Felipe Márquez Macías
Expediente 285/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/03/2022
Partes del expediente
- Felipe Márquez Macías
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Felipe Márquez Macías; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de demanda de garantías signado por Felipe Márquez Macías, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el 285/2022-II. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que conforme al artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: ".Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente, mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En este sentido, a fin de robustecer el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, consultable en la página 730 del Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a la letra establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, los dispositivos en que se funda la causal de improcedencia anunciada, en lo conducente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte ." De dichos preceptos se infiere que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquéllos que necesariamente deben afectar materialmente derechos sustantivos. En relación a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: PERSONALIDAD, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); sostuvo que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, de la interpretación al artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Precisiones las anteriores, que fueron sustancialmente reiteradas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia con rubro: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Ante ese panorama normativo, es evidente que en el presente asunto no se actualiza alguna de las anteriores condiciones establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que nos encontramos ante un acto de imposible reparación, pues no se advierte que con su emisión se afecten materialmente los derechos sustantivos de las empresas quejosas, al grado que se les impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Se afirma lo expuesto, porque el acto reclamado consiste en la omisión por parte del Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en emitir el acuerdo correspondiente a su escrito presentado el dos de marzo del año en curso, relativo al expediente administrativo laboral 641/06/2008 del índice de la citada autoridad, así como la falta de notificación del mismo. En ese contexto, la omisión que reclama la parte quejosa, se traduce en transgresión al artículo 17 constitucional; empero, no puede reclamarse de forma autónoma, pues emerge de un juicio laboral, promovido por el aquí agraviado; luego, con independencia del estado procesal del juicio de instancia, la dilación en la integración del procedimiento obrero aludido, no se advierte que revista el carácter de imposible reparación, sino que constituye una afectación de índole procesal, que puede ser reparada con la actuación que en su momento se dicte, o bien, impugnable cuando se emita el laudo correspondiente. En efecto, con el propósito de que sea procedente el amparo indirecto, es necesario que la violación formal se traduzca de manera directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impida en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. No pasa inadvertido para este juzgador, las molestias que generen al gobernado las dilaciones de la Junta Laboral que conoce el procedimiento de origen en integrarlo hasta su conclusión, pues es dicha autoridad quien debe velar porque la aquí responsable dé respuesta a lo solicitado; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo, pues el quejoso es parte actora en un juicio laboral que se encuentra en vías de ejecución; dicha afectación no puede verse de forma autónoma sino dentro del procedimiento acorde a las etapas que se desarrollan en el mismo, salvo que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional y Común, que en su rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Bajo esa óptica, si el impetrante se duele de la omisión por parte del Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en dar contestación su petición de dos de marzo de dos mil veintidós, formulada en el expediente administrativo laboral 641/06/2008 del índice de dicha responsable, como se advierte del contenido de la demanda de garantías, este juzgado no advierte una dilación en el procedimiento laboral de origen, o bien, su paralización total. Para ello se trae a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis número 294, en la cual consideró lo siguiente: ".a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". De la ejecutoria en comento derivó la jurisprudencia número 2a./J 33/2019 (10a), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En razón de lo antes expuesto, a la fecha existe criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede sólo cuanto transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Luego, la dilación procesal de que se duele la parte quejosa, consistente en la omisión por parte del Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en emitir