Felipe López Hernández
Expediente 162/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Felipe López Hernández
- Luis López Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Mesa V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de marzo de dos mil dieciséis. Vistas la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que emana este incidente, con esta fecha se dictó un auto en el que se decretó que causó ejecutoria la resolución de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, que sobreseyó el juicio de amparo promovido por Felipe López Hernández, Adelina Méndez Maldonado y Luis López Méndez; asimismo, que por auto de veintiocho de enero del año en curso, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria de diecisiete de febrero siguiente, se concedió la definitiva solicitada y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental, pues que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado Acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que deberá conservarse el auto de veintiocho de enero y la interlocutoria de diecisiete de febrero del año en curso, mediante los cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa. Asimismo, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en este incidente de suspensión no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Notifíquese...
- Principal
Mesa V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de marzo de dos mil dieciséis. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución dictada el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis (fojas 59 a 61), se sobreseyó el juicio de amparo promovido por Felipe López Hernández, Adelina Méndez Maldonado y Luis López Méndez; asimismo, que tal resolución no se recurrió. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que tal determinación no se recurrió, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que, por una parte, se reclamó la orden de aprehensión librada en contra de los quejosos y la ejecución material de tal determinación; y por otra, se sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por carecer de objeto su permanencia en este juicio de amparo devuélvase al titular del Juzgado Primero de lo Penal en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, la copia certificada deducida del expediente penal 157/2015. Notifíquese...
- Principal
Mesa V-B * "...Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Felipe López Hernández y Adelina Méndez Maldonado contra los actos reclamados al titular del Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Fiscal General del Estado de Oaxaca, coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado y comandante encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, consistentes en la orden de aprehensión librada contra los aquí quejoso. Notifíquese...
- Incidental
Mesa V-B * "...En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las nueve horas con veinticinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas a efecto de llevar a cabo la audiencia incidental en estos autos, presente en audiencia pública el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, asistido de la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe, procede a celebrarse la misma sin asistencia de las partes. Con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se declara abierta. RELACIÓN DE CONSTANCIAS La secretaria hace relación de las constancias de autos entre las que se encuentran: a). Copia simple de la demanda promovida por Felipe López Hernández, Adelina Méndez Maldonado y Luis López Méndez. b). Auto de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional solicitada. Asimismo, certifica: que el delito por el que se sigue el proceso penal 157/2015, contra el quejoso Luis López Méndez según se desprende del informe previo rendido por el secretario encargado del Juzgado Primero Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, es el de ESTUPRO, previsto y sancionado por el artículo 243, en relación con el artículo 8, fracción I, 10, fracción I, todos del Código Penal vigente en el Estado y que la autoridad jurisdiccional hace del conocimiento que no se encuentra catalogado como grave en términos del artículo 23 BIS A del Código de Procedimientos Penales vigente Acto seguido se da cuenta al juez, con la relación de constancias que antecede. Enseguida el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias. ETAPA PROBATORIA A continuación, se abre el período de pruebas, en la que se relaciona la documental que acompañó a su informe previo el secretario encargado del Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, consistente en copia certificada de la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil quince, dictada en el expediente penal 157/2015 de su índice. Sin pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS Acto continuo, se abre la etapa de alegatos en la que se hace constar que las partes no los formularon, por lo que se cierra dicha etapa y se procede a dictar la siguiente interlocutoria. VISTOS; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 162/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Los quejosos Felipe López Hernández, Adelina Méndez Maldonado y Luis López Méndez solicitaron la suspensión definitiva de los actos y autoridades responsables siguientes: ACTOS RECLAMADOS: AUTORIDADES RESPONSABLES: La orden aprehensión dictada contra los aquí quejosos. Titular del Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. La ejecución material de tal determinación. Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad. Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad. Comandante encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. Por auto de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se ordenó tramitar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión relativo, registrándose bajo el número 162/2016, en el cual se proveyó respecto de la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes previos las responsables manifestaron respecto de los quejosos Felipe López Hernández y Adelina Méndez Maldonado, lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: SENTIDO: FOJAS: Secretario encargado del Juzgado Primero de lo Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Director de asuntos jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad. Jefa de la unidad de la unidad administrativa y de carrera policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, por orden del coordinador general de dicha agencia. Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado de la comandancia en Tlacolula, Oaxaca. Negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados respecto de los quejosos. 