Felipe Velázquez Bustos
Expediente 984/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Felipe Velázquez Bustos
Actuaciones
- Principal
IX... C. A... Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar a la parte quejosa los autos de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictados por el Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el cuaderno principal e incidental del juicio de amparo 1031/2022-VI-B de su estadística, por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado. En consecuencia, remítase al citado homologo federal copia autorizada de la notificación solicitada.
- Principal
IX... Téngase recibidos los oficios provenientes del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; atendiendo a su solicitud, con fundamento en el el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa los autos de treinta y uno de agosto del año en curso, dictados por el Titular de dicho órgano jurisdiccional en el cuaderno principal e incidental del juicio de amparo 1031/2022-VI-B, por medio de la lista que se fija en los estrados. Asimismo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, apercibido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las siguientes notificaciones se practicarán por lista que fija en los estrados del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, sin perjuicio de que con posterioridad solicite que se le practiquen las mismas vía electrónica o en algún domicilio dentro de la residencia mencionada. Finalmente, una vez que se cuenten con las notificaciones solicitadas, se acordará lo correspondiente a su remisión. 31/Agosto/2022. Juicio de Amparo: Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación y cuenta que antecede, se agrega a los presentes autos el oficio 29647/2022, signado por la Secretaria de este órgano jurisdiccional, mediante el cual remite el diverso 22562/2022, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con el que envía el original del juicio de amparo 984/2022 de su índice y cinco copias de traslado, y atendiendo al contenido de éste último, se aprecia que mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, el homólogo federal declinó conocimiento de la demanda de amparo promovida por Felipe Velázquez Bustos, por razón de conocimiento previo de este juzgado, ello en términos de los artículos 45, fracción II y 46 fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales. ACUSE De conformidad con el artículo 6, del capítulo segundo, del envío de documentos electrónicos entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado el diez de mayo de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente vía electrónica. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO Atento a lo anterior, este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda que promueve Felipe Velázquez Bustos, por propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada con iniciales M.V.V.M., contra actos del Juez Sexto de lo Familiar de Cuautitlán México, Estado de México. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente relativo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1031/202-VI-B. PERSONALIDAD Vista la demanda de amparo que promueve Felipe Velázquez Bustos, por propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada con iniciales M.V.V.M., personalidad que acredita con la copia certificada del acta de nacimiento números 267, expedida por el Director General del Registro Civil del Estado de México, misma que se tiene por reconocida, en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo. ADMISIÓN Toda vez que dicho escrito de demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 37, 107, fracción II, 112, 115 y 117 de la referida Ley, SE ADMITE A TRÁMITE, la demanda promovida por Felipe Velázquez Bustos, por propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada con iniciales M.V.V.M., contra actos del Juez Sexto de lo Familiar de Cuautitlán México, Estado de México. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con dos copias simples de la demanda, y con apoyo en los artículos 110, 115 y 128 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la intervención legal correspondiente, por lo que se deja a su disposición en la Actuaría de este Juzgado copia de la demanda, la cual se entregará previa razón que por su recibo asiente en autos para constancia legal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con veintiún minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Y VÍAS DE REMISIÓN Se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, en el entendido de que si existen discos compactos que contengan videograbaciones relativas a los actos reclamados, éstas deberán remitirse con la certificación correspondiente, a efecto de tener certeza de su contenido, ello con fundamento en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, apercibida que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como de conformidad de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida, que para una debida celeridad, podrá realizar el envío de tal informe de manera electrónica, a través del Portal de Juicio en línea, desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea; siendo necesario contar con la firma electrónica (FIREL), medio con el que no será necesario su envío físico a la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito. Haciendo la aclaración, que para el supuesto de realizar el envío a través de los medios ordinarios el informe de que se trata, deberá contar con la firma autógrafa, no así, la evidencia criptográfica de que ha sido firmado de manera electrónica; lo anterior, por virtud de que el sistema identificado en el párrafo inmediato anterior, es el que valida y autentifica el envío de su suscriptor. Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. De la misma forma, se señala a la autoridad responsable, que ésta tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga, toda vez que los acuerdos de trámite de menor trascendencia, se le notificarán por lista; realizándose en forma personal a través de oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación, así como las que el Juez considere trascendentes y las que establece dicho numeral. La anterior determinación encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, página 1253, con número de registro 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Se reserva acordar respecto al emplazamiento de la parte tercero interesada hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado, para así determinar la existencia o no de dicha parte. PRUEBAS La parte quejosa ofrece como medios de convicción, lo siguiente: 1. Acta de nacimiento número 267, expedida por el Director General del Registro Civil del Estado de México. 2. Impresión de la resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en el recurso de revocación relativo al expediente 1940/2021 del índice del Sexto de lo Familiar de Cuautitlán México, Estado de México. Medios de prueba que de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan desde este momento dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la celebración de la audiencia constitucional. COTEJO Se ordena realizar el cotejo de la documental que exhibió en original y que constituye uno de los anexos de la demanda de amparo, para ser agregada en el incidente de suspensión. Tal como lo establece la Jurisprudencia P./J.71/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, Novena Época, de rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN P./J.92/97). NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR Ahora, la quejosa en el escrito inicial de demanda manifiesta que acude a la presente instancia constitucional, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada con iniciales M.V.V.M., por lo que de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Amparo y a fin de no dejarlo en estado de indefensión, NÓMBRESE COMO REPRESENTANTE ESPECIAL DE LA CITADA MENOR AL ASESOR JURÍDICO FEDERAL DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, en términos del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública y 29 fracción V de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, otorgando al mencionado Asesor Jurídico Federal el término de veinticuatro horas para protestar el encargo que se le confiere; para lo cual gírese oficio al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, a efecto que designe al mencionado servidor e informe de ello en el término referido. NOTIFICACIÓN A QUEJOSO En virtud de que el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, señaló como lugar para oír y recibir notificaciones del promovente Felipe Velázquez Bustos, la lista de ese órgano jurisdiccional que se publica en los estrados del mismo; por tanto, tomando en consideración que la radicación del presente juicio de amparo implica un cambio de jurisdicción, al haber declinado el citado homólogo federal, la competencia para conocer de la demanda instada por Felipe Velázquez Bustos, a fin de evitar violaciones a las normas fundamentales que rigen el procedimiento previstas en la Ley de Amparo, se solicita al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, de la manera más atenta, que de no tener inconveniente legal alguno, notifique al quejoso Felipe Velázquez Bustos, la radicación del presente juicio de amparo en este juzgado de Distrito, por medio de lista que publique en los estrados de ese órgano jurisdiccional, y remita para tal efecto, las constancias debidamente certificadas que acrediten tal circunstancia. De igual forma, se requiera a dicho promovente, a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación de este proveído, deberá de señalar domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, para oír y recibir notificaciones, es decir, en el municipio de Naucalpan de Juárez, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista que se publique en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que pueda solicitar que se le haga la notificación por vía electrónica, si previamente la obtuvieron, conforme lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. AUTORIZADOS Asimismo, se tiene como autorizados de su parte a las personas que indica y para los efectos que precisa; en la inteligencia que respecto de los que faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, será así siempre y cuando cuente con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de lo contrario se les tendrá únicamente en términos de la parte final del numeral en cita. