Felipe Sánchez Suárez
Expediente 1367/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1367/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Felipe Sánchez Suárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Finalmente, devuélvase a la 1. Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el legajo de copias certificada de diversas constancias relativas al juicio administrativo 732/2019 que remitió como complemento a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, a través del cual devuelve diligenciada la comunicación oficial 53/2023 del índice de este Juzgado, librada a efecto de notificar la sentencia a la parte quejosa Felipe Sánchez Suárez. Sin que sea necesario remitir el acuse de recibo, dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo. Háganse las anotaciones en el libro de comunicaciones oficiales respectivo. Notifíquese.
- Principal
En Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de febrero de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1367/2022-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito recibido el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado, el día hábil siguiente, el quejoso Felipe Sánchez Suárez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. El ocho de diciembre posterior, se tuvo como tercero interesado al Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad, Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán, Texcoco del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, ordenando su emplazamiento a juicio, mismo que se practicó el nueve siguiente. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: La resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós, emitida en el juicio administrativo 732/2019 por la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante la cual cuantificó el concepto retroactivo de la pensión decretada al aquí quejoso en sentencia de veintidós de abril de dos mil veintiuno. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad: 1. Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (promoción 18904), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, por tanto, se tiene por cierto. Lo que se corrobora con el legajo de copias certificadas de diversas constancias relativas al juicio administrativo 732/2019 de su índice, que remitió como complemento a su informe con justificación, las cuales gozan de pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; o bien, que de oficio se advierta que impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Consecuentemente, al no advertirse causal de improcedencia que las partes hubieren hecho valer, aunado a que oficiosamente no se aprecia alguna, es menester entrar al estudio de fondo al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que sea necesario analizar todas y cada una de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por no existir obligación en ese sentido. Quinto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción; es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, registro 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sin embargo, se precisa que la parte quejosa aduce que el acto reclamado viola en su perjuicio el contenido de los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 Constitucionales, transgrediendo los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica, así como de congruencia y exhaustividad, dado que se emitió la resolución sin atender los lineamientos de la sentencia de veintidós de abril de dos mil veintiuno, puesto que la sala responsable no tomó en cuenta el último sueldo cobrado, es decir: -Que si bien el artículo 25 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, no especifica ni define qué debe entenderse por "haber", lo cierto es que el diverso 26 de dicho manual, establece que a los "haberes mensuales" se aplicará una cuota mensual de 8.5%; lo que lleva a considerar que la base salarial para el cálculo de la regularización de la pensión a que alude el artículo 36 del referido Manual, debe atender al sueldo en relación con el cual se efectuó la cotización respectiva, excluyendo cualquier retribución que no haya sido objeto de la referida cotización, porque hacer lo contrario sería soslayar que el monto de las cuotas y aportaciones con que se determina, no es en función de la totalidad de los haberes percibidos, sino solo respecto del salario base en relación con el cual se cotizó. Concluyendo que se le descontaba más del 8.5%, por lo que el cálculo debió hacerse por todos los conceptos (aportación al fondo equivalente a "$364.60 (trescientos sesenta y cuatro pesos 60/100), es decir, el "sueldo sujeto a cotización" considerando el "último haber" como de un elemento en activo conforme al artículo 48 y no el sueldo base quincenal. -Que la responsable dejó de considerar todas y cada una de las pruebas que obran en el juicio administrativo para calcular el haber del actor, así como la cantidad para realizar el cálculo por concepto de "compensación única por antigüedad". -Que se debía resolver de manera similar en la regularización de la pensión respecto al pago por actualización como se encuentra determinado en el artículo 48 del Manual del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco. Ahora bien, previo al análisis de los conceptos de violación, resulta necesario destacar los siguientes antecedentes que aquí interesan: 1. Mediante oficio CUSAEM/DAJ/JA/1917/10-2019, de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad, Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco del Valle de Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, en respuesta a la petición formulada por Felipe Sánchez Suárez el nueve de agosto de ese año, acordó tener por no presentada la solicitud de mérito por los argumentos ahí expuestos. 