Felipe Villapudúa Sarabia
Expediente 276/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Felipe Villapudúa Sarabia
- Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que por auto de veinticinco de febrero del año en curso, se tuvo por cumplido el fallo protector concedido en el presente juicio y que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes promoviera inconformidad, queda firme dicho auto, por lo que se ordena el archivo del presente expediente como asunto concluido. En consecuencia, en acatamiento al segundo párrafo del artículo undécimo del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, ni se exhibieron documentos originales; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia, en virtud de haberse concedido a la quejosa la protección constitucional, en términos de la fracción IV del precepto aludido.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el escrito presentado por el quejoso **********, por medio del cual se le tiene haciendo diversas manifestaciones respecto al auto de término constitucional dictado por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio y con relación a las mismas, se proveerá lo conducente una vez que transcurra el plazo concedido en auto de dieciocho de los corrientes. Por otra parte, por lo que hace a la notificación del auto de término constitucional que refiere, quedan a salvo sus derechos para hacer valer ante la autoridad responsable el recurso ordinario que proceda.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el telegrama expedido por la Juez Primera de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, por medio del cual informa que el diez de febrero del año en curso, dictó resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida en este juicio; asimismo manifiesta que las constancias correspondientes se enviarán a la brevedad posible vía paquetería; con lo que se le tiene en vías de cumplimiento al fallo protector emitido en el presente expediente.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veinte de noviembre de dos mil quince; consecuentemente y con fundamento en el artículo 2, de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia que ampara y protege a Felipe Villapudua Sarabia, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. En el entendido que la concesión del amparo fue para los efectos de que la autoridad responsable: "1° Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado, de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, emitido en contra de Felipe Villapudua Sarabia. 2° Con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del inculpado Felipe Villapudua Sarabia. 3° De considerar que se encuentra acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo haga debidamente fundado y motivado, siguiendo los lineamientos precisados en esta ejecutoria. 4° Con independencia del sentido del fallo que emita la responsable, deberá dar vista al ministerio público de su adscripción, con los hechos denunciados por el inculpado en su declaración preparatoria, atinentes a los hechos de tortura y/o malos tratos que dijo haber sufrido al momento en que se recibió su declaración ministerial, a efecto de que éste, inicie la investigación, autónoma e independiente, del delito de tortura, expresamente previsto en la legislación; con la correspondiente obligación del representante social, de promover todas las actividades inherentes a su función persecutoria; y, 5° Para el caso de emitir auto de formal prisión en contra del inculpado Felipe Villapudua Sarabia, en la misma resolución de plazo constitucional, ordenar el inicio de la investigación de la posible vulneración a derechos fundamentales, específicamente el genérico de integridad personal, en su vertiente -derecho fundamental específico- de no ser objeto de tortura ni de malos tratos, debiendo para ello, de oficio, ordenar la realización de los exámenes psicológicos, médicos y fotográficos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul, así como la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de esos hechos, a fin de que tengan efecto dentro del proceso y pueda valorarse al dictarse la sentencia definitiva, la existencia o no de esos actos denunciados. Para ello, deberá acudir a instituciones educativas, oficiales u otras a su alcance legal del país, a efecto de que se nombren los peritos correspondientes. En la inteligencia de que la juez responsable goza de libertad de jurisdicción para establecer las formalidades y lineamientos respecto del desahogo de las pruebas mencionadas, en términos de la legislación aplicable; preservando los derechos constitucionales y legales del procesado, respetando las prerrogativas fundamentales de defensa, no autoincriminación y de dignidad. De igual manera, en aras de preservar el derecho de defensa de los encausados y evitar que se conceda nuevamente el amparo por la misma causa, la juez estará en aptitud de recabar o de admitir otros medios de convicción relacionados con los hechos de tortura denunciados; es decir, los efectos del fallo protector no limitan a ordenar o recabar únicamente las pruebas periciales mencionadas en párrafos anteriores, sino que la juez estará en aptitud de ordenar la práctica de cualquier prueba conducente a garantizar el derecho humano de los quejosos por cuya violación se concede la protección constitucional." En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que reciban el oficio en el que se les solicita, den el debido cumplimiento a la ejecutoria de mérito y lo informen a este juzgado, para lo cual deberán anexar la documentación correspondiente; apercibidas que de no cumplir en el plazo antes señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal (área geográfica única para todos los municipios del país), a saber $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional), dando un total de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establece el artículo 258 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: "Articulo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas." [.] "En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación". [.] "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual no será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo." [.] Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo.
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