Felix Amador Cisneros Gutierrez
Expediente 348/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 13/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Felix Amador Cisneros Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el quince de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintitrés de agosto al doce de septiembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en consecuencia de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistentes en copia certificada del toca de apelación 464/2017 de su índice y el proceso penal 468/1016 del índice del Juzgado Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, con las que se formaron los anexos I a lII; devuélvasele dichas documentales y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (foja 228), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna para desahogar dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil dieciocho (fojas 169 a 191), se concedió el amparo y protección a ***, para que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, dada las irregularidades advertidas en la resolución reclamada; en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, se otorga el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******, para el efecto de que la Sala responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia y se le requiera su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución dictada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en el toca penal número ********* de su índice; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva resolución que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que resuelva integralmente sobre los agravios formulados por el agraviado, en los términos precisados en esta sentencia. Se afirma lo anterior, en virtud de que es obligación de la responsable subsanar las deficiencias de carácter formal advertidas en esta sentencia, y no del juzgador de amparo, porque a éste no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su actuar estaría completando o integrando la resolución combatida, obligando con ello a la parte quejosa a defenderse, además de lo determinado por la autoridad responsable, de lo señalado por el juzgador constitucional; circunstancia que resulta contraria a la técnica del juicio de amparo, ya que éste no es una segunda o ulterior instancia en la cual se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional, por lo cual los Jueces de Distrito se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no derechos fundamentales." En acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho (fojas 207 a 209), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio ******************** de trece de julio de dos mil dieciocho (foja 216), la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, emitida en el toca de apelación ******************** de su índice (fojas 218 a 227), formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso y agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal de Puebla, contra el auto de libertad de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en la causa penal ********************del índice del juzgado penal citado. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1******************** y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, la Sala responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la resolución dictada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en el toca penal número ******************** de su índice (foja 218 vuelta). 2. El trece de julio de dos mil dieciocho, con la plenitud de jurisdicción que le fue concedida, emitió otra resolución en el mismo sentido que la reclamada, ya que nuevamente confirmó el auto de libertad apelado, pero al resolver atendió integralmente los agravios formulados por el peticionario de amparo; se afirma lo anterior en virtud de, en primer término, la Sala responsable destacó los argumentos contenidos en el recurso de apelación (fojas 221 y 222) y, en relación con ellos expresó lo siguiente: a) En relación con el argumento consistente en que el Juez Tercero de lo Penal de Puebla no valoró y, en su caso desestimó todos y cada uno de los medios de prueba ofrecidos por el aquí quejoso y que sirvieron, en su momento, como sustento para la emisión de la orden de aprehensión librada en contra de ********************en la que sí se acreditó el cuerpo del delito y su probable responsabilidad de ********************determinó que, contrario a lo afirmado por el disconforme, el juez de primera instancia sí se hizo cargo de todas las pruebas aportadas por ********************, esto es: la denuncia presentada por dicho quejoso; oficio ********************signado por el Notario Auxiliar número ******************** de los de la ciudad de Puebla, al que acompañó copia certificada del instrumento treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis; así como el dictamen contable y del informe rendido por el Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, respecto del proceso penal ******************** de su índice (foja 223 vuelta). b) En relación con que el Juez de primer grado, no tomó en consideración que al momento de la consumación del delito de fraude, veintinueve de enero de dos mil dieciséis, las aquí terceras interesadas y coindiciados sabían que la compraventa no podía realizarse porque dicho bien estaba asegurado desde el año dos mil diez, tan es así que promovieron diversos juicios de amparo con anterioridad, en contra del aseguramiento en cita, relacionado con la comisión de un delito de fraude, lo que se aprecia de los antecedentes registrales que obran en autos de la causa penal y con los registros de rechazo a la inscripción del inmueble en el Registro Público de la Propiedad; señaló que no asiste la razón al recurrente, aquí quejoso, ya que, con independencia que en esa fecha el inmueble materia de la enajenación contaba con una anotación marginal, lo que impidió el trámite de la inscripción de aviso preventivo y expedición de certificado de libertad de gravamen, pero ello no implica que el fraude específico se haya agotado, dado que no existe medio de prueba que justifique que en el momento de la celebración