Felipe Márquez Macías

Expediente 15/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
15/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
01/02/2022

Partes del expediente

  • Felipe Márquez Macías

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, uno de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibida la intervención ministerial 12/2022, suscrita por el Fiscal de la Federación titular de la Agencia adscrita a este tribunal; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente sin realizar mayor proveído sustancial al respecto, toda vez que en acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós se archivó el presente juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de diez de enero de dos mil veintidós, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Felipe Márquez Macías; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de demanda de derechos fundamentales signado por Felipe Márquez Macías, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el 15/2022-II. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que conforme al artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: ".Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente, mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En este sentido, a fin de robustecer el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, consultable en la página 730 del Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a la letra establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, los dispositivos en que se funda la causal de improcedencia anunciada, en lo conducente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La aludida hipótesis normativa dispone que previo a la promoción del juicio constitucional la parte que se considere agraviada con actuaciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá agotar los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria le concede, con el propósito de que sean modificadas, revocadas o nulificadas. Como puede verse, la citada causa de improcedencia supone que antes de acudir a la vía constitucional extraordinaria, se agoten todas las posibilidades que la ley ordinaria concede a efecto de que la determinación o actuación judicial que genera afectación sea revocada, modificada o nulificada; salvo las excepciones expresamente delimitadas en la propia legislación. Ahora bien, cabe precisar que la demanda de origen fue presentada en el año dos mil ocho ante la junta responsable, esto es, con antelación a la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, por lo que en el presente acuerdo se atienden dispositivos legales vigentes al momento de su presentación, ello en atención a lo estipulado en el artículo Séptimo Transitorio, el cual prevé que los procedimientos en trámite serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. Establecido lo anterior, es de resaltarse que el agraviado refirió como acto reclamado, el acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el que el Presidente de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas, en los autos del expediente administrativo laboral 641/E06/2008, señaló fecha para la reinstalación del aquí quejoso, y ordenó el pago de salarios caídos, situación que refiere le causa agravio en cuanto a la integración de los salarios caídos. En contra de dicho acto de autoridad, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Ciertamente, el dispositivo legal transcrito establece que dentro del procedimiento de ejecución de laudo, contra los actos del Presidente y Actuario de la Junta Especial, procede la revisión correspondiente, misma que el quejoso estaba obligado a agotar previa la promoción del juicio de amparo, ya que la amplitud de su contenido conlleva a considerar que procede dicho recurso en contra de cualquier acto que tal autoridad emita durante la etapa de ejecución, puesto que la intención del legislador ordinario no fue restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden concreta y específicamente, a la ejecución de los laudos, sino a la de hacerlo extensivo a cualquier acto del Presidente y/o del Actuario de la Junta respectiva. En esa tesitura, contra la emisión del auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, atribuido al Presidente de la Junta responsable, procede el aludido recurso de revisión, ya que en ese expediente se cuenta con el laudo correspondiente, y al no agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tener consideraciones aplicables al caso concreto, se cita la tesis de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 1873, Materia Laboral, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS ES NECESARIO AGOTARLO CONTRA EL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE SE NIEGA A DESPACHAR EJECUCIÓN SOBRE ACTUALIZACIONES SALARIALES. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo prevé la procedencia del recurso de revisión contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios o resoluciones que ponen fin a las tercerías, así como contra los dictados en las providencias cautelares; de donde se colige, por la amplitud del dispositivo, que procede dicho recurso contra cualquier acto que tales autoridades emitan durante la etapa de ejecución del laudo, puesto que la intención del legislador no fue restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden, concreta y específicamente, a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el presidente de la Junta durante el procedimiento de ejecución, inclusive en las que se niegue la ejecución del propio laudo, tomando en cuenta las facultades del presidente para llevar a cabo esa etapa, en términos de los artículos 617 y 618 de la legislación laboral. En esa tesitura, contra el auto por medio del cual el presidente se niega a despachar ejecución sobre actualizaciones salariales procede el aludido recurso de revisión, y si éste no se agota previamente a la promoción del juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tal virtud, por actualizarse la causal descrita en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Felipe Márquez Macías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la misma legislación. En otro orden de ideas, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizada en los términos que refiere, a la profesionista que señala en su demanda. Finalmente, en atención a lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de diez de diciembre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil nueve, se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por ministerio de ley en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    II. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el proveído de diez de enero de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

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