Felipe Heredia Hernández
Expediente 772/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Felipe Heredia Hernández
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de Felipe Heredia Hernández, parte quejosa en los presentes autos, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue formulado en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y señala los actos que reclama contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahora, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Asentado lo anterior, del análisis íntegro de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, infórmeme justificado y como lo aprecio el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, se obtiene que el acto reclamado consiste en: Que el quejoso; por propio derecho, reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós que tuvo por contestada la demanda enderezada en su contra y donde el titular de dicho juzgado no proveyó respecto a la excepción de incompetencia planteada en la misma dentro del juicio oral mercantil número 562/2022. DESECHAMIENTO Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Esto es, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se pone de manifiesto que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Lo cual quedó de manifiesto con la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquellos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, en el caso particular la parte quejosa reclama: Que el quejoso; por propio derecho, reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós que tuvo por contestada la demanda enderezada en su contra y donde el titular de dicho juzgado no proveyó respecto a la excepción de incompetencia planteada en la misma dentro del juicio oral mercantil número 562/2022. En el caso particular para determinar si los efectos de dicho acto son de imposible reparación, esto es, si afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, debe tenerse en cuenta, en principio lo siguiente: De las constancias adjuntas de la autoridad responsable, se desprende que en proveído de tres de noviembre de la pasada anualidad, la autoridad señalada como responsable, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, señaló en lo conducente: ". Por otra parte, se tiene al ocursante ofreciendo las pruebas que refiere y de las cuales se preverá lo conducente en la etapa procesal que corresponda. En esa tesitura, de las excepciones opuestas, dese vista a la parte actora mediante notificación personal, para que dentro del término de 3 tres días manifieste lo que a su derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1390 Ter 7 del Código de Comercio." Esto es, que en el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós (acto reclamado) que tuvo por contestada la demanda enderezada en contra del quejoso, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no fue omiso en dar respuesta a las excepciones del quejoso, entre las que se encuentra la excepción de incompetencia planteada, ya que al respecto, el juez responsable ordenó por notificación personal dar vista a la parte actora, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho corresponda con relación de las excepciones opuestas; de ahí que, no le depare perjuicio alguno el acto que reclama para acudir al amparo como pretende hacerlo valer, al ser un acto intraprocesal que incluso, está pendiente de atender la responsable. Aunado a lo anterior, que al ser parte el quejoso en el juicio natural está en condiciones de solicitar al juez responsable que se pronuncie sobre la excepción de incompetencia planteada, de ahí que se reitera, que no es acto de imposible reparación porque no afecta derechos sustantivos como la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros y solo implicará que habrá de continuar el trámite del juicio; y, en todo caso, una vez que el juez responsable determine no dar trámite a dicha excepción o en su caso se resuelva, la cual podría serle favorable a sus intereses, en cuyo caso desaparecería el agravio formal de que se duele, de lo contrario, estaría en condiciones de promover el juicio de amparo, contra su desestimación de la excepción de incompetencia. Apoya lo anterior la Jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizada en la página 1539, Tomo III, Mayo de 2014, Materia(s): Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).." En consecuencia, si el acto reclamado en mención no satisface la condición para que sea considerado como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cumplimiento a requerimiento de demanda de amparo y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Carlos Ávila Tinoco y Moisés Gutiérrez Meza, toda vez que tienen registrada su cédula en el sistema Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En tanto que respecto a Luis Enrique Luna Carvajal, se le tiene autorizado sólo para oír y recibir notificaciones, toda vez que no tiene acreditado su registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. DATOS PERSONALES. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por otra parte, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguese a los autos el oficio y anexo que remite la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en la Ciudad de Morelia, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 1869/2022 (823/2022-E-A-P), derivado del acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se solicitó que en auxilio de las labores este órgano jurisdiccional notificara al quejoso, del que se advierte se notificó por lista; gírese el acuse respectivo. Dese de baja la comunicación devuelta y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado, sin que amerite mayor pronunciamiento, en atención a que el quejoso ha señalado domicilio en esta ciudad NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Principal