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por cuanto hace a la autorización para la utilización de los medios tecnológicos, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado a las partes, el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Se hace del conocimiento de las partes, que para los supuestos de revisión de expedientes, entrega de copias autorizadas, así como de documentos exhibidos por cada una de ellas, deberán presentar identificación oficial original o copia certificada, haciendo la indicación de que el documento con que se identifiquen no deberá encontrarse deteriorado, es decir roto, desprendido en alguna de sus partes, ilegible por desgaste o incompleto; además de encontrarse vigente al día en que se presente en este órgano jurisdiccional para tal efecto. APERCIBIMIENTO El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables; en consecuencia, se apercibe a ésta que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, previa vista que se otorgue, se tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancia respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. REQUERIMIENTO DE JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, con fundamento en los artículos 22 y 28 del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el cual se le pueda permitir el acceso y/o consulta al expediente electrónico, así como para practicarse las notificaciones por esa misma vía y, con ello, transitar a la modalidad de "juicio en línea" desde dicho portal, el cual, de conformidad con el numeral 29 del acuerdo en cita, deber ser tramitado única y exclusivamente en aquellos casos en que en los que las partes estén autorizadas para actuar a través del Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación, lo cual también requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya se FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos lo pueden solicitar a través de promoción física o electrónica desde el citado Portal de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. 31/Agosto/2022. Incidente de Suspensión: Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que antecede, como está ordenado por auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo 1031/2022-VI-B, promovido por el quejoso Felipe Velázquez Bustos, por propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada con iniciales M.V.V.M., contra actos del Juez Sexto de lo Familiar de Cuautitlán México, Estado de México. Tramítese en incidente, la suspensión de los actos reclamados y, al efecto, con dos copias simples de la demanda de amparo fórmese expediente por duplicado. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Y VÍA DE REMISIÓN Ahora bien, de conformidad con lo que ordenan los numerales 138, fracción III, y 140 de la ley referida, pídase informe previo a la autoridad responsable, mismo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas (para tal efecto remítase copia simple de la demanda de amparo); apercibida que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede para ello, se presumirán ciertos los actos que se le reclama; lo anterior, con fundamento en el último párrafo del 142 del cuerpo de leyes en cita; asimismo, incurrirá en una corrección disciplinaria consistente en una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los resolutivos primero de la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos y profesionales, vigentes a partir del 1° de enero de 2016, y segundo de la Nota Aclaratoria a dicha resolución, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil quince, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 238 de la ley de la materia. Atento a lo anterior, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida, que para una debida celeridad, podrá realizar el envío de tal informe de manera electrónica, a través del Portal de Juicio en línea, desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea; siendo necesario contar con la firma electrónica (FIREL), medio con el que no será necesario su envió físico a la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito. Haciendo la aclaración, que para el supuesto de realizar el envío a través de los medios ordinarios, el informe de que se trata, deberá contar con la firma autógrafa, no así, la evidencia criptográfica de que ha sido firmado de manera electrónica; lo anterior, por virtud de que el sistema identificado en el párrafo inmediato anterior, es el que valida y autentifica el envío de su suscriptor. En la inteligencia de que dicho informe podrá anticiparlo vía correo electrónico miriam.moreno.garcía@correo.cjf.gob.mx, en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes; lo anterior, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia incidental, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 constitucional y dentro del término establecido en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, con número de registro 173071, cuyo rubro y texto son: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." FIJACIÓN DE AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fija como fecha para la celebración de la audiencia incidental, las nueve horas con veintitrés minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós. Como punto de partida debe tomarse en cuenta, que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ? La resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revocación relativo al expediente 1940/2021 del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, por el que se confirmó el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, y además, se ordenó un proceso de coparentalidad entre el quejoso Felipe Velázquez Bustos y Laura Martínez Ortiz, con la finalidad de acelerar los avances sobre los roles parentales, terapéuticos y conciliatorios a las partes que permita auxiliar a los progenitores disminuir la actitud de conflicto en aras del bienestar de su hija y se les señaló fecha y hora para que acudan al Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, para que se les brinden herramientas para solucionar sus conflictos a través de un medio alternativo. Sin embargo, la parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que se suspendan las convivencias decretadas en el procedimiento de origen con la menor de identidad reservada M.V.V.M., hasta en tanto se lleve a cabo