Felipe García Romero
Expediente 462/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 462/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Felipe García Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
En doce de septiembre de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que los autos y promociones que integran el expediente han sido incorporadas al expediente electrónico y coinciden en su totalidad. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Con la certificación anterior y con dos oficios registrados bajo los folios 11628 y 11652, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de septiembre de dos mil veintitrés. 1. JUZGADO ACEPTA CONOCIMIENTO PLANTEADO. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 18755/2023, suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad de Uruapan, por el cual comunica que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Felipe García Romero, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Sahuayo, Michoacán de Ocampo y otras autoridades, de lo anterior, este órgano de control constitucional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En mérito de lo anterior, este Juzgado emite las determinaciones, siguientes: 2. ORDEN DE ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES DESTRUIBLE EN UN PLAZO DE SEIS MESES. 2.2. De conformidad con el artículo 19, párrafo tercero, del referido acuerdo, una vez que cumpla seis meses de archivo, en su oportunidad, destrúyase el citado expediente; esto es, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda; debiendo remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y glósese al presente sumario, para el efecto legal conducente. 4. SE RECIBE OFICIO. Finalmente, téngase por recibido el oficio signado el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común B, de Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se actualizaron las cargas de trabajo y su compensación será efectuada de forma automática por el sistema de cómputo, dándose de alta en la carga de trabajo del Juzgado Quinto de Distrito y de baja en este órgano jurisdiccional, ambos con residencia en esta ciudad, de lo que se toma nota, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
En seis de septiembre de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA:********************Que el plazo de TRES DÍAS concedido a la parte quejosa en auto de nueve de agosto pasado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la inexistencia de la autoridad responsable: "Agente de Litigación de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, perteneciente a la Fiscalía Regional de Jiquilpan", transcurrió del dieciséis al dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, toda vez que fue notificada de forma electrónica el quince de agosto del año en curso, sin que hiciera valer su derecho.********************Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.********************Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de septiembre de dos mil veintitrés.********************1. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no desahogó la vista dada en auto de nueve de agosto del año actual, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se excluye como tal a la autoridad que fue señalada en el escrito inicial de demanda como "Agente de Litigación de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, perteneciente a la Fiscalía Regional de Jiquilpan" y se suspende toda comunicación con la misma.********************2. ESTADO PROCESAL. En otro orden, atento al estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, este órgano de control constitucional emite las determinaciones siguientes:********************- PRECISIÓN DE LA NORMA, ACTO U OMISIÓN RECLAMADA********************De la lectura integral del escrito de demanda, presentada el diez de julio de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnada en la misma fecha ante este órgano jurisdiccional, se advierte que el impetrante de amparo Felipe García Romero, hizo consistir su acto reclamado esencialmente en lo siguiente:********************"lV.- ACTO RECLAMADO.********************De la autoridad señalada con el número "1" señalamos como acto reclamado la orden de aprehensión librada en contra del suscrito por la supuesta comisión de un delito sin que dicho acto de autoridad cumpla con requisitos constitucionales además que todos los actos de investigación se encuentran viciada de nulidad por los múltiples violaciones a mis derechos humanos, tal y como se manifestará en hechos y antecedentes.********************De las demás autoridades responsables, señaladas con los número "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8" y "9", reclamo la inminente ejecución de dicha orden de aprehensión por encontrarse viciada de nulidad por la múltiples violaciones a mis derechos humanos y violaciones a nuestra constitución política federal y tratados internacionales"********************Reclamo que les atribuyó a las siguientes autoridades responsables:********************Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Unidad Sahuayo, Agencias Primera y Segunda del Ministerio Público Investigador, Fiscal Regional, Director de Carpetas de Investigación, Comandante de la Policía Ministerial y Policías Ministeriales, éstos últimos pertenecientes a la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán, así como a las Policías Municipales de Jiquilpan y Los Reyes, todas las autoridades del Estado de Michoacán de Ocampo.********************Actos que fueron admitidos por las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Unidad Sahuayo, Michoacán de Ocampo, y algunas de las autoridades ejecutoras, el primero de los cuales admitió la existencia de la orden de aprehensión dictada en las causas penales 71/2023, 72/2023 y 102/2023.