FELIX ALEJANDRA CARRERA AMARO y Otros.

Expediente 290/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
290/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
26/06/2017

Partes del expediente

  • Juan Jimenez Pantoja
  • JUAN JIMENEZ PANTOJA y Otros.
  • FELIX ALEJANDRA CARRERA AMARO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de siete de junio de dos mil diecisiete, que por una parte, desecho la demanda de amparo, y por otra, la tuvo por no presentada, sin que hasta el momento las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito HA QUEDADO FIRME. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en razón de que por una parte, se sobreseyó en el presente juicio y por otra se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no obran documentos originales y no es de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE, transcurridos cinco años a partir de esta fecha de conformidad con la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Así mismo, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la copia para conocimiento del oficio signado por el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, de la cual se advierte que, hizo del conocimiento del Supervisor de Atención y Determinación Inmediata de la Delegación Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República, el acuerdo de siete de junio de dos mil diecisiete para que se inicie el expediente correspondiente, de lo que queda enterada la suscrita para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil diecisiete Agréguese a los autos el oficio recibido del Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente con residencia en Tecamachalco, Puebla, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, remite el auto de no vinculación a proceso de diecisiete de marzo del mismo año dictado a favor del quejoso Juan Jiménez Pantoja o José Juan Jiménez Pantoja, en la causa penal 33/2017/TECAMACHALCO; en consecuencia, se provee: Primeramente, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el citado quejoso reclama en este juicio: La detención que sufrió el nueve de marzo de dos mil diecisiete, Respecto a dicho acto reclamado por Juan Jiménez Pantoja o José Juan Jiménez Pantoja, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto del citado quejoso, pues en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así las cosas, para explicar la actualización de dicha casual de improcedencia, según lo narrado por la parte quejosa en la demanda de amparo y, las constancias deducidas de la causa penal 33/2017/TECAMACHALCO, de la que se advierte: 1. El nueve de marzo de dos mil diecisiete, el aquí quejoso fue detenido, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por hechos posiblemente constitutivos de delito. 2. El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, el Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Juan Jiménez Pantoja o José Juan Jiménez Pantoja. Por ende, es claro que en el caso particular cesaron los efectos de la detención reclamada se han destruido todos los efectos de los actos reclamados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si la omisión reclamada no hubiera vulnerado la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, ya que por acuerdo de trece de marzo de dos mil diecisiete (fojas 24 a 26), se reservó proveer lo conducente, respecto lo asentada por el actuario judicial de la adscripción en la diligencia de once de marzo de dos mil diecisiete (visible a fojas 17 y 18), en el sentido de que el quejoso contaba con un golpe en el ojo derecho y en la nariz, que le fueron propinados al momento de su detención; al efecto se provee: Dado que es obligación del Estado Mexicano de proteger los Derechos Humanos de las Personas, de acuerdo con el texto actual establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, se deberá proceder a la investigación correspondiente. En efecto, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". Mientras que la referida Convención en su artículo 5, establece: "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (.)". De tales numerales y por lo que al tema se refiere, emerge el derecho fundamental del ser humano consistente en la protección de su integridad física, psíquica o moral, al considerar que nadie debe sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes ni tortura. De ahí que, la autoridad debe garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, dentro del ámbito de su jurisdicción, el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente, procediendo debidamente y de inmediato a realizar una investigación acorde con los deseos de la presunta víctima de tortura, en cualquier momento en que lo alegue; por lo que si el juez natural ya lo hizo no es necesario hace alguna concesión o pronunciamiento al respecto. Es aplicable al respecto la tesis número P. XXI/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla.". De igual forma, es aplicable la tesis P. XXII/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito.". Por tanto, dese vista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción para que proceda conforme a sus facultades. Tal como lo sostiene la jurisprudencia 1a./J. 10/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE. Si los gobernados, constitucional y convencionalmente tienen el derecho fundamental a que el Estado investigue las violaciones a sus derechos humanos, en específico, el derecho a no ser objeto de tortura, la autoridad judicial, como parte integral del Estado Mexicano, ante la denuncia de que un gobernado ha sido víctima de aquélla, tiene la obligación de investigarla; lo que se constituye en una formalidad esencial del procedimiento, al incidir sobre las efectivas posibilidades de defensa de los gobernados previo al correspondiente acto de autoridad privativo de sus derechos. Ello, porque al ser la tortura una violación a los derechos humanos de la que pueden obtenerse datos o elementos de prueba que con posterioridad se utilicen para sustentar una imputación de carácter penal contra la presunta víctima de la tortura, se advierte una relación entre la violación a derechos humanos y el debido proceso; lo cual implica que, luego de realizarse la investigación necesaria para determinar si se actualizó o no la tortura, de obtenerse un resultado positivo, la autoridad que tenga a cargo resolver la situación jurídica de la víctima de violación a derechos humanos, estará obligada a realizar un estudio escrupuloso de los elementos en que se sustenta la imputación al tenor de los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas. Por tanto, soslayar una denuncia de tortura, sin realizar la investigación correspondiente, coloca en estado de indefensión a quien la alega, ya que la circunstancia de no verificar su dicho implica dejar de analizar una eventual ilicitud de las pruebas con las que se dictará la sentencia. Así, la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales dentro del proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso, en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar la sentencia." En otro sentido, el menor Eduardo Jiménez Carrera, mediante diligencia de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, manifestó textualmente: "No radctifico (sic) demanda" En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de marzo de dos mil diecisiete y, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 15 de la ley de Amparo se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de garantías y se dejan sin efectos las providencias dictadas

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio recibido vía correo electrónico de la Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente con residencia en Tehuacán, Puebla, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el dos de mayo de dos mil diecisiete, informa que tuvo a su disposición al quejoso ********************o ********************, dentro de la causa penal 90/2017/TEHUACAN y que el dieciséis de marzo de la presente anualidad fue dictado a su favor auto de no vinculación a proceso, decretándose su inmediata libertad. Por otro lado, manifiesta su imposibilidad para remitir copia de la citada situación jurídica, atento a que mediante auto de diez de abril de dos mil diecisiete, declinó su competencia para conocer de la causa penal de que se trata en favor del Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla. En tales condiciones, requiérase al Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la notificación del presente proveído: Remita copia certificada de la situación jurídica del quejoso ********************o ********************. Apercibidos que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y los artículos 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo.

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