el proceso terapéutico ordenado y sea el terapeuta el que determine las formas en que se deberán dar las convivencias con la menor. Por tanto, únicamente se procede a determinar lo conducente respecto de lo solicitado, ello en términos de lo establecido en la Jurisprudencia P./J.4/2019 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Libro 63, tomo I (febrero 2019), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2019200, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." NEGACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Ahora, tomando en consideración que los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 129, 138 y 139, de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que este juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el quejoso debe reunir para que sea procedente la suspensión de los actos reclamados, los cuales son: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." En esa tesitura, por lo que respecta al primer elemento, se encuentra acreditado, en virtud de que el quejoso en representación de la menor, solicitó la suspensión de los actos reclamados por lo que será ella, quien en su caso, resentirá la ejecución de los mismos. Los cuales afectan su esfera jurídica de manera directa, lo que por ahora resulta suficiente para resolver sobre la suspensión de dichos actos, pues para ello se debe partir del supuesto comprobado o no, de que la totalidad de éstos son ciertos; manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, sin oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, página 12, número 68 (Agosto de 1993), cuyo rubro dice: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Ahora, a fin de verificar si se satisface el segundo requisito para otorgar la medida cautelar, esto es, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; entendiéndose por orden público, el sistema de normas de mayor importancia para conservar y encauzar el orden en la sociedad y, por interés social, la atención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. En ese sentido, el orden público y el interés social, como bien se sabe no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Ilustra lo determinado, la Jurisprudencia I.3o.A. J./16, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 383, Tomo V (Enero de 1997), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Bajo ese contexto, es importante precisar que las determinaciones jurisdiccionales relacionadas con salvaguardar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, es una cuestión de orden público y de interés social, de manera que el respeto y pleno ejercicio de ese derecho fundamental está por encima del interés particular, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así, toda vez que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. Lo anterior, en el entendido de que el principio de interés superior del menor constituye un elemento interpretativo de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos, por lo que el derecho de un menor contempla el ser atendido con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. En el caso en concreto, por cuanto hace a la resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revocación relativo al expediente 1940/2021 del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, por el que se confirmó el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, y además, se ordenó un proceso de coparentalidad entre el quejoso Felipe Velázquez Bustos y Laura Martínez Ortiz, con la finalidad de acelerar los avances sobre los roles parentales, terapéuticos y conciliatorios a las partes que permita auxiliar a los progenitores disminuir la actitud de conflicto en aras del bienestar de su hija y se les señaló fecha y hora para que acudan al Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, para que se les brinden herramientas para solucionar sus conflictos a través de un medio alternativo; no procede conceder la medida cautelar solicitada, pues de hacerlo, se podrían ocasionar perjuicios irreparables, toda vez que se coartaría el propósito de que la menor conviva con su progenitora, ello toda vez que el quejoso en el apartado de antecedentes refiere que en el procedimiento de origen, existe decretado un régimen de convivencias entre la menor y su progenitora, y el proceso parental ordenado en el mismo, únicamente tiene la finalidad de que los padres de la menor logren una convivencia sana entre ellos, en favor de la menor y ésta a su vez pueda convivir con ambos progenitores, por tanto, la convivencia con sus progenitores debe catalogarse como un derecho fundamental de la menor porque es tendente a proteger su interés superior, el cual es independiente a los intereses o derechos de los progenitores. Asimismo, es preciso señalar que la sociedad y el Estado se encuentran plenamente interesados en que los menores de edad se encuentren protegidos proporcionándoles los cuidados necesarios, así como la convivencia con los padres que le son indispensables, por lo tanto no puede haber suspensión de dichas relaciones, en relación de que éstas siempre deben existir, ya que no se le puede privar a los menores de edad de la presencia, trato y dialogo con sus progenitores, relaciones naturales, afectivas, amorosas y sociales que son connaturales entre familiares, de manera que de conceder la medida cautelar solicitada se podría ocasionar a dicha menor perjuicio irreparable, por lo que las disposiciones relativas a los menores de edad, son consideradas como de interés público, y por tanto, es improcedente conceder la suspensión contra las ordenes que tiendan a hacer efectivas