********************Por otra parte, de las constancias que acompañó a su informe justificado el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Unidad Sahuayo, Michoacán de Ocampo, se aprecia que:********************- Felipe García Romero, promovió diverso juicio de amparo 503/2023-II, el cual se encuentra radicado bajo el índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el cual guarda relación estrecha con el expediente en que se actúa 462/2023.********************Lo anterior es así, toda vez que, de las constancias que se recabaron del expediente electrónico 503/2023-ll, que puso a disposición la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, se aprecia que el quejoso, mediante escrito presentado el veintiuno de junio del año en curso, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, promovió demanda de amparo, contra un acto del Juez de Control del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra, y de los Fiscales, General del Estado y Regional de Jiquilpan, Agentes Primero y Segundo del Ministerio Público Investigador, Agente de Litigación, Director de Carpetas de Investigación, Comandante y Policías Ministeriales, todos estos pertenecientes a la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán, así como de las Policía Municipal de Jiquilpan, Michoacán, la ejecución de dicha orden; admitida el veintitrés de enero de dos mil veintitrés.********************Ahora, del informe justificado que rindió el referido Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Sahuayo, Michoacán, se aprecia que son ciertos los actos reclamados, pues admitió que en contra del quejoso se registran las referidas causas penales 71/2023, 72/2023 y 102/2023, en las que en fechas veintitrés y veintinueve de junio del año en curso, dictó sendas órdenes de aprehensión. ********************Lo anterior, permite inferir que los actos reclamados en ambos juicios lo constituyen la orden de aprehensión y su ejecución, la cual deriva de las causas penales 71/2023, 72/2023 y 102/2023, acumuladas a la primera de las mencionadas, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Unidad Sahuayo, Michoacán de Ocampo, instruidas al quejoso, por los hechos señalados por la ley como delitos de abuso sexual de personas menores de dieciocho años de edad agravado y hostigamiento sexual, previsto en los artículos 167 Bis, 168 fracción IV y 169 en relación a los artículos 19, fracción I, 20 fracción I, y 24 fracción II, todos del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, por los que se dictó las órdenes de aprehensión al quejoso.********************3. SE PLANTEA COMPETENCIA POR CONOCIMIENTO PREVIO. En esas condiciones y en obvio de mayores dilaciones procesales, se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 46, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, cuyo numeral estipula como criterio de relación, de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, cuando el juicio de amparo derive de actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, caso en el cual, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos.********************Hipótesis que, de acuerdo a los antecedentes relatados se actualiza en el caso que nos ocupa, pues los actos que el peticionario de amparo Felipe García Romero, reclamó en este juicio (orden de aprehensión) tienen su génesis en las mismas causas penales de origen.********************Luego, si el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, conoce del juicio de amparo -503/2023- y de las principales constancias que se recabaron se advierte que dicho órgano jurisdiccional conoció primero de la demanda promovida por el quejoso, toda vez que la admitió a trámite el veintitrés de junio del año en curso, en el cual se reclamaron actos derivados de la misma causa penal de origen; resulta inconcuso que, es el citado Juzgado Quinto de Distrito en el Estado es a quien le corresponde conocer de la presente demanda, por razón de conocimiento previo.********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia se identifica con el número 2ª./J 46/2011, publicada en la página 585, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:********************"COMPETENCIA POR TURNO. EL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SÓLO ES APLICABLE PARA DECIDIR RESPECTO AL TURNO DE ASUNTOS COMPETENCIA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES RESIDENTES EN EL MISMO CIRCUITO JUDICIAL. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, instaurando nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que, previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las indicadas Oficinas verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) Tratarse de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) Cuando las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Sin embargo, el ordenamiento aludido resulta aplicable cuando tiene que decidirse respecto al turno que deba darse a asuntos competencia de órganos jurisdiccionales residentes en el mismo circuito judicial, quienes concurren en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio, y tienen una misma Oficina de Correspondencia Común que debe atender al sistema aleatorio y al de conocimiento previo que se describe en los acuerdos generales de referencia, pues la aplicación de estos últimos únicamente tiene como fin dirigir o reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias, sin que pueda hacerse extensiva su aplicación a un ámbito competencial diverso al que es propio del órgano jurisdiccional originariamente competente, ya que dichos acuerdos no pueden soslayar las diversas disposiciones que delinean la potestad de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por razón de materia, grado o territorio."