Felipe Martín Pérez

Expediente 561/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
561/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca
  • Felipe Martín Pérez
  • FELIPE MARTÍN PÉREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que los disidentes hayan impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que Laura María Martínez Hernández e Ismael Alejandro García González, quienes se ostentan como apoderados de Felipe Martín Pérez, a quien señalan como quejoso y como representante legal de su hija menor de edad identificada con las iniciales E.M.V., en atención a la prevención contenida en el auto de diecinueve de los corrientes exhiben copia certificada del registro de inscripción de nacimiento de la citada infante expedida por el Oficial del Registro Civil Titular de la Primera Oficialía de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; por tanto, con base en dicho ocurso y el diverso recibido el veinticinco de mayo pasado se tiene por cumplido el requerimiento formulado en el proveído citado en primer orden. Ahora, con fundamento en lo previsto por los ordinales 6 y 10 de la Ley de Amparo se reconoce a Laura María Martínez Hernández e Ismael Alejandro García González la calidad de apoderados con la promovieron este juicio constitucional a nombre de Felipe Martín Pérez, porque acreditan su personalidad con la copia certificada del instrumento ocho mil ochocientos veintiuno de siete de agosto de dos mil veinte, pasado ante el Cónsul Titular de México en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos de América, actuando en funciones de Notario Público conforme a lo dispuesto por los artículos 44, fracción IV, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y 87 del Reglamento de la citada legislación y a Felipe Martín Pérez se le reconoce la calidad de representante legal de su hija menor de edad identificada con las iniciales E.M.V., porque acredita su personalidad con la impresión del acta de nacimiento de la citada infante y con la copia certificada del registro de inscripción de su nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil Titular de la Primera Oficialía de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, las cuales se adminiculan y se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo señalado por los normativos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo y sus aclaraciones se advierte que la parte quejosa reclama el acto siguiente: Del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca, impugnan: El acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno de restitución 0001/2021. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por Felipe Martín Pérez, por conducto de sus apoderados Laura María Martínez Hernández e Ismael Alejandro García González y como representante legal de su hija menor de edad identificada con las iniciales E.M.V., porque en relación con el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca, consistente en el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno de restitución 0001/2021, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que esa actuación no es de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, la improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación, que expone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." También es preciso invocar la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse un fallo favorable los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por el Pacto Supremo o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, de la determinación que ponga fin al procedimiento o del proveído que de por concluido una etapa en el proceso de origen para poder combatir en la vía correspondiente las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento o en la etapa relativa que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final respectiva. En el caso, los solicitantes del amparo reclaman del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca, el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno de restitución 0001/2021. Ahora, se tiene presente que de los hechos que los titulares de la acción de amparo manifestaron en el escrito inicial que constituyen los antecedentes del acto reclamado se advierte que forman parte de la relación jurídica procesal entablada en el procedimiento natural, dado que son parte en sentido material en el cuaderno de restitución 0001/2021 radicado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca, por lo que esa situación evidencia que la referida actuación no constituye un acto de imposible reparación en la medida en la que no produce una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, los papeles, la patria potestad, la convivencia, la guarda y custodia, etcétera, aun cuando los disconformes alegan una transgresión en su perjuicio a los derechos fundamentales de audiencia, de legalidad, de seguridad jurídica y de acceso a la justicia previstos por los normativos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. En efecto, el acuerdo reclamado es un acto intraprocesal que no causa una afectación de imposible reparación, dado que la determinación de la autoridad responsable de reconfigurar el procedimiento de sustracción internacional de menores en la vía de controversias del orden familiar sujetándose a las reglas de la legislación procesal adjetiva local y la orden de emplazar a ese contradictorio para que ejerza su derecho de defensa frente a la oposición formulada con las cargas procesales correspondientes no implica una afectación material a los derechos sustantivos de los justiciables, sino que en todo caso entraña una violación adjetiva que tiene efectos intraprocesales, pero no registre algún derecho sustantivo de los quejoso, como la patria potestad, la convivencia y la guarda y custodia; máxime que la restitución de la infante no es una prerrogativa fundamental incorporada a la esfera jurídica de su progenitor, sino que tal aspecto debe dilucidarse en el procedimiento de restitución. Por otro lado, en cuanto a la declaración de la minoría de edad de la niña quejosa y la designación