Felipe Morales Rosales
Expediente 1576/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1576/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Felipe Morales Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo y ya que, de conformidad con el diverso 3, penúltimo párrafo, de la misma legislación, el expediente electrónico coincide con el expediente, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen. ...M-V
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Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de noviembre de dos mil veintidós. SE REQUIERE INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO. Visto el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha, el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo no ha informado si ya recibió respuesta de la solicitud efectuada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de correo electrónico, a la cual se le dio trámite el diecinueve de septiembre del año en curso. En razón de lo anterior, se requiere al referido tribunal burocrático para que, dentro del plazo de tres días, informe lo precisado en el párrafo que antecede; o bien, manifieste la imposibilidad con la que cuenta para dar cumplimiento a lo solicitado. En el entendido que, continúa vigente el apercibimiento decretado en autos, esto es, de no cumplir a cabalidad con la ejecutoria de amparo sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. QUEJOSO SOLICITA VINCULACIÓN. Finalmente, se tiene a ***, autorizado de la parte quejosa solicitando se vincule a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que ha sido omisa en atender lo peticionado por la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo; sin embargo, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto el multicitado tribunal cumpla con el requerimiento realizado en párrafos que anteceden....M-V
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Previo AVISO, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el/la auto/resolución de 08 de NOVIEMBRE de 2022, en el/la que se determinó:...Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta se tiene al secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo remitiendo el juicio de amparo 1546/2022-6, promovido por los quejosos ***, contra la resolución de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 239/2022, del índice de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por medio de la cual, se confirmó la exclusión de medios de pruebas. En esas condiciones se acuerda: Confírmese su recepción. RATIFICACIÓN DE FIRMA. Vista el acta que obra en el expediente que se recibe, se advierte que los quejosos ***, ratificaron las firmas que calzan el escrito presentado en oficialía de partes del juzgado oficiante el veintiuno de octubre de este año, mediante el que pretendieron desahogar la prevención que le fue formulada. CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN. En virtud de lo anterior, se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención formulada. DESECHAMIENTO. De un análisis general de la demanda se advierte la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda que se provee. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, al examinar la demanda se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que el acto reclamado no causa un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .. Es importante mencionar que, a partir de la publicación de la Ley de Amparo en vigor, la fracción V del artículo 107, establece un concepto más preciso para comprender de manera clara el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al señalar que por dichos actos se entienden "[...] los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De suerte tal, que con esa aclaración, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación de la que se deducen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo, lo que ocurriría por ejemplo si quien tiene interés en una controversia no es llamada a juicio, pues de facto se negaría su derecho fundamental de audiencia y, por consiguiente, se vería imposibilitada a ejercer su derecho a defenderse. La segunda, en el sentido de que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El anterior criterio lo encontramos en la jurisprudencia P./J. 37/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede estimarse que contra el acto reclamado, consistente en la resolución de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 239/2022, del índice de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por medio de la cual, se confirmó la exclusión de medios de pruebas, de la causa penal 11/2021, del índice del Juzgado de Control del Quinto Circuito Judicial de Huejutla de Reyes, Hidalgo, con sede en Zacualtipán de Ángeles. Conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de la posibilidad de impugnar vía juicio de amparo directo las violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral. Ha concluido que el tribunal de amparo uniinstancial debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de la sentencia definitiva sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. El Máximo Tribunal ha destacado las siguientes peculiaridades del procedimiento penal acusatorio: Las etapas se van sucediendo de forma irreversible; es decir, una vez que se supera una etapa no existe posibilidad de reabrirla; ello, atendiendo al principio de continuidad que rige esos procedimientos. Que expresados los argumentos por las partes durante