********************Bajo ese contexto, y en términos de lo dispuesto por artículo 46, fracción III, así como los párrafos sexto y séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, previa notificación a las partes, y cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el juicio de amparo en que se actúa, así como un cuaderno incidental, a la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por tratarse de asuntos relacionados estrechamente entre sí, donde el acto reclamado proviene de la misma causa penal, del cual conoció previamente aquel juzgado, como se estableció en líneas primigenias.********************Asimismo, solicítesele atentamente para que informe la resolución que recaiga a la presente determinación.********************En vista de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.********************Finalmente, una vez se tenga conocimiento de la resolución recaída por dicha juzgadora federal, se ordena dar nueva cuenta.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Incidental
CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, la quejosa señala como acto reclamado: "lV.- ACTO RECLAMADO De la autoridad señalada con el número "1" señalamos como acto reclamado la orden de aprehensión librada en contra del suscrito por la supuesta comisión de un delito sin que dicho acto de autoridad cumpla con requisitos constitucionales además que todos los actos de investigación se encuentran viciada de nulidad por los múltiples violaciones a mis derechos humanos, tal y como se manifiestan en hechos y antecedentes. De las demás autoridades responsables, señaladas con los número "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8" y "9", reclamo la inminente ejecución de dicha orden de aprehensión por encontrarse viciada de nulidad por la múltiples violaciones a mis derechos humanos y violaciones a nuestra constitución política federal y tratados internacionales" (Sic) TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Director de Seguridad Pública de los Reyes de Salgado, y Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, todas las autoridades del Estado de Michoacán de Ocampo, pues así lo informaron en sus respectivos informes previos y la quejosa no ofreció prueba para desvirtuarlos. En consecuencia, con apoyo en el numeral 144, de la Ley de Amparo, se NIEGA a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia sobre qué decretarla, por lo que corresponde a las mencionadas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente, la que no contraviene lo establecido en la nueva Ley de Amparo: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Unidad Sahuayo, Agente Primero del Ministerio Público Investigador, Fiscal Regional, Director de la Policía de Investigación, todos de la Fiscalía Regional de Jiquilpan; Director de Seguridad Pública de los Reyes de Salgado y Fiscal General del Estado, todas las autoridades del Estado de Michoacán de Ocampo; pues el primero admitió haber emitido sendas órdenes de aprehensión en contra del quejoso el veintitrés y veintinueve de mayo del año en curso, dentro de las causas penales 71/2023, 72/2023 y 102/2023, por los hechos señalados por la ley como abuso sexual de persona menor de dieciocho años de edad y hostigamiento sexual; en tanto que las diversas admitieron la ejecución de dichos mandatos. Lo que se corrobora con la documental que allegó al sumario el Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, consistente en el oficio 275/2023, firmado por la Agente del Ministerio Público adscrito a dicha fiscalía, a través del cual se remite constancia de la orden de aprehensión que le fuera enviada para su cumplimentación. Por otra parte, la autoridad responsable Policía Municipal de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo, fue omisa en rendir su informe previo, no obstante estar debidamente notificada, por tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado, máxime que en su calidad de autoridad ejecutora únicamente le corresponde dar cumplimiento al mandato de la autoridad ordenadora, quien en su informe de ley aceptó la existencia de las órdenes de aprehensión. QUINTO. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN. En este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158, de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: ? Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ? Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; ? Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; ? Las previsiones que el Juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión; Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; La existencia de los actos reclamados; La naturaleza de los actos reclamados; La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión de los actos reclamados; y La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el más Alto Tribunal. El peligro en la demora. Ahora, en cuanto al primero de los citados requisitos, se encuentra satisfecho porque existe petición expresa de la parte incidentista, ya que solicitó la suspensión de los actos reclamados. Por lo que se refiere al segundo, consistente en que haya certidumbre sobre la existencia de los actos reclamados cuya suspensión se solicita; debe tenerse por satisfecho, en atención a que así lo confirmó la autoridad responsable, de modo que, hasta esta etapa procesal se tiene la certidumbre de la existencia del acto que la parte quejosa reclama en esta instancia. En relación con el tercero, este órgano de control constitucional estima que, el acto de que se duele la parte incidentista es de