Felipe Rabelo Sanchez
Expediente 975/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 10 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 975/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/08/2017
Partes del expediente
- Felipe Rabelo Sanchez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de agosto de dos mil diecisiete. COMPETENCIA Por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el acuerdo de siete de agosto del año en curso, dictado dentro del amparo directo número ., de su índice; original y copia de la demanda de amparo promovida por .; oficio número ., signado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona de Pichucalco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con el que rinde su informe justificado; emplazamiento al tercero interesado .; copia certificada de la causa penal .; y, original del toca penal .. Acúsese recibo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 975/2017-4-A. DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo promovida por ., contra las autoridades que precisó de la forma siguiente: 1. Sala Regional Mixta Zona 04, Pichucalco, en funciones de Tribunales de Enjuiciamiento Región Tres del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. 2. Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Tres del Distrito Judicial de Pichucalco, Catazaja-Palenque, Salto de Agua y Simojovel. De quienes reclamó: La resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, emitida dentro del toca penal ., que confirmó el auto de apertura a juicio oral pronunciado el veintiuno de marzo de la citada anualidad en la causa penal .y su ejecución. El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: (.) De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. (.) En el caso, se actualiza de forma manifiesta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, este último en concordancia con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo y, para demostrar lo anterior, es pertinente transcribir los preceptos citados: (.) Los preceptos invocados establecen que el juicio de amparo bi-instancial resulta improcedente contra actos emitidos dentro de juicio y/o procedimiento que no sean de imposible reparación, siendo estos actos aquellas resoluciones o actos que no afectan derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, por lo que tratándose de actos que produzca una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto. En ese tenor, no es dable considerar que el acto de autoridad produce una afectación trascendental a los derechos sustantivos de la parte quejosa, si las consecuencias de la posible violación ocurrida dentro del juicio pueden extinguirse en la realidad -sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de los gobernados y sin dejar huella en su esfera jurídica-, porque tal violación es susceptible de ser reparada a través de la sentencia definitiva que resulte favorable a la parte y, aún en la hipótesis que la resolución definitiva del juicio natural le resulte adversa a la parte que se dice agraviada, esa violación procedimental puede ser reparada a través del juicio de amparo uni-instancial que se promueva contra la resolución definitiva al impugnarse la misma. (.) Como se anticipó, la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete emitida dentro del toca penal ., no es un acto de imposible reparación dentro del juicio natural, pues, en ésta la Sala responsable declaró infundados los agravios que hizo valer la representación social que interviene contra el auto de apertura el juicio oral en la causa penal ., que se tramita ante el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Tres del Distrito Judicial de Pichucalco, Catazaja-Palenque, Salto de Agua y Simojovel. El acto reclamado lo constituye la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete emitida en el toca penal ., que confirmó el auto de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal citada en el párrafo anterior, por medio del cual, el Juez natural ordenó la apertura a juicio oral y, que a decir del quejoso excluyó los siguientes medios de prueba: La declaración del aquí quejoso de diez de agosto de dos mil dieciséis. Las documentales privadas consistentes en la constancia del fierro marcador, expedida por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Juárez, Chiapas, con número de registro 135 de veintisiete de dos mil quince y el original de recibo de compra de fecha uno de mayo de dos mil quince, firmado por la vendedora .y sellado por el citado Ayuntamiento. La declaración de., perito en materia de criminalística, así como la toma de placas fotográficas y avalúo comercial. La declaración de., perito en criminalística, de las fotografías y croquis ilustrativo del lugar de los hechos y avalúo de daños y recolección de indicios de la parcela . Sin embargo, los efectos de la resolución que reclama el aquí quejoso, únicamente producen consecuencias dentro del procedimiento criminal de origen, pues éstos se dirigen a la actividad probatoria entre las partes, lo cual, se traduce en una violación adjetiva que, como se dijo, únicamente repercute en el procedimiento y no genera a las partes una afectación material a sus derechos sustantivos. En efecto, se considera demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, ya que los efectos de la resolución aquí reclamada no afectan directa e inmediatamente derechos sustantivos de la parte quejosa establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudiera resentir el ofendido dentro de la causa penal -ahora solicitante de amparo- en sus derechos corresponden a esa naturaleza adjetiva, porque tal decisión no implica la tramitación innecesaria del juicio acusatorio adversarial, dado que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante el juez de origen. (.) Por tanto, si los efectos de la resolución que se reclama en esta vía constitucional tienen únicamente efectos procesales y no tienen una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano, ello produce la improcedencia del juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia analizada, pues, el acto reclamado no causaría perjuicio alguno a la parte aquí quejosa en el supuesto de que la sentencia definitiva le incorporara el derecho a la reparación del daño por el delito de abigeato cometido en su perjuicio, pues las violaciones alegadas no trascenderían al resultado del fallo final, y, en caso contrario, tendría expedito su derecho para impugnar la mencionada resolución, en el amparo directo, previo agotamiento de los medios extraordinarios de defensa. (.) En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Dígase a la parte quejosa que no ha lugar a tener por señalado como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en la . No obstante lo anterior, a efecto que el solicitante de amparo se imponga del contenido de la radicación del juicio de amparo ante este juzgado de Distrito y, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, gírese atento despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el presente proveído a la parte quejosa, en el domicilio indicado en el párrafo que antecede; debiendo requerirle para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ya que de no hacerlo las que surjan dentro del procedimiento se les harán por lista de acuerdos, aún las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para ese fin. Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágasele saber la facultad que le asiste para oponerse a la publicación de su nombre y datos personales en el presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Puntualícese a la autoridad requerida que la notificación a la parte quejosa, deberá realizar conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Amparo vigente. De igual manera, requiérase a dicha autoridad, para que dé cumplimiento a este mandato dentro del término de cinco días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Federal en mención, apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización , conforme al Salario Mínimo Nacional vigente, en términos de lo establecido por el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Poder Ejecutivo, que entró en vigor al día siguiente, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada podrá constituirse en diversos horarios, pudiendo ser estos en días y horas inhábiles, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de ley de la materia. Hecho lo anterior, deberá devolver inmediatamente el despacho a este Juzgado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente y por despacho a la parte quejosa.
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