2. Ante la presentación de la demanda que dio origen al juicio contencioso administrativo 732/2019 y, seguido en su cause el procedimiento, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, declaró la invalidez de la resolución contenida en el mencionado oficio CUSAEM/DAJ/JA/1917/10-2019, condenando al demandado Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad, Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco del Valle de Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, en los términos del considerando V de la referida sentencia, de contenido siguiente: "-A efectuar el incremento de la pensión por jubilación que le corresponda, lo anterior considerando a su vez, los incrementos que en su caso haya recibido el personal activo de la corporación, de acuerdo al Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco, lo cual deberá ser de forma retroactiva, así como las diferencias devengadas no pagadas, esto a partir del mes de marzo de dos mil quince, fecha en que el actor inició a percibir su pensión, tomando en consideración el mismo haber devengado por el actor, esto es, el sueldo de oficial con la misma categoría que tenía el hoy actor a la fecha que obtuvo su pensión. ." 3. En proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la referida resolución. 4. En resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se sobreseyó por extemporánea la presentación del recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la demandada, dentro del recurso 398/2021 del índice de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Asimismo, en diversa determinación de dos de diciembre de ese año, se declaró infundada la aclaración de sentencia solicitada por dicha parte procesal. 5. La parte actora por conducto de autorizado, presentó el escrito (registro 213171), con el cual exhibió la cuantificación del pago de diferencias en el pago de pensión, en el que refirió que éste se debía realizar: -Tomando como referencia el último recibo de pago de haberes, del que se aprecia la cantidad deducida correspondiente al 8.5% que corresponde a la cantidad de $364.60 pesos moneda nacional, es decir, que como "último haber", tenía que tomarse en cuenta el haber mensual sujeto a cotización por la cantidad de $8,578.82, atendiendo a los numerales 25 y 26 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco, considerando el 96% de acuerdo al numeral 31 de dicho Manual. 6. La Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, emitió la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el juicio administrativo 732/2019, mediante la cual cuantificó el concepto retroactivo de la pensión decretada al aquí quejoso en la sentencia de veintidós de abril de dos mil veintiuno. Resolución que constituye el acto reclamado. Sexto. Análisis de fondo. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, se considera oportuno precisar que al margen de la manifestación que vierte el impetrante en torno a que se trata de una persona de la tercera edad, en el caso, el juicio de amparo, lo promueve el quejoso en su calidad de pensionado; esto es, tal supuesto encuadra en la hipótesis contenida en la fracción V del artículo 79 de la ley de la materia; por lo tanto, su análisis se efectuará en suplencia de la deficiencia en la exposición de los conceptos de violación. Lo anterior, tomando en consideración que en el caso en estudio, el acto de autoridad que se analiza, repercute en la cuantificación de la pensión por jubilación del quejoso, por lo que cobra vigencia la suplencia de la deficiencia de la queja; puesto que la liquidación cierta del monto de ese beneficio, evidentemente, tiene un impacto directo en una prestación de seguridad social del ex-servidor público en la que fue su fuente laboral, pues se configura como supuesto temporal por los años de servicio laborados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XCV/2014 (10a.), registro 2007681, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS." Sin embargo, aun en suplencia de la queja, así como atendiendo a la causa de pedir, los referidos conceptos de violación hechos valer por el solicitante del amparo resultan infundados, los cuales por cuestión de técnica jurídica al guardar estrecha relación se analizan en su conjunto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. Así, de conformidad con el artículo 16 Constitucional, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la expresión precisa de los preceptos legales aplicables, y por lo segundo, el señalamiento preciso de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Consideraciones que desde luego, resultan aplicables a las determinaciones emitidas por una autoridad jurisdiccional, pues está obligada a fundar y motivar sus actuaciones citando al efecto los preceptos legales en que apoye su resolución y exponiendo las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162 de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Por lo que este resolutor estima que la resolución reclamada cumple con tales subprincipios de congruencia y