20, 42, 14 y 17. Como los promoventes del amparo Felipe López Hernández y Adelina Méndez Maldonado, ninguna prueba ofrecieron para desvirtuar la negativa de las citadas autoridades responsables, por inexistencia de los actos reclamados a las mismas, con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, se niega la suspensión definitiva solicitada, respecto a las citadas autoridades responsables. Tiene aplicación la jurisprudencia número doscientos ochenta y seis, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta y siete, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Jurisprudencia, materia común, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Al rendir sus respectivos informes previos, las responsables manifestaron respecto de Luis López Méndez, lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: SENTIDO: FOJAS: Secretario encargado del Juzgado Primero de lo Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Director de asuntos jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad. Jefa de la unidad de la unidad administrativa y de carrera policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, por orden del coordinador general de dicha agencia. Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado de la comandancia en Tlacolula, Oaxaca. Convienen en la existencia de los actos reclamados respecto del quejoso. 20, 42, 14 y 17. Sentado lo anterior, debe considerarse sobre la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada; al efecto se provee: TERCERO. El quejoso Luis López Méndez, solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados de manera genérica; por ende, procede resolver sobre dicha medida cautelar, considerando que en el caso, se reclama el mandamiento privativo de libertad dictado en su contra por la autoridad judicial y la ejecución de tal determinación por las restantes. En relación con la ejecución material de la orden de captura librada contra el quejoso Luis López Méndez por el juez Primero Penal del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en la causa penal 157/2015 por el delito de estupro, que señaló no se encuentra catalogado como grave en el artículo 23 Bis del Código de Procedimientos Penales vigente en la región, para el caso de que la penalidad del delito por el que se sigue el proceso relativo permita el beneficio de la libertad provisional bajo caución, al estar satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la suspensión provisional está solicitada y con la misma no se sigue perjuicio al interés social, con fundamento en los artículos 124, 124 bis, 128, 136 y 139 de la referida Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva al referido peticionario del amparo para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal con motivo de la orden de captura reclamada, quedando a disposición del juez de la causa, en términos del primer párrafo del artículo 136 del mismo ordenamiento y a disposición de este juzgado por lo hace a su libertad personal, sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal de donde emana el mismo; medida precautoria que surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si no se cumple con los siguientes requisitos: a). Que el quejoso Luis López Méndez, exhiba en forma separada, a favor de este juzgado, dentro del plazo de setenta y dos horas, garantía económica por la suma de cuatro mil pesos, cero centavos, moneda nacional, en cualquiera de las formas permitidas por la ley. Tiene aplicación a lo anterior jurisprudencia, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA NECESARIA PARA QUE AQUÉLLA SIGA SURTIENDO EFECTOS, NO PUEDE EXCEDER EL DE SETENTA Y DOS HORAS QUE OTORGA EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)". En el caso de que la garantía se constituya en billete de depósito, se hará ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI). En el entendido que dicha garantía se fija al arbitrio del suscrito, tomando como datos los siguientes: 1). Que es una autoridad del fuero común la ordenadora, por lo que se fija la cantidad de cuatro mil pesos, cero centavos, moneda nacional, por ella. 2) Que el delito de estupro no se encuentra catalogado como grave en el artículo 23 Bis del Código de Procedimientos Penales vigente en la región, atenta contra la integridad física de las personas y acorde a lo establecido por el juez Primero Penal del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, permite el beneficio de la libertad bajo caución. 3) Que no existe constancia alguna sobre las características personales y la situación económica del referido quejoso, por lo cual, ese dato no se puede tener en cuenta para fijar la garantía. Garantía que se establece al ponderar el beneficio que se otorga con la presente medida cautelar y los datos anteriores, a efecto de evitar una conducta evasiva por parte del referido quejoso en relación con el proceso penal que se le sigue, además, tomando en cuenta el equilibrio entre la salvaguarda de la libertad personal, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del proceso penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Tiene aplicación a lo anterior jurisprudencia que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. CORRESPONDE AL QUEJOSO MANIFESTAR EN LA DEMANDA DE AMPARO LO REFERENTE A SU SITUACIÓN ECONÓMICA PARA SER TOMADA EN CUENTA AL MOMENTO EN QUE SE FIJE EL MONTO DE LA GARANTÍA RESPECTIVA. El artículo 124 bis de la Ley de Amparo establece, para la efectividad de la suspensión concedida contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, que se exija al quejoso una garantía cuyo monto se fijará tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, su situación económica y la posibilidad de que aquél se sustraiga de la acción de la justicia; sin embargo, tratándose de la suspensión provisional contra una orden de aprehensión, el Juez de Distrito debe fijar el monto de la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, y si de ella no se advierte alguno sobre la situación económica del quejoso, hará uso de su facultad discrecional para determinarla pues, en este aspecto, corresponde a éste proporcionar dicha información". b). QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se agregue dicho informe, el citado quejoso DEBERÁ COMPARECER PERSONALMENTE ANTE EL JUEZ PRIMERO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA, EN LA CAUSA PENAL 157/2015 ESTO ES, PARA QUE LE RECIBA SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, y asista a toda clase de diligencias para las que lo citen dentro del proceso; lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 136, párrafo primero, y 138 del citado ordenamiento, en todo caso, aunque no sea citado para alguna diligencia deberán presentarse ante la autoridad judicial cada siete días, hasta la resolución ejecutoria del juicio principal de amparo a que corresponde este incidente de suspensión, en la inteligencia de que al vencimiento del referido plazo de tres días deberá acreditar ante este juzgado que cumplió con tal medida; y de no realizar dichas presentaciones dentro del plazo de tres días indicado, lo cual deberá acreditar dentro del