Felipe Rivas Lara
Expediente 703/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Felipe Rivas Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y estado que guardan los autos, se procede a calificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por sentencia dictada el siete de julio del año en curso, este Juzgado determinó otorgar el amparo solicitado por la parte quejosa, para que el Presidente y Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios: "1. Den respuesta a la solicitud de pensión de ********************, con número de folio ********************, de dieciséis de junio de dos mil veintidós, presentada en la Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios -con lugar de pago en Jilotepec, Estado de México-. 2. Notifiquen dicha respuesta en el domicilio señalado en la petición, conforme a las normas aplicables para tal efecto, debiendo recabar las constancias de notificación respectivas." El veintiséis de julio de la presente anualidad, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión de amparo. En virtud al requerimiento formulado, por auto de nueve de agosto del año en curso, se tuvo a las autoridades responsables Presidente del Comité y Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, informando que se encontraban realizando gestiones a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Posteriormente, allegaron copia certificada del oficio ********************, que contiene la resolución de cuatro de agosto del año en curso), que recayó a la solicitud de pensión de ********************ante la Oficia de Atención al Derechohabiente Atlacomulco del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y la respectiva notificación practicada al aquí quejoso. Documental pública con valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su 2° numeral, por ser una copia certificada por autoridad en ejercicio de sus funciones. Con lo anterior, se estima que el fallo protector fue cumplido en su totalidad, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en tanto que, la autoridad responsable acató la ejecutoria dictada en autos. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin que se advierta exceso o defecto. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es conservable en el plazo de tres años, ya que se concedió el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio suscrito por Mario Rodríguez Sánchez, en su carácter de representante legal de las autoridades responsables Presidente del Comité y Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; mediante el cual, informa que se encuentra realizando gestiones a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo y solicita una prórroga para informar lo conducente. Atento a lo anterior, se concede a las citadas autoridades responsables, una prórroga de diez días, contados a partir de la recepción del oficio que derive del presente proveído, para que acaten en sus términos la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento con el que se les conminó para el caso de incumplimiento. Notifíquese.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ésta ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere al El Presidente y Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuenten con la presente determinación, realice lo siguiente: 1. Den respuesta a la solicitud de pensión de...con número de folio...de dieciséis de junio de dos mil veintidós, presentada en la Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios -con lugar de pago en Jilotepec, Estado de México-. 2. Notifiquen dicha respuesta en el domicilio señalado en la petición, conforme a las normas aplicables para tal efecto, debiendo recabar las constancias de notificación respectivas. Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular la multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En el entendido que si necesitan alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentra en vías de cumplimiento, lo deberán solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tengan y tiempo requerido, para que este juzgado, atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo, acuerde lo conducente; con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requieren prórroga alguna, incluso se les requiere para que en el mismo término, señalen, si llegara a existir alguna autoridad distinta a ellas vinculada con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informa, se entenderá que no existe. Con el fin de privilegiar el uso de medios electrónicos que permitan la continuación del juicio en línea, la información antes indicada deberán remitirla al correo electrónico 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, pudiendo solicitar la confirmación de recepción. Se hace del conocimiento de las autoridades señaladas que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifiquen la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese..."
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 703/2023-V; R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE DEMANDA. Por escrito depositado en el buzón judicial el quince de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Felipe Rivas..., por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos de autoridad que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. De dicha demanda tocó conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien lo registró con el número de juicio de amparo 714/2023, y el dieciocho de mayo del presente año, se declaró incompetente por razón de territorio para conocer del asunto, al considerar que los actos tienen ejecución en el municipio de Jilotepec, Estado de México, lugar donde no ejerce jurisdicción, por lo que ordenó la remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, a efecto de que lo turnara al órgano jurisdiccional respectivo. SEGUNDO. TRÁMITE EN ESTE JUZGADO. Mediante auto de siete de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado recibió la demanda, por razón de turno y se avocó al conocimiento de la misma, la admitió a trámite bajo el número 703/2023-V, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que se reclaman actos cuya ejecución tiene lugar dentro del ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, quien esto juzga considera que el quejoso Felipe Rivas Lara, reclama del: a. Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). b. Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). La omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión con número de folio 9,334-43101, de dieciséis de junio de dos mil veintidós, presentada en la Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con lugar de pago en Jilotepec, Estado de México. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados al Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social el Estado de México y Municipios y su Presidente, pues el segundo de ellos manifestó que la solicitud que refiere la quejosa sí existe y que al día en que rindió el informe justificado no se ha emitido una respuesta a la misma, sin embargo, que ello se debe a la sobrecarga de solicitudes de pensión que tiene el Instituto; aceptando así la existencia del acto reclamado. No se soslaya que el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social el Estado de México y Municipios, haya negado el acto que se le atribuye, al señalar que no tiene calidad de autoridad responsable para efectos de este juicio de amparo, empero, como se verá más adelante, dicha autoridad sí tiene injerencia en el acto reclamado y, por ende, si el Presidente del Instituto de Seguridad Social el Estado de México y Municipios, aceptó la existencia de la omisión reclamada, es inconcuso que también es cierto el acto que a ella se le atribuye. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al análisis del acto reclamado, sea que las partes lo aleguen, o no, se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. El representante legal de las autoridades responsables, al rendir su informe previo de manera conjunta, señaló que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social el Estado de México y Municipios, no tiene el carácter de autoridad para efectos del presente juicio de amparo, porque no es la facultada para emitir la respuesta a la solicitud de pensión presentada por el quejoso, sino que, en todo caso, es su Presidente a quien corresponde suscribir y firmar la resolución correspondiente. Sin embargo, no se actualiza dicha causa de improcedencia. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios constituye un ente público encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Así, en segundo término, debe destacarse que el Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en sus numerales 3, 10 11 y 12, establece lo siguiente: "Artículo 3.- El Comité de Pensiones tendrá por objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, previstas en la ley, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes." "Artículo 10.- Los dictámenes y resoluciones se decidirán por unanimidad o mayoría de votos de los integrantes del Comité de Pensiones; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad." "Artículo 11.- El Comité de Pensiones tendrá las siguientes funciones y atribuciones: I. Analizar y dictaminar las solicitudes de pensión o del estímulo por permanencia; II. Conceder, negar, modificar o suspender las pensiones y el estímulo por permanencia en términos de las disposiciones legales, reglamentarias y otras determinaciones aprobadas por el H. Consejo Directivo del Instituto; ..." "Artículo 12.- Los integrantes del Comité de Pensiones tendrán las siguientes funciones y atribuciones: I. Del Presidente: a) Presidir las sesiones del Comité de Pensiones; b) Representar al Comité de Pensiones en todos los asuntos que le competan; c) Aprobar y firmar las actas de las sesiones; d) Emitir su opinión y voto en forma directa en el pleno de la sesión sobre las solicitudes de pensiones y de estímulo por permanencia así como en los asuntos que en el ámbito de su competencia se sometan a la consideración del Comité de Pensiones; (.)" En ese sentido, se aprecia que si bien el Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social el Estado de México y Municipios, es el encargado de aprobar y firmar las actas de las sesiones del comité, así como emitir su opinión y voto sobre las solicitudes de pensiones, también lo es que el citado manual establece como funciones del Comité responsable, entre otras, analizar y resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto. En ese sentido, si el acto reclamado constituye la omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión con número de folio 9,334- 43101, de dieciséis de junio de dos mil veintidós, presentada en la Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con lugar de pago en Jilotepec, Estado de México; y el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social el Estado de México y Municipios, es el encargado de analizar y resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, es inconcuso que sí tiene calidad de autoridad responsable en el presente juicio. Así, al haberse analizado y valorado todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún otro motivo de improcedencia hecho valer por las partes ni que de manera obvia y objetiva se advierta de manera oficiosa, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO DEL ASUNTO. Resulta procedente el estudio de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos por economía procesal, máxime que no hay obligación legal de transcribirlos, ya que en la Ley de Amparo no existe artículo que señale expresamente que deba realizarse en la sentencia transcripción de los mismos. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el registro digital 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". Ahora bien, la parte quejosa refiere que la omisión reclamada trasgrede el artículo 8° Constitucional. Dicho argumento es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado por la quejosa, por las consideraciones siguientes. El artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Estado (a través de sus funcionarios o empleados) está obligado a dar respuesta a toda petición escrita que se le formule y así atender el mandato que de la ley fundamental deriva, pero ello exige el cumplimiento de ciertos requisitos, los que consisten en: a) Toda petición que se haga a la autoridad, debe constar por escrito y se debe formular de manera pacífica y respetuosa. b) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito, congruente con lo pedido. c) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. En esas condiciones, una autoridad cumple con la obligación que prescribe el mencionado artículo de la Ley Fundamental al dictar un