exhaustividad, puesto que el precepto Constitucional en mención, revela que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, el cual no debe interpretarse limitativamente, es decir, que sólo en este tipo de acuerdos, fallos o resoluciones deba cubrirse aquel derecho fundamental, sino en sentido amplio, esto es, que todas las resoluciones emitidas por autoridades que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales tengan que colmar tales requisitos con el fin de otorgar seguridad jurídica al gobernado con motivo del acto de autoridad. El primer principio, se refiere a que todo acuerdo, sentencia o resolución interlocutoria debe ser congruente no sólo consigo misma, sino también con la litis; la congruencia es aquella característica consistente en que los autos, sentencias o resoluciones no contengan afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna), así como que comprendan todos los aspectos materia de dicho controvertido (congruencia externa). Ilustra lo anterior, por las razones que la conforman la tesis de la con registro electrónico 272666, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen XI, cuarta parte, materia común, página 193, que establece: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó." Por otra parte, el principio de exhaustividad, está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto a todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir uno o algunos de ellos, es decir, dicho principio implica en sentido amplio, que la obligación del juzgador para decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, debe realizarse tomando en cuenta los argumentos expuestos, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia de debate. Aplica a lo anterior, por las razones que la conforman la tesis II.1o.141 C, Octava Época, con registro electrónico 212832, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, abril de 1994, materia civil, página 346, que a la letra dice: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del peticionario." Así las cosas, cuando la autoridad dicta algún acuerdo o resolución sin resolver sobre cierto punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, aquel proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó. Lo que no aconteció en el caso concreto, dado que se atendió a cabalidad lo peticionado y esgrimido por el solicitante; aunado a que el hecho de que la responsable no haya cuantificado las diferencias como lo pretende el actor, no implica transgresión a dichos principios, como a continuación se expone. Lo anterior, toda vez que fue en la referida sentencia emitida en el juicio contencioso administrativo 732/2019, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en la que declaró la invalidez de la resolución contenida en el mencionado oficio CUSAEM/DAJ/JA/1917/10-2019, y se condenó al demandado Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad, Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco del Valle de Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, a que reconociera el derecho a la pensión por jubilación al actor a partir del mes de marzo de dos mil quince, fecha en que comenzó a percibir la pensión, tomando en consideración el último haber devengado por aquél, esto es, el sueldo de oficial con la misma categoría que tenía el hoy actor a la fecha que obtuvo la referida pensión, con la cotización de veintinueve años de servicio, y efectuar el incremento de la pensión por jubilación que le corresponde, a la luz de lo dispuesto en los artículos 30 y 31 del Manual de Seguridad Social en cuestión y, que una vez incrementada ésta, el accionante tendría derecho a obtener las diferencias no pagadas y adeudadas conforme al aumento, dado que también es imprescriptible el derecho para reclamar incrementos y las diferencias que resulten de la jubilación. Por lo tanto, en la determinación de cuatro de octubre de dos mil veintidós -acto reclamado-, la sala responsable únicamente realizó el procedimiento aritmético para calcular la cantidad total que la autoridad demandada -ahora tercera interesada-, debía pagar al actor -aquí quejoso-, por concepto del retroactivo de pensión, y que contrario a lo que argumenta el impetrante, ésta sí se realizó conforme al "último haber" percibido, otorgando los aumentos anuales correspondientes a partir del año dos mil dieciséis. En efecto, en lo que aquí interesa se destaca que con la emisión de la resolución reclamada, la Sala responsable se pronunció respecto los elementos que constituyen la condena contenida en la sentencia definitiva, a saber: 1) De conformidad con los artículos 30 y 31 del Manual de Seguridad Social en cuestión, al corresponderle 96% de su último haber percibido con la categoría de oficial "A", cuantificó el retroactivo de la pensión, que ascendió a la cantidad de $3,456.33 tres mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 33/100 moneda nacional (atento al recibo de nómina del dieciséis al veintiocho de febrero de dos mil quince -último pago del actor-), multiplicado por dos (quincenas correspondientes a un mes), da la cantidad de $6,912.66 seis mil novecientos doce pesos 66/100 moneda nacional), monto a partir del cual obtuvo aquel porcentaje y, 2) Apuntó el retroactivo de dicha pensión, otorgando los incrementos previstos en los artículos 30 y 31 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco. Lo anterior, considerando el incremento anual