plazo de cinco días; no comparezca ante el juzgador para la práctica de alguna diligencia; y de no acreditar aquí que cumplió con la primera presentación señalada, se hará efectiva la garantía pecuniaria en favor del Erario Federal; de igual modo, para el caso de que el mencionado juez informe a este juzgado que la parte promovente no cumplió con alguna otra presentación a la que haya sido citado previamente y que esté acreditado este hecho, también se hará efectiva la referida garantía. Estas medidas de aseguramiento del quejoso se adoptan a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable ordenadora en caso de no concedérsele el amparo. Se invoca en apoyo de lo anterior la jurisprudencia con el rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA". Así como la diversa jurisprudencia de rubro: "SUSPENSION PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL". Una vez transcurrido el plazo concedido sin que llenen los requisitos exigidos para conceder la medida cautelar, esto es, que cada uno exhiba la garantía económica que les fue fijada dentro del plazo de setenta y dos horas; y que dentro del plazo de tres días, comparezca ante el juez para que le reciba su declaración preparatoria, y se continúe con el procedimiento penal, así como, asista a toda clase de diligencias para las que lo citen dentro del proceso, aun cuando no sea citado para alguna diligencia se presente ante la autoridad judicial cada siete días, hasta la resolución ejecutoria que se dicte en el juicio principal a que corresponde este incidente, circunstancias que deberá acreditar dentro del plazo de cinco días (dentro del cual están incluidos los plazos citados), siguientes a su notificación; en el entendido que de incumplir cualquiera de los requisitos de eficacia anteriormente citados en el plazo aludido, la medida suspensional decretada dejará de surtir sus efectos y se comunicará a las autoridades responsables, que quedan expeditas sus facultades para ejecutar la orden de captura combatida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, segundo párrafo y 139 de la abrogada Ley de Amparo. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre el estudio del fondo del asunto. Aunado a lo expuesto, es pertinente mencionar, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho cuestionado, ni la inconstitucionalidad o constitucionalidad del mismo, en una apreciación de carácter provisional sobre la credibilidad objetiva del derecho de los solicitantes, este órgano de control constitucional estimó procedente otorgar la suspensión provisional en los términos expuestos, respecto de la ejecución de la orden de privar de su libertad a los peticionarios (orden de aprehensión), pues, al confrontar la trascendencia del derecho del solicitante y el interés de la sociedad, se llegó a la conclusión que de no conceder la suspensión se causaría mayor perjuicio a la parte peticionaria, ya que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado (el cual afecta de modo predominante la libertad personal del quejoso) y a lo expuesto en su demanda de amparo (específicamente en el apartado concerniente a los antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación), se consideró no se contraviene el interés social; pues, si bien, por una parte con tal medida se permite que tratándose de delitos que por su naturaleza permitan el beneficio de la libertad provisional bajo caución, la parte quejosa siga gozando de su libertad personal en los términos indicados, en nada afecta el interés social, ya que, aun cuando la sociedad está interesada en que, quien comete un ilícito sea sancionado por ello, o quien es sujeto de una orden de captura, sea objeto de la misma, en acato al procedimiento penal respectivo, tal interés ha de prevalecer siempre y cuando tal restricción provenga de autoridad competente y se ajuste a la ley respectiva (lo cual se conocerá hasta que se resuelva el juicio), lo que en el caso no se verá afectado, pues, la concesión de mérito no impide que se concluya en tal determinación, empero, será hasta que exista certeza sobre la legalidad del acto reclamado. Además que para garantizar la continuación del procedimiento respectivo, se sujetó al promovente a comparecer ante el juez de la causa y exhibir a favor de este juzgado garantía por la suma total de cuatro mil pesos, cero centavos, moneda nacional, en cualquiera de la formas permitidas por la ley, apercibido que de incumplir con dichos requisitos de eficacia, la suspensión concedida dejará de surtir efectos y se comunicará a las autoridades responsables que quedan expeditas sus facultades para ejecutar la orden de captura combatida; y a comparecer ante el juez de la causa a fin de continuar con el procedimiento penal que se siga en su contra. Apoya a lo anterior la jurisprudencia, del rubro "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO". Así también, las tesis aisladas de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRASGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA". "SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. EL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE IMPONE UNA CONDICIÓN AL QUEJOSO PARA HACER EFECTIVA AQUELLA MEDIDA, NO IMPIDE EL ACCESO A LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL". Con fundamento en el artículo 107, fracción XVII constitucional reformado, en relación con los numerales 206 de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal, se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia a este mandato será sancionado penalmente. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad siendo el derecho al debido proceso y a la libertad un derecho humano del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral en estudio. QUINTO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. En mérito de lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E : PRIMERO. Se niega a Felipe López Hernández y Adelina Méndez Maldonado, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados al titular del Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, del coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad y del comandante encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía, con residencia en esta ciudad, consistente en la orden aprehensión librada en su contra y la ejecución material de dicha determinación. SEGUNDO. Se concede a Luis López Méndez, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados al titular del Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, del coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad y del comandante encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía, con residencia en esta ciudad, consistente en la orden aprehensión librada en su contra y la ejecución material de dicha determinación. TERCERO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. Notifíquese...
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