Felipe Fernando Díaz Coello y Otros.

Expediente 1445/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1445/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
05/11/2020

Partes del expediente

  • Felipe Fernando Díaz Coello y Otros.
  • Felipe Fernando Díaz Coello

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de octubre del año en curso, sin que haya dado cumplimiento a la prevención ordenada en el citado auto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se provee únicamente en relación con los actos inicialmente reclamados, consistente en el inicio de procedimiento administrativo de separación de cargo ***, reclamado en contra de las siguientes autoridades responsables: 1. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en su carácter de Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2. Director General del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas. 3. Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. DESECHAMIENTO En atención a lo anterior, y una vez analizada integralmente la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.;" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, es menester señalar que en el presente asunto el quejoso señaló como acto reclamado el inicio de procedimiento administrativo de separación de cargo ***; sin embargo, de la documental que anexa a la demanda, se advierte que el oficio ***, que contiene la notificación de la audiencia de pruebas y alegatos, así como el auto de inicio de procedimiento, le fue notificado el veinte de septiembre de dos mil diecinueve. De lo anterior, se evidencia que la parte promovente tuvo conocimiento del acto que reputa violatorio de sus derechos fundamentales desde el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, no obstante que haya señalado que el catorce de octubre del dos mil diecinueve, le fue notificado el inicio del procedimiento; ello, ya que como se insiste, de acuerdo a la documental que el propio quejoso exhibió adjunto a su escrito inicial, se advierte que el inicio del procedimiento administrativo y la fecha de la audiencia relativa se le notificó el veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Máxime, que fue omiso en cumplir con la prevención formulada el siete de octubre de dos mil veinte, a fin de que precisara si era su deseo señalar como acto reclamado el oficio *** de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; de ahí que se considere que en esa fecha tuvo conocimiento del inicio del procedimiento administrativo ***, por lo que se sostiene que la demanda de amparo de que se trata se presentó de forma extemporánea. En efecto, la manifestación del quejoso en el escrito que se provee, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis[1] sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL" Por consiguiente, si presentó la demanda de amparo hasta el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, según se advierte del sello estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, es indudable que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo. Es así, pues desde el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, en que tuvo conocimiento del acto reclamado, hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo (veintitrés de octubre de dos mil diecinueve), ha transcurrido en exceso el plazo que tenía para combatirla a través de la vía constitucional, tal como consta de la siguiente tabla: SEPTIEMBRE 2019 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día inhábil 2 3 4 5 6 7 Día inhábil 8 Día inhábil 9 10 11 12 13 14 Día inhábil 15 Día inhábil 16 17 18 19 20 Notificación personal 21 Día inhábil 22 Día inhábil 23 Surte efectos 24 Conocimiento Día 1 25 Día 2 26 Día 3 27 Día 4 28 Día inhábil 29 Día inhábil 30 Día 5 OCTUBRE 2019 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día 6 2 Día 7 3 Día 8 4 Día 9 5 Día inhábil 6 Día inhábil 7 Día 10 8 Día 11 9 Día 12 10 Día 13 11 Día 14 12 Día inhábil 13 Día inhábil 14 Día 15 Fenece termino 15 16 17 18 19 Día inhábil 20 Día inhábil 21 22 23 Presentación de la demanda 24 25 26 Día inhábil 27 Día inhábil 28 29 30 31 Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que ahora reclama; sin embargo, al no hacerlo la demanda resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." De ahí que, al haber presentado la demanda hasta la fecha antes mencionada, la acción de amparo resulta extemporánea, en razón de que se encuentra fuera del plazo genérico de quince días a que se refiere el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que el acto reclamado encuadre en alguna de las excepciones a la regla general que prevé el propio precepto. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, con el que remite el testimonio de la ejecutoria dictada por ese cuerpo colegiado, el veinte de agosto de dos mil veinte, en los autos del recurso de queja ***, en la cual en su único punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja" Remítase el acuse de recibo a la superioridad; háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como, en el libro de Gobierno de este Juzgado; comuníquese lo anterior a las partes; y se ordena la destrucción de las copias certificadas que devuelve la autoridad oficiante, para evitar así la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional. PREVENCIÓN Con relación a lo anterior, el artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por otro lado, el artículo 261 de la ley en comento, dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Atendiendo a lo anterior, a efecto de estar en aptitud de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos su legal notificación:  Manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado el diverso oficio *** de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. De ser su respuesta en sentido afirmativo, deberá manifestar a qué autoridad responsable atribuye dicho acto. Ello, pues del escrito de demanda, se obtiene que el quejoso reclama el inicio del procedimiento administrativo número ***, de separación del cargo por no haber aprobado las evaluaciones de control de confianza certificados en el estado; sin embargo, de las constancias que anexa a su escrito inicial de demanda, se advierte que el procedimiento que combate guarda relación con el diverso oficio ***, por el cual se le hizo de conocimiento el inicio del procedimiento de referencia. Se estima lo anterior, en razón que dicha circunstancia crea incertidumbre para quien esto determina, pues no se conoce con exactitud la naturaleza del acto que reclama el quejoso, lo que resulta necesario precisarse para que las autoridades responsables rindan con claridad su informe de ley en relación con el acto efectivamente impugnado y para que este órgano de control constitucional pueda estudiar su legalidad, en los términos en que se haga la petición. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis número XX.57 K , emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Toda vez que los datos que se le requieren son requisitos esenciales de la demanda, a que se refiere el artículo 108, fracción I y IV, de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención aludida, en términos de lo que establece el artículo 110 de la Ley en cita. Cobra aplicación, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 36/2001 , emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACION DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se proveerá únicamente en relación con los actos inicialmente reclamados. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante informando que se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo con el número ***; asimismo, acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes e incidente de suspensión relativo y anexos. Como lo solicita la oficiante, previa copia certificada que se deje en autos para constancia, remítanse los acuses de recibo de los oficios ***, de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve; lo anterior, para los efectos legales procedentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, en atención a lo anterior, con copia certificada del oficio de cuenta, acuérdese lo conducente en el cuaderno de antecedentes relativo al incidente de suspensión *** Notifíquese.

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