Felipe Magallon Magaña

Expediente 267/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
267/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Felipe Magallon Magaña
  • JESÚS MAGALLON MAGAÑA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Cuenta. En veintitrés de mayo de dos mil veintidós, el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, certifica: Que el plazo legal de que disponía la parte quejosa para impugnar el auto que desechó la demanda de amparo, transcurrió del trece al diecinueve de mayo de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificado por lista el pasado once de mayo, sin que lo hubiere hecho, con lo que se da cuenta al Juez y con el estado que guardan los autos dentro del juicio de amparo 267/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de diez de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente cuaderno, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuenta. En diez de mayo de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, certifica: Que consultado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), correspondiente a este Juzgado, se obtuvo el registro 247/2021, correspondiente a la demanda de amparo recibida en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, promovida por Jesús y Felipe ambos de apellidos Magallon Magaña, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo y Diligenciario adscrito a los números del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo. Asimismo, se hace constar que, en dicho juicio hicieron consistir su reclamó, en: IV.- ACTO RECLAMADO: Del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, la tramitación del juicio número 756/2018, ventilado en el juzgado a su cargo, al cual no fuimos llamados a juicio. Y la indebida orden dictada en el expediente ya en cita, ventilado en el juzgado al que se reclama su orden indebida, que pretende que los quejosos entreguen el inmueble identificado como Finca Urbana, ubicada en calle Porfirio Villaseñor, número 140, colonia Centro, de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo. Del diligenciario adscrito a los números pares del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, la inminente, real y material ejecución del acto de lanzamiento o desposeimiento de la propiedad. Que, por sentencia de trece de agosto de dos mil veintiuno, se sobreseyó el referido juicio. El dos de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se ordenó el archivo. Lo que se asienta para el efecto legal conducente. Con ello se da cuenta al Juez, así como con la demanda de amparo turnada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, a este órgano jurisdiccional la cual quedó registrada bajo el folio 6077. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús y Felipe ambos de apellidos Magallon Magaña, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo y otra autoridad. 1.2. Registro. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 267/2022. 1.3. Examen de la demanda y precisión del acto reclamado: Conforme lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que los impetrantes de amparo reclaman, lo siguiente: "Del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, la tramitación del juicio número 756/2018, ventilado en el juzgado a su cargo, al cual no fuimos llamados a juicio. Y la indebida orden dictada en el expediente ya en cita, ventilado en el juzgado al que se reclama su orden indebida, que pretende que los quejosos entreguen el inmueble identificado como Finca Urbana, ubicada en calle Porfirio Villaseñor, número 140, colonia Centro, de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo. Del diligenciario adscrito a los números pares del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, la inminente, real y material ejecución del acto de lanzamiento o desposeimiento de la propiedad." 1.4. Causa de improcedencia y desechamiento. En el caso, contra el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción X y XI de la Ley de Amparo. "Artículo 61, El juicio de amparo es improcedente: (.); XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;(.) De la lectura del artículo anterior, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; asimismo, remite a la diversa fracción X del mismo precepto legal, que establece: "Artículo 61. (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)." Por tanto, el juicio previo que haya versado por el mismo acto recamado, ha de ser promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, analizadas las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que, para que opere la causa de improcedencia aludida son necesarios los siguientes requisitos: A) Que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes. B) Que ese pronunciamiento sea sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir. c) Que ambos juicios de garantías hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.95 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 420, del Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Como se adelantó, se actualiza el supuesto de cosa juzgada respecto del acto aquí reclamado por el quejoso. Ahora bien, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que, consultado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), correspondiente a este Juzgado, se obtuvo el registro 247/2021, correspondiente a la demanda de amparo recibida en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, promovida por Jesús y Felipe ambos de apellidos Magallon Magaña, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo y Diligenciario adscrito a los números del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo. Asimismo, se hace constar que, en dicho juicio hicieron consistir su reclamó, en: IV.