Felipe Perez Mensavi

Expediente 1916/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1916/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
22/06/2018

Partes del expediente

  • Felipe Perez Mensavi
  • Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    II) Toluca, Estado de México; veintidós de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. La certificación de cuenta patentiza que, dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de veintitrés de mayo pasado, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia; en tal virtud, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales procedentes; en el libro de gobierno háganse las anotaciones respectivas. Por otro lado, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues encuadran en las hipótesis previstas en los puntos vigésimo y vigésimo primero, fracción III, párrafos primero y tercero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. Notifíquese.

  2. Principal

    II) Toluca, Estado de México; veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho (foja 134), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Felipe Pérez Mesavi, en el que señaló como acto reclamado lo siguiente: "La audiencia y resolución de revisión de medida cautelar de veintitrés y veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, dictadas dentro de la causa penal 188/2013, por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través de las cuales se niega la modificación de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva." En ese orden de ideas, mediante sentencia emitida el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 90 a 103), en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Felipe Pérez Mensavi, para el efecto de que el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: a) Deje insubsistente la resolución de revisión de medida cautelar de veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa penal 188/2013. b) Emita una nueva resolución en la que declare procedente la modificación de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva por alguna otra que estime conducente salvo que advierta otras circunstancias que justifiquen la prisión preventiva, diversas a la gravedad del delito, la probable pena y los demás aspectos que se valoraron en esta sentencia." Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que el juez responsable, deje insubsistente la resolución de revisión de medida cautelar de veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa penal 188/2013 y emita una nueva resolución en la que declare procedente la modificación de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva por alguna otra que estime conducente salvo que advierta otras circunstancias que justifiquen la prisión preventiva, diversas a la gravedad del delito, la probable pena y los demás aspectos que se valoraron en esta sentencia. Mediante proveído de veinticuatro de abril de la presente anualidad (foja 114 a 116), la sentencia causó ejecutoria y, se requirió a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días diera cumplimiento del fallo protector. Así las cosas, mediante proveídos de cuatro y ocho de mayo de abril de dos mil dieciocho, respectivamente (fojas 121 y 134), se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante los cuales, en el primero comunicó el proveído de dos de mayo pasado donde dejó insubsistente la resolución de revisión de medida cautelar de veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 188/2013. Y en el diverso oficio remitió la resolución de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, donde estimó procedente la modificación de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva, y en términos de los artículos 155 fracción II, 156 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impuso al quejoso la medida cautelar consistente en una garantía económica, para lo cual ponderó el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado, y señaló que dicha medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el promovente del amparo. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página 301, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    II) SE LISTA AVISO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho (foja 134), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Felipe Pérez Mesavi, en el que señaló como acto reclamado lo siguiente: "La audiencia y resolución de revisión de medida cautelar de veintitrés y veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, dictadas dentro de la causa penal 188/2013, por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través de las cuales se niega la modificación de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva." En ese orden de ideas, mediante sentencia emitida el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 90 a 103), en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Felipe Pérez Mensavi, para el efecto de que el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: a) Deje insubsistente la resolución de revisión de medida cautelar de veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa penal 188/2013. b) Emita una nueva resolución en la que declare procedente la modificación de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva por alguna otra que estime conducente salvo que advierta otras circunstancias que justifiquen la prisión preventiva, diversas a la gravedad del delito, la probable pena y los demás aspectos que se valoraron en esta sentencia." Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que el juez responsable, deje insubsistente la resolución de revisión de medida cautelar de veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa penal 188/2013 y emita una nueva resolución en la que declare procedente la modificación de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva por alguna otra que estime conducente salvo que advierta otras circunstancias que justifiquen la prisión preventiva, diversas a la gravedad del delito, la probable pena y los demás aspectos que se valoraron en esta sentencia. Mediante proveído de veinticuatro de abril de la presente anualidad (foja 114 a 116), la sentencia causó ejecutoria y, se requirió a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días diera cumplimiento del fallo protector. Así las cosas, mediante proveídos de cuatro y ocho de mayo de abril de dos mil dieciocho, respectivamente (fojas 121 y 134), se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante los cuales, en el primero comunicó el proveído de dos de mayo pasado donde dejó insubsistente la resolución de revisión de medida cautelar de veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 188/2013. Y en el diverso oficio remitió la resolución de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, donde estimó procedente la modificación de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva, y en términos de los artículos 155 fracción II, 156 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impuso al quejoso la medida cautelar consistente en una garantía económica, para lo cual ponderó el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado, y señaló que dicha medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el promovente del amparo. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página 301, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    II) Toluca, Estado de México; ocho de mayo de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio suscrito por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, a través del cual comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite resolución de revisión de medida cautelar de cuatro de mayo del año en curso. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista al quejoso para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en la que la autoridad responsable pretende cumplir la ejecutoria de amparo, apercibido que de no hacer manifestación alguna en el lapso legal indicado, este juzgado resolverá sobre dicho cumplimiento de acuerdo con las constancias que obren en autos. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, visible en las páginas 203 y 204, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente

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