Felix Antonio Mendoza Mondragón

Expediente 1103/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1103/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
26/09/2018

Partes del expediente

  • Felix Antonio Mendoza Mondragón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ii)Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, a través de la cual se sobreseyó el presente juicio, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Háganse, las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: El presente juicio es susceptible de depuración, porque se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa en proveído de diecinueve de julio de la presente anualidad (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre los acuses de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    ii)VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1103/2018-II, promovido por Félix Antonio Mendoza Mondragón, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Radicación de la demanda. Mediante escrito de demanda presentado el diecinueve de julio de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México (fojas 2 a 6), Félix Antonio Mendoza Mondragón, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y otras autoridades, por el acto reclamado consistente en la orden de traslado a diverso penal, celda o dormitorio y su ejecución. SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados. Los quejosos estimaron violados en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. El conocimiento de la demanda de amparo correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; por auto de diecinueve de julio de dos mil dieciocho (fojas 7 a 10), se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió los informes justificados de las autoridades responsables; de igual forma, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. CUARTO. Inexistencia de autoridad. Toda vez que en proveído de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho (foja 29 y 30), se dejó de tener con el carácter de responsable a la autoridad denominada por la parte quejosa como "Subdirector Operativo dependiente de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México", no se hará pronunciamiento respecto de ella en la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado es atribuido a autoridades con residencia en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la orden de traslado a diverso penal, celda o dormitorio y su ejecución. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, número de registro 181810, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. Ahora bien, las autoridades responsables: * Director Técnico Legal en suplencia del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México (foja 32). * Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, con sede en Almoloya de Juárez (foja 22). * Jefe de Vigilancia del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, con sede en Almoloya de Juárez (foja 24). Al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados por el quejoso Félix Antonio Mendoza Mondragón, relativo a la orden de traslado a diverso penal, celda o dormitorio y su ejecución. Por tal motivo, si el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación del quejoso de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a la autoridad en cita corresponde al solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1103/2018-II, promovido por Félix Antonio Mendoza Mondragón, por los actos, contra las autoridades y por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  3. Principal

    II) Toluca, Estado de México; nueve de agosto de dos mil dieciocho. El estado procesal evidencia que mediante proveído de tres de agosto pasado, se comisionó al actuario judicial a efecto de que notificara personalmente al quejoso en el lugar su reclusión dicho auto, así como la determinación reservada en el presente juicio de amparo (auto de veinticuatro de julio pasado). Sin embargo, de la constancia de notificación, practicada el seis de agosto pasado, se advierte que el actuario judicial únicamente notificó al quejoso el proveído de tres del mes y año en curso, no así la restante ordenada en dicho proveído. Por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se comisiona al actuario judicial a efecto de que realice la notificación relativa al proveído de veinticuatro de julio pasado. En otro orden de ideas y visto el estado procesal que guardan los presentes autos evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para el diez horas con cincuenta minutos del diecisiete de agosto de del año en curso, tal como se determinó mediante proveído de diecinueve de julio pasado, (fojas 7 a 10); sin embargo, a la fecha en que se encuentra prevista transcurre el plazo de ocho días a que hace referencia el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el quejoso se imponga de las actuaciones que conforman el presente juicio. Consecuentemente, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la ley de la materia, se difiere anticipadamente la audiencia de ley y se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho para su celebración. Notifíquese y personalmente al quejoso y cúmplase.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de agosto de dos mil dieciocho. Para conocimiento de las partes y manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con el oficio suscrito por el Director Técnico Legal en ausencia y suplencia del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, a través del cual rinde informe justificado. Con los informes de mérito hágase nueva relación en la audiencia constitucional. Ahora, toda vez que se reservó la notificación al quejoso respecto del proveído de veinticuatro de julio del año en curso, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se comisiona al actuario judicial a efecto de que realice la notificación reservada en autos, en el lugar de reclusión del quejoso. Notifíquese y personalmente al quejoso y cúmplase.

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