dichas disposiciones. Al caso se invoca, por las razones que contiene, la tesis número 2a. CXLI/2016 (10a), de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, (Enero de 2017), Tomo I, página 792, que indica lo siguiente: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate". Así como la tesis VI.2o.C.25 C, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, tomo 3 (Noviembre de 2012), Décima Época, página 19791, cuyo rubro y texto es: "VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. En esos términos, el artículo 637 de la aludida codificación categóricamente establece: "No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor.". Por ello el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento lo cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo por tanto éste de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer, tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA por Felipe Velázquez Bustos, por propio derecho y en representación de la menor de edad de identidad reservada con iniciales M.V.V.M., ya que de concederse se contravendrían disposiciones de orden público, toda vez que es interés del Estado y de la propia sociedad que la menor pueda convivir con sus progenitores, para lograr un lazo afectivo necesario como parte fundamental de su familia. En ese sentido, el artículo 4° Constitucional establece el interés superior de los niños, el cual también está previsto en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en algunas legislaciones que rigen los derechos de los menores en los Estados de la Federación; este interés es concebido como la institución a través de la cual se procura el desarrollo pleno e integral del infante proporcionándole los cuidados y asistencia necesarios para lograrlo; de ahí que el requerimiento de convivencia familiar atiende entre otras a las condiciones específicas del caso en particular, respetando el principio de interés superior del menor, en concordancia con las medidas decretadas por la autoridad judicial rectora del procedimiento, por lo que en ese sentido de concederse la medida cautelar solicitada, se impediría que la menor tenga convivencia con su mamá, siendo ésta una garantía consagrada por el citado artículo 4° constitucional a favor de la menor. Aunado a que la convivencia de la menor con sus progenitores, ya se encuentra ordenada en el procedimiento de origen, y la cual fue decretada de manera provisional y supervisada ante el Centro de Convivencia Familiar, como lo precisa el impetrante del amparo en los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró; por lo que de manera presuntiva se advierte que el interés superior de la menor se encuentra salvaguardado en el juicio de origen, al permitirse convivir con su mamá en presencia de su papá, con la finalidad que ambos puedan interactuar con ella y estar en posibilidad que se logre un lazo afectivo entre la menor con sus padres. Y la tesis I.3o.C.846 C, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII (Octubre de 2010), página 3120, del tenor literal siguiente: "MENORES DE EDAD. LA TUTELA DE SU INTERÉS SUPERIOR NO PUEDE ESTAR SUBORDINADA A LOS INTERESES DE SUS PROGENITORES O TUTORES. El legislador federal ha reconocido la protección especial que le asiste a las personas menores de edad en los artículos 76 Bis, fracción V, y 91, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, al momento de establecer en el juicio de garantías la figura de la suplencia de la queja deficiente a favor de los menores de edad a efecto de que este grupo vulnerable de personas puedan tener un acceso efectivo a la tutela de sus derechos fundamentales. En efecto, el juicio de amparo se constituye como medida protectora de los gobernados a la vez que del orden constitucional, que involucra la restitución plena de derechos, en beneficio de quien los vio postergados. Así, si bien el principio de agravio a instancia de parte involucra que el ejercicio de la acción sólo compete al agraviado, de manera que no podría operar en su perjuicio, debe distinguirse el caso en que los padres o tutores invocan la protección en beneficio de los menores de edad, con la consecuencia que de existir intereses opuestos entre ellos, el acto deba analizarse bajo las diferentes ópticas de los afectados para concluir que la regla objetiva de aceptar consecuencias de los propios actos en lo que beneficie o perjudique a los involucrados, cuando se trate de actos que involucren a menores, debe atemperarse bajo la excepción de que el estudio se exprese en lo que beneficie a los niños, supuesto de petición, aunque perjudique a la parte que promueve en su nombre, bajo la óptica del interés superior de los menores. De ahí que los juzgadores de amparo se encuentren en la aptitud legal de analizar en toda su amplitud la litis que es sometida a su consideración con independencia de que de ese estudio cause un perjuicio a los padres o tutores recurrentes en lo individual si es que en el caso se privilegia el derecho fundamental de los menores de edad a un desarrollo integral y normal, en virtud de que, los derechos fundamentales de los niños guardan independencia con los derechos que les pudieran asistir a sus padres o tutores, de tal manera que los primeros no pueden entenderse subordinados a los segundos." PRUEBAS La parte quejosa ofrece como medios de convicción, lo siguiente: 1. Acta de nacimiento número 267, expedida por el Director General del Registro Civil del Estado de México. 