Felipe Lopez Carrillo
Expediente 1678/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1678/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 11/04/2022
Partes del expediente
- Felipe Lopez Carrillo
- Congreso del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. el original, es susceptible de destrucción, en el término de tres años, en términos del artículo 21, fracción II, inciso c), del citado Acuerdo General. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, y en su oportunidad, archívese este expediente por estar concluido. Este expediente es susceptible de depuración, Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. Por otra parte, tomando en consideración lo anteriormente, expuesto y al ser innecesaria su estadía en este órgano jurisdiccional, se ordena devolver al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en cinco tomos, las copias certificadas que adjuntó a su oficio MC1/2543/2021 de seis de agosto de dos mil veintiuno Finalmente, con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.
- Principal
VISTOS para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 1678/2020-VIII-B promovido por Felipe López Carrillo, por conducto de su apoderado Raúl Arellano Guzmán, contra actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y del Congreso del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17, constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado electrónicamente el quince de diciembre de dos mil veinte, Felipe López Carrillo, por conducto de su apoderado Raúl Arellano Guzmán, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y del Congreso del Estado de Jalisco, que serán precisados en el considerando respectivo. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. Una vez recibida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se formó el expediente y se registró bajo el número 1678/2020-VIII-B; asimismo, al considerarse que se actualizaba una causa de improcedencia, se desechó de plano la aludida demanda. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer y resolver al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quien registró dicho medio de impugnación con el número Queja 8/2021, y mediante resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno, determinó revocar el acuerdo recurrido, ordenando que este órgano jurisdiccional, de no advertir la configuración de causa de improcedencia diversa a la desestimada, admitiera la demanda de amparo, por los motivos expuestos en tal sentencia. Así, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, mediante proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis número P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, del mes de abril de dos mil cuatro, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, del análisis integral de la demanda que dio origen al presente juicio de garantías, se obtiene que los actos reclamados se hicieron consistir en: Del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: El acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte, dictado en los autos del laboral 2187/2012-C1, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual dicha autoridad regularizó el procedimiento en dicho expediente para el efecto de dejar insubsistente las órdenes de suspensión de cargo de diversos funcionarios del Ayuntamiento de Chimaltitán, Jalisco, a partir del doce de noviembre de dos mil dieciocho (autos de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, veinticuatro de enero y diecisiete de septiembre de dos mil veinte), para, en su lugar, solicitar al Congreso del Estado de Jalisco, que verificara mediante el procedimiento respectivo, si se actualizaba una causa grave que ameritara la suspensión de los mencionados servidores públicos. Del Congreso del Estado de Jalisco: La ejecución del aludido acuerdo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por así haberlo manifestado al momento de rendir su informe con justificación, lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad del mismo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el Congreso del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado, por conducto del Coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, negó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la ejecución del acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en virtud de que tal autoridad tiene el carácter de ejecutora, siendo que, como se adelantó, la autoridad ordenadora admitió la veracidad del acto que se le imputó; de ahí que su ejecución deba considerarse como inminente; y por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. Además, tal certeza se corrobora con las constancias que el juez responsable exhibió con su informe justificado, consistentes en copias certificadas relativas al juicio laboral con número de expediente 2187/2012-C1; documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Conceptos de violación. En el presente caso no se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la Ley de Amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión al impetrante. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. Estudio del fondo del asunto. En términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, se suple la deficiencia de los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de garantías, de acuerdo con las razones que informan la jurisprudencia 39/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 333, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA", establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones". Los conceptos de violación formulados son infundados. Cierto, el peticionario de amparo aduce en sus conceptos de violación, que con la emisión del acuerdo reclamado, la autoridad responsable revocó arbitrariamente sus propias determinaciones contenidas en los diversos proveídos de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, veinticuatro de enero y diecisiete de septiembre de dos mil veinte, sin fundar ni motivar tal acto. Sin embargo, es infundada la aludida aseveración. Se afirma lo anterior, ya que de la simple lectura del acuerdo citado en primer término, se advierte que no es verdad que la autoridad responsable hubiese revocado sus propias determinaciones, sino que, con fundamento en el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo, únicamente regularizó el procedimiento dejando sin efectos lo acordado en proveídos de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, veinticuatro de enero y diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en cuanto a las órdenes de suspensión en los cargos por un plazo de quince días sin goce de sueldo, en contra de diversos funcionarios dependientes del Ayuntamiento de Chimaltitán, Jalisco, cuya ejecución fuera