correspondiente: Año Incremento % Monto mensual Porcentaje Total 2015 $6,912.66 $96% $6,636.15 2016 4% $7,189.16 $96% $6,901.59 2017 3.90% $7,469.53 $96% $7,170.74 2018 3.90% $7,469.53 $96% $7,450.40 2019 4.83% $7,760.84 $96% $7,810.25 2020 2.83% $8,365.91 $96% $8,031.27 2021 3% $8,616.88 $96% $8,272.20 2022 1.5% $8,746.13 $96% $8,396.28 3) Obtenido dicho monto mensual, procedió a calcular el monto retroactivo, para efecto de cuantificar las respectivas diferencias por cada año: CONCEPTO MONTO Diferencias a pagar 2015 $11,989.23 Diferencias a pagar 2016 $14,591.59 Diferencias a pagar 2017 $15,160.47 Diferencias a pagar 2018 $15,752.23 Diferencias a pagar 2019 $16,513.90 Diferencias a pagar 2020 $16,696.68 Diferencias a pagar 2021 $17,492.28 Diferencias a pagar 2022 $12,291.03 TOTAL $120,487.41 De ahí lo infundado de los conceptos de violación que se analizan, pues lo anterior pone en evidencia, que al cuantificar la responsable, explicó que lo realizó conforme a la sentencia definitiva, es decir, hasta el mes de septiembre de dos mil veintidós en base al último haber del ex trabajador ahora pensionado (aquí quejoso), entendiéndose éste, tal como lo expuso la responsable: "el sueldo de oficial con la misma categoría que tenía el hoy actor a la fecha que obtuvo la referida pensión"; todo lo anterior, sobre la condena de dicha sentencia de veintidós de abril de dos mil veintiuno, calculando tanto la pensión, como sus respectivos incrementos, obteniendo así, el retroactivo que la dependencia demandada debe pagar al actor, monto que adujo asciende a $120,487.41 ciento veinte mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 41/100 moneda nacional. Por ende, también resultan infundados los diversos conceptos de violación en los que se alega: que el monto de la pensión no se realizó aplicando la cuota mensual de 8.5% al que alude el artículo 26 del mencionado Manual, por lo que el cálculo debió hacerse por todos los conceptos (aportación al fondo equivalente a "$364.60 trescientos sesenta y cuatro pesos 60/100), es decir, el "sueldo sujeto a cotización" considerando el "último haber" como de un elemento en activo conforme al artículo 48 y no el sueldo base quincenal. Así como el diverso argumento en el que aduce que la responsable dejó de considerar todas y cada una de las pruebas que obran en el juicio administrativo para calcular el haber del actor, y la cantidad para realizar el cálculo por concepto de "compensación única por antigüedad". Ello, pues incluso como lo citó el propio promovente de amparo, la tesis II.3o.A.198 A (10a.), 2017488, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de rubro "CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO. CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL SUELDO BASE "HABERES" DE SU PERSONAL PARA EFECTOS DE LAS APORTACIONES ORDINARIAS AL FONDO DE PENSIONES", al resolver el recurso de revisión de la que emanó, dilucidó distinto tópico, es decir, en torno a qué base salarial se debe tomar para efectos del cálculo de las APORTACIONES ordinarias al fondo de pensiones; es decir, no aplica al caso concreto, pues esta sentencia no se ocupa de analizar si el descuento o aportaciones se realizaron conforme al numeral 26 del Manual en cita, puesto que en la propia sentencia que se liquidó se estableció ".efectuar el incremento de la pensión por jubilación que le corresponde a la parte actora, a la luz de lo dispuesto en los artículos 30 y 31 del Manual de Seguridad Social en Cuestión.. Máxime que no resulta aplicable la citada tesis, toda vez que, se concretó a establecer que para determinar las cantidades a que tenga derecho el personal indicado para el pago de la compensación única por antigüedad, debe tomarse en consideración el sueldo base "haberes" con el que efectivamente haya realizado la aportación respectiva, al menos, del porcentaje del 8.5%, sin considerar cualquier retribución que no haya sido objeto de cotización; lo anterior, pues tal compensación es de naturaleza distinta al derecho pensionario que se reclamó y que se efectuó en la cuantificación, pues incluso son prerrogativas excluyentes una de la otra, al tener origen y finalidades diversas entre sí, pues una desplaza a la otra. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia PC.II.A. J/5 A (11a.), registro 2025749, sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias(s): Administrativa, de rubro y texto siguiente: "COMPENSACIÓN ÚNICA POR ANTIGÜEDAD DEL CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO. CONFORME A LA INTERPRETACIÓN ARMÓNICA Y SISTEMÁTICA DEL MANUAL DE SEGURIDAD SOCIAL QUE LA PREVÉ, CUANDO EL ELEMENTO YA GOZA DE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, NO TIENE DERECHO A SU PAGO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron criterios jurídicos discrepantes, pues mientras uno sostuvo que en el Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, no existe disposición alguna que sostenga que la "pensión por jubilación" y la "compensación única por antigüedad", son prestaciones excluyentes entre sí, por lo que el quejoso tiene derecho a recibir ambas; el otro tribunal consideró que la compensación por antigüedad es una gracia que se concede a las personas que por tiempo no alcanzan pensión por jubilación, y ésta se otorga a quienes por antigüedad y en proporción al tiempo y aportación, pueden acceder a ella, por lo que el quejoso no tiene derecho a la compensación única por antigüedad, cuando ya goza de la pensión por jubilación. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito determina que conforme al Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, si el elemento goza de la pensión por jubilación, ya no tiene derecho al pago de la compensación única por antigüedad. Justificación: De una interpretación armónica y sistemática de los artículos 29 al 36 del Manual de Seguridad Social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, se desprende que la compensación única por antigüedad es un beneficio que tiene como presupuesto la terminación de la relación de trabajo que se paga por una sola vez, con la finalidad de compensar al personal operativo y administrativo que por no cumplir con los años requeridos de servicio efectivamente prestados, no alcanza el derecho a una pensión por jubilación; en tanto que ésta constituye una prestación de seguridad social, cuyo objetivo es proporcionar a las personas en retiro, un mínimo vital para atender las necesidades básicas que permitan su subsistencia de manera digna. En consecuencia, de la contrastación entre las características específicas de ambas prerrogativas se concluye que, si bien las dos son tendentes a recompensar los años de servicios prestados acumulados, tienen diferencias trascendentales que determinan su distinta naturaleza jurídica. De lo anterior se obtiene que aun cuando la compensación única por antigüedad y la pensión por jubilación son beneficios que se otorgan como recompensa a los años de servicio acumulados, prestados por un trabajador, su naturaleza jurídica y finalidad es distinta, por lo que si un trabajador ya goza de la prestación de seguridad social consistente en la pensión por jubilación, ello impide que tenga a su favor, además, el derecho de percibir el beneficio consistente en la compensación única por antigüedad, toda vez que son prerrogativas excluyentes una de la otra, al tener origen y finalidades diversas entre sí, pues una desplaza a la otra." Asimismo, respecto a que la responsable dejó de considerar todas y cada una de las pruebas que obran en el juicio administrativo para calcular el haber del actor, así como la cantidad para realizar el cálculo por concepto de "compensación única por antigüedad" y la actualización de los pagos respectivos; debe destacarse que conforme a la petición y cuantificación que efectuó el actor por conducto de su autorizado, no se desprende que se haya solicitado el pago de tales prestaciones; por ende, resulta inatendible tal argumento. En efecto, el cálculo del pago de la prestación reclamada, quedó determinado en la referida sentencia definitiva y no podrían incorporarse nuevas cuantificaciones que no se trate de prestaciones derivadas de la condena que constituye cosa juzgada como en el caso que el quejoso pretende con el concepto de "compensación única por antigüedad", ni mucho menos, considerando como "último haber", lo que el quejoso considera que éste debió ser el que denomina el impetrante como "sueldo sujeto a cotización" y, por ende, tampoco se debían actualizar los pagos retroactivos. De lo anterior, se concluye que la resolución que constituye el acto reclamado no es más que el resultado de la cuantificación de la cantidad establecida previamente en la resolución definitiva, es decir, que procedió a determinar en números, la condena ya establecida con antelación; por lo que lo pretendido por la parte quejosa no es procedente, dado que a través de aquélla, la sala responsable no puede desconocer la cosa juzgada de la referida sentencia de veintidós de abril de dos mil veintiuno, que es en la que se precisó la forma en que se calcularía el pago de la pensión; máxime que por esa misma razón tampoco pueden introducirse en la liquidación, elementos ajenos a los precisados en la sentencia de condena, pues también es inconcuso que al resolver por cuanto hace a la cuantificación. En consecuencia, quien esto resuelve considera acertada la determinación de la autoridad responsable, dado que se estima que es erróneo el argumento toral que vierte el impetrante para que al cuantificar la pensión se deba tener el sueldo en relación con el cual se efectuó la cotización respectiva a aportaciones para pensión, excluyendo cualquier retribución que no haya sido objeto de la referida cotización, y no el último "haber" percibido por el actor, como lo pretende el inconforme, aunado a que tampoco resultaba procedente la actualización de las cantidades que se debían entregar de manera retroactiva. Lo anterior, toda vez que dicha circunstancia no formó parte de la litis original del acto que dio origen al acto aquí reclamado, aunado a que esas manifestaciones en todo caso, se debieron hacer valer en el momento procesal oportuno, a través del medio de impugnación adecuado contra la citada definitiva, pues se insiste, fue en esa determinación donde se sentaron las bases para la cuantificación de la prestación demandada, misma que al no haberse combatido por parte del peticionario del amparo, se mantiene firme para seguir rigiendo en los términos que fue pronunciada. En ese entendido, se insiste, no es factible realizar la cuantificación alegada por el quejoso conforme al "sueldo sujeto a cotización", ni tampoco ponderando alguna actualización, ya que esa situación generaría un desequilibrio procesal en perjuicio de su contraparte, en la medida en que, sin darle la