- ACTO RECLAMADO: "Del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, la tramitación del juicio número 756/2018, ventilado en el juzgado a su cargo, al cual no fuimos llamados a juicio. Y la indebida orden dictada en el expediente ya en cita, ventilado en el juzgado al que se reclama su orden indebida, que pretende que los quejosos entreguen el inmueble identificado como Finca Urbana, ubicada en calle Porfirio Villaseñor, número 140, colonia Centro, de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo. Del diligenciario adscrito a los números pares del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, la inminente, real y material ejecución del acto de lanzamiento o desposeimiento de la propiedad." Consecuentemente, por sentencia de trece de agosto de dos mil veintiuno, se sobreseyó el referido juicio; de tal manera que, el dos de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se ordenó el archivo. Bajo esa tesitura, se aprecia que el acto reclamado al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, es la tramitación del juicio número 756/2018, tramitado en ese juzgado, al cual no fueron llamados a juicio. Y la indebida orden dictada en el expediente en cita, que pretende que los quejosos entreguen el inmueble identificado como Finca Urbana, ubicada en calle Porfirio Villaseñor, número 140, colonia Centro, de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo y del diligenciario adscrito a los números pares del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, la inminente, real y material ejecución del acto de lanzamiento o desposeimiento de la propiedad; el cual ya fue materia de reclamo en el diverso juicio de amparo 247/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, por lo que deviene improcedente su demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 fracción XI de la Ley de Amparo. Esto es así, pues la finalidad que se busca en las fracciones X y XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio de la parte quejosa, en contra de un mismo acto, contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica. Robustecen lo anterior los criterios siguientes: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado." Así como la tesis 1a. CCLXXVIII/2012, que a la letra señala: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Finalmente, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Sin que sea obstáculo, que en la sentencia referida, se haya sobreseído dicho asunto al no afectar el interés jurídico de la impetrante; ello, ya que si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. Ahora, analizada la institución jurídica de la cosa juzgada, resulta en abundamiento cabe hacer mención el estudio de la variante conocida como cosa juzgada refleja o efecto reflejo de la cosa juzgada, la cual opera en un determinado juicio o litigio, a pesar de no existir la identidad o límites objetivos y subjetivos de la tradicional cosa juzgada -identidad de cosas, causa y personas-, porque existe una circunstancia o efecto extraordinario de un litigio o proceso anterior ya resuelto, que incide en el segundo y resulta determinante para su resolución. De esta forma, la institución de cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos de dos maneras: La primera es la denominada eficacia directa, que se actualiza cuando los elementos estructurales en ambas contiendas son idénticos -sujetos, objeto y causa-. La segunda es la eficacia refleja, en la cual, si bien no existe una identidad objetiva y subjetiva entre dos litigios o procesos, de manera extraordinaria se actualiza una circunstancia jurídica, porque en la sentencia anterior ya fue resuelto algún aspecto fundamental que sirve de base para la instauración de la segunda contienda, es decir, cuando los objetos o pretensiones torales de ambos litigios sean conexos (uno fallado en definitiva y otro en trámite), por estar vinculados estrechamente o tener una relación sustancial de interdependencia lógica y jurídica, a grado tal que se produzca la posibilidad de emitir un eventual fallo contradictorio. Por tanto, con el fin de evitar que un juzgador incurra en el dictado de una segunda sentencia incongruente o que controvierta las determinaciones adoptadas en un primer asunto en el que clara y objetivamente fue resuelto un conflicto que guarda una dependencia o interrelación con el planteado en segundo término, se autoriza que de manera refleja la institución de la cosa juzgada surta efectos, no obstante que en ambos litigios no exista una identidad estructural. De tal manera que con la figura o efecto reflejo, se robustece el principio de seguridad jurídica, al evitar que criterios diferentes o hasta contradictorios entre sí puedan ser emitidos en torno a un mismo hecho o punto litigioso tratado en asuntos unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa. Con base en lo anterior, se hace patente la tendencia procesal hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de dos contiendas, son determinantes para resolver los sentidos de éstas. Por ende, en esta modalidad de la cosa juzgada refleja, se reitera, no es indispensable la concurrencia de la identidad clásica estructural entre ambos litigios, tan sólo requiere que en el segundo proceso se pretenda reiterar el análisis respecto de un punto de derecho o cuestión litigiosa en torno de la cual, en un fallo previo e íntimamente vinculado con éste, se haya tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del segundo objeto del conflicto planteado. En este orden, es dable considerar que los elementos que deben concurrir para que se actualice la eficacia refleja de la cosa juzgada, son: a) La existencia de un proceso previo, resuelto de manera ejecutoriada; b) La existencia de un proceso posterior en trámite; c) Que los objetos de ambos procesos sean conexos, por estar vinculados estrechamente o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo proceso hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) La existencia de un hecho o situación que sea elemento o presupuesto lógico necesario entre ambos procesos, para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; y g) Que para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre ese elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado. Así lo sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.4o.C.36 K, y que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el número de registro 167948, que dice: "COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras: la más conocida, es la eficacia directa, y opera cuando los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de que se trate; la segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y, que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Por tanto, los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; g) Que para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado." En mérito de lo anterior, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, con fundamento en los artículos 113, en relación con el diverso 61 fracciones X y XI, de la Ley de Amparo. 1.5. Domicilio. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado expresamente. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525234435 y 4525235483 ext. 1071 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al siguiente medio de contacto: Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Abel Jonapá García, quien da fe.

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