EN RAZÓN DE QUE FELIPE HEREDIA HERNÁNDEZ (EN SU CARÁCTER DE PARTE QUEJOSA) o sus autorizados, no comparecieron dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el once de enero de dos mil veintidós; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de SEIS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Uruapan, Michoacán, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de Felipe Heredia Hernández, parte quejosa en los presentes autos, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue formulado en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y señala los actos que reclama contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahora, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Asentado lo anterior, del análisis íntegro de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, infórmeme justificado y como lo aprecio el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, se obtiene que el acto reclamado consiste en: Que el quejoso; por propio derecho, reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós que tuvo por contestada la demanda enderezada en su contra y donde el titular de dicho juzgado no proveyó respecto a la excepción de incompetencia planteada en la misma dentro del juicio oral mercantil número 562/2022. DESECHAMIENTO Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Esto es, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se pone de manifiesto que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Lo cual quedó de manifiesto con la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquellos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, en el caso particular la parte quejosa reclama: Que el quejoso; por propio derecho, reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós que tuvo por contestada la demanda enderezada en su contra y donde el titular de dicho juzgado no proveyó respecto a la excepción de incompetencia planteada en la misma dentro del juicio oral mercantil número 562/2022. En el caso particular para determinar si los efectos de dicho acto son de imposible reparación, esto es, si afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, debe tenerse en cuenta, en principio lo siguiente: De las constancias adjuntas de la autoridad responsable, se desprende que en proveído de tres de noviembre de la pasada anualidad, la autoridad señalada como responsable, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, señaló en lo conducente: ". Por otra parte, se tiene al ocursante ofreciendo las pruebas que refiere y de las cuales se preverá lo conducente en la etapa procesal que corresponda. En esa tesitura, de las excepciones opuestas, dese vista a la parte actora mediante notificación personal, para que dentro del término de 3 tres días manifieste lo que a su derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1390 Ter 7 del Código de Comercio." Esto es, que en el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós (acto reclamado) que tuvo por contestada la demanda enderezada en contra del quejoso, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no fue omiso en dar respuesta a las excepciones del quejoso, entre las que se encuentra la excepción de incompetencia planteada, ya que al respecto, el juez responsable ordenó por notificación personal dar vista a la parte actora, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho corresponda con relación de las excepciones opuestas; de ahí que, no le depare perjuicio alguno el acto que reclama para acudir al amparo como pretende hacerlo valer, al ser un acto intraprocesal que incluso, está pendiente de atender la responsable. Aunado a lo anterior, que al ser parte el quejoso en el juicio natural está en condiciones de solicitar al juez responsable que se pronuncie sobre la excepción de incompetencia planteada, de ahí que se reitera, que no es acto de imposible reparación porque no afecta derechos sustantivos como la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros y solo implicará que habrá de continuar el trámite del juicio; y, en todo caso, una vez que el juez responsable determine no dar trámite a dicha excepción o en su caso se resuelva, la cual podría serle favorable a sus intereses, en cuyo caso desaparecería el agravio formal de que se duele, de lo contrario, estaría en condiciones de promover el juicio de amparo, contra su desestimación de la excepción de incompetencia. Apoya lo anterior la Jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizada en la página 1539, Tomo III, Mayo de 2014, Materia(s): Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).." En consecuencia, si el acto reclamado en mención no satisface la condición para que sea considerado como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cumplimiento a requerimiento de demanda de amparo y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Carlos Ávila Tinoco y Moisés Gutiérrez Meza, toda vez que tienen registrada su cédula en el sistema Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En tanto que respecto a Luis Enrique Luna Carvajal, se le tiene autorizado sólo para oír y recibir notificaciones, toda vez que no tiene acreditado su registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. DATOS PERSONALES. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por otra parte, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguese a los autos el oficio y anexo que remite la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en la Ciudad de Morelia, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 1869/2022 (823/2022-E-A-P), derivado del acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se solicitó que en auxilio de las labores este órgano jurisdiccional notificara al quejoso, del que se advierte se notificó por lista; gírese el acuse respectivo. Dese de baja la comunicación devuelta y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado, sin que amerite mayor pronunciamiento, en atención a que el quejoso ha señalado domicilio en esta ciudad NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
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