oportunidad de defensa a la autoridad demandada, se modificaría la forma en que se calcularía el monto al que ya fue condenada en juicio, respecto de un elemento que no formó parte de la controversia natural. De ahí que, en la sentencia se establecieron las bases de la forma respecto a cómo es que se debía cuantificar dicha prestación- pensión por jubilación tomando como base para otorgar dicha prestación el "último haber" percibido por el actor-, sin que se indicara que se tuviera que ponderar diversa circunstancia o cuota distinta para fijar dicho monto como lo aduce el impetrante, por lo que en estricto sentido, no puede condenarse a ese pago, como una consecuencia lógica-natural, si ésta no fue reclamada en la demanda ni establecida en la sentencia ya precisada, razón por la cual se considera correcto el actuar de la autoridad responsable al emitir el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós. Esto se afirma, debido a que le era exigible a la parte accionante la carga procesal de precisar con exactitud lo que pidió o pretendió en la contienda de origen, así como narrar con precisión los hechos que motivaron el ejercicio de su acción, lo que conllevaba que manifestara con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar que justificaran sus reclamos, de manera que la parte demandada pudiera producir su contestación y defensa; lo anterior, toda vez que, de proceder en forma diversa, se infringirían en perjuicio de la contraparte las garantías previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, ya que se le dejaría en estado de indefensión, al modificarse la forma en que se calcularía el monto de la cantidad a pagar con motivo de la pensión reclamada. En efecto, la cosa juzgada formal en realidad constituye una expresión de la institución jurídica de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva; por ello, la cosa juzgada en sentido estricto es la que se califica como material e implica la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse en cualquier proceso futuro, sin desconocer que la formal es condición necesaria para que la material se produzca. Entonces, dicha institución -cosa juzgada-, se entiende como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, al descansar precisamente en dicha inmutabilidad, los principios de seguridad y certeza jurídica. Así, la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda; por tanto, debe respetarse con todas sus consecuencias jurídicas, es decir, no puede ser desconocida, pues uno de los pilares del Estado de derecho es el respeto de la cosa juzgada, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado. En ese orden de ideas, es claro que una vez que la sentencia definitiva adquirió la calidad de cosa juzgada, ya no puede ser modificada en cuando a los efectos jurídicos para los cuales se condenó a la autoridad enjuiciada, como lo pretende la parte actora con los argumentos que en este momento expone, encaminados a obtener un mayor beneficio (conforme a un "sueldo sujeto a cotización") al que le fue reconocido para la cuantificación de la pensión, ya que desde ese momento, la autoridad responsable limitó la cuantificación para el pago de la prestación al último "haber" que percibió como trabajador en activo, mencionando incluso, la fecha desde que aquél tenía que ser cuantificado el incremento y diferencias no pagadas al que hace alusión el numeral 30 del Manual en cuestión. Por ende, con posterioridad a la emisión de la ejecutoria emitida por la Sala administrativa, atendiendo al principio de cosa juzgada, no pueden variarse los efectos jurídicos para los que se condenó a la demandada, pues no puede revocar lo resuelto en la sentencia definitiva, ya que ello sería violar los principios de seguridad y certeza jurídica, transgrediendo el artículo 17 Constitucional, que garantiza la ejecución de la sentencia, pues, se insiste, en la sentencia definitiva se precisó la forma en que se calcularía el pago de la prestación pensionaria a la parte actora. Por lo anterior, es evidente que la Sala responsable, a fin de efectuar el cálculo correspondiente para la determinación de la cantidad líquida a que asciende dicho pago, únicamente debía tomar en consideración el "último haber" que percibió el trabajador mientas estuvo en activo, como ocurrió en la especie. De ahí lo infundado de los conceptos de violación en estudio. Además de que esa hipótesis conlleva a establecer la necesidad de que, en lo posible, quede resuelto el litigio o que, por lo menos, se facilite la ejecución de la condena, pues lo preferible en primer lugar es que sea en la propia sentencia donde se fije el monto o cuantía al que asciende la condena que tendría que liquidarse, lo cual implicaría si se tienen elementos en las pruebas rendidas o en la ley, sobre la forma de calcular su importe; en segundo orden de importancia, se prevé el supuesto en que no es posible, según los elementos de juicio a disposición de la autoridad responsable del conocimiento del asunto, determinar el importe de esa pretensión, caso en el cual puede hacerse la condena a su pago de forma genérica, pero aun en ese supuesto, se impone a la autoridad el deber de fijar, por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, hipótesis que no podría actualizarse ante la falta de condena de la actualización alegada. Se invoca, en cuanto a su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 109/2019 (10a.), registro 2020555, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 292, Décima Época, Materias(s): Laboral, de rubro y texto siguiente: "EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO LABORAL CUANDO EN UN LAUDO YA SE ANALIZÓ LO RELATIVO A LA DEBIDA CUANTIFICACIÓN DE LA PENSIÓN JUBILATORIA, CON BASE EN DETERMINADAS PRESTACIONES. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda y, por tanto, no puede ser desconocida, pues uno de los pilares del Estado de derecho es el respeto a dicha institución, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado. De ese modo, es claro que lo decidido en laudo o sentencia ejecutoriada sobre las prestaciones que integran el salario base para la cuantificación de la pensión adquiere la calidad de cosa juzgada y, por ende, no puede ser modificado en un ulterior juicio, aun cuando lo que se reclame sea la inclusión de otras prestaciones que no fueron consideradas en el primer fallo, por no haberse señalado en la demanda respectiva. Ello, en virtud de que los conceptos que integran el salario base para la determinación de la cuota pensionaria no pueden estimarse como prestaciones autónomas e independientes de la atinente a la debida cuantificación de la pensión, precisamente porque constituyen la base sobre la cual se habrá de calcular el monto respectivo. De ahí que en el juicio laboral deba estimarse actualizada la excepción de cosa juzgada, cuando se reclama la correcta cuantificación de la pensión jubilatoria a partir de la inclusión de prestaciones distintas a las que se consideraron en un juicio previo para determinar el salario que ha de servir de base para ello. Razonar en un sentido diverso desembocaría en permitir la promoción ilimitada de juicios laborales por cada prestación o concepto que se estimara faltó considerar en un juicio anterior, precisamente por no haberse hecho valer en el mismo a pesar de estar en plena aptitud de hacerlo y, por tanto, no ser materia de pronunciamiento del laudo elevado a la categoría de cosa juzgada, originándose con ello todo lo contrario que persigue la institución de orden público de la cosa juzgada, esto es, otorgar seguridad jurídica a las partes que intervengan en los juicios." Lo anterior, pues aceptar una postura contraria, generaría inseguridad jurídica, pues permitiría incluso, que con posterioridad, el accionante -ahora quejoso- incorporara una nueva prestación o elemento en la condena respectiva, por ejemplo, el pago de intereses, y así sucesivamente, lo cual desde luego, no abona a la certidumbre jurídica y atenta contra el principio de cosa juzgada y de preclusión en perjuicio de las partes; por ende, al resultar infundados los conceptos de violación, debe NEGARSE LA PROTECCIÓN DE LA JUSTIFICA FEDERAL SOLICITADA. Por último, debe precisarse que del principio pro homine o pro persona que invoca el impetrante, no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por la parte quejosa deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones y, por ende, que ello implique la obtención de un fallo definitivo concesorio, pues incluso su cumplimiento no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales, al ejercer su función, dejen de observar los diversos principios y restricciones que prevé la norma fundamental. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), registro 2004748, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES." No se soslaya el criterio jurisprudencial que cita el promovente en la demanda, tesis I.2o.A.16 A (10a.): "PENSIONES. SU CUANTÍA DEBE SER PROPORCIONAL A LO QUE CUANTITATIVAMENTE APORTABA EL TRABAJADOR AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN FUNCIÓN DE LO QUE REALMENTE SE LE DESCONTABA PARA EL FONDO RELATIVO Y DEL PORCENTAJE QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA LE CORRESPONDÍA PARA TAL FIN, CON INDEPENDENCIA DE LOS CONCEPTOS O DEL MONTO QUE COMO SUELDO BÁSICO DE COTIZACIÓN APAREZCA EN SU HOJA ÚNICA DE SERVICIOS.", del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pues ésta no es obligatoria y vinculante para este órgano jurisdiccional, aunado a que se refiere al análisis de una legislación diversa a la ponderada en el acto reclamado. Finalmente, no se inadvierten las manifestaciones que expresó a manera de alegatos el tercero interesado (promoción 19749); sin embargo, dígase que las mismas quedaron atendidas al tenor del presente considerando de esta determinación. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: calle José Joaquín Herrera, número 10, interior B-304, colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado; en consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción II y III de la Ley de Amparo, así como el numeral 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atenta comunicación oficial vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado comisione a cualquiera de los Actuarios de su adscripción a fin de que se constituya en el citado domicilio y le notifique a él o alguno de sus autorizados LA PRESENTE RESOLUCIÓN; asimismo, EL ACTUARIO, al momento de la notificación deberá requerirle para que en ese acto, o a más tardar en el plazo de tres días, proporcione un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. En el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realizarán a la parte quejosa por lista, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez, Estado de