Felipe Mendoza Tarango
Expediente 1458/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1458/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Felipe Mendoza Tarango
- Marlon Clementino De León Vásquez
- Jesús Francisco Aguayo Romero
- Aurelio Fermín Flores Paredes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de mayo de dos mil veintidós. I. Análisis de constancias. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se procede a calificar el cumplimiento dado a la resolución constitucional conforme el estado procesal que guarda el presente asunto. II. Efectos de la concesión del amparo. En el presente asunto, se advierte que en la sentencia de amparo dictada en este sumario, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por los quejosos, para el efecto de que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, prosiguiera con la secuela procesal hasta el dictado de laudo en el juicio laboral 843/2020JE1, de su índice. III. Causa ejecutoria. El cuatro de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. IV. Seguimiento de las gestiones del cumplimiento. Seguida la secuela procesal de cumplimiento, mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se agregó el oficio con anexo, remitido por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, del cual se desprende que remitió copia certificada del laudo emitido el quince de febrero del presente año, en el juicio laboral 843/2020JE1, de su índice. V. Vista cumplimiento. El treinta y uno de marzo del año en curso, se le notificó a los quejosos, el proveído de quince de marzo del año curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniere, sin que transcurrido el plazo otorgado hubiesen hecho manifestación alguna. VI. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que se cumplimentaron los efectos de la sentencia concesoria, por lo que se declara que dicha resolución ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto. VII. Archivo y valoración del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo y archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió el amparo solicitado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENDIO DEL AUTO DE 10 DE MAYO DE 2022, EN EL CUAL SE DECRETO: LA RESOLUCION HA QUEDADO CUMPLIDA........SE ORDENA EL ARCHIVO........
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos quienes son los facultados para recurrirla interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se requiere cumplimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos realizados para ese efecto; en el entendido que los efectos de la sentencia concesoria fueron para que efectúe lo siguiente: "prosiga la secuela procesal hasta el dictado del laudo en el juicio laboral 843/2020JE1." Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado en turno, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Juicio de amparo 1458/2021 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con treinta y ocho minutos del once de febrero de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe con justificación rendido por la responsable. El juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede, para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de radicación, se reservó proveer respecto del emplazamiento de la parte tercera interesada. El juez acuerda: no constituye obstáculo para la celebración de la presente audiencia, la falta de emplazamiento al presente asunto, a quien constituye la parte demandada en el procedimiento natural, pues la resolución que se pronunciará no lesiona sus derechos ni tampoco les irroga perjuicio alguno. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas. Al respecto, se da cuenta al juez con la documental que exhibió la autoridad señalada como responsable, así como la instrumental de actuaciones y presuncional ofertadas por la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados por su naturaleza los aludidos medios de convicción. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar únicamente los formulados por los quejosos. El juez acuerda: se tienen por formulados los expresados por la parte quejosa y por perdido el derecho de las demás partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1458/2021; y, R e s u l t a n d o: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este juzgado, ********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclaman de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. De esa manera, por proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dio inicio la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o s: I. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, la omisión de emitir el laudo dentro del juicio laboral ********************. III. Existencia del acto combatido Es cierto el acto reclamado a la junta responsable, toda vez que así se advierte del informe con justificación rendido por su presidente, así como de la constancia que remitió en apoyo a éste. Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna; por tanto, se procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, dado que la responsable no se ha ajustado a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo para el dictado del laudo. El concepto de violación es fundado, toda vez que el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, de los numerales 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que una vez desahogada la totalidad de las pruebas y formulados los alegatos de las partes, el secretario hará la certificación correspondiente y se dará vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, con la precisión que de no realizar manifestación alguna, de oficio se procederá al cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción, el auxiliar de la junta, dentro del plazo de diez días, formulará el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará copia a los integrantes de ésta, quienes a su vez, dentro de los cinco días hábiles siguientes, podrán ordenar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo dentro de un lapso de ocho días. Después de haber transcurrido dicho plazo o desahogadas las diligencias pendientes, el presidente de la junta citará a los miembros para la audiencia discusión y votación, la que se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes al que haya concluido el término fijado, o el desahogo de las diligencias respectivas. Finalmente, una vez aprobado el proyecto de resolución, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los integrantes de la junta, el cual, se pasará al actuario para que lo notifique personalmente a las partes; lo anterior, suma un aproximado de treinta y tres días. Ahora, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, en lo que interesa se advierte lo siguiente: El cuatro de marzo de dos mil veinte, los quejosos entablaron demanda laboral ante la responsable radicada bajo el número de expediente ********************. Mediante proveído de dieciocho de agosto de la misma anualidad, se radicó la demanda, fijándose hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Seguida la secuela procesal, el nueve de noviembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia en mención. Posteriormente, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la responsable celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, se declaró abierta la etapa de alegatos y se solicitó que se turnara el expediente a la sala de dictámenes, lo que la junta acordó de conformidad, sin que a la fecha se haya emitido el laudo correspondiente. De acuerdo a lo expuesto, resulta notorio que la responsable no se ha ajustado a los plazos que rigen el procedimiento laboral, toda vez que a la fecha no se advierte que con motivo de la remisión del expediente a la sala de dictámenes, se haya elaborado el proyecto de resolución en forma de laudo, en términos de los artículos 885 del Ley Federal del Trabajo. En ese tenor, se concluye que vulnera la garantía de administración pronta y expedita de justicia que tutela a favor de los justiciables el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se ha retardado la resolución del juicio; por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Por otra parte, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. Decisión En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la junta responsable, en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación por la cual cause ejecutoria el presente fallo, prosiga la secuela procesal hasta el dictado del laudo en el juicio arbitral ********************. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados IV y V de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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