Felipe Manuel Maya Bucio
Expediente 433/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Felipe Manuel Maya Bucio
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO Y EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DEL PRESENTE MES Y AÑO, EL CUAL DICE: Uruapan, Michoacán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Recepción del oficio de incompetencia. Se tiene por recibido el oficio 23066, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 1217/2023-VIII, de su índice. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, del contenido del auto de cinco de junio de dos veintitrés, dictado por el Juzgado oficiante, se advierte que por diverso de veintinueve de mayo del año en curso, dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Felipe Manuel Maya Bucio, por su propio derecho, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado que deriva de la presente demanda de amparo tiene una ejecución material dentro del territorio donde este juzgado tiene su jurisdicción. Aceptación de competencia Estando dentro del término de cuarenta y ocho horas que establece el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la aceptación de la competencia planteada, en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo, y lo señalado por el citado órgano jurisdiccional, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, se avoca al conocimiento del escrito inicial de demanda instada por Felipe Manuel Maya Bucio, por su propio derecho, contra actos del Titular de la División de prestaciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio conocido en la ciudad de México y, otras autoridades. Se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 433/2023. Ahora bien, el acto reclamado, se hace consistir en:... Luego, el quejoso como antecedentes de los actos reclamados, refiere que se efectúan descuentos a su pensión por cesantía otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social y, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que en algún tiempo celebró contratos de créditos con empresas externas a ese instituto, empero, desconoce las fechas de celebración de dichos contratos, así como la denominación de las empresas con las que los celebró, además, de no contar con los contratos o convenios celebrados con esos terceros, al sostener que no se le entregaron, por ende, desconoce cuándo iniciaron los descuentos a su pensión. De ahí relata, que mes tras mes le realizan descuentos en su pensión por cesantía y para acreditar dichas aseveraciones, adjuntó a su demanda de amparo un informe de pago de los meses de febrero, marzo y abril de dos mil veintitrés relacionados a su pensión antes dicha y los descuentos correspondientes. En ese orden, la parte quejosa sostiene que los descuentos a su pensión son inconstitucionales, porque su pensión debe depositarse integra y completa, ante la falta de notificación a un procedimiento antes de realizar los descuentos, violándose con ello, su derecho de audiencia y legalidad. DESECHAMIENTO Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer primeramente que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone a la persona juzgadora la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, esto es, señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. En el caso concreto se considera que en atención a los actos reclamados -descuentos en la pensión del quejoso, realizados con motivo de créditos-, éstos no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Dicho lo anterior es necesario examinar el tipo de relación que existe entre el quejoso frente a quienes les atribuye los actos reclamados, es decir, si implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Y para comprender de mejor manera el acto, debe atenderse, en primer orden, la relación que puede existir entre, el quejoso frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, concretamente con su departamento de Prestaciones Económicas, para ello, resultarán ilustrativas, las consideraciones contenidas en la contradicción de tesis 129/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que, uno de los puntos de contradicción, se concretó en, determinar si la resolución que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, al decidir el recurso de inconformidad, es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social vigente al dicado de su ejecutoria, disponían: "Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del Instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos.". "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Advirtió que, del precepto 294 en cita, la posibilidad que tienen los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, de interponer recurso de inconformidad, cuando consideren impugnable cualquier acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, fue precisa en señalar que la norma contenida en el numeral 295 distingue la posición jurídica que guardan los patrones y demás sujetos obligados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de aquella que se presenta entre asegurados o sus beneficiarios y el propio Instituto; pues, en relación con los primeros determinó que las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que los segundos tienen que acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Precisó que, esa distinción tiene su justificación en la medida en que la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social no es similar cuando actúa frente a los patrones y demás sujetos obligados, que cuando lo hace con los asegurados o sus beneficiarios. Lo cual le permitió afirmar que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Expresó que, la seguridad social prevista en la Ley del Seguro Social, y que se encuentra a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se dirige, en un primer nivel, a la protección de los trabajadores, y en un nivel ulterior a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores a las prestaciones de seguridad social deberán satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. Por tanto, determinó que, cuando un asegurado o su beneficiario solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en la relación jurídica como ente asegurador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de cualquier pensión que será garantizada por el Estado, de forma que está sometido al imperio de la ley, a favor del asegurado. Por todo lo expuesto, el Alto Tribunal del País, en su segunda Sala, puso de manifiesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados, y como órgano asegurador frente a los asegurados y sus beneficiarios. Por lo cual, afirmó, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social resuelve un recurso de inconformidad que interpone un patrón o sujeto obligado, lo hace en su carácter de organismo fiscal autónomo en cuyo caso, se erige en autoridad con plena potestad de decisión. En cambio, cuando el recurso de inconformidad es planteado por un asegurado o beneficiario, aun cuando sea optativo interponerlo, respecto de las prestaciones en especie