México) o en su zona conurbada (Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan y Tlalnepantla), o bien, designe de manera expresa un usuario para recibir notificaciones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea). Dada la naturaleza de la comunicación oficial, enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal se solicita que la devolución de las constancias respectivas, se realice mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA el amparo y la protección de la justicia de la Unión a Felipe Sánchez Suárez, por derecho propio, respecto del acto reclamado, por los motivos y fundamentos expuestos en el séptimo considerando de este fallo. Notifíquese vía exhorto a la parte quejosa, personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito y al tercero interesado; de igual forma, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el informe justificado rendido por la 1. Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta, consistentes en el legajo de copias certificadas de diversas constancias relativas al juicio administrativo 732/2019 de su índice, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional; con las mismas fórmense el anexos I. Ahora bien, dado el volumen de dichas documentales, no es factible digitalizar las constancias para ser agregadas a la plataforma del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, dado que el número de fojas supera los 20 MB que aquél permite. Ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establece: "Artículo 22. Al integrar los expedientes electrónicos, los órganos jurisdiccionales los registrarán dentro de la misma numeración consecutiva que la empleada para los expedientes derivados de promociones que se presenten de manera impresa, y en ambos casos se dará el trámite correspondiente. Las constancias firmadas electrónicamente tienen validez legal suficiente y no deberán agregarse al expediente físico, el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. En casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. Las y los servidores públicos autorizados para tal efecto, podrán emitir acuerdos mediante el uso de su FIREL para generar copias certificadas de lo que obra en un expediente y agregarlas en otro. Por su parte, las promociones recibidas físicamente deberán integrarse a un expediente electrónico mediante la utilización de la FIREL, atendiendo a lo dispuesto en el siguiente artículo. Todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Se trata de los siguientes: . III. Copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas quedará al arbitrio de la juzgadora o juzgador, pudiéndose, en su caso, incluir una certificación en el expediente electrónico que dé cuenta de éstas e incluya una fotografía o imagen del objeto en cuestión. Los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar los anexos. Las OCC, conforme lo permita su carga de trabajo, podrán auxiliar en la digitalización de anexos previo a su turno. En casos excepcionales, el personal de la mesa de trabajo a la que se haya turnado el asunto podrá solicitar el auxilio de la administración de cada edificio para contar con el apoyo de las jornadas de digitalización. Artículo 23. En caso de que exista imposibilidad material para la digitalización de determinadas constancias aportadas por las partes, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales acordarán lo conducente y valorarán si hacen del conocimiento de las partes tal situación mediante proveído y si las constancias se integran únicamente al expediente físico, o bien, ordenarán la integración de cuadernos auxiliares previstos en el artículo 22, último párrafo de este Acuerdo." Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como domicilio el que indica y como delegados a las personas que menciona en su informe. Con relación al correo electrónico y teléfono que proporciona, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Ahora bien, toda vez que de las constancias que adjuntó la citada autoridad, se advierte que en términos del artículo 5o, fracción III, inciso B), de la Ley de la materia, le recae el carácter de tercera interesada en el presente juicio a la moral ***; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso b), de dicha legislación, emplácese por sí, o por conducto de su representante en los domicilios ubicados en ***, corriéndole traslado con copia de la demanda, escrito aclaratorio e informe justificado que obra, así como del auto admisorio y del presente proveído; haciéndole del conocimiento la hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por lo que, con fundamento en los artículos 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado Federal a fin de que se constituya en el citado domicilio, y previo cercioramiento de que se trata de la buscada la emplace. Además, le requiera para que señale un usuario para recibir notificaciones vía electrónica a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, designe domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), bajo apercibimiento que, de no hacerlo dentro del término de tres días legalmente computados, sin previo acuerdo, se tendrá las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, aun para las notificaciones de tipo personal, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo Notifíquese, y personalmente a la moral tercera interesada.
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