Felipe Pérez Jiménez

Expediente 697/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
697/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • Felipe Pérez Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    AUTO DE DECLARACIÓN DE ESTADO. Al haber trascurrido la temporalidad prevista en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya impugnado el auto que desechó la demanda, se declara que el mismo ha causado ESTADO. ARCHIVO. Al no existir actuación alguna pendiente por realizar o promoción por acordar en este expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro y se ordena remitir esta pieza de autos al archivo definitivo, como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, toda vez que se desechó la demanda de amparo...M-II

  2. Principal

    ... Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejoso, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de septiembre de dos mil veinte. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Felipe Pérez Jiménez, contra actos de la Jueza Cuarto Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 697/2020-II-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que tratándose de actos dictados en juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, siendo: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones están contenidas en el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede ser consultado en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de rubro y contenido siguiente. PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En el caso, Felipe Pérez Jiménez promueve juicio de amparo contra un acto de la Jueza Cuarto Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, consistente en la sentencia interlocutoria en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicha determinación jurisdiccional no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de existir violaciones, sólo se refirieron a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos, como se demostrará a continuación. De los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narra el quejoso en su demanda, se advierte que la juez responsable declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que planteó el aquí quejoso contra el embargo trabado el día dos de marzo de dos mil veinte. En ese sentido, la resolución reclamada es un acto emitido dentro de un juicio ejecutivo mercantil en el que la parte quejosa es parte demandada y no afecta en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo, sino que en todo caso son cuestiones intraprocesales, ya que su vulneración puede carecer de relevancia si la sentencia que en su momento se dicte le sea favorable al recurrente, en virtud de que desaparecería la afectación que pudo generarle. Entonces, la afectación que aduce el ahora recurrente le produce el acto reclamado puede ser reparada en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable en el juicio de origen, o en caso contrario, tiene la oportunidad de reclamar la resolución que intenta combatir, como violación intraprocesal, a través del juicio de amparo directo, en términos del artículo 172, fracción V de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; (.). Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/11 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 1993, de epígrafe y contenido siguiente: VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de derechos promovida por Felipe Pérez Jiménez. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene como tal el ubicado en calle Belice número 125, colonia Geovillas de Nuevo Hidalgo, Pachuca de Soto, Hidalgo. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Yonathan Rufino Daniel, así como para recibir notificaciones a Ricardo Chaverría Rangel. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL TRÁMITE DEL JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario del Portal de Servicios en Línea, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realice de manera electrónica y que tenga firma electrónica vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Finalmente, en atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario...m-II

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