del citado acto jurídico, las indiciadas supieran que el bien inmueble se encontraba gravado y que lo hubiera ocultado al ofendido de manera deliberada con la finalidad de obtener un lucro indebido, pues no puede pasar por alto, no obstante haber existido la anotación marginal, la misma devino ilegal al no haber sido mandada por una potestad judicial, administrativa, laboral o ministerial, por lo que consideró que, contrario a las apreciaciones del apelante, en el sumario no existe evidencia alguna de que las implicadas tuvieran conocimiento de la existencia de dicho aseguramiento y por tanto que no tenían derecho a enajenar la propiedad del inmueble (fojas 225 vuelta y 226). c) En relación con el argumento consistente en que las indiciadas declararon ante notario que al momento de la compraventa, el inmueble se encontraba libre de gravamen cuando no era así, la Sala responsable señaló que no se justificó que las enajenantes al momento de comparecer ante el fedatario público y aseveraron que el inmueble se encontraba libre de gravamen, tuvieran noción de lo contrario; además, señaló que al devenir el gravamen de una acción arbitraria por parte de registrador público, la consecuencia es que las indiciadas no supieron de dicha limitación (foja 226 vuelta). d) Relativo al argumento consistente en que el actuar doloso de las aquí terceras interesadas, se aprecia porque promovieron el juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el once de mayo de dos mil dieciséis, donde se ostentaron como propietarias del mismo, cuando dicho bien ya se lo habían vendido al aquí quejoso desde el veintinueve de enero de dos mil dieciséis; al respecto, la autoridad responsable expresó que, aun que tal situación es parcialmente cierta, dado que la compraventa fue perfecta en su momento y únicamente faltaba consolidarse notarialmente, pero estableció que ello no ocasionó ningún perjuicio al peticionario de amparo, ya que ello no conlleva implícitamente el ánimo doloso de hacerse de un lucro indebido, sino más bien el ejercicio de la prerrogativa de defensa para combatir y anular el acto de autoridad ilegal consistente en la anotación marginal en el Registro público de la Propiedad que, en su tiempo impidió las inscripciones administrativas correspondiente y el acto solemne de traslado de dominio (foja 225). e) Finalmente, en relación con el agravio consistente en que dicho actuar doloso no se destruye con la concesión posterior del amparo, pues en el momento de la venta se encontraban impedidas para realizarla por el hecho de encontrarse anotado y registrado el "secuestro judicial" del inmueble, sin que sea obstáculo la legalidad o ilegalidad de ese "secuestro" ya que ello se determinó con posterioridad a la consumación del delito; el Tribunal de Alzada responsable determinó que, aun cuando la protección de amparo surgió meses después de haber celebrado la compraventa, ello obedeció a la ilegalidad del aseguramiento, aunado a que las supuestas agentes delictivas no obtuvieron un lucro indebido, máxime que en cumplimiento a tal sentencia de amparo, se gestionaron los trámites notariales respectivos que consolidaron la negociación comercial, por lo que no se generó perjuicio alguno al patrimonio del aquí quejoso, sino más bien un beneficio (fojas 226 vuelta y 227). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA FÉLIX AMADOR CISNEROS GUTIÉRREZ EL PROVEÍDO DE QUINCE DE AGOSTO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (foja 228), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna para desahogar dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil dieciocho (fojas 169 a 191), se concedió el amparo y protección a ***, para que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, dada las irregularidades advertidas en la resolución reclamada; en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, se otorga el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******, para el efecto de que la Sala responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia y se le requiera su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución dictada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en el toca penal número ********* de su índice; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva resolución que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que resuelva integralmente sobre los agravios formulados por el agraviado, en los términos precisados en esta sentencia. Se afirma lo anterior, en virtud de que es obligación de la responsable subsanar las deficiencias de carácter formal advertidas en esta sentencia, y no del juzgador de amparo, porque a éste no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su actuar estaría completando o integrando la resolución combatida, obligando con ello a la parte quejosa a defenderse, además de lo determinado por la autoridad responsable, de lo señalado por el juzgador constitucional; circunstancia que resulta contraria a la técnica del juicio de amparo, ya que éste no es una segunda o ulterior instancia en la cual se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional, por lo cual los Jueces de Distrito se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no derechos fundamentales." En acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho (fojas 207 a 209), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio ******************** de trece de julio de dos mil dieciocho (foja 216), la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, emitida en el toca de apelación ******************** de su índice (fojas 218 a 227), formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso y agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal de Puebla, contra el auto de libertad de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en la causa penal ********************del índice del juzgado penal citado. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1******************** y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, la Sala responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la resolución dictada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en el toca penal número ******************** de su índice (foja 218 vuelta). 