Félix Alberto Linares González
Expediente 549/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/05/2018
Partes del expediente
- Félix Alberto Linares González
Actuaciones
- Principal
I) Toluca, Estado de México; veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto dictado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal. Por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del citado Acuerdo General. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
I Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde su informe justificado y remite copias certificadas de diversas constancias del expediente laboral 823/2009, con las que pretende acreditar la legalidad de su acto. Atento a lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de mérito y agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser tomado en consideración al momento de resolver el juicio en que se actúa. Visto el estado procesal que guardan los autos en que se actúa, se advierte de la demanda de amparo y del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado es el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, emitido en los autos expediente laboral 823/2009, del sumario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el que se le impuso al quejoso una multa de veinticinco días de salario base que percibe como servidor público municipal al no haber dado cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen, por lo que provee lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. Este órgano de control constitucional advierte que en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, consistente en haberse consentido tácitamente el acto reclamado, debido a que el juicio de amparo, no se promovió dentro de la oportunidad procesal prevista en el artículo 17 del invocado ordenamiento legal. Ello es así, pues el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Para poder determinar en qué supuestos se actualiza la causa prevista por dicho numeral, es necesario acudir al artículo 17 del mismo ordenamiento vigente, que precisa lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del contenido de los preceptos legales transcritos, se aprecia que, por regla general, el juicio de amparo debe ser promovido dentro del término de quince días. Ahora, para determinar la forma en que debe computarse dicho plazo, debe acudirse al artículo 18 del mismo ordenamiento, que dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El numeral transcrito previene tres hipótesis a partir de las cuales da inicio el término para la promoción del juicio. La primera de ellas, relativa a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. En el caso concreto se está en la primera hipótesis señalada, dado que el quejoso Félix Alberto Linares González, es parte en el juicio de origen y por tanto se le notificó la determinación reclamada en el presente asunto (auto de veintitrés de junio de dos mil diecisiete), por conducto de su abogada Claudia Montero García, como se advierte de la constancia de notificación de once de julio de dos mil diecisiete, la cual obra en legajo de copias certificadas del expediente laboral 823/2009, que la autoridad responsable remitió como complemento a su informe justificado. Así, en términos de lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se debe considerar la ley del acto para computar el plazo respectivo, de modo que si dicha notificación fue practicada de manera personal, surtió sus efectos el mismo día, como lo dispone el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, que prevé: "Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley; y II. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín o en los estrados de la Junta." En ese tenor, la notificación del acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, emitido en los autos expediente laboral 823/2009, surtió sus efectos ese mismo día, de modo que el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo para impugnar el acto reclamado, transcurrió del doce de julio al uno de agosto de dos mil diecisiete, previo descuento de los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de julio de ese año, en razón de que fueron inhábiles acorde con el numeral 19 del referido ordenamiento. Al respecto, ilustra el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, del mes de julio de 1999, visible a página 63, que se lee como sigue: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado." Por lo que, es incuestionable que al haberse presentado la demanda de amparo que dio origen a este juicio, hasta el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, ya ha transcurrido en exceso el plazo de quince días para incoar la acción constitucional, por tanto, su presentación deviene extemporánea. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esta vía dentro de los plazos que la ley señala." De igual forma, cobra aplicación la diversa tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, del mes de junio de 1992, Octava Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; procede sobreseer en el presente juicio constitucional con base en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia visible en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero, de la Octava Época, que a la letra refiere: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, las anotaciones respectivas realícense en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y comuníquese a las partes que se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional prevista a las once horas con cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I REMISIÓN DE OFICIO Y CONSTANCIAS. Se tiene por recibido el oficio 9856/2018, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual remite copia certificada del juicio de amparo indirecto 396/2018, promovido por Félix Alberto Linares González, contra actos de la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como quince juegos de copias simples correspondientes al escrito inicial de demanda y al escrito de desahogo, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en relación a la separación de autos del juicio ordenada en dichos autos, por lo que, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito como juicio de amparo indirecto 549/2018-I. Ahora bien, vistos los motivos expuestos en el proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo indirecto 396/2018, del cual se advierte que los actos impugnados en dicho sumario constitucional emanan de diversos procedimientos donde lo reclamado guarda autonomía en cada caso, por tanto, se determinó que cada acto deberá ser examinado de manera independiente y autónoma, por lo que, se decretó de oficio la separación de juicios. Atento a lo anterior y una vez realizado lo determinado en el auto de referencia, este juzgado se avocará al acto reclamado, consistente en el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 823/2009, índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el que se le impuso al ahora quejoso una multa de veinticinco días de salario base que percibe como servidor público municipal al no haber dado cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Félix Alberto Linares González, contra actos de la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, notifíquesele la radicación del presente asunto por medio de la lista que se fija en el local de este Juzgado de Distrito. APERTURA DEL INCIDENTE. No se ordena formar incidente de suspensión, pues la parte quejosa no solicitó dicha medida cautelar respecto al acto reclamado que con motivo de la separación de autos consistente en el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 823/2009. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las once horas con cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se les reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérasele a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisa de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y el diverso 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TERCERO INTERESADO. Se reserva ordenar la notificación de radicación del juicio a la parte tercera interesada, hasta en tanto obren las constancias relacionadas con los actos reclamados y de éstas se obtenga la identidad de las personas a quiénes, les recaiga tal carácter, en términos del artículo 5, fracción III, de la ley de la materia y, en su caso, la necesidad o no de llamarlo a juicio. NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable y parte tercera interesada, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Georgina Ordoñez Becerril y a Gumaro Negrete Mañon, por tener registradas sus patentes para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a Norma Guadalupe del Villar Malanco, se le tiene por autorizada en términos de la parte final del artículo en mención por no contar con registro en el Sistema de referencia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
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