o dinero de seguridad social que otorga la Ley del Seguro Social, si bien el citado Instituto cuenta con atribuciones para decidir sobre la procedencia de la prestación mediante la resolución del recurso de inconformidad, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación. Incluso, mencionó que el artículo 295 de la citada Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que la propia Ley otorga, serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ello, para la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significó que las resoluciones que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto por los asegurados o beneficiarios respecto de las prestaciones que otorga la ley, no tienen el carácter de acto de autoridad, porque la propia norma jurídica determina, categóricamente, que las controversias de esa índole serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el Instituto no puede acudir como autoridad. En conclusión se afirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y b) De órgano asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero que otorga la Ley del Seguro Social. Por lo que, consideró que, la resolución emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social que otorga la ley, no tiene el carácter de acto de autoridad; por una parte, porque: Si bien cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación; y, por otra; Debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el Instituto no puede acudir como autoridad. Además, no pasó inadvertido, que esa Segunda Sala, al resolver la diversa contradicción de tesis 86/2008-SS, indicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social es autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando resuelve el recurso de inconformidad interpuesto contra la determinación de la instancia de queja administrativa en la que se reclamó el reembolso de gastos efectuados con motivo de no recibir asistencia médica u hospitalaria o por resultar ésta deficiente. Pero precisó que se trataba de un supuesto distinto al que se presentó en los asuntos que originaron la contradicción de tesis 129/2011, que se refieren a controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el referido Instituto sobre las prestaciones que la Ley del Seguro Social otorga, que son de naturaleza distinta a la civil que caracteriza a la acción de pago ejercitada por un asegurado o beneficiario contra el Instituto por gastos efectuados por no recibir los servicios médicos u hospitalarios o por haberlos recibido de manera deficiente. [Hasta aquí consideración de la ejecutoria 129/2011] Consideración que conforman la jurisprudencia,... En ese sentido, la interpretación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectuó a la normativa de la Ley del Seguro Social, fue para afirmar el doble carácter, del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados; otro, como órganor frente a los asegurados y sus beneficiarios. Por lo cual, sostiene que cuando dicho Instituto atiende el recurso de inconformidad que se ha planteado por un asegurado o beneficiario, aun cuando sea optativo interponerlo, respecto de las prestaciones en especie o dinero de seguridad social que otorga la Ley del Seguro Social, si bien el citado Instituto cuenta con atribuciones para decidir sobre la procedencia de la prestación mediante la resolución del recurso de inconformidad, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación. En ese sentido, dichas consideraciones resultan aplicables al presente asunto, independientemente a que en la demanda de amparo, propiamente no se reclama lo resuelto en el recurso de inconformidad, previsto en el ordinal 294 de la Ley ese ordenamiento. Empero, al tomar en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no es acto de autoridad, para efecto del juicio de amparo, la resolución que el Instituto Mexicano del Seguro Social emita, con motivo del recurso de inconformidad que haya planteado un asegurado o beneficiario, aun cuando sea optativo interponerlo, respecto de las prestaciones en especie o dinero de seguridad social que otorga la Ley del Seguro Social; entonces, tampoco puede serlo, aquellos actos relacionados con diversos descuentos que el Instituto citado permita se realicen a la pensión del quejoso. De manera que, si en el presente asunto, el quejosa acude a solicitar la protección de la justicia de la unión, al reclamar del Departamento de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, los continuos descuentos que permite a su pensión de cesantía con motivo de diversos créditos que en algún momento celebró con terceros, entonces, como se ha visto, dicho Instituto, en ese supuesto, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surgió entre el quejoso y el Instituto es de igualdad (coordinación), y los descuentos a su pensión verifica la existencia de dicha relación. Por lo que, de ningún modo se puede considerar como autoridad para efectos del juicio de amparo, al Departamento de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Ciudad de Uruapan, Michoacán y otras autoridades de ese instituto, cuando permite los descuentos a la pensión de cesantía del quejoso. Dicho en otras palabras, al citado Departamento de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Ciudad de Uruapan, Michoacán no contiene las características de autoridad responsable, a que se refiere el artículo 5o., fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, puesto que los actos que emite al atender los planteamientos de un asegurado o beneficiario, para la obtención de prestaciones en especie o dinero de seguridad social que otorga la Ley del Seguro Social, no corresponden a los de una autoridad; dado que, para identificar ese tipo de actos quien los emite debe estar investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria y en una relación de supra a subordinación, no que en el caso no acontece en dicho Departamento. Así las cosas, al encuadrar el acto reclamado que plantea la parte quejosa dentro de la hipótesis prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5, fracción II, este último aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta improcedente el juicio constitucional indirecto y por tanto, se desecha de plano de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal. Toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, por tanto, se le tienen los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, aún las personales, practíquense por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, lo anterior, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Se tiene a la parte promovente señalado el correo electrónico DEFENSALEGAL@gmx.com únicamente, para los efectos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; no así para oír y recibir notificaciones en éste, toda vez que no existe normativa en la Ley de la materia que lo permita. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. ...Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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