Felipe de Jesús Sánchez Medina
Expediente 495/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Felipe de Jesús Sánchez Medina
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 99 a 111), con fundamento en la fracción II del numeral 356 y el precepto 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la ley mencionada en primer término, se declara que dicha sentencia en la que la Justicia de la Unión Ampara y Protege al quejoso Felipe de Jesús Sánchez Medina, ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Cabe precisar que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: ? Celebre la audiencia de conciliación, demanda y excepciones señalada para el treinta de octubre de dos mil diecisiete. Determinación que se adopta porque la fecha señalada quedará dentro del término previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, cuando la sentencia del juicio cause ejecutoria. ? En caso de que la citada audiencia no se verifique en la fecha programada, por razones legalmente justificadas fije otra dentro de los plazos y términos establecidos en la legislación laboral descrita, a fin de que se celebre dicha audiencia." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, para que en la fecha señalada treinta de octubre de dos mil diecisiete, celebre la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y en caso de que la citada audiencia no se verifique en la fecha programada, por razones legalmente justificadas fije otra dentro de los plazos y términos establecidos en la legislación laboral descrita, a fin de que se celebre dicha audiencia, remitiendo para tal efecto copia certificada de las constancias respectivas; apercibida que de no cumplir dentro del plazo antes señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establece el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: "Articulo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas." [.] "En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación". [.] "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual no será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo." Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. Por último, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que en su carácter de superior jerárquico, le ordene a la responsable que dentro del plazo de tres días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro de dicho término y de no demostrar que le dio la citada orden, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $7,549.00 pesos (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis; haciéndole del conocimiento que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada se encuentra obligado a conminar a ésta a dar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el entendido que incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria dictada, en los mismos términos que su subalterno, lo anterior con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo. "Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo." En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 17678 y 17849.
- Principal
...SENTENCIA QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:........RESUELVE. PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE AL QUEJOSO DE MÉRITO................SEGUNDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO..........
- Principal
Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo enviados por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, el cual contiene informe justificado, remitiendo al efecto copia certificada del expediente laboral ********************; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por , en contra de actos de la Junta Especial número cuatro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 107, 108, 112, 113, 115 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. En tal virtud, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, con el número 495/2017-2. Suspensión La parte quejosa no pidió la suspensión del acto reclamado, en consecuencia no se abre el incidente respectivo. Informe Justificado Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable el que se debe rendir dentro del término de quince días siguientes, a la fecha en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia legible y certificada de todas las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; apercibida de que, en caso de ser omisa a lo anterior, se presumirá como cierto el acto que se le atribuye; asimismo, se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. En el entendido que se le envía copia simple de la demanda de amparo para tal efecto. Audiencia constitucional y apercibimiento Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. De igual manera con fundamento en el numeral 64 de la misma norma, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional federal y de ser posible, deben acompañar las constancias que lo acrediten, y se les apercibe de que en caso de no informarlo, se harán acreedores a una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), conforme lo establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. De igual forma se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Tercero interesado Sin que se tenga como terceros interesados a Proveedor de Alimentos y Restaurantero de Jalisco, Sociedad Anónima de Capital Variable, Corporación General de Servicios Profesionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, ambos con domicilio en esta ciudad y Palacio de los Números, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en la Ciudad de México, en virtud de que analizada que es la demanda de amparo y en concreto los antecedentes descritos por la parte quejosa, se advierte que dichas instituciones no han sido emplazadas al sumario de origen. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 67/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo XXIX, Mayo de 2009, visible en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 167160, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rodrigo Mejorada Menchaca y Ricardo García Chavez. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Ministerio Público- Por otra parte, dese al agente del ministerio público federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5 fracción IV de la ley reglamentaria. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental; lo anterior, cuando no sea posible practicarlas en días y horas hábiles. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mi quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. -Transparencia- En cumplimiento a los artículos 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen; hágase saber al quejoso, que hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia emitida podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, los que se suprimirán de la versión impresa o electrónica en que se difundan, en la medida en que no impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, no exime a este órgano jurisdiccional de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente juicio de amparo, incluyendo la presente determinación. Resulta orientador para este juzgador, el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos". En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 15354.
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