2. Impresión de la resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en el recurso de revocación relativo al expediente 1940/2021 del índice del Sexto de lo Familiar de Cuautitlán México, Estado de México. Documentales que de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan desde este momento, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la celebración de la audiencia incidental. COTEJO Como está ordenado en el principal, en este acto se realiza el cotejo del documento que fue exhibido en original que constituye uno de los anexos del escrito de demanda, para que sea considerado al dictar la resolución que decida sobre la suspensión provisional o definitiva. Tal como lo establece la Jurisprudencia P./J.71/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, Novena Época, con número de registro 163758, de rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN P./J.92/97)." Toda vez que el incidente de suspensión se sigue por cuerda separada, se procede a acordar lo relativo al domicilio y autorizaciones hechas por el promovente. NOTIFICACIÓN A QUEJOSO En virtud de que el juicio de amparo 1031/2022-VI-B, de donde deriva la presente incidencia se originó con motivo del conocimiento planteado por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a favor de este órgano jurisdiccional; ahora, el quejoso Felipe Velázquez Bustos, señaló como lugar para oír y recibir notificaciones ante el homólogo federal, la lista de ese órgano jurisdiccional que se publica en los estrados del mismo; por tanto, tomando en consideración que la radicación del presente juicio de amparo implica un cambio de jurisdicción, al haber declinado el citado homólogo federal, la competencia para conocer de la demanda instada por Felipe Velázquez Bustos, a fin de evitar violaciones a las normas fundamentales que rigen el procedimiento previstas en la Ley de Amparo, se solicita al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, de la manera más atenta, que de no tener inconveniente legal alguno, notifique al quejoso Felipe Velázquez Bustos, el presente proveído, por medio de lista que publique en los estrados de ese órgano jurisdiccional, y remita para tal efecto, las constancias debidamente certificadas que acrediten tal circunstancia. De igual forma, se requiera a dicho promovente, a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación de este proveído, deberá de señalar domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, para oír y recibir notificaciones, es decir, en el municipio de Naucalpan de Juárez, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista que se publique en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que pueda solicitar que se le haga la notificación por vía electrónica, si previamente la obtuvieron, conforme lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. AUTORIZADOS Asimismo, se tiene como autorizados de su parte a las personas que indica y para los efectos que precisa; en la inteligencia que respecto de los que faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, será así siempre y cuando cuente con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de lo contrario se les tendrá únicamente en términos de la parte final del numeral en cita. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por cuanto hace a la autorización para la utilización de los medios tecnológicos, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado para las partes, el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. SOLICITUD DE DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a la partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (números telefónicos), ello con la finalidad de entablar comunicación y prevalezca la tramitación en línea del juicio y conocimiento de éste por esos medios e inclusive se envíe la invitación para la realización de alguna notificación judicial a través de la plataforma de videoconferencias Cisco Webex, lo anterior con la finalidad de que subsistan las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia que aún persiste. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Se hace del conocimiento de las partes, que para los supuestos de revisión de expedientes, entrega de copias autorizadas, así como de documentos exhibidos por cada una de ellas, deberán presentar identificación oficial original o copia certificada, haciendo la indicación de que el documento con que se identifiquen no deberá encontrarse deteriorado, es decir roto, desprendido en alguna de sus partes, ilegible por desgaste o incompleto; además de encontrarse vigente al día en que se presente en este órgano jurisdiccional para tal efecto. ESPECIFICACIONES VARIAS El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables; en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancia respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. REQUERIMIENTO DE JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, con fundamento en los artículos 22 y 28 del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el cual se le pueda permitir el acceso y/o consulta al expediente electrónico, así como para practicarse las notificaciones por esa misma vía y, con ello, transitar a la modalidad de "juicio en línea" desde dicho portal, el cual, de conformidad con el numeral 29 del acuerdo en cita, deber ser tramitado única y exclusivamente en aquellos casos en que en los que las partes estén autorizadas para actuar a través del Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación, lo cual también requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya se FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos lo pueden solicitar a través de promoción física o electrónica desde el citado Portal de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea.
