Felipe Lopez Carrillo
Expediente 1894/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1894/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/06/2019
Partes del expediente
- Tribunal de Arbitraje y Escalafon del Estado de Jalisco
- Felipe Lopez Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en veintidós de marzo pasado, se ordenó formar un cuaderno de pruebas con las constancias remitidas por la responsable; ahora bien, toda vez que resulta innecesaria su permanencia en este juzgado, devuélvanse las mismas al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, sin necesidad que lo acuse de recibo.
- Principal
Zapopan, Jalisco a dieciséis de abril de dos mil diecinueve V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1894/2018, promovido por FELIPE LOPEZ CARRILLO, a través de apoderado especial Raúl Arellano Guzmán, contra actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. FELIPE LOPEZ CARRILLO, a través de apoderado, el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, que hizo consistir en: "4.- ACTO RECLAMADO.- La violación a mis derechos humanos y garantías constitucionales. En primer término la falta de administración de justicia en tiempo y forma dentro de la ejecución de laudo, ya que responsable es omisa en ejecutarlo de forma oficiosa y en los términos y plazos que marca la ley. La restitución total de mis derechos humanos violentados por falta de administración de justicia completa por parte de la responsable, esto hasta el momento en que sea ejecutado en su totalidad el laudo emitido por dicha autoridad responsable en los plazos que se señala la ley natural. Lo anterior dentro del expediente natural 2187/2012-C1. Ya que la responsable es omisión de requerir de oficio en todas sus etapas de ejecución a la demandada ya que data 18 de abril del 2018 se solicitó la ejecución del laudo sin que sea necesario que el quejoso vuelva a solicitar dicha ejecución sino que la responsable está obligada a ello..". SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído el veintiocho de junio de dos mil dieciocho (folio 8 a 12), en que ordenó: admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 1894/2018; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y el veintitrés de julio de dos mil dieciocho se decretó fuera de audiencia el sobreseimiento en el juicio. TERCERO.- El acuerdo de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, que decretó fuera de audiencia el sobreseimiento en el juicio, se recurrió por el quejoso y correspondió su conocimiento bajo amparo en revisión 149/2018 al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que al resolver en sesión de siete de marzo de dos mil diecinueve, ordenó la reposición del procedimiento para el efecto apuntado en la parte conducente visible de fojas 139 a 142 de autos, recibidos los autos y acatada la ejecutoria se señaló fecha para la audiencia constitucional, misma que se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que la omisión reclamada, se atribuye a una autoridad especializada en materia de trabajo, que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se obtiene que el acto reclamado es la omisión de dictar acuerdo al escrito presentado por quejoso el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se peticiona la continuidad en el juicio laboral de origen 2187/2012-C respecto de la ejecución del laudo; así como la dilación en su ejecución. Por lo mismo, respecto de dicho acto versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, al rendir su informe con justificación, reconoció la existencia del acto que se le atribuye (foja 17). Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. El estudio de las causas de improcedencia es preponderante y oficioso al ser una cuestión de orden público, cuyo estudio se realizará previo al estudio de fondo de la cuestión planteada. En efecto de las constancias que integran el sumario en que se actúa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que ve al acto reclamado consistente en la falta de contestación al escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Con el propósito de demostrar la operancia de la causal de improcedencia de que se trata, se requiere de la transcripción del precepto jurídico en mención, el cual dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la norma legal transcrita, se infiere que los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y, esto, da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto reclamado; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto reclamado, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En ese contexto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 71, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sentado lo anterior, quien acude por esta vía constitucional combate, la falta de dictar acuerdo al escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual el quejoso solicitó la ejecución y continuidad en el procedimiento de ejecución en las actuaciones del juicio laboral 2187/2012-C1. Ahora bien, de las pruebas documentales aportadas por las partes mismas que merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del arábigo 2º de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, se desprende que en el juicio de origen se dictó acuerdo el seis de julio de dos mil dieciocho, cuya omisión fue materia de uno de los actos reclamados. Además, dicho proveído fue notificado a la autoridad hacendaria (foja 93 del cuaderno de pruebas) a fin de que hicieran efectiva la medida d apremio impuesta al Ayuntamiento demandado. De lo anterior, se concluye que, sin lugar a dudas, que en el caso a estudio, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable emitió acuerdo al escrito cuya omisión se reclamó. En esa tesitura, es claro