el acuerdo correspondiente a su escrito presentado el dos de marzo del año en curso, formulado en el expediente administrativo laboral 641/06/2008 de su índice, así como la falta de notificación del mismo, constituye un acto omisivo de carácter intraprocesal, que no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dicho acto no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, por lo que tiene el carácter de adjetivo pues no existe una dilación de procedimiento. Esto es así, pues el lapso transcurrido entre la indicada fecha y la de la presentación de la demanda de amparo, a saber, nueve de marzo de dos mil veintidós, sólo transcurrieron siete días naturales; por tanto, atendiendo el término definido por el alto tribunal, no se considera que se haya paralizado totalmente el juicio o exista una abierta dilación del mismo y, por ende, violación al artículo 17 Constitucional. De lo expuesto con anterioridad, se advierte que no se surte el supuesto de que el acto reclamado resulte de imposible reparación, si se tiene en cuenta que dicho acto reclamado sólo tiene efectos adjetivos, pues no tiene fuerza definitiva ni deja sin defensa al quejoso, ni le causa un agravio no reparable en la sentencia definitiva, ya que dicha afectación no se produce en forma independiente, sino dentro de un procedimiento en el que la parte quejosa es parte, sin que este órgano de control constitucional advierta de la demanda de garantías que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización. En tal virtud, por actualizarse la causal descrita en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de garantías promovida por Felipe Márquez Macías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la misma legislación. En otro orden, respecto a los actos reclamados que la parte quejosa refiere como la omisión de ordenar la ejecución del laudo dictado en el expediente administrativo laboral 641/06/2008 y la simulación de acatar la sentencia dictada en el juicio de amparo 126/2021-IV del índice de este Juzgado de Distrito, traducida en la omisión de realizar diversas notificaciones, igualmente procede desechar la presente demanda de amparo. Lo anterior con fundamento en el artículo 63 fracción XI, de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que dicho precepto legal en la parte que interesa señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; ." Del artículo transcrito -en la parte que interesa- se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria de otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Cabe señalar que la esencia de la causal de improcedencia que se señala, es la de evitar que se tramiten tantos juicios como lo estime necesario la parte quejosa, contra el mismo acto reclamado, pues esto podría dar lugar a sentencias contradictorias, amén de que se contrapondría a la cosa juzgada que rige en el primer expediente; de ahí que, si la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto ya ha sido resuelta, negando o concediendo el amparo, la controversia no debe plantearse nuevamente. Pues bien, antes que nada para mayor ilustración es necesario distinguir entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material. La primera se refiere a la imposibilidad de reabrir la discusión en el mismo proceso, sea porque las partes han consentido el pronunciamiento de primera instancia, sea por haberse agotado los recursos ordinarios y extraordinarios cuando ellos procedan; pero sin que obste a su revisión en un juicio posterior. La segunda, en cambio, se produce cuando a la irrecurribilidad de la sentencia se agrega la inmutabilidad de la decisión. Puede así haber cosa juzgada formal sin cosa juzgada material, pero no a la inversa, porque la cosa juzgada material tiene como presupuesto a la cosa juzgada formal. La cosa juzgada material se refiere pues, al contenido de la sentencia y sus caracteres son la inmutabilidad y la coercibilidad; es decir, que proyecta sus efectos hacia el pasado y hacia el futuro. Las partes están obligadas a respetar el pronunciamiento judicial sobre el caso juzgado, situación que se encuentra protegida por una excepción en caso de nuevo proceso: Exceptio rei judicata. En realidad son dos los principios en que se asienta la autoridad de la cosa juzgada: 1. La extinción de la acción con su ejercicio, lo que impide su renovación en otro juicio, salvo cuando la ley lo autorice expresamente (recurso de revisión). 2. La necesidad de seguridad jurídica a fin de dar estabilidad a las relaciones de derecho, y que alcanza tanto al derecho sustancial como al derecho procesal, bajo la forma de cosa juzgada material y cosa juzgada formal. Por eso se dice que la cosa juzgada es el principal efecto de la sentencia: otorga a ésta la autoridad de la ley, que se extiende no sólo a los mismos jueces, sino a todos los órganos del Estado. La inmutabilidad de la sentencia que la cosa juzgada ampara está condicionada por la exigencia de que la acción a la cual se opone sea la misma que motivó el pronunciamiento. Este proceso de identificación se hace por la comparación de los elementos de ambas acciones, y la excepción de cosa juzgada procederá cuando en ellas coincidan: 1. Los sujetos. 