2. El trece de julio de dos mil dieciocho, con la plenitud de jurisdicción que le fue concedida, emitió otra resolución en el mismo sentido que la reclamada, ya que nuevamente confirmó el auto de libertad apelado, pero al resolver atendió integralmente los agravios formulados por el peticionario de amparo; se afirma lo anterior en virtud de, en primer término, la Sala responsable destacó los argumentos contenidos en el recurso de apelación (fojas 221 y 222) y, en relación con ellos expresó lo siguiente: a) En relación con el argumento consistente en que el Juez Tercero de lo Penal de Puebla no valoró y, en su caso desestimó todos y cada uno de los medios de prueba ofrecidos por el aquí quejoso y que sirvieron, en su momento, como sustento para la emisión de la orden de aprehensión librada en contra de ********************en la que sí se acreditó el cuerpo del delito y su probable responsabilidad de ********************determinó que, contrario a lo afirmado por el disconforme, el juez de primera instancia sí se hizo cargo de todas las pruebas aportadas por ********************, esto es: la denuncia presentada por dicho quejoso; oficio ********************signado por el Notario Auxiliar número ******************** de los de la ciudad de Puebla, al que acompañó copia certificada del instrumento treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis; así como el dictamen contable y del informe rendido por el Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, respecto del proceso penal ******************** de su índice (foja 223 vuelta). b) En relación con que el Juez de primer grado, no tomó en consideración que al momento de la consumación del delito de fraude, veintinueve de enero de dos mil dieciséis, las aquí terceras interesadas y coindiciados sabían que la compraventa no podía realizarse porque dicho bien estaba asegurado desde el año dos mil diez, tan es así que promovieron diversos juicios de amparo con anterioridad, en contra del aseguramiento en cita, relacionado con la comisión de un delito de fraude, lo que se aprecia de los antecedentes registrales que obran en autos de la causa penal y con los registros de rechazo a la inscripción del inmueble en el Registro Público de la Propiedad; señaló que no asiste la razón al recurrente, aquí quejoso, ya que, con independencia que en esa fecha el inmueble materia de la enajenación contaba con una anotación marginal, lo que impidió el trámite de la inscripción de aviso preventivo y expedición de certificado de libertad de gravamen, pero ello no implica que el fraude específico se haya agotado, dado que no existe medio de prueba que justifique que en el momento de la celebración del citado acto jurídico, las indiciadas supieran que el bien inmueble se encontraba gravado y que lo hubiera ocultado al ofendido de manera deliberada con la finalidad de obtener un lucro indebido, pues no puede pasar por alto, no obstante haber existido la anotación marginal, la misma devino ilegal al no haber sido mandada por una potestad judicial, administrativa, laboral o ministerial, por lo que consideró que, contrario a las apreciaciones del apelante, en el sumario no existe evidencia alguna de que las implicadas tuvieran conocimiento de la existencia de dicho aseguramiento y por tanto que no tenían derecho a enajenar la propiedad del inmueble (fojas 225 vuelta y 226). c) En relación con el argumento consistente en que las indiciadas declararon ante notario que al momento de la compraventa, el inmueble se encontraba libre de gravamen cuando no era así, la Sala responsable señaló que no se justificó que las enajenantes al momento de comparecer ante el fedatario público y aseveraron que el inmueble se encontraba libre de gravamen, tuvieran noción de lo contrario; además, señaló que al devenir el gravamen de una acción arbitraria por parte de registrador público, la consecuencia es que las indiciadas no supieron de dicha limitación (foja 226 vuelta). d) Relativo al argumento consistente en que el actuar doloso de las aquí terceras interesadas, se aprecia porque promovieron el juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el once de mayo de dos mil dieciséis, donde se ostentaron como propietarias del mismo, cuando dicho bien ya se lo habían vendido al aquí quejoso desde el veintinueve de enero de dos mil dieciséis; al respecto, la autoridad responsable expresó que, aun que tal situación es parcialmente cierta, dado que la compraventa fue perfecta en su momento y únicamente faltaba consolidarse notarialmente, pero estableció que ello no ocasionó ningún perjuicio al peticionario de amparo, ya que ello no conlleva implícitamente el ánimo doloso de hacerse de un lucro indebido, sino más bien el ejercicio de la prerrogativa de defensa para combatir y anular el acto de autoridad ilegal consistente en la anotación marginal en el Registro público de la Propiedad que, en su tiempo impidió las inscripciones administrativas correspondiente y el acto solemne de traslado de dominio (foja 225). e) Finalmente, en relación con el agravio consistente en que dicho actuar doloso no se destruye con la concesión posterior del amparo, pues en el momento de la venta se encontraban impedidas para realizarla por el hecho de encontrarse anotado y registrado el "secuestro judicial" del inmueble, sin que sea obstáculo la legalidad o ilegalidad de ese "secuestro" ya que ello se determinó con posterioridad a la consumación del delito; el Tribunal de Alzada responsable determinó que, aun cuando la protección de amparo surgió meses después de haber celebrado la compraventa, ello obedeció a la ilegalidad del aseguramiento, aunado a que las supuestas agentes delictivas no obtuvieron un lucro indebido, máxime que en cumplimiento a tal sentencia de amparo, se gestionaron los trámites notariales respectivos que consolidaron la negociación comercial, por lo que no se generó perjuicio alguno al patrimonio del aquí quejoso, sino más bien un beneficio (fojas 226 vuelta y 227). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber cumplido la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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