Felipe Olivares Garcia

Expediente 1727/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1727/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
02/03/2018

Partes del expediente

  • Felipe Olivares Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    II. Toluca, Estado de México; dos de marzo de dos mil dieciocho De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la determinación de trece de febrero del presente año, a través de la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por ende, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia). El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que se concedió la medida cautelar (punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre el acuse de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    II VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1727/2017-II; y, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por Felipe Olivares García.

  3. Principal

    II Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a través del cual da cumplimiento al requerimiento inserto en auto de veintiuno de diciembre pasado y remite copia certificada de las actuaciones que obran en el expediente 1142/2017. En consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento con el cual se le comino y con el oficio y constancias exhibidas, ténganse como complemento al informe justificado rendido por la autoridad responsable de referencia y con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con lo anterior a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia constitucional. Sobre el particular se invoca, en lo conducente, la tesis XXI.2o.16 K, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN.".

  4. Principal

    II Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Vista la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se fijó para este día a las las once horas con cinco minutos, como se determinó en auto de siete de diciembre pasado; sin embargo, mediante oficio presentado en este juzgado el cinco de diciembre de esta anualidad, se tuvo por rendido el informe justificado del Inspector General en su carácter de representante legal de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, del que se advierte que el quejoso presentó demanda ante la Séptima Sala Regional de Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de México, mismo que tiene relación directa con el procedimiento administrativo IGISPEM/DR/SAPA/062/2017. En tales condiciones, en atención a que este juzgado estima necesarias las documentales que justifiquen la emisión del acto por esta vía combatido, de conformidad con los artículos 75 y 62 de la Ley de Amparo, requiérase a la Séptima Sala Regional de Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de México, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, remita copias certificadas, legibles y completas de las actuaciones llevadas a cabo el expediente 1142/2017 de su índice. Se apercibe a dicha autoridad que de no desahogar el requerimiento formulado dentro del plazo concedido para tal efecto, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En tales condiciones, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil dieciocho para su celebración. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 363, publicada en la página 309 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Finalmente, para el caso de que la autoridad a quien va dirigido el presente oficio, goce de su periodo vacacional, se comisiona al actuario de la adscripción para que una vez que ésta reanude sus labores, sin necesidad de ulterior acuerdo, haga entrega del oficio de mérito, para los cual deberá quedar bajo su resguardo y responsabilidad.

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