la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, si se tiene en cuenta que la razón que lo justifica no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, que amerite ser reparado por el otorgamiento de una sentencia concesoria de amparo, pues ante la situación acaecida dentro de la tramitación del juicio que nos ocupa, resulta concluyente que han cesado los efectos del acto que por esta vía se combate, puesto que lo que pretende la parte quejosa con la promoción de este juicio de garantías, por una parte es que se proveyera el escrito de dieciocho de abril de dos mil dieciocho; y, si se advierte que lo anterior ya aconteció, resultaría ocioso entrar al estudio de su constitucionalidad. Por consiguiente, lo que amerita es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, apartado V, ambos de la Ley de Amparo. Sobre el particular, resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". De igual forma, deberá sobreseerse el juicio de amparo de conformidad a lo que dispone el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, el cual dispone que el amparo biinstancial sólo procede en contra de actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndolos como aquellos que afecten derechos sustantivos. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce un menoscabo de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" Al no actualizarse el supuesto de procedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la ley que lo regula, se actualizaría del igual forma la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXIII, del mismo cuerpo normativo. De igual forma, es necesario tener presente el contenido del artículo 170, fracción I, de la ley de la materia. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.". Del análisis de los artículos en cita, se advierte que tratándose de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el juicio de amparo directo; siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, debe señalarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir el criterio jurisprudencial 2a./J. 48/2016 (10a.) , estableció que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que la demanda de amparo interpuesta contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente. Empero, señaló como caso de excepción, que cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, exclusivamente en ese caso el juicio es procedente. Por tal razón, al dilucidar el significado de la expresión "abierta demora del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", se establece que el juicio de amparo procede cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos; por tanto, si el lapso que contempla la ley para la realización de una actuación durante la secuela procesal, ya transcurrió, más cuarenta y cinco días naturales, es objetivamente revelador de que se paralizó totalmente el procedimiento, lo que a su vez permite afirmar, haciendo un asomo a la constitucionalidad del acto reclamado, la posible transgresión al derecho humano de acceso a la justicia. Así, a efecto de que el juicio de amparo indirecto resulte procedente contra dilaciones dentro de un procedimiento jurisdiccional, es indispensable que se esté ante la omisión absoluta, evidente, actual y lesiva de proveer al respecto en un plazo mayor a cuarenta y cinco días contados a partir de que transcurra el término con el que cuenta la autoridad jurisdiccional para el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Ahora, en el presente asunto, tenemos que se reclama de la autoridad señalada como responsable, la omisión de ejecutar el laudo dentro del juicio laboral número 2187/2012-C1, esto es, la negativa de hacer valer las medidas de apremio a las autoridades demandadas en el juicio natural. Lo anterior, evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado porque con la omisión en estudio sólo se puede afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. En las relacionadas condiciones se concluye, que la omisión que hoy se combate es un acto verificado dentro de juicio y no se está en el caso que se afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Contrario si el proveído que le recayera al ocurso versara sobre un derecho sustantivo; por ejemplo, si no se le proveyera sobre un embargo o su levantamiento, la custodia de personas, la devolución de garantías, entre otras. Cabe destacar que la prolongación natural del procedimiento no constituye en sí mismo una afectación manifiesta en los derechos sustantivos de la parte promovente del amparo, que en automático haga procedente el juicio biinstancial. Lo anterior en atención a que todo procedimiento implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello signifique una afectación material a los derechos sustantivos, que conduzca a considerar, por sí solo, que se esté en presencia de un acto de imposible reparación. Se reitera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que con la finalidad de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Ahora bien, de las pruebas documentales que allegó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, mismas que merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del arábigo 2º de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, se desprende que, el dieciocho de abril de dos mil dieciocho (foja 77), el Tribunal responsable emitió el primer requerimiento respecto a la ejecución de laudo dictado en el juicio laboral número 2187/2012-C1, otorgando a la autoridad responsable el terminó de treinta días para cumplir con lo condenado en el juicio laboral, apercibiendo a la demandada que de no hacerlo se impondrá una multa de diez veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, en tanto que el nueve de mayo de dos mil dieciocho, se notificó dicho acuerdo (foja 78 de autos). Sentado lo anterior, se