encomendada al Congreso del Estado de Jalisco, por considerar que dichas determinaciones habían sido emitidas en contra de lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 111/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; para en su lugar, solicitar al Congreso del Estado de Jalisco, que verificara mediante el procedimiento respectivo, si se actualizaba una cusa grave que ameritara la suspensión del servidor público adscrito a la demandada, respecto las múltiples suspensiones en el cargo por un plazo de quince días en contra de funcionarios dependientes del Ayuntamiento demandado que le fueron encomendados dentro del expediente de origen. Es decir, las sanciones aplicadas en contra de la demandada en múltiples requerimientos de cumplimiento al laudo, a partir del doce de noviembre de dos mil dieciocho, quedaron subsistentes, únicamente, atento a lo establecido en la referida jurisprudencia, se modificó la forma y la ejecución de dichas sanciones, según lo asentó la autoridad responsable en el propio acuerdo reclamado. Ahora bien, para dar sustento a lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo determinado por la autoridad responsable en el referido proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, en lo que aquí interesa: "[.] Sin embargo, dentro de los autos en los cuales se ordena la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo en contra de funcionarios dependientes de la demandada, por un error se invoca una Jurisprudencia ya superada, es decir: [.] Sin embargo, éste Tribunal pasó por desapercibido (sic) que, a partir del 12 de noviembre del año 2018, resulta ser de carácter obligatorio la aplicación de la siguiente Jurisprudencia: [.] Por tanto, a efecto de no provocar una violación procesal mayor a laya causada, con el fin de respetar los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso consagrados dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es por lo cual, atento a lo dispuesto en el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley de la Materia, con el fin de no incurrir de nueva cuenta en el vicio destacado por la superioridad: [.] SE DEJAN INSUBSISTENTE LAS ORDENES DE SUSPENSIÓN EN LOS CARGOS POR UN PLAZO DE 15 DÍAS SIN GOCE DE SUELDO, EN CONTRA DE LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS dependiente de la demandada y, cuya ejecución fuera encomendada al Congreso del Estado (a partir del 12 de noviembre del año 2018); Y, en su lugar, SE SOLICITA AL CONGRESO DEL ESTADO, verifique mediante el procedimiento respectivo, si se actualiza una causa grave que amerite la suspensión del servidor público adscrito a la demanda [.]. Es decir, las sanciones aplicadas en contra de la demanda en los múltiples requerimientos de cumplimiento al laudo, consistentes en la suspensión en el cargo por un plazo de 15 días sin goce de sueldo en contra de funcionarios integrantes de la Entidad Enjuiciada SUBSISTEN; únicamente, atento al criterio Jurisprudencial previamente señalado, mismo que resulta ser de carácter obligatorio para este Órgano, varía y modifica ya forma (sic) la ejecución de dichas sanciones. [.]" De la anterior transcripción se evidencia que en proveídos de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, veinticuatro de enero y diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictados en el juicio natural, la autoridad responsable impuso como sanción a diversos funcionarios integrantes del Ayuntamiento de Chimaltitán, Jalisco, la suspensión en el cargo por quince días sin goce de sueldo, ordenando al Congreso del Estado, la ejecución de dichas sanciones. No obstante lo anterior, como se adelantó, al considerar que dichas determinaciones contrariaban lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 111/2018 (10a.), misma que resulta ser de carácter obligatorio tanto para la autoridad responsable, como para este órgano jurisdiccional, en el acuerdo impugnado de treinta de octubre de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral 2187/2012-CI, la aludida autoridad, con fundamento en el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo, regularizó el procedimiento para el único efecto de solicitar al Congreso del Estado de Jalisco, que verificara mediante el procedimiento respectivo, si se actualizaba una causa grave que ameritara la suspensión del servidor público adscrito a la demanda, por ser la autoridad facultada para, en todo caso, calificar y en su caso, ejecutar, la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. En efecto, del contenido del precepto citado se advierte que las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento. Ahora bien, debe destacarse que aunque el quejoso arguye que con la emisión de acto reclamado la autoridad responsable arbitrariamente revocó sus propias determinaciones al dejar sin efectos diversas sanciones previamente impuestas, se insiste que en la especie, la autoridad responsable no revocó su determinación, sino que solamente regularizó el procedimiento, haciendo uso de la potestad otorgada por la Ley Federal del Trabajo, tan es así que en el propio acuerdo reclamado la autoridad responsable asentó que las sanciones aplicadas en contra de la demandada en los múltiples requerimientos de cumplimiento al laudo, consistentes en la suspensión de cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo, subsistían. En esa tesitura, es infundada la afirmación del quejoso en el sentido de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, arbitrariamente revocó su propia determinación con el acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte, pues, se insiste, dicha autoridad solamente regularizó el procedimiento, haciendo uso de la facultad que le otorgaba la propia ley; de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. En tales circunstancias, al resultar ineficaces los conceptos de violación, procede negar el Amparo y la Protección de la Justicia Federal solicitados por Felipe López Carrillo. Negativa que se hace extensiva al acto reclamado al Congreso del Estado de Jalisco, por no haberse reclamado su acto por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Felipe López Carrillo, contra el acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y del Congreso del Estado de Jalisco, por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que el tres de noviembre último, fueron emplazados los terceros interesados; motivo por el cual, se encuentra trascurriendo el término de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se imponga de las actuaciones y del informe justificado rendido por la responsable; por tanto, la audiencia constitucional señalada en esta fecha, se difiere, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE PRÓXIMO.
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