de un tutor y curador únicamente tiene como finalidad que la citada infante tenga una representación real en el procedimiento relativo frente a la posible colisión de intereses de sus progenitores, pero esa decisión no impacta en los derechos sustantivos relativos a la patria potestad, la convivencia y la guarda y custodia, porque esos tópicos no forman parte de la litis que se resolverá en el procedimiento de sustracción internacional de menores, por lo que tal determinación en todo caso implica una violación procesal que eventualmente pudiera causar una afectación adjetiva en la esfera normativa de los disidentes. En otro punto, en cuanto a la admisión de las pruebas admitidas a su contraparte, la pericial ordenada oficiosamente en la aplicación Messenger del Facebook de Felipe Martín Pérez al tratarse de medios de convicción únicamente relevan que pudieran tener un impacto a los derechos adjetivos de los disidentes, porque tendrían que soportar el desahogo de ese material probatorio, pero no afectan materialmente algún derecho sustantivo de los quejosos. En ese sentido, la transgresión a los derechos adjetivos de los quejosos que tendrían efectos formales podrían actualizarse hasta el dictado de la sentencia definitiva, o bien, cuando se pronuncie la resolución que ponga fin a esa controversia y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido del fallo final correspondiente y afectó las defensas de la parte quejosa. En otras palabras, el acto impugnado no trae aparejado una ejecución de imposible reparación, sino que eventualmente puede estimarse que afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable. Es así, porque por regla general cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los normativos 16 y 17 del Pacto Federal -como en la especie sucede-, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetiva, ya que no se trata de una afectación autónoma o independiente, sino que se da dentro del procedimiento en el que es parte, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción previsto por el arábigo 107, fracción V, de la ley de la materia para acudir inmediatamente al juicio de amparo en la vía indirecta. En esos términos, con la decisión atacada no se afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal, o bien, por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que esa circunstancia ocurra al momento de resolverse la controversia de manera definitiva -esto es, cuando se dicte la sentencia-, o bien, cuando se emita la resolución que ponga fin al asunto, en la medida en que la determinación adoptada en el auto reclamado influya en sentido negativo para que el resultado del fallo respectivo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la resolución final para poder combatir esa violación adjetiva mediante el juicio de amparo directo, siempre que haya afectado las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado de la sentencia, en términos de lo prescrito por el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" En esa línea, el proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca, dictó en el cuaderno de restitución 0001/2021 en donde abordó los tópicos señalados no puede servir de sustento para considerar que se está frente a una acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que la actuación combatida no produce de manera inmediata una afectación material a un derecho sustantivo tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, sino la probable violación a derechos adjetivos que ocasiona únicamente efectos formales o intraprocesales porque puede ocurrir que los afectados obtengan una sentencia favorable a sus pretensiones en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación alegada y los posibles perjuicios que se le hayan causado con la decisión combatida. En esa línea, lo decidido por la autoridad responsable en la determinación combatida eventualmente entrañaría una transgresión a diversos derechos adjetivos de la parte quejosa que tiene efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia definitiva, o bien, cuando se pronuncie la determinación que ponga fin al juicio natural y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido de la decisión correspondiente y afectó las defensas de la solicitante de la tutela constitucional. Por tanto, si el acuerdo impugnado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de los peticionarios del amparo tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es inconcuso que no se actualiza el supuesto previsto por el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que pueda ser considerado como un acto que produce efectos de imposible reparación. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, este órgano jurisdiccional determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por Felipe Martín Pérez, por conducto de sus apoderados Laura María Martínez Hernández e Ismael Alejandro García González y como representante legal de su hija menor de edad identificada con las iniciales E.M.V., en contra del acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca, consistente en el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno de restitución 0001/2021, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Notifíquese por la vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguense los documentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Primeramente es necesario indicar que el ocurso de cuenta se presentó en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y en él se indica como promovente a Ismael Alejandro García González, quien se ostenta como mandatario del quejoso Felipe Martín Pérez, pero carece de la evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica del primero de los citados, lo cual implica que dicho libelo no puede expresar la voluntad de quien se indica como promovente y tampoco es factible identificar a su autor, conforme a lo dispuesto por el arábigo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por lo que la falta de la evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica de Ismael Alejandro García González en tal