Felipe Castañeda Casarrubias
Expediente 371/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Felipe Castañeda Casarrubias
- Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente de la demanda interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la petitoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese, bajo el número que le corresponda, en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. 2. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Felipe Castañeda Casarrubias, en contra del acto reclamado al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia en Ciudad de México, y a otras autoridades. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el acto que por esta vía combate el solicitante de derechos se hace consistir en la falta y omisión de brindarle atención médica psiquiátrica adecuada, así como de suministrarle los medicamentos prescritos por su médico tratante para el padecimiento psiquiátrico que presenta. De lo antes expuesto se desprende, que en el caso se actualiza de manera clara, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que existe un recurso que el quejoso debe agotar previamente a la promoción del presente juicio. Del precepto legal en cita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes. Al respecto, el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley Fundamental, dispone: "Artículo 18. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.". Por su parte, los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX de la Ley Nacional de Ejecución Penal). De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de la libertad -cuando se lo soliciten- a formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento el interno puede ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. De esa guisa, la aludida ley establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es: 1) Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá al solicitante en caso de ser confusa; lo que se determine debe notificarse de forma personal al promovente. 2) En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. 3) Admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera; y, 4) El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo anterior revela claramente la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, entre otros. Asimismo, la ley de ejecución referida prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues en su artículo 114 dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: a) Podrá formular controversia ante el juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. b) Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria al no atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de su libertad, pues establece que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Finalmente, la multicitada legislación contempla las peticiones relativas a casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre las que este juzgador estima, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno. Cabe destacar que, en los casos urgentes, la citada Ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en la que dicha legislación prevé un procedimiento especial, como lo es que el juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. En el caso particular, el quejoso reclama la falta y omisión de brindarle atención médica psiquiátrica adecuada, así como de suministrarle los medicamentos prescritos por su médico tratante para el padecimiento psiquiátrico que presenta, por lo que es inconcuso que, respecto del acto que se reclama, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo. En el entendido que, no obstante que el acto pudiera requerir atención urgente, no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo con motivo a la suspensión, pues como se expuso en párrafos anteriores, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que en actos urgentes, el juez de Ejecución, de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En tal medida, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, conviene subrayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto en los artículos 116 al 119, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias. Con base en lo expuesto, es dable concluir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia referida, toda vez que el quejoso acude a la vía constitucional a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal respecto del acto que reclama, empero, no se aprecia que el solicitante haya agotado el procedimiento administrativo o judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente citada, ya que a través de aquél es posible lograr que la autoridad penitenciaria le restituya en las garantías que aduce violadas. En las relatadas condiciones, de conformidad con el ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, la acción de amparo, intentada por Felipe Castañeda Casarrubias, es notoriamente improcedente; en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda que se atiende, por su manifiesta e indudable improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de juicios de amparo y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. Al margen de lo anterior, remítase copia del escrito de demanda que se atiende, al Director General del Centro Federal de Readaptación Número Once "CPS-Sonora", a fin que provea lo que en derecho corresponda acorde a su competencia. 3. Domicilio. Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones de carácter personal relativas al presente juicio de amparo, el lugar en el que se encuentran recluido (Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS-Sonora", con sede en esta ciudad), conforme a lo dispuesto por el artículo 26 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. 4. Autorizados. De la demanda que se analiza, se advierte que el promovente no señaló autorizados. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente al promovente y por oficio al Director General del Centro Federal de Readaptación Número Once "CPS-Sonora. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Federico Solorio Valenzuela1586/2023
- Feliciano Placencia Rodriguez823/2017
- Felipe Ángel González Ramírez939/2023
- Felipe Anibal Tapia Acosta604/2019
- Felipe Anibal Tapia Acosta1027/2023
- Felipe Anibal Tapia Acosta674/2018
- Felipe de Jesús Coronado Piri726/2021
- Felipe de Jesús Coronado Piri680/2023
- Felipe de Jesus Mendoza Lee1038/2018
- Felipe de Jésus Perez González229/2021
- Felipe Martín Alvarado Tapia629/2020
- Felipe Mendoza Tarango1458/2021