- Principal
IX... C. A... Téngase recibido el oficio proveniente del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual informa que asume el conocimiento del presente asunto. Atento a lo anterior y vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que en este cuaderno de antecedentes no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, por tanto, se ordena su archivo definitivo; hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno. ... este expediente se considera susceptible de destrucción. Por tanto, una vez transcurridos más de seis meses a partir de la fecha, procédase a su destrucción; ello de conformidad con los lineamientos del acuerdo en cuestión.
- Principal
ix... Vista la demanda promovida por Felipe ..., por propio derecho y en representación de la menor cuyo nombre se omite en atención al punto 9 y 10, capitulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de resguardar la privacidad de la menor, personalidad que acredita y se le reconoce atendiendo al acta de nacimiento que exhibe; contra actos del Juez Sexto de lo Familiar de Cuautitlán, Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número de expediente 984/2022-IX. Ahora bien, en el presente asunto, la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juez Sexto de lo Familiar de Cuautitlán, Estado de México, en el expediente 1940/2021 derivada del recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de veintinueve de junio del dos mil veintidós, en el que ordenó a las partes un proceso de coparentalidad para acelerar los avances sobre los roles parentales, terapéuticos y conciliatorios a las partes que permita auxiliar a los progenitores a disminuir de conflicto para el bienestar de la menor dentro del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México, así como acudir al Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, a efecto de dar solución a sus conflictos a través de un medio alternativo, Por otra parte, de las manifestaciones que hace la quejosa en sus antecedentes bajo protesta de decir verdad se advierte que promovió un diverso juicio de amparo, radicado con el número 1262/2021-III-A, de la estadística del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el que el acto reclamado deriva del expediente 1910/2021, de la estadística del Juzgado Sexto de lo Familiar de Cuautitlán, Estado de México. Lo que se corrobora con la consulta que se efectuó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), la cual en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye un hecho notorio para este juzgador. En ese sentido, el suscrito estima que se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 46, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno; que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales- cuyo contenido era del tenor literal siguiente expresaba: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. ... II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos;" (.)" De lo anterior se advierte que los actos reclamados que dieron origen al presente sumario se encuentran vinculados con los que son materia del juicio de amparo 1262/2021-III-A, del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, al ser actos provenientes de un mismo expediente jurisdiccional.... En ese orden de ideas, a fin de no transgredir el principio de celeridad y expeditez en la impartición de justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional; de conformidad con la hipótesis contenida en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, remítase el juicio de amparo, al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, toda vez que dicho órgano jurisdiccional conoció originariamente de actos derivados del mismo conflicto de intereses que los aquí reclamados. No se soslaya que si bien la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en su momento, no turnó el asunto al órgano con el que tenía relación, el artículo 46, del acuerdo citado establece el procedimiento a seguir por parte del órgano jurisdiccional que estime que es a otro al que corresponde conocer el asunto por razón de turno, a saber: Se deberá remitir el juicio al juzgado o tribunal que se considere debe tramitarlo; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo, si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo; caso contrario, devolverá el asunto al órgano remitente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar la resolución al requerido; sin embargo, si persiste, con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado, se formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. Consecuentemente, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo, remítase este juicio de amparo al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que tenga a bien informar si acepta o no el conocimiento del mismo y, en su caso, acuse recibo. En el entendido de que esta determinación no constituye una declaración de incompetencia legal para conocer del asunto, por razón de territorio, materia o grado, sino que únicamente se considera que el turno de la demanda debió efectuarse al juzgado mencionado por existir conocimiento previo, pues el amparo en que se actúa tiene relación con el diverso 1262/2021-III-A, de su estadística. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias que integran el presente sumario constitucional; háganse las anotaciones respetivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO QUEJOSO Asimismo, con fundamento en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, por así señalarlo expresamente. AUTORIZADOS Se autoriza a Rosalinda Ortiz Bautista, en términos del artículo 12 de la aludida ley, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que hace a las restantes personas, se autoriza únicamente en términos de lo establecido en el diverso 24 párrafo segundo, de la referida normatividad, toda vez que si bien se le confiere facultades amplias, lo cierto es que no cuenta con el referido registro, por lo que una vez que lo realice y reiterada que sea su petición, se acordará lo conducente.... Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.
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