escrito implica que carece de valor alguno al no contener ese requisito que toda actuación debe satisfacer para su validez; de ahí que no puede dictarse una determinación sobre tal instrumento respecto del aludido promovente. En este punto es necesario indicar que el legislador estableció en el artículo 3 de la Ley de Amparo, como una opción para el justiciable la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente. Si decide presentarlas de manera electrónica debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. En la actualidad el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo establece las bases normativas para implementar y utilizar la firma electrónica, destacando la conveniencia de que la regulación que rija a la referida firma sea uniforme, permitiendo con ello un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados para ese efecto, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios regidos por la Ley de Amparo. Del ordinal 3 de la Ley de Amparo y del Acuerdo General citado es factible desprender que se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica", entendida ésta como el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Por otra parte, de los normativos 2, fracción XVI, 3, fracción I, y 10 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se desprenden los aspectos siguientes: 1. La firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. Para efectos del citado Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. 2. Todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una firma electrónica que cuente con los permisos necesarios. 3. En todos los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal se utilizará la firma electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior significa que la firma electrónica es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. Luego, si el escrito de cuenta se presentó en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y en su contenido se indica como promovente a Ismael Alejandro García González, pero carece de la evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica de éste tal situación implica que no exteriorizó su voluntad y tampoco puede considerarse como su autor en términos de lo señalado por el normativo 204 del código adjetivo civil federal citado, por lo que la falta de ese requisito de validez genera la imposibilidad jurídica de dictar un pronunciamiento respecto de dicha promoción en cuanto al referido promovente. En respaldo de lo expuesto, se cita la tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que señala: "PROMOCIONES SIN FIRMA. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar el mismo conducentemente." En otro punto, del ocurso de cuenta firmado electrónicamente por Laura María Martínez Hernández, quien se ostenta como apoderada del inconforme Felipe Martín Pérez se advierte que pretende dar cumplimiento al auto preventivo de diecinueve de mayo del año en curso, en el que se requirió al justiciable para que exhibiera el documento idóneo con el que acredite su personalidad para ejercer la acción constitucional a nombre de la niña menor de edad identificada con las iniciales E.M.V. en términos de lo dispuesto por los ordinales 6, 10 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo; empero, dicho requerimiento no está atendido. Se sostiene lo anterior, porque la promovente exhibe el archivo digital de la copia certificada del acta de nacimiento de la niña identificada con las iniciales E.M.V. con el cual pretende demostrar la personalidad de Felipe Martín Pérez para ejercer la acción de amparo a nombre de la citada infante; sin embargo, omitió colmar la exigencia prevista por el arábigo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, porque si bien exhibió el archivo digital del documento descrito, lo cierto es que omitió manifestar bajo protesta de decir verdad que esa documentación digitalizada es copia íntegra e inalterada del instrumento impreso, dado que la ausencia de esa manifestación en los términos apuntados implica que se está ante una documental en copia fotostática simple que por su naturaleza carece de valor probatorio alguno, conforme a lo estatuido por el numeral 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y, por ende, no es apta para tener por acreditado el referido presupuesto procesal. En razón de lo anterior, hágase del conocimiento al inconforme que no cumple el requerimiento formulado en el auto de diecinueve de mayo de la presente anualidad. Por otro lado, de este asunto se desprende que el auto preventivo fue notificado a la parte quejosa el veintitrés de mayo del año en curso, por lo que esa comunicación procesal surtió efectos en la propia fecha de acuerdo con lo previsto por el arábigo 31, fracción III, de la Ley de Amparo. Luego, si la promoción de cuenta se presentó en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el veintitrés de mayo de la presente anualidad, es inconcuso que no ha iniciado a transcurrir el plazo de cinco días que le fue concedido inicialmente para atender dicho requerimiento; por tanto, hágase del conocimiento a la parte quejosa que goza de ese lapso íntegro para atender la prevención indicada y que tal plazo iniciará a correr al día siguiente al en el que surta efectos la notificación del presente auto para que esté en aptitud de cumplir el requerimiento indicado, en el entendido de que se mantiene vigente el apercibimiento formulado en el proveído de diecinueve de mayo del año en curso, en el caso de que no atienda dicha prevención. En apoyo de lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que señala: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese por la vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y el anexo señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 561/2022. Prevención. En primer orden, en cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada, porque existe una irregularidad en ese escrito que necesita enmendarse. El numeral 114, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) cuando haya alguna irregularidad en ese ocurso; b) en el caso de que se hubiera omitido