acuerdo congruente, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Así, la obligación impuesta a la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a esa petición, también requiere que lo haga en breve término y que se lo dé a conocer al peticionario, lo que implica que la notificación del acuerdo que recaiga a la solicitud respectiva, es uno de los elementos constitutivos del derecho público subjetivo que se relata. Además, debe recordarse que no existe obligación a cargo de la autoridad a la que se eleva la petición de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; empero, esa respuesta tendrá que ser congruente con la petición y, además, deberá estar fundada y motivada. En esos términos se instituye el derecho público subjetivo que tutela el artículo 8º constitucional, en la medida que garantiza la emisión de una respuesta a toda petición que el gobernado eleva ante la autoridad, sólo que el respeto a ese derecho humano para que adquiera plena eficacia, exige que la respuesta emitida al respecto no sea con evasivas, sino congruente con lo pedido. Se expone tal aserto, porque precisamente la respuesta incongruente a una petición hace nugatorio el derecho consagrado en el numeral constitucional referido, en la medida que impide al gobernado satisfacer su pretensión de que se le informe de manera coherente sobre una situación particular que motiva la consulta, lo que provoca la falta de cumplimiento cabal del derecho de petición. Ahora bien, el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en relación con el 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios -disposiciones que regulan el trámite de la solicitud presentada por la parte quejosa -, prevén: "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente." "Artículo 75.- (.) El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que interesa, que el Instituto cuenta con un plazo de treinta días contado a partir de la fecha en que reciba la solicitud para resolver respecto al otorgamiento de una pensión, incluso se determina que la respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde haya iniciado su trámite. Ahora, en el asunto que nos ocupa, la quejosa exhibió el acuse de recepción de la solicitud de pensión elevada el dieciséis de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con lo que acredita haber efectuado la petición cuya omisión de resolver reclama. Así las cosas, dado que desde el dieciséis de junio de dos mil veintidós, fue presentada la solicitud aludida -como se aprecia del sello que obra en el documento en comento-, a la emisión del presente fallo, ha transcurrido más de un año, sin que se haya emitido una respuesta por parte de las responsables. Por tanto, si las autoridades responsables cuentan con un plazo de treinta días a partir de que reciban la solicitud de pensión y a la fecha han sido omisas en dar contestación a la petición realizada por la parte quejosa; es evidente que con su actuar se transgrede lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque ese artículo constitucional en lo conducente establece que la autoridad deberá dictar un acuerdo por escrito a la solicitud que el gobernado el eleve y darlo a conocer en breve término al peticionario. En ese sentido, jurisprudencialmente se ha determinado que el concepto de "breve término", debe ser entendido como un plazo razonable, conforme a las circunstancias concretas que concurran en el asunto específico materia de petición, que deberá ser ponderado en cada caso particular. En efecto, la garantía que refiere el artículo constitucional invocado, sólo obliga a la autoridad a contestar de manera oportuna y por escrito las promociones que se presenten y notificarlas al interesado, en breve término, y aun en el supuesto, que se requiera de estudios y trámites, no existe justificación para una conducta de silencio por parte de la autoridad responsable que deje en estado de incertidumbre al gobernado; pues incluso, las condiciones especiales de la autoridad, materiales o legales, no autorizan la abstención de emitir una respuesta oportuna a la solicitud del quejoso y evitar que éste ignore cuál es la situación legal que guarda su petición. Sin que el suscrito desatienda que la responsable refirió, al rendir su informe justificado, que la omisión reprochada se debe a la sobrecarga de solicitudes de pensión y al existir una orden de prelación obligatorio para la resolución de los procedimientos administrativos y que no pueden alterar dicho orden, además que por la naturaleza del asunto requiere mayor tiempo para su resolución, por lo que se actualiza la excepción prevista en el artículo 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, respecto del plazo que le exige dicho precepto para resolver la petición dentro de los treinta días siguientes a su presentación. Sin embargo, en el presente juicio no existe constancia que acredite la complejidad del asunto, o bien, que el cúmulo de trabajo de la autoridad responsable Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, no haya permitido la emisión de la respuesta correspondiente respecto a la referida petición, puesto que el dicho de la autoridad responsable acerca de la sobrecarga de solicitudes de pensión que existe en el referido Instituto es insuficiente para justificar la omisión reclamada, porque no ofreció algún medio de convicción para acreditarlo. En ese contexto, como se adelantó, es esencialmente fundado el concepto de violación de la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede conceder el amparo solicitado por el quejoso Felipe Rivas Lara, para el efecto de que: El Presidente y Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios: 1. Den respuesta a la solicitud de pensión de Felipe Rivas Lara, con número de folio 9,334-43101, de dieciséis de junio de dos mil veintidós, presentada en la Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios -con lugar de pago en Jilotepec, Estado de México-. 2. Notifiquen dicha respuesta en el domicilio señalado en la petición, conforme a las normas aplicables para tal efecto, debiendo recabar las constancias de notificación respectivas. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Felipe Rivas..., respecto del acto y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos y para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
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