concluye que, sin lugar a dudas, que en el caso a estudio, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, al emitir el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el primer requerimiento, respecto a la ejecución de laudo dictado en el juicio laboral número 2187/2012-C1, otorgando a las autoridades responsables el terminó de treinta días para cumplir con lo condenado en el juicio laboral, apercibiendo a la demandada que de no hacerlo se aplicaría en su perjuicio una sanción por el importe de diez veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, lo que como ya se dijo fue notificado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, en tanto que la demanda de amparo se presentó el veintisiete de junio de dos mil dieciocho; se concluye, que no existe abierta dilación en el procedimiento laboral número 2187/2012-C1. En razón de lo expuesto, es inconcuso que los cuarenta y cinco días contemplados por el máximo tribunal de justicia, a efecto de considerar retardo en la impartición de justicia en juicios del índole laboral, aún no transcurre, de ahí que, si a la data en que se presentó la promoción dentro del expediente de origen no ha transcurrido el plazo de referencia, la omisión reclamada debe ser considerada como una violación procesal que no afecta derechos sustantivos de la promovente. Sirve para justificar lo anterior la diversa jurisprudencia, cuyo rubro y texto reza: "TERMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERISTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia" Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, fallada en sesión del nueve de enero de dos mil diecinueve, pendiente de publicar, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador" (lo subrayado es de este juzgado) Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente" No es óbice a la anterior determinación, la Tesis: PC.III.L. J/8 L (10a.) emitida por Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible a página 1928, Décima Época, con registro 2010367, Materia(s): Laboral, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE LAUDO. CONFORME A LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, UNA VEZ SOLICITADA POR EL INTERESADO ES INNECESARIO SU IMPULSO EN LAS SUBSECUENTES ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO HASTA SU CONCLUSIÓN. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 108, 117 y 141 a 143 de la ley citada, se advierte que corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, proveer lo necesario para lograr la ejecución de los laudos, y que la prescripción para hacer valer dicha ejecución operará en el plazo de 2 años, si el interesado no pide su ejecución. Por tanto, una vez solicitada la ejecución del laudo se interrumpe el término de la prescripción y ya no se requiere del impulso del ejecutante en las subsecuentes etapas del procedimiento, pues basta que se pida aquélla para que la autoridad continúe sin demora en las etapas subsecuentes hasta lograr dicha ejecución." Lo anterior es así, partiendo de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco es el competente para conocer de los conflictos laborales individuales que se susciten entre los titulares de las dependencias y entidades públicas y sus trabajadores, así como los demás casos que la ley prevea; que el procedimiento tiene la característica de ser público, gratuito e inmediato y se inicia a instancia de parte; que todas las resoluciones del Tribunal de Arbitraje y Escalafón son inapelables y, pronunciado el laudo, dicho tribunal deberá llevar a cabo los siguientes actos: Notificarlo personalmente a las partes al siguiente día hábil. Así como que las autoridades están obligadas a prestar auxilio al tribunal para hacer cumplir y respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello. Que el tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes. Que una vez que se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón despachará auto con efectos de mandamiento en forma, notificándolo en el domicilio procesal y apercibiendo a la parte que resulte condenada. Que de no cumplir con dicha resolución, se procederá en su contra mediante el uso de los medios de apremio; que notificado el auto de ejecución, el condenado deberá dar cumplimiento al laudo dentro de los treinta días siguientes. Que el tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones desde diez veces el salario mínimo hasta por cien veces el salario mínimo general vigente de la zona económica de Guadalajara, y cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada; No obstante lo anterior, si la autoridad reitera la negativa de cumplir, el tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento; la suspensión empezará a partir del día siguiente de su notificación y los actos que se realicen en desacato al resolutivo respectivo serán nulos y el cumplimiento del laudo interrumpe la suspensión. Que si no obstante las sanciones previstas se persiste en el incumplimiento, la suspensión se repetirá contra los responsables y podrá ampliarse en contra de quienes les sustituyan; que los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón tendrán la responsabilidad de hacer cumplir los laudos y la negativa de decretar la suspensión temporal de algún servidor público que incurriere en alguna de las causas señaladas en el artículo 143, será motivo para que a dichos funcionarios se les aplique la sanción que corresponda, en acatamiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, salvo que se trate de servidores públicos de otros Poderes, niveles de gobierno o Municipios, en cuyo caso, remitirán las constancias de las actuaciones que se hubieren efectuado al servidor o servidores públicos encargados de aplicar la sanción correspondiente. De lo relacionado con antelación, se obtiene que