alguno de los requisitos que establece el arábigo 108 de la propia legislación; y, c) cuando no se haya acompañado el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. Por otra parte, el ordinal 108, fracción I, de la ley de la materia estatuye que en el libelo inicial deberán señalarse, entre otros aspectos, el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. En el caso, la parte quejosa no colma íntegramente la prevención contenida en el precepto citado, por las razones siguientes: Los promoventes omitieron exhibir el documento idóneo con el que acrediten que ***es el representante legal de su hija menor de edad identificada con las iniciales ***, porque el instrumento notarial exhibido solo prueba que los primeros son mandatarios del segundo, pero no acredita que este último sea el representante legal de la citada infante, a quien se señala como titular de la acción de amparo en los conceptos de violación del escrito inicial. El aspecto destacado denota la existencia de una irregularidad en el escrito inicial, lo cual da pauta a prevenir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito realice lo siguiente: Deberá exhibir el documento idóneo con el que se acredite la personalidad de *** para ejercer la acción constitucional a nombre de la niña menor de edad identificada con las iniciales *** en términos de lo dispuesto por los ordinales 6, 10 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo. Precisa señalar que la personalidad es un presupuesto procesal de análisis oficioso y de orden público, de cuyo examen si está plenamente demostrado, este Tribunal de amparo debe hacerlo constar en el acuerdo admisorio, por esa razón es necesario que se satisfaga ese aspecto. En este punto, es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 43/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL' y 'PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER', para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Infórmese a la parte quejosa que el requerimiento formulado en este auto deberá ser atendido por su apoderado o por su representante legal en términos de lo indicado por el numeral 6 de la Ley de Amparo, sin que esos aspectos puedan atenderse por las personas designadas como sus autorizados en términos del precepto 12 de la Ley de Amparo, porque las facultades de las que gozan estas últimas no son equiparables a las de un mandato; en ese sentido, se apercibe a la disidente que de hacerlo las personas que señaló como autorizadas no se tendrá por cumplida la prevención y se hará efectivo el apercibimiento que se indicará con posterioridad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda se tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la promovente que el ordinal 261, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, a la parte quejosa si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; en este punto, debe tenerse en cuenta que los escritos inicial y aclaratorio integran la demanda y deben considerarse indefectiblemente como un solo documento. Lo expuesto se sustenta la jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Forma de notificación y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como como autorizados de la parte quejosa en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento a las personas que indica, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni acreditó con documento idóneo que ejerzan la profesión de licenciados en derecho. En otro punto, en atención a lo solicitado, se autoriza a la parte para recibir notificaciones por la vía electrónica con el nombre del usuario*** que proporciona, porque manifiesta expresamente que esa es su voluntad, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, circunstancia que se privilegia dada la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país derivado del virus Covid-19. En razón de lo anterior, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice el alta del usuario *** a fin de que se esté en aptitud de realizar las notificaciones electrónicas a la parte quejosa. Representante común. Con apoyo en lo establecido por el artículo 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común de los agraviados a Felipe Martín Pérez, sin perjuicio de que con posterioridad puedan substituir ese nombramiento por otro. Medio de contacto para comunicaciones no procesales. En cuanto a la petición de los disidente relativa a que se realicen las notificaciones de las resoluciones que se dicten en este asunto en la cuenta de correo electrónico y el número de teléfono que proporciona, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 26 fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo dígase a los justiciables que no ha lugar a acordar de manera favorable su petición, porque para estar en aptitud de autorizar la realización de notificaciones electrónicas en el presente asunto es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas y deben señalar el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que en el caso se haya colmado esas exigencias con el suministro de una cuenta de correo electrónico y de un número telefónico, porque en todo caso esos datos servirán para establecer un contacto con la parte quejosa en el supuesto de las comunicaciones no procesales, como se indica en los arábigos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la comisión especial, pero no para autorizar la práctica de notificaciones electrónicas; en consecuencia, una vez que se satisfagan los aludidos requisitos, previa insistencia del justiciable respecto de la solicitud indicada, se proveerá lo que en derecho corresponda. No obstante lo anterior, con base en lo previsto por los dispositivos 5 y 22 del Acuerdo General citado en primer orden se tiene a los titulares de la acción de amparo proporcionando la cuenta de correo electrónico y el número de teléfono que señalan para establecer el contacto con él en los casos de las comunicaciones no procesales. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese por la vía electrónica a la parte quejosa.

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