Felipe Ventura Soledad
Expediente 306/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 306/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Felipe Ventura Soledad
Actuaciones
- Principal
X... Vista la certificación que antecede se advierte que ha fenecido el término que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la ley invocada, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente asunto. ... este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión. Finalmente, toda vez que existen documentos exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el capítulo octavo, artículo 21, antepenúltimo párrafo del citado acuerdo, dígase que dentro de un plazo de noventa días deberá acudir a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, será destruido junto con el expediente en que se actúa.
- Principal
X... Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a través del cual remite el expediente 344/2023-I-A, de su estadística, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Felipe ..., por derecho propio, contra actos de la Subdirección de Concentración Comercial del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades; en virtud que declaró carecer de competencia legal para conocer de ella; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 306/2023-X. En ese tenor, en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada. Acúsese el recibo correspondiente de lo enviado consistente en: el juicio de amparo 344/2023 I-A y seis copias del escrito inicial de demanda. Previo a realizar algún pronunciamiento respecto a la admisión de la demanda de que se trata, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo... En ese orden, respecto del acto precisado en el inciso a), se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación al diverso 17, todos de la Ley de Amparo. De los preceptos referidos, se advierte que, por regla general, el juicio constitucional deberá presentarse en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o de aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, como lo establece el artículo 18 de la Ley de Amparo. Plazo que se contará en días hábiles de conformidad con el artículo 22 de la mencionada ley. En ese sentido, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, a excepción de las reglas previstas, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular, cobra con el transcurso del tiempo. Por lo anterior, es visible que el acto precisado en el inciso a), fue realizado hace más de seis meses a la fecha actual, por lo tanto, es incuestionable que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para hacer valer la presente instancia constitucional respecto de dichos actos, ha fenecido. De modo que, conforme a la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, con relación al diverso numeral 18 del propio ordenamiento legal, el término para presentar su escrito de garantías transcurrió para combatir el acto ejecutado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós (con número de registro 205), del uno al veintiséis de septiembre del año pasado; para el ejecutado el uno de septiembre de dos mil veintidós (con número de registro 206), del dos al veintisiete de ese mes y año; para el ejecutado el dos de septiembre pasado (con número de registro 248), del cinco al veintiocho de septiembre de dos mil veintidós; y para el ejecutado el veintiocho de septiembre del año pasado(con número de registro 264), del veintinueve de septiembre al veinte de octubre del año pasado, por lo que si la presente demanda fue presentada hasta el ocho de marzo de dos mil veintitrés, según se advierte del sello del buzón judicial que de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca obra en el escrito inicial, resulta notoriamente extemporánea. Así, la extemporaneidad en el ejercicio de la acción de amparo se hace patente, pues evidentemente transcurrieron más de quince días desde la fecha en que se ejecutaron las órdenes de resguardo que impugna, de las cuales tuvo pleno conocimiento pues así lo manifestó, bajo protesta de decir verdad; además de advertirse que estuvo presente conforme a las actas que en copia simple exhibió. Lo que pone en evidencia sin mayor cálculo que a la fecha de presentación de la demanda, había fenecido el plazo que tenía para hacerlo; además que, al no encontrarse los actos reclamados dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promover el juicio de amparo, es incuestionable que transcurrió en exceso el término establecido en la ley de la materia y su presentación resulta extemporánea. En efecto, en el presente caso no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquellos que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército; tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Por otra parte, respecto al acto descrito en el inciso b), consistente en la omisión de la autoridad de dar contestación a las solicitudes de cobro de permiso y devolución de mercancías (con fecha de recepción tres de febrero del presente año), se advierte que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia prevista en el artículo y fracción referidos, alude a que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. En ese contexto, se desprende que se actualiza el silencio administrativo por parte de la autoridad al no dar contestación a las solicitudes presentadas, por lo que conforme a lo analizado, previamente a la instauración de este juicio de amparo, el quejoso debe agotar el juicio contencioso administrativo, como lo establece el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. De dicho precepto (229), se desprende entre otros supuestos que procede el juicio contencioso administrativo contra las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos veinte días siguientes a su presentación. De manera que, previo a solicitar la protección constitucional, la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad, a fin de hacer procedente el juicio constitucional. Ahora, sólo a manera de evidenciar que no se surte una causa de excepción es importante destacar que, a través del procedimiento contencioso administrativo es factible suspender la ejecución del acto reclamado en los mismos términos previstos por la ley de la materia, pues el artículo 254 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto impugnado, ya que en el juicio contencioso administrativo (como en el de amparo) la solicitud debe presentarse por la parte promovente en cualquier etapa del juicio y podrá concederse si no hay afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, aunado a que lo daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución sean de difícil reparación. Incluso, el plazo para resolver sobre la medida cautelar es de un día hábil (veinticuatro horas). En la mencionada legislación, la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; además, que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Además, en términos del artículo 259, el acuerdo en el que se conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde luego. En mérito de lo expuesto, se evidencia que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado y, por ende, previo al ejercicio de la acción de amparo, la moral quejosa debió impugnar los actos reclamados a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Además, en el supuesto de que se considerara que el el acto reclamado es de imposible reparación, ello implica que deba dejar de cumplir con el mencionado principio de definitividad, pues el Alto Tribunal ya señaló que la imposibilidad en la reparación no es una excepción a dicho principio. Lo anterior, porque la irreparabilidad de un acto se relaciona con la afectación que produce en el conjunto de derechos del gobernado, concepto que es autónomo e independiente a la regla de definitividad que se analiza, que tiene que ver con la inexistencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en su contra en la ley aplicable. Por otra parte, en el presente caso no se actualiza la excepción contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, consistente en que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa correspondientes, si el acto reclamado carece de fundamentación; en virtud que se trata de un acto omisivo, -el cual radica en el silencio de la autoridad administrativa de dar contestación a lo solicitado-. Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido el juicio de amparo en el término establecido en el artículo 17 de la citada ley y, no haber agotado el principio de definitividad, lo procedente es desechar la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se autoriza a ..., en términos amplios del ordinal 12, de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.... DOMICILIO QUEJOSO Con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, ambos de la citada legislación, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, la lista que se fija en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado expresamente.... USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa... Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales.
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