Felipe Plata Peña

Expediente 1898/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1898/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • Felipe Plata Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de veintiocho de octubre del año en curso (foja 945); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el treinta de mayo de dos mil diecisiete (fojas 571 a 610 del tomo I), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ". lo procedente es conceder a la persona moral "Playas de Ameca", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Adolfo Dueñas Canales, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, en virtud de que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones y Predios Urbanos y Rústicos para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las cuales son el factor para calcular la base del tributo en análisis, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles. El efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, devuelva la cantidad total que la quejosa pagó el ocho de abril de dos mil dieciséis, por concepto de impuesto predial para el ejercicio dos mil dieciséis, de los inmuebles con cuenta predial U038161, U038170, U038175, U039076, U039078 y U039080, respecto del primero y segundo bimestre, por el monto total de $678,027.00 (seiscientos setenta y ocho mil veintisiete pesos moneda nacional); que se encuentran ubicados en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit." Inconforme con lo anterior, el Tesorero Municipal y Jefe del Departamento de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, por conducto de su delegado, interpusieron recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes lo registraron con el número de amparo en revisión 693/2017 y, por ejecutoria de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, confirma la sentencia y concedió el amparo y protección a la parte quejosa. De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Devolverle a la parte quejosa la cantidad que erogó el ocho de abril de dos mil dieciséis, con motivo del pago que realizó del impuesto predial (correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis), respecto de los predios con cuenta predial U038161, U038170, U038175, U039076, U039078 y U039080, ubicados en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Así, en diverso auto de doce de junio de dos mil dieciocho (fojas 781 y 782), se requirió a las autoridades ejecutoras, a fin de que dieran cumplimiento a la ejecutoria en análisis. En consecuencia, a través del oficio sin número, recibido el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve (fojas 937 a 944), el Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, por conducto de su delegado, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, refirió haber llegado a un acuerdo conciliatorio con la parte quejosa, a fin de dar cumplimiento a las ejecutorias emitidas en todos los juicios de amparo promovidos por la aquí quejosa contra los mismos actos que se encontraban tramitados ante este órgano jurisdiccional, entre ellos, en el que se actúa (823/2016), así como en diversos tramitados ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. En ese contexto, comunicó que en relación a los depósitos realizados por la ahora quejosa, un porcentaje se aplicara para el pago de los ejercicios fiscales de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, una diversa cantidad se destinara para el pago del impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019, otro porcentaje se empleara al pago del derecho de los avalúos catastrales por la transmisión de propiedad derivada de la fusión mencionada en el convenio de mérito y para el último porcentaje se extenderá una nota de crédito a favor de la quejosa, a efecto de aplicarse en pagos de derecho de licencias de construcción que otorga el ayuntamiento responsable; luego, para acreditar su dicho, remitió copia certificada del convenio en mención, en el que se observa que se encuentra suscrito por Adolfo Dueñas Canales, en su carácter de representante legal de la parte quejosa, así como por el Presidente, Síndico y Secretaria General, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit. En ese sentido, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Lo anterior se considera de esa forma, toda vez que si bien es cierto el amparo de mérito, se concedió para el efecto de que la autoridad exactora responsable reintegrara la cantidad que la empresa quejosa había erogado con motivo de la aplicación de la porción normativa, no menos lo es que dicho numerario no se reintegró de manera material, pero dicha circunstancia en nada impide tener por cumplida la citada ejecutoria, pues consta en autos la conformidad de la parte quejosa respecto que dicho importe se conmutara como quedo precisado antelativamente. Luego, al tratarse de una prestación de carácter pecuniaria, la parte quejosa puede disponer totalmente de dicha prerrogativa y pactar sobre la forma particular en que se satisface dicha devolución, ya que es la titular del derecho involucrado. De ahí que no habría razón para estimar incumplida la ejecutoria de amparo al constar la conformidad de la parte quejosa. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2ª. LI/2014, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos veinte, Libro 7, Junio de dos mil catorce, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA ANTE EL DESISTIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE TRATE DE INTERESES PATRIMONIALES PREVIA RATIFICACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).- ...." Asimismo, la Jurisprudencia 2ª./J 113/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintitrés, Tomo XXVIII, Septiembre de dos mil dieciocho, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de cuyo rubro y texto es el siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE DECLARAR SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXPIDIÓ UN CERTIFICADO DE DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES, EQUIVALENTE AL MONTO DE LOS TRIBUTOS QUE DEBÍAN REINTEGRARSE Y EL CONTRIBUYENTE LO ACEPTÓ.- .... En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió por una parte y, por otra se negó, respecto de los actos reclamados (fojas 76 a 79 y 103 a 107 respectivamente) del original del cuaderno incidental; razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el amparo en revisión número 277/2019 (auxiliar 626/2019), relativo al presente juicio de garantías 2010/2018, en la que se aprecia que revoca la sentencia recurrida y en su lugar, ordena reponer el procedimiento; en consecuencia, agréguense a sus autos el oficio de cuenta y anexo, para los efectos legales correspondientes y acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que revocó la sentencia dictada en este juicio y ordenó la reposición del procedimiento para los efectos siguientes: ". lo procedente es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento previsto en el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo." En ese tenor, en acatamiento a la ejecutoria de mérito, se deja sin efectos la audiencia constitucional celebrada el siete de enero de dos mil diecinueve, así como la sentencia pronunciada el cinco de abril del año en curso, en vía de consecuencia. INFORMES JUSTIFICADOS. Pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio en el que se le requiere, ello de conformidad a lo previsto en el dispositivo 117 de la ley de la materia; de conformidad con lo dispuesto por el cuarto párrafo del precitado dispositivo, se presumirá la certeza del acto que se les reclama. Luego, en acatamiento a la ejecutoria de mérito y en virtud de que se trata de actos materialmente administrativos, de conformidad con el último párrafo del artículo citado la autoridad debe complementar su informe justificado con la fundamentación y motivación correspondiente; apercibidas que de ser omisas se procederá de conformidad con el artículo 124, último párrafo de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en los numerales 75 y 117, párrafo quinto, de la ley en cita, requiéraseles a las autoridades responsables para que juntamente con su respectivo informe remitan copias certificadas, completas y legibles de las constancias en que apoye el acto que se le reclaman, incluyendo las que se tengan al momento de recibir el oficio de notificación de mérito; lo anterior, con independencia de la certeza o no del acto reclamado, apercibidas que en caso de ser omisas, esto es, en caso de no rendir el informe aludido o de no remitir las constancias indicadas en líneas precedentes, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo que establece el ordinal 260, fracción II y 238 de la actual Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Con base en los artículos 64 y 251 de la ley en cita, se requiere a las partes para que tan pronto como tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a esta autoridad, se les impondrá una multa equivalente a treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del párrafo que precede. Finalmente, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que se encuentra transcurriendo el término que prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que el cuatro de los cursantes se tuvo al Director General de la Unidad Jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado (foja 32); en consecuencia, se difiere la misma y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia 54/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Materia Común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguense a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar los comunicados de cuenta remitidos por el Delegado del Congreso del Estado de Veracruz, mediante los cuales, acusa de recibo de los oficios 34881/2019 y 35918/2019 de seis y trece de agosto de dos mil diecinueve, respectivamente (fojas 1124 y 1146 tomo II), por el cual se le hizo de su conocimiento la interposición de los recursos de revisión contra la interlocutoria de ocho de julio de ese mismo año y se le acompañó copia simple de los escritos de agravios respectivos. Notifíquese.

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