la etapa que se trate, el juez de control emitirá el pronunciamiento que corresponda; y en caso de inconformidad, el imputado deberá acudir a los medios de defensa a su alcance, sin que este debate pueda ser retomado o reabierto posteriormente en otra etapa del procedimiento; pues ello trastocaría los principios fundamentales del procedimiento penal acusatorio, habida cuenta de que implicaría complicaciones y costos, tanto para las partes involucradas como para la operatividad del sistema de justicia penal. Que en el sistema tradicional era factible la reposición del procedimiento, debido a que el juez penal que recibía las constancias (consignación de la averiguación previa) era el mismo que dictaba sentencia; es decir, sin la intervención de una autoridad jurisdiccional intermedia y de enjuiciamiento, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento penal acusatorio. Sirve de apoyo la tesis aislada 1a. LI/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2017072, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. DE SU INTERPRETACIÓN SE DESPRENDE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE HACER VALER SUS INCONFORMIDADES EN EL MOMENTO O ETAPA CORRESPONDIENTE. El procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. Estas etapas se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Esta lectura del sistema penal acusatorio se apoya en el principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional. En efecto, el principio de continuidad ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo. En este orden de ideas, del señalado principio se desprende la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad y, una vez agotadas, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente." Además, emitió, por reiteración, la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2018868, de rubro y texto: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." Indicó la Primera Sala del Máximo Tribunal que el hecho de que en el amparo directo no se pueda analizar la constitucionalidad de violaciones ocurridas en etapas previas no supone de ninguna manera que las cuestiones de ilicitud probatoria queden exentas de revisión; pues el criterio que ha sustentado simplemente consiste en que dichas cuestiones deberán ser debatidas e impugnadas durante las etapas correspondientes del procedimiento acusatorio. Lo anterior, con la finalidad de que los problemas de ilicitud probatoria sean atendidos sin comprometer la operatividad del sistema de justicia penal y sus principios fundamentales. En el asunto que nos ocupa el acto reclamado fue emitido en la etapa intermedia. Por tanto, se estima que la resolución de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 239/2022, del índice de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por medio de la cual, se confirmó la exclusión de medios de pruebas, de la causa penal 11/2021, del índice del Juzgado de Control del Quinto Circuito Judicial de Huejutla de Reyes, Hidalgo, con sede en Zacualtipán de Ángeles, no es acto de imposible reparación. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, consiste exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Por tanto, las cuestiones que se susciten deberán ser debatidas e impugnadas durante las etapas correspondientes del procedimiento penal acusatorio. Sin embargo, ello no significa que contra todas las actuaciones que acontezcan en etapas anteriores a la de juicio y que tengan que ver con cuestiones adjetivas proceda el amparo, sino que ello ocurrirá cuando los actos produzcan una afectación material e inmediata de derechos del justiciable. En ese sentido, las decisiones tomadas por el juez de control respecto de la resolución de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 239/2022, del índice de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por medio de la cual, se confirmó la exclusión de medios de pruebas, de la causa penal 11/2021, del índice del Juzgado de Control del Quinto Circuito Judicial de Huejutla de Reyes, Hidalgo, con sede en Zacualtipán de Ángeles, será susceptible de combatirse hasta que trascienda a los derechos fundamentales de la parte quejosa, lo que ocurrirá una vez que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Como se advierte, el acto reclamado tiene lugar durante la etapa intermedia, motivo por el cual se considera que en su contra es improcedente el juicio de amparo, ya que no se afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa. En el entendido de que los quejosos podrán reclamar el acto que estiman vulnera sus derechos fundamentales a través del amparo indirecto que se promueva en contra del auto de apertura a juicio oral, pues será hasta ese momento en que el juez de control podrá analizar las violaciones procesales cometidas durante la etapa intermedia. En efecto, el acto reclamado, en este momento, no ha producido una afectación personal y directa a la esfera de derechos de los quejosos. Será hasta que el juez de control dicte el auto de apertura a juicio cuando proceda el amparo indirecto en contra de esa determinación, en la que deberán impugnarse todas las violaciones cometidas en la etapa intermedia. Apoya lo anterior, la tesis aislada XXIV.1o.3 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2529, registro 2021020, de rubro y texto siguientes: VIOLACIONES COMETIDAS EN LA ETAPA INTERMEDIA. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO AL DECRETARSE EL AUTO DE APERTURA AL JUICIO ORAL. Conforme al nuevo marco legal que rige al proceso penal acusatorio, éste consta de varias etapas, las cuales, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: investigación, intermedia o de preparación y de juicio; asimismo, conforme al citado ordenamiento, los procesos penales en la actualidad se rigen por una serie de principios, entre los cuales destaca el de continuidad, el cual dispone que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, por esa razón, las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente, ya que de no hacerlo así, se entenderá agotada la posibilidad de solicitarlo. De lo expuesto se colige que cuando se reclama una violación cometida en el desarrollo de la audiencia intermedia, en la que se dicta, además, el auto de apertura a juicio oral, el juicio de amparo indirecto resulta procedente pues, por un lado, esta actuación da conclusión a la etapa intermedia y, por otro, las violaciones acontecidas en esa etapa procesal no podrán ser objeto de estudio en el amparo directo que en su caso llegara a promoverse contra la sentencia definitiva que se dicte en la causa penal de origen, pues el juicio de amparo directo debe limitarse, exclusivamente, a aquellas cometidas durante la etapa de juicio oral, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de título y subtítulo: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL."; estimarlo de otra manera dejaría en estado de indefensión al quejoso, al no poder impugnar la determinación en ningún momento y bajo ningún motivo, inclusive al fallarse el juicio en forma definitiva; lo cual imprime a la determinación final de esa fase una afectación de imposible reparación, al cobrar lo actuado en esa etapa definitividad, en tanto que lo acontecido en ella no podrá ser analizado en la etapa de juicio oral; lo cual afecta el derecho fundamental de defensa del quejoso de un modo irreparable, al no haber posibilidad de que tales violaciones puedan subsanarse en el amparo directo que en su momento se promueva contra la sentencia definitiva. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por ***. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de cuenta al haberse actualizado de forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia en estudio. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. SE DESIGNA REPRESENTANTE COMÚN DE LA PARTE QUEJOSA. En términos del numeral 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común de los quejosos a ***, toda vez que no realizaron dicho señalamiento; lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad designen a diversa persona con tal carácter. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como tal, el ubicado en calle ****, Hidalgo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** con cédula profesional *** y únicamente para recibir notificaciones a ***, toda vez que no se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF), y para los mismos efectos a las diversas personas que refiere. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) solicitud de copias. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. Conviene hacer la aclaración de que la expedición de las copias autorizadas depende de la disponibilidad del servicio de fotocopias, en los días y horarios en que se encuentre brindando atención, mismo que constituye un área independiente de este Juzgado de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario....M-V
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Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de noviembre de dos mil veintidós. CUMPLE REQUERIMIENTO Y EL QUEJOSO AMPLÍA LA DEMANDA DE AMPARO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta; en atención a su contenido, se tiene al quejoso *** dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de siete de octubre del año en curso; consecuentemente, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y XV, de la Constitución General de la República; y 1, 107, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de la demanda de amparo, respecto a las cuestiones derivadas de la complementación del acto reclamado en cuanto a fundamentación y motivación. Córrase traslado a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con la copia del escrito de cuenta. Apoya lo anterior la tesis 2a. XLI/99, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999, Novena Época, la cual se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN. Aunque la Ley de Amparo no prevé expresamente, la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido, en tesis aisladas que sí procede y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercitarse, a saber: 1a. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2a. Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3a. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional." INFORME JUSTIFICADO. De conformidad con los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director de la Oficialía 01 del Registro del Estado Familiar de Xochicoatlán, Hidalgo, respecto de la ampliación de la demanda, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciba el oficio que contenga este proveído. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no cumplir con lo anterior en el término que al efecto se le concede, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de la omisión sancionada, como lo dispone el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo....M-VII
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