Municipio de Atlautla; presupuesto que implica que la competencia territorial debe definirse en atención a la regla que establece que si el acto reclamado tendrá ejecución en un lugar, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en aquel - lugar -. -- JUEZ DE DISTRITO COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA. Definido el tema relacionado con la naturaleza del acto reclamado, corresponde determinar el lugar en el que se llevará a cabo la ejecución respectiva. En ese contexto, es pertinente establecer que las irregularidades detectadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Poder Legislativo del Estado de México, se refieren a la actuación del Presidente, Tesorero, Síndico y Director de Obras Públicas, todos del Municipio de Atlautla, Estado de México, por lo que en estricto sentido, la responsabilidad resarcitoria deberá ejecutarse en ese lugar, sin perjuicio, de que durante la etapa ejecutiva, se puedan involucrar diversos lugares para lograr una ejecución efectiva. Por lo tanto, si conforme al punto cuarto, fracción II, tercer párrafo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, ejercen jurisdicción, entre otros Municipios, en el de Atlautla; se llega a la conclusión de que la Titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado y residencia indicados, es competente por razón de territorio, para conocer de la demanda promovida por María del Carmen Carreño García. Sin que obste a la anterior determinación, el argumento propuesto por la Jueza Novena de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en el sentido de que no se tiene la certeza de que se negará el amparo, pues ello constituye un elemento ajeno a las reglas establecidas por el legislador para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito y, por ende, es un elemento irrelevante para determinar la competencia por territorio.". En mérito de lo expuesto, mediante oficio, se ordena remitir al citado Juez de Distrito los autos originales del presente juicio de amparo 589/2021-I, para que dentro del plazo legal a que se contrae el artículo 48 de la Ley de Amparo, manifieste si acepta o no la competencia planteada por este Juzgado Federal. Cuaderno de antecedentes y anotaciones en SISE Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Representante común Ahora, con fundamento en el primer párrafo del artículo 13 de la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa se tiene como representante común a Felipe Vega Becerril. Se habilitan días inhábiles Con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los numerales 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio y autorizados Con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en su demanda de amparo. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Con relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando cuenten con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. Transparencia Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese.
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