Felipe Plata Peña
Expediente 1900/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1900/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/10/2019
Partes del expediente
- Felipe Plata Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 190 y 191), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de tres de octubre de dos mil diecinueve (foja 192), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "*******". Por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 60 a 76), en lo que al caso interesa, se determinó conceder a la quejosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que se le desincorporara de su esfera jurídica los artículos 11, 12, 13 y 21 fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho; asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, le devolviera el remanente que excediera de la cuota mínima por el pago de los conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario, así como la devolución de los impuestos adicionales ahí destacados. Sentencia que fue recurrida por el Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, empero, por ejecutoria de quince de agosto de dos mil diecinueve, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California Sur, confirmó la sentencia de marras (fojas 131 a 178); por lo que se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Recaudador de Rentas de dicha secretaría, con sede en esta ciudad, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el dieciocho de septiembre y dos de octubre de dos mil diecinueve (fojas 183 a 185 y 190 a 191), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el uno de octubre de dos mil diecinueve, realizó la devolución interbancaria a la aquí quejosa, por la cantidad de diecinueve mil ochenta y dos pesos con cincuenta y un centavos, lo cual acreditó con la copia de la transferencia bancaria; asimismo, remitió las operaciones aritméticas utilizadas para determinar dicho monto. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de noviembre de dos mil dieciocho al mes de septiembre del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del año en que se actúa entre el índice para el mes de noviembre del año anterior (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre de dos mil dieciocho fue de 101.44 y para el mes de septiembre del presente año fue de 103.67, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.021983438485804. Ahora, dado que al monto de $19,232.03 (diecinueve doscientos treinta y dos pesos 03/100 moneda nacional), al cual se le restan las cuotas mínimas a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por la inscripción de documento público o privado y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por la inscripción de préstamo hipotecario, por tanto, nos da como resultado la cantidad de $18,672.03 (dieciocho mil seiscientos setenta y dos pesos 03/100 moneda nacional), al multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $19,082.50 (diecinueve mil ochenta y dos pesos 51/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $410.47 (cuatrocientos diez pesos 47/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la quejosa la cantidad de $19,082.50 (diecinueve mil ochenta y dos pesos 51/100 moneda nacional); no obstante ello, le devolvieron a la parte quejosa la cantidad de $19,082.51 (diecinueve mil ochenta y dos pesos 51/100 moneda nacional), cubriéndose la cantidad a devolverse debidamente actualizada como consta en autos (foja 185). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por un parte se sobreseyó, negó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Mazatlán, Sinaloa, a través del cual adjunta los autos originales del Juicio de Amparo Indirecto 29/2019 (auxiliar 573/2019), en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el uno de octubre de dos mil diecinueve, que por una parte, sobresee en el sumario en que se actúa y por la otra parte, concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, a partir de su envió. Acúsese el recibo de estilo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia simple de la indicada resolución a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Tepic, Nayarit, siete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que en el juicio principal de donde deriva el presente incidente, no se ha designado traductor o interprete en la variante dialéctica Tzotzil, toda vez que a la fecha la parte promovente ha sido omisa en informar el Estado, Municipio o Comunidad de los cuales son originarios, a fin de que la Directora General Adjunta de Coordinación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con sede en la Ciudad de México esté en condiciones de informar respecto de un traductor o interprete en la referida lengua; asimismo, que en el sumario del que deriva esta incidencia, se giró despacho al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, en turno, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a efecto de que requiera a la parte quejosa para que informara lo anterior; el cual, aún no ha sido devuelto. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se difiere la audiencia incidental programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Villa Hidalgo, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal promovido por Gema Elizabeth Cota Cerda por su propio derecho y en representación del menor R.M.C.. En relación a lo anterior, por acuerdo de veintiuno de junio del año en curso (foja 255), se dio vista a las partes, con el oficio remitido por el citado juez y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El plazo concedido a las partes al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: En ese tenor, se tiene que por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional el ocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 198 a 213) se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a la autoridad jurisdiccional responsable, para los efectos que a continuación se transcriben: Resolución que causó ejecutoria el trece de junio del año actual (fojas 242 a 244). Ante ello, el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Villa Hidalgo, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, a través del oficio 435/2019 (foja 247), remitió copia certificada del acuerdo emitido el diecinueve de junio del año en curso (fojas 250 a 254), dentro del expediente 194/2017, del que se desprende que dejó insubsistente y sin efectos el acuerdo de dieciocho de junio de dos mil dieciocho por el que se revocó la custodia del menor R.M.C. Asimismo, determinó que se advertía que la quejosa fue rebelde al requerimiento que le realizó por acuerdo de dieciocho de mayo de ese mismo año; sin embargo, indicó que esa circunstancia se entiende sólo como un desacato, sin que llegue al extremo de revocar la custodia del menor que goza. De igual manera, en aras de proteger el interés superior del menor R.M.C., estableció un régimen de convivencia con su progenitor (no custodio), los días viernes, sábado y domingo, precisando horarios para tales días; ello, bajo la supervisión del Delegado Municipal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o en su defecto, por personal del DIF de la localidad. Por último, ordenó revocar la guardia y custodia otorgada al progenitor Moisés Alejandro Moreno Cota y restituírsela a la aquí quejosa. No obstante lo anterior, debe decirse que el fallo protector no se encuentra debidamente cumplido, toda vez que como quedó plasmado, la concesión otorgada se hizo extensiva al acto de ejecución reprochado a la Secretaria Ejecutora adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Villa Hidalgo, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Así, del análisis de la sentencia de mérito, se advierte que a dicha autoridad le reclamó la ejecución del acuerdo de dieciocho de junio de dos mil dieciocho por el que se revocó a la quejosa la custodia del menor R.M.C. en el expediente 194/2017 de su índice, a través de la diligencia de veinte de junio de dos mil dieciocho, en la cual se entregó al menor R.M.C., a su progenitor Moisés Alejandro Moreno López; sin que de las constancias remitidas por la responsable se advierta que a la fecha se haya restituido la custodia del menor con su madre. Esa tesitura, con sustento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que reciban el oficio de notificación correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido en autos y acrediten haber restituido a la quejosa de la guarda y custodia del menor R.M.C.. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se hace del conocimiento de las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.
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