2. El objeto. 3. La causa. Basta que una sola difiera para que la excepción sea improcedente. Determinar cuándo hay cosa juzgada en razón de los sujetos o partes es establecer sus límites subjetivos; es decir, a quienes se extiende su autoridad. En principio, la sentencia afecta únicamente a quienes hubieran intervenido en el proceso en calidad de partes, y no aprovecha ni perjudica a los terceros que hayan permanecido ajenos al mismo, los cuales podrán oponer, en su caso, la defensa de "cosa no juzgada". Pero las relaciones jurídicas son tan complejas que, con frecuencia, la litis afecta los derechos de terceros (efecto reflejo), que se ven así vinculados a un proceso en el que no han intervenido, y de cuya sentencia, sin embargo, puede derivarles un perjuicio, surgiendo entonces la necesidad de considerar la posibilidad de que esos terceros intervengan en el proceso para prevenir una sentencia que pueda serles desfavorable. La cosa juzgada puede ser invocada por cualquiera de las partes, independientemente de su posición en el litigio anterior; y así, el demandado podrá oponerla, por ejemplo, contra el actor que pretende en un nuevo juicio reclamar un derecho que le fue desconocido en el primero, y el actor podría oponerla al demandado que intentase una defensa que ya le ha sido rechazada. Se entiende por objeto del litigio el bien que se pide concretamente en la demanda. La sentencia constituye una unidad y, en consecuencia, el objeto es el derecho que se reclama y lo que el Juez decide es la cuestión jurídica. Por su parte, la causa es el hecho jurídico que se invoca como fundamento de la acción y no se debe confundir con el hecho constitutivo del derecho o con la norma abstracta de la ley. Para los efectos de la cosa juzgada, la causa no consiste en el derecho o beneficio que se trata de hacer valer, sino en el principio generador de ese derecho. Como se ha reseñado, la cosa juzgada supone la irrecurribilidad de la sentencia y tiene como consecuencia la inmutabilidad de la decisión. A su vez, la inmutabilidad requiere un pronunciamiento expreso sobre el punto litigioso. Desde luego, no existe cosa juzgada si el pronunciamiento deja expresamente para otro juicio la solución del punto, o deja a salvo los derechos del actor. Tampoco hay cosa juzgada respecto de las cuestiones no planteadas en la litis. Por tal motivo, una vez apuntados los elementos de procedencia de la cosa juzgada, corresponde ahora referirnos al presente juicio de amparo que es la identidad de la causa, como presupuesto necesario para que se actualice la cosa juzgada. En el caso sometido a la potestad de este órgano jurisdiccional, para tener por demostrada la causa de improcedencia que se propone, importa precisar que sobre la omisión de ejecutar el laudo dictado en el procedimiento laboral 641/06/2008 versa la litis en el diverso juicio de amparo 126/2021-IV del índice de este Juzgado de Distrito, en el que se concedió al nombrado quejoso Felipe Márquez Marcías la protección constitucional, y en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno se declaró cumplida sin exceso ni defecto, otorgándosele un término de quince días hábiles para interponer el recurso de inconformidad de estar en desacuerdo con dicha determinación, por lo que al haber aceptado tácitamente la misma, en diverso auto de veintiséis de enero del año en curso, se tuvo por consentida y se ordenó el archivo del citado juicio. Luego, en la especie se cumple con los requisitos esenciales que hacen que se actualice la causal aludida, siendo el primero, que se trata de un juicio promovido por la misma quejosa, en contra de las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado; y el segundo estriba en que se dictó una sentencia en el juicio primigenio, la que ya causó ejecutoria. En el caso específico, se considera que existen circunstancias que hacen inejercitable la acción de amparo, dado que en relación a la omisión de ejecutar el laudo en el procedimiento laboral de origen ya se emitió sentencia ejecutoriada, circunstancia que no puede ser desconocida en modo absoluto en este nuevo juicio, ya que prevalece y subsiste la cosa juzgada en el juicio de amparo 126/2021-IV de este órgano jurisdiccional, pues en él se analizó el fondo del asunto. En el entendido de que previo a acudir a una nueva instancia constitucional, el quejoso Felipe Márquez Macías, debe agotar los medios de impugnación contemplados en la propia Ley de Amparo en el juicio mencionado en el párrafo que antecede, esto es, el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la citada legislación, o bien, proceder conforme a lo dispuesto en el ordinal 199 de la ley de la materia. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados en los términos que refiere, al profesionista que señala en su demanda. Finalmente, en atención a lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de diez de diciembre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil nueve, se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
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