la sociedad está interesada en que las resoluciones o laudos emitidos por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco sean debidamente cumplidas por quienes resulten a ello obligados, en razón de lo cual, el legislador estableció las reglas procesales conducentes para lograr su rápido y eficaz cumplimiento, dotó al tribunal de las más amplias facultades para ese fin y dispuso que, para ello, debe dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes e impuso a todas las autoridades la obligación de prestarle auxilio para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello. Asimismo, se puso a disposición de dicho tribunal una amplia gama de instrumentos y medidas de apremio que puede usar en contra de las autoridades reticentes a cumplir con lo ordenado en los laudos, facultándole, incluso, en el caso de la negativa reiterada a cumplir los laudos, para suspender en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, a los funcionarios que debiendo darles cumplimiento, no lo hagan. Ahora bien, de una interpretación sistemática de la fracción III del numeral 108, con el diverso 142, ambos de la legislación burocrática en comento, se obtiene que la prescripción para hacer valer la ejecución de los laudos operará en el plazo señalado, si el interesado no pide su ejecución; sin embargo, una vez solicitada su ejecución se interrumpe la prescripción y, además, ya no se requiere del impulso de éste en las subsecuentes etapas del cumplimiento, pues basta que se pida ésta, para que dicha autoridad continúe sin demora en las etapas subsecuentes, sin que se requiera impulso alguno por parte del interesado, en atención a que no es factible la ejecución mediante el embargo de bienes y, en cambio, para la ejecución, sólo el tribunal puede emplear los medios de apremio, como es la multa e, inclusive, la suspensión en el cargo, por lo cual, no se requiere de impulso procesal. Por tanto, la obligación del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de proveer a la ejecución de los laudos, en ningún momento contraría lo dispuesto en el numeral 108 de la legislación en comento, toda vez que para que éste lleve a cabo las diversas etapas del procedimiento de ejecución requiere, conforme al numeral 142, sea solicitado por el ejecutante, una vez solicitada la ejecución por el interesado, los actos para el debido cumplimiento del laudo, deben hacerse de manera oficiosa por el tribunal responsable, dado que la indicada legislación no dispone que deba mediar impulso de la parte interesada en su ejecución; sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya se dejó establecido en líneas que anteceden al respecto a determinado que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. En consecuencia, al operar en este asunto la causal de improcedencia invocada de oficio se impone SOBRESEER en el juicio constitucional. Atento al sentido del fallo, jurídicamente no es posible el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda, con base en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, volumen 24, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: UNICO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por FELIPE LOPEZ CARRILLO, contra actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por las razones y motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese Personalmente. Lo resolvió y firma Edgar Israel Flores del Toro, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa en unión de Verónica del Rocío Loza Báez Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual cumple al requerimiento efectuado el doce de marzo de dos mil diecinueve, y a efecto remite copias certificadas de todo lo actuado a partir de laudo de veintidós de octubre de dos mil quince, dictado en el juicio laboral *, en consecuencia se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto. Con lo anterior, de conformidad en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, con las copias remitidas por la responsable se ordena formar un cuaderno de pruebas.
- Principal
Visto el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, adjunto al cual remite los autos originales del juicio de amparo 1894/2018 del índice de este órgano jurisdiccional así como copia certificada de la ejecutoria dictada por dicho Tribunal, en sesión de siete de marzo de dos mil diecinueve, en la revisión principal 149/2018, de la que se advierte que la superioridad determinó: "PRIMERO.- SE REVOCA el acuerdo sujeto a revisión. --- SEGUNDO.- SE ORDENA continuar con la substanciación del juicio de amparo.". En cumplimiento a la ejecutoria, se ordena reponer el procedimiento del juicio en el que se actúa. Acúsese recibo de estilo y agréguese a los presentes autos el testimonio remitido, así como el cuaderno de antecedentes respectivo. Con apoyo en lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan para que tenga verificativo la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Asimismo, hágase saber a las partes que si cesan los efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deben manifestarlo así, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, bajo apercibimiento que de no cumplir con esta obligación, al omiso se le impondrá una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en el artículo 251 de la ley invocada, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, toda vez que para resolver el presente asunto, resulta necesario contar con copia certificada de todo lo actuado a partir del dictado del laudo dentro del juicio laboral * del índice de la responsable; con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado de Distrito, copias certificadas de las constancias antes descritas; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo.
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