naturaleza positiva; contiene una decisión o un hacer por parte de la autoridad, y que implica una acción, una orden, una privación o una molestia y por lo tanto es susceptible de ser suspendido. Por lo que hace al cuarto, quinto y sexto de los requisitos, se encuentran satisfechos, toda vez que con la concesión de la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social y de negarse se causarían daños y perjuicios de difícil reparación. En ese orden, habida cuenta que se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, y toda vez que los hechos considerados como delitos de abuso sexual de personas menores de dieciocho años de edad agravado y hostigamiento sexual, previsto en los artículos 167 Bis, 168 fracción IV y 169 en relación a los artículos 19, fracción I, 20 fracción I, y 24 fracción II, todos del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, por los que se dictó las órdenes de aprehensión al quejoso, no son de aquellos que el Código Nacional de Procedimientos Penales, señala en su artículo 167 como graves y por tanto, que ameritan prisión preventiva oficiosa; SE CONCEDE A FELIPE GARCÍA ROMERO, LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran y no se ejecuten las órdenes de aprehensión dictadas en su contra en las causas penales 71/2023, 72/2023 y 102/2023; quedando a disposición de este Tribunal Federal en cuanto hace a su libertad personal y, a disposición de las autoridades responsables para la continuación del procedimiento que se le instruye, hasta en tanto se notifique la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio principal del que deriva la incidencia en que se actúa. En el entendido de que la suspensión concedida no surtirá efecto alguno si se pretende privar de la libertad al quejoso en cumplimiento de un acto diverso al aquí reclamado o si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Dicha medida surte sus efectos desde este momento, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no otorga la garantía que enseguida se menciona, ni cumple la medidas de aseguramiento que posteriormente se referirá. SEXTO. GARANTÍA. Con apoyo en lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, la parte quejosa deberá exhibir en el plazo de cinco días siguientes al dictado de la siguiente resolución, una garantía por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), que se fija de manera discrecional, tomando en cuenta la naturaleza de los delitos que se le imputan, se desconoce su situación económica y hasta el momento no se tienen datos que indiquen que pretenda evadir la acción de la Justicia; cantidad que puede exhibirse en cualquiera de las formas legales, las cuales pueden ser: BILLETE DE DEPÓSITO. Que deberá ser expedido por el Banco del Ahorro y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Créditos, lo anterior siguiendo los requisitos que establecen los artículos 28 y 32 del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; o, PÓLIZA DE FIANZA. En este caso, la institución correspondiente deberá expedirla "ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y a favor de la Tesorería de la Federación", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, primer párrafo, de la Ley Federal de Instituciones y Fianzas y 322 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. ACREDITAR DOMICILIO REAL. De igual manera, el solicitante de la medida cautelar deberá acreditar en el lapso antes señalado, mediante documentos oficiales, su domicilio real y correcto. En la inteligencia que, de no exhibir garantía económica, dejará de surtir efectos la suspensión que ahora se concede y quedarán expeditas las facultades de las mismas para ejecutar la privación de la libertad; respecto de lo cual, en su oportunidad y en su caso, comuníquese a las autoridades responsables correspondientes. Asimismo, hágase del conocimiento al quejoso, que de conformidad con el artículo 162 de la Ley de Amparo, deberá comparecer ante la autoridad responsable que lo requiere, tantas veces sea citado a las diligencias a efecto de seguir la substanciación de la causa que se sigue en su contra, lo que deberá acreditar a este Juzgado una vez que sea notificado al respecto. Es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión . Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: PRIMERO. Se NIEGA a FELIPE GARCÍA ROMERO, la suspensión definitiva de los actos reclamados, en términos del tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se CONCEDE a FELIPE GARCÍA ROMERO, la suspensión definitiva de los actos reclamados, en términos del cuarto y quinto de esta interlocutoria. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
En treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Secretaria encargada del Despacho, con un oficio recibido electrónicamente vía SISE INTERCONEXIÓN, registrado bajo el folio 11196. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE OFICIO. Incorpórese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que dentro del juicio de amparo ********************, abrió cuaderno incidental y concedió la suspensión provisional del acto reclamado, asimismo informa que se encuentran señaladas las diez horas con treinta y tres minutos del cuatro de septiembre para el verificativo de la audiencia incidental, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.********************Asimismo, téngasele informando que ha puesto a disposición dicho expediente de forma electrónica, consecuentemente, una vez celebrada la audiencia interlocutoria antes mencionada, se ordena recabar copia simple para ser agregada